Grupo armado vinculado a crimen organizado causó éxodo masivo en Tila, acusan ejidatarios autónomos

Ejidatarios autónomos a los que se acusa del éxodo masivo de la población de Tila, ubicado en la zona norte de Chiapas, explicaron en entrevista que desde el año 2021 se formó en el lugar un grupo llamado “Karma”, donde participan ex integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia; este grupo habría realizado varios ataques y asesinatos contra la población y autoridades autonomas indígenas de la etnia ch´ol, por lo que el 4 de junio pasado, tras el asesinato del campesino Mateo Pérez López, los ejidatarios decidieron defenderse.

El grupo “Karma” se enfrentó durante tres días contra ejidatarios autónomos. Los ejidatarios autónomos -como respuesta a lo que consideran inacción de las autoridades a las que previamente les habían solicitado su intervención- decidieron quemar 17 negocios y viviendas de los líderes del grupo armado al que acusan de disfrazar una controversia agraria con negocios como la venta de droga y cobros de piso.

Según narraron los ejidatarios autónomos -quienes forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y trabajan en el proceso de construcción de su autonomía que tiene como referente el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)- tras los ataques y enfrentamiento, el grupo “Karma” difundió el rumor entre la población de Tila de que “los autónomos” iban a quemar todas las viviendas y quitarles sus propiedades, por lo que a la entrada del ejército mexicano, la población decidió salirse en un éxodo masivo.

Los ejidatarios autónomos detallaron que esto fue un rumor que metió miedo a la población, que ellos sólo se defendieron contra los líderes del grupo armado, y que la presencia del ejército había sido solicitada por los mismos ejidatarios, como un intento de contener al grupo “Karma”.

Añadieron que su lucha es por el reconocimiento de 130 hectáreas de tierra como propiedad ejidal, y que hay un acuerdo de la asamblea de respetar las propiedades a los pobladores de Tila, según manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando esta instancia resolvió la controversia agraria a su favor.

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El grupo de indígenas ejidatarios autónomos de Tila fueron entrevistados en el poblado donde poco a poco empieza a retornar la población. La entrevista se dio bajo medidas de seguridad, porque en ellos existe el temor de ser asesinados. Pidieron que no se les grabara los rostros y que se distorsionara sus voces.

Para los ejidatarios autónomos, todos indígenas de la étnia ch´ol, esta historia de violencia reciente empezó en el año de 1994, cuando en el marco del alzamiento del EZLN, en la zona norte de Chiapas se formó como grupo contrainsurgente o paramilitar, a quienes serían conocidos como Paz y Justicia, quienes se enfrentaron a la población que consideraban era base de apoyo zapatista, con un saldo de decenas de personas asesinadas y población desplazada.

Tras la masacre de Acteal el gobierno reconoció la existencia de estos grupos armados, pero fue hasta 2002 que se desarticuló a Paz y Justicia, y encarceló a su principal líder, Samuel Sánchez Sánchez.

“Son los mismos que siguen hasta hoy en día. Estas son las raíces de los nietos y bisnietos de los paramilitares que hoy siguen lo que es la violencia, que que aunque siguen provocando al ejido”, dijo uno de los ejidatarios autónomos.

Tila, reconocimiento de derechos de posesión a pobladores

“Les será reconocido su derecho de posesión” dicen ejidatarios a pobladores

La actual controversia que hay en el ejido Tila es por la demanda de los ejidatarios autónomos para que se les reconozca como tierra ejidal lo que ahora es oficialmente es la cabecera municipal; se trata de 130 hectáreas que forman parte de los terrenos ejidales que legalmente les pertenecen según una resolución presidencial de 1934.

Desde ese año autoridades municipales se inconformaron por esta resolución e intentaron modificar los planos ejidales, lo que llevó a los ejidatarios a interponer una controversia ante los tribunales agrarios y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que en el 2013 les concedió la razón  a los ejidatarios y ordenó a las autoridades estatales la ejecución del dictamen, lo que significaba la entrega de tierras a su favor.

Esto motivó incertidumbre en los pobladores no ejidatarios que ya tenían sus viviendas y negocios en este lugar. Sin embargo, los ejidatarios manifestaron que no era su objetivo expulsarlos y establecieron un “acuerdo social”, en el que señalan que su única intención es que en el lugar se gobierne bajo los acuerdos de la asamblea ejidal, según señala la Constitución.

El 1 de abril de 2013, en una carta que dirigen a la SCJN los ejidatarios señalan: “… ellos se preguntan si es el derecho de los que viven en el pueblo o de los ejidatarios, pero somos lo mismo. Ya lo hemos dicho que la gran mayoría de los que viven en Tila son familia de ejidatarios que son parte de nuestra asamblea y los que no son también les será reconocido su derecho de posesión”.

De acuerdo a los ejidatarios autónomos, un grupo de pobladores, influidos por los ex integrantes y descendientes de quienes formaron el grupo Paz y Justicia -y a quienes acusan de formar al grupo “Karma”- son quienes durante estos años ha sembrado la duda y la discordia entre la población no ejidataria de Tila, haciéndoles creer que los ejidatarios autónomos les expulsaran de sus casas.

El 26 de febrero de 2013, en una carta que dirigen a la SCJN, los ejidatarios autónomos ya tenían identificado este problema. “Ellos quienes hacen toda esta maldad son la gente quienes son parte del grupo paramilitar Paz y Justicia, quienes hicieron tanta violencia y matanza en Tila y otros municipios por sus planes de gobierno federal contra el EZLN. Por eso viven en impunidad, se esconden y tienen acaparados los partidos políticos y el Ayuntamiento Municipal y otras dependencias de gobierno”.

Sobre esto, insistieron: “Nosotros demostramos con acta de asamblea y no solo con palabras, que la Asamblea General del ejido (el 18 de julio de 2011) les reconoce el derecho a todos, indígenas y no indígenas, como pobladores, solo que es sobre propiedad ejidal que viven, y no como propiedad privada como les ha engañado por años el Ayuntamiento Municipal”. Este acuerdo sigue vigente, explicaron en la entrevista.

Tila reconocimiento de derechos de posesión a pobladores

Tila, palabras ante la SCJN

Hasta la fecha, el gobierno de Chiapas no ha reconocido como tierra ejidal las 130 hectáreas, argumentando que la sentencia de la SCJN es “inejecutable”, lo que sigue manteniendo tensión entre los habitantes del lugar.

El reconocimiento de las 130 hectáreas de tierra como propiedad privada, es la principal demanda de quienes ahora lideran a un grupo de desplazados que se encuentran en el albergue del municipio de Yajalón. Demandan esto como condición para retornar.

Autónomos denuncian criminalidad y piden intervención del ejército

En diciembre de 2018, el grupo de ejidatarios autónomos decidieron sacar del municipio las oficinas del gobierno municipal, y tomar el control del lugar; establecer guardias comunitarias. Las escuelas y los centros de salud se mantuvieron.

Eso aumentó la tensión entre el grupo de pobladores, quienes se dividieron  entre quienes aceptaban ser parte del ejido y ser neutrales en la controversia agraria, y quienes en 2021 formaron el grupo “Karma”, en el marco de la pandemia y el vacío de autoridades que se dio en el municipio. Ante la presión y el aumento de la violencia, un grupo de ejidatarios también se separó de los autónomos del CNI.

En los años siguientes se sucedieron una serie de asesinatos y agresiones contra ejidatarios autónomos. Ante esto, los ejidatarios detallaron que desde octubre de 2023 autoridades de los tres niveles de gobierno fueron notificados de lo que estaba sucediendo y, por ello, el ejido pidió la presencia del ejército mexicano.

En la minuta de acuerdo que se levantó en la reuniòn que sostuvieron ejidatarios y autoridades federales, estatales y municipales, el 12 de noviembre de 2023, en las oficinas de la delegación del gobierno del estado, al que asistió el Coronel Juan José Olea Serrano, del 31 Batallón de Infantería, señala que el tema a tratar fue “asuntos relacionados a los hechos delictivos que se han presentado recientemente en el ejido Tila, municipio de mismo nombre”, y la solicitud para que fuerzas federales intervinieron en la zona.

“El órgano de representación autónomo del Ejido Tila (…) dan la anuencia para que durante un periodo de tres meses se establezca de manera inmediata un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dentro del poblado Tla, mismo que se ubicará en las instalaciones del auditorio ejidal, en el Barrio san Sebastian de la misma población”, señala el documento del cual se tiene copia.

Añade que los ejidatarios autorizan los patrullajes en los que también se pide la participación de la Fiscalía General y policías estatales, para que “en caso de existan personas que sean sorprendidas cometiendo un delito en flagrancia, sean detenidas sin distinción alguna y puestas a disposición de la autoridad”.

Sin embargo, en marzo de 2024 el destacamento militar fue expulsado por una acción promovida por los integrantes del grupo “Karma”.

“La asamblea (de ejidatarios autónomos) ha estado trabajando por el orden jurídico, ha estado dentro de la ley y la asamblea en un principio ante la violencia, nunca dijo ´saben qué compañeros, vamos a sacarlos de sus casas, vamos a ir a atacarlos´. No, la asamblea siempre ha dicho se van a hacer las denuncias, se van a hacer los medios necesarios para que el gobierno venga a hacer su trabajo, evitando la confrontación y tratando de mantener esa paz que se tuvo”, explican los ejidatarios en entrevista.

“Al ver estas personas que ya se estaban quedando sin gente, es cuando empieza en octubre del año pasado a crear un cierto, grupo de jóvenes jóvenes empiezan a armarlos, empiezan a darles camioneta (…) ellos empezaban a detonar armas por el panteón, detonan armas donde está en el mero centro y en las carreteras se las pasaban detonando armas hasta retirarse”.

“Crean el grupo Karma, este grupo Karma ya son personas este que eran fuera y dentro del poblado tenían como ellos, lo conocen como halcones (…) Estos dichos halcones empiezan a ver que haya gente, y cuando hay gente ellos empiezan a detonar armas a modo de meter pánico y toda la sociedad, pues toda la sociedad se oculta y le echaban la culpa que eran los ejidatarios”.

De acuerdo a los ejidatarios autónomos, esta situación generó miedo entre la población de Tila. “Ya no había personas en las calles, por qué por el miedo a ser alcanzadas por una bala perdida (…) ellos empiezan a querer tener este control dentro de toda la población y empiezan a ejecutar personas”, y a distribuir droga en las escuelas y cobrar “derecho de piso” a comerciantes.

“Ahora sí empieza a atacar a personas ya lo convierte en un problema social. De ser un problema agrario a ser un problema de plaza (del crimen organizado)”, refieren los ejidatarios.

Acuerdo entre ejidatarios autónomos de Tila y gobierno federal y estatal para instalar un destacamento militar en el ejido.

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“Ellos promovieron el miedo”

 “Ellos -el grupo “Karma”- se enfrentaron contra la guardia comunitaria del ejido (…) luego hicieron creer a la población que íbamos a atacar a todos, ellos promovieron el miedo y por eso la gente se fue”, explicaron los ejidatarios autónomos, al hacer un recuento sobre lo sucedido entre el 4 y el 7 de junio pasado, cuando la población de Tila salió del lugar en un éxodo masivo.

Antes de esta fecha, en enero de este año, ese grupo asesinó a los líderes indígenas Carmen López Lugo, el día 12; y a Domingo Lugo Ramìrez, el día 14. A ellos ya los habían amenazado a través de un mensaje, una manta que dejaron en el centro del ejido advirtiéndoles que tenían 12 horas para salir del pueblo. La manta dice: “Domingo Lugo, Lorenzo Gimenez, Gilberto Martinez, José Àngel (alias) Jaiba, profesor Pascual, y todos los autónomos, tienen 12 horas para dejar el pueblo. Att. Karma”.

De acuerdo a los ejidatarios autónomos, días previos al 4 de junio, también

atacaron a campesinos de las comunidades y barrios Anexo Unión Juárez, Santa Lucía, Salinas, Anexo Cantioc y Nicolás Brazo, lo que dejó a varios heridos.

“Enrique Pérez Pérez, de 25 años de edad, del anexo Unión Juárez, fue alcanzado por una bala de grueso calibre en la pierna izquierda; Juan Daniel Ramírez Sanchez, de 20 años, del barrio Santa Lucía, fue baleado en su propio domicilio, una bala le alcanzó el hombro izquierdo; Mariano López Ramírez, del barrio Salinas, una bala le perforó completamente el pie izquierdo; Mateo Pérez López, de 28 años, fue acribillado en Unión Juárez; Javier Gutiérrez Gómez y Samuel Martínez Gutiérrez, del anexo Cantic, recibieron machetazos; Faustino Pérez Pérez, de Nicolás Brazo, fue herido en la cabeza”, explicaron.

Ante esta situación, y luego que en los meses que la SEDENA estuvo en la zona no se detuvieron las agresiones, los ejidatarios autónomos relataron que

un grupo de campesinos, cansados de las agresiones, dijeron: “el día que nos vuelvan a tocar un compañero inocente, en ese momento nos vamos a levantar, no nos vamos a quedar de manos cruzadas”.

Así, ese martes 4 de junio, a las 7 de la noche, la guardia comunitaria de los ejidatarios fue atacada con disparos de arma de grueso calibre desde la azotea de una persona que identifican como José Rodrigo, ubicada en el centro del poblado.

“Al estar haciendo un patrullaje, al pasar dentro del poblado, justamente por donde donde está el centro está la casa de éste del contador Rodrigo, en su segunda planta había gente armada, y ellos empiezan a detonar de la segunda planta hacia abajo, a la a la camioneta del ejido, a uno le pegaron en su pie y a otros este de otro lo fueron a buscar en su casa. El cual le fue herido también por bala y esas personas fueron hasta el hospital a parar”.

Explicaron que “la gente pues ahí estaban paseando en el centro, cuando escucharon la ráfaga se fueron como ellos pudieron esconderse. Se quedaron en las casas escondidas hasta amanecer”.

El día miércoles 5, en el centro del pueblo, se dio una nueva agresión contra los ejidatarios, asesinaron a Mateo Pérez López, de 28 años, del anexo Unión Juárez. Lo agarraron cuando iba pasando por el pueblo, lo machetearon”.

“Y entonces por esa razón, el pueblo se levantó ya no se aguantó más la violencia de lo que ellos estaban recibiendo y por esa razón, pues las casas pues fueron incendiadas, ya no se soportaba los atropellos, las amenazas, los insultos”.

Detallaron que ese día una fracción de ejidatarios decidieron quemar las casas “de los meros líderes, los incitadores de la violencia, las que ya tenían identificadas como integrantes del grupo “Karma”, donde se llegan a esconder las personas armadas. No fue una agresión al pueblo”. Esta acción, refieren que no fue una sesión de la asamblea, porque como asamblea ellos están por la vía legal en la solución de sus diferencias.

En la comunidad Tila se quemaron 17 construcciones, entre casas y negocios, según datos de la Fiscalía General de Chiapas. El resto del poblado, donde habitan más de 9 mil personas, permanece intacto.

“Ya se les había hecho el anuncio de que si volvían a aparecer, esto se podía salir de las manos y fue lo que sucedió”. Según el relato de los ejidatarios autónomos, tras la quema de las primeras casas el grupo “Karma” disparó contra la guardia comunitaria de ejidatarios, y se dio un enfrentamiento.

“Hay detonaciones ahí a por la Morelos, Altos, Naciones; allá por el centro de salud, hay detonaciones hasta por el panteón, por eso fue que se alborotó todo el pueblo porque las detonaciones empezaron por ellos (…) Como resultado hay tres muertos, dos que son del grupo delincuencial ´Karma´, y uno que son compañero”.

Refieren que el éxodo de la población no fue porque hubiera una acción contra ellos, sino por miedo. “Cuando se van todos, se van por miedo que ellos (el grupo “Karma”) les inculcaron al expandir la versión de que iban a quemar todo, de qué iba a haber ejecuciones, de que iban a entrar a saquear sus casas, a los negocios, que les iban a violar. Nunca hubo eso, nunca se dio eso; ellos fueron que empezaron a repartir esa información, metieron miedo a la gente”.

“Y entonces todo lo que está pasando es esto”, refieren los ejidatarios.

En el poblado Tila, la SEDENA y Secretaría del Bienestar instalaron desde el 16 de junio mantienen módulos de atención a la salud y promoción de programas sociales. Las autoridades de los tres niveles de gobierno insisten en que hay condiciones para el retorno.

A estos módulos han acudido pobladores que, de manera individual, han decidido retornar. Otros continúan llegando a recoger sus pertenencias, no se sienten seguros en el poblado y prefirieron irse a vivir temporalmente a otros municipios. En los dos albergues de desplazados la población que solicita atención ha disminuido. Ejidatarios autónomos señalan a varios de los desplazados que han organizadores manifestaciones en estos albergues, como líderes del grupo “Karma”.

Además de la atención humanitaria en los albergues y promoción de los servicios en el poblado Tila, ninguna autoridad ha querido hablar sobre los problemas de fondo que originaron la violencia previa y el actual desplazamiento.

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LAS VERSIONES COMPLETAS DE LAS ENTREVISTAS SE PUEDEN DESCARGAR EN LA SIGUIENTE LIGA:

https://rentry.org/asunto-tila