Antiderechos hasta el final: Sinhue y Congreso exhibidos en amparo por no reconocer identidades trans y NB
*Esta nota fue realizada por Pop Lab, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
Por Melissa Esquivias
En amparo iniciado por colectivos del estado, la Corte ordena al Legislativo estatal discutir y legislar para modificar el Código Civil del estado y reconocer identidades no binarias y personas trans
Con información de Carmen Pizano
El gobierno de Diego Sinhue y el Congreso de Guanajuato han violado los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Convención Americana de Derechos Humanos al negarse a reconocer la identidad de género de las personas trans y no binarias desde el Código Civil, sentenció el Juzgado Primero de Distrito en respuesta a la demanda presentada en febrero pasado por la organización Amicus.
La resolución del amparo, respaldada además por colectivos de todo el estado, ordena al Congreso local, discutir y legislar a favor de este derecho antes de que conlcuya el periodo el 30 de junio. O bien, con un congreso renovado y el primer periodo que tendrá lugar durante el mes de septiembre, cuando habrá una nueva Legislatura donde Acción Nacional ya no tendrá hegemonía, de acuerdo a la reciente elección.
Con un Congreso a unos meses de renovarse y donde el PAN perdió la mayoría legislativa que mantuvo durante más de 30 años en la elección del 2 de junio, y una virtual gobernadora que se ha ostentado como aliada de la diversidad sexual, la actual legislatura tiene menos de tres meses para presentar y discutir una posible reforma al Código Civil que reconozca la identidad de género.
En la sentencia, el Juzgado Primero de Distrito advierte las omisiones del titular del ejecutivo estatal y de la actual legislatura del Congreso para armonizar el Código Civil con una normativa que permita a las personas transgénero y no binaras modificar sus documentos de identidad en las oficinas del registro civil.
Hasta el día de hoy, las personas que decidan hacer cambios en su identidad relacionados con el género, deben presentar un amparo ante la negativa del Registro Civil, y esperar a que un juez ordene a esta instancia hacer las modificaciones requeridas. Este proceso puede tomar semanas o incluso meses, además de representar costos entre los 25 y los 50 mil pesos por la necesidad de contratar un asesor jurídico.
Les ordenan la creación de un procedimiento para que las personas trans ya no tengan que ir a juicio, que puedan ir al registro civil a tramitar sus nuevas actas de nacimiento y que esto se a de forma rápida y sencilla
“Este tipo de juicio es único en el país, es la primera vez que se le ordena a un congreso legislar en esta materia, usualmente esto ocurre con la buena voluntad política de las fuerzas en los congresos, lo que no ha ocurrido ni en esta ni en legislaciones pasadas”, declaró Ernesto Barajas, presidente interino de Amicus durante una rueda de prensa el pasado 5 de junio.
Además de Amicus, el amparo fue respaldado por organizaciones como Yumana, Chicas BiLess, LGBT+ Rights, Casa de las Muñecas Tiresias y Between LGBT.
“Hemos visto los efectos negativos que este tipo de normativa tiene, todo el tiempo estamos luchando contra el congreso y el gobernador para que por fin se legisle en favor de la población trans y hoy hemos alcanzado este logro que es monumental”, celebró el activista.
A nivel nacional, 23 estados cuentan con una ley de identidad de género, de los cuales sólo cinco reconocen a infancias y adolescencias con este derecho, contrario a lo que sugieren estándares como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Guanajuato, durante tres legislaturas se han acumulado 20 iniciativas de ley a favor de los derechos de la población LGBTIQ+ “congeladas” desde la Comisión de Justicia, actualmente presidida por la diputada Cristina Márquez Alcalá que en octubre tomará protesta como diputada federal por el PAN.
Sarahí Castellanos, coordinadora de la Plataforma Visible, advirtió que de los más de 3 mil 400 reportes por agresiones hacia personas de la población LGBTIQ+, una tercera parte corresponden a violencias hacia personas transgénero. En Guanajuato, existen 267 reportes por agresiones a personas de este grupo.
“La mayoría de estos casos involucran a personas trans que iban a hacer algún trámite o uso de un servicio público, que iban a pedir un apoyo, o que justo iban a hacer su cambio de identidad al Registro Civil”, dijo la defensora, y precisó que de haber una legislación, el siguiente reto será capacitar y sensibilizar al personal encargado de estos trámites.
Entre 2016 y 2019, Guanajuato “sentó un precedente terrible” al obligar a las personas trans a tramitar un juicio de identidad de género ante instancias civiles. Éste proceso les implicaba presentar pruebas, testigos y pagar asesorías legales que rondaban los 30 mil pesos. Los juicios de amparo, que desde Amicus han sido un mecanismo para lograr el cambio de identidad, han agilizado este procedimiento, explicó Ernesto Barajas.
“Una vez más el congreso de Guanajuato ha perdido un juicio en el que se la condenado a reconocer nuestros derechos, ésto no es buena voluntad política, éstos no son los congresistas queriendo ser progresistas, ésto es demostrarle al congreso que hemos vuelto a ganar al exigir los derechos de nuestras hermanas, hermanos y hermanos trans y que lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario”.
Cuatro meses después de su aprobación y un día después de la elección, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez firmó la Ley de la Diversidad Sexual para su publicación en el Diario Oficial. Esta, y el presupuesto para la población LGBTIQ+, que se concretó gracias a un amparo de Amicus, que continúa en estudio, son las únicas iniciativas que han caminado con éxito en el congreso local.
Sin embargo, para las organizaciones que empujaron este avance, la más reciente ley “carece de contenido y queda como una muestra de voluntad”, sin motivar el avance de otros proyectos urgentes como la propia ley de identidad de género, la tipificación de crímenes de odio o el matrimonio igualitario.
“La ley es más una exposición de motivos, de buenas intenciones, pero no se está haciendo el trabajo de sacar de la congeladora todos los proyectos que tienen que ver con la diversidad sexual, no se está legislando en favor de las diversidades, se quedan sin hacer el trabajo rudo que requiere la adecuación normativa”, recrimina Ernesto Barajas.
“No somos folios”
En 2023 y tras un juicio de amparo de 3 meses, el licenciado en Comercio Internacional, Santiago Pi Perales tuvo en sus manos el acta de nacimiento que es coherente con su identidad, una que ha defendido a lo largo de 6 años de transición. Ahora que ve más cercana una legislación al Código Civil, reconoce que tras dar este paso gigantesco, sigue un largo camino “por hacer las cosas bien”.
“Yo no lo veía venir ahora, pude haber pensado que a lo mejor si entra otro partido político, pero recibir durante la jornada electoral esta noticia, en este momento es como de okay, están habiendo cambios, se están moviendo cosas que no se esperaban”, celebró en entrevista para POPLab
Además de ser consejero en el IEEG, Santiago es un hombre trans que forma parte del colectivo Diversidad Celaya, desde donde hace un llamado a los integrantes de la presente legislatura para visualizar a las personas trans y no binarias “como seres humanos, no como números ni como folios”.
Ante la posibilidad de que el área jurídica del poder legislativo de Guanajuato impugne la sentencia del Juez, el activista pidió al congreso no ver a la comunidad como un trámite.
“No somos documentación que se tiene que quedar estancada dentro de un archivero durante años, somos personas que día a día tenemos este tipo de vivencias, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, queremos hablar, queremos ser escuchadas, queremos ser validadas al igual que cualquier otra persona”.
Analiza Congreso de Guanajuato impugnar
Al recibir la notificación del amparo ganado por Amicus, el área jurídica del Congreso de Guanajuato analiza si presentan un recurso de revisión, dio a conocer la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha.
La legisladora comentó que durante la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se informó a los diputados que el área jurídica va a revisar si presentan un recurso legal para no cumplir con el ordenamiento judicial.
Dessire Ángel Rocha recordó que en Guanajuato el Congreso se resiste a reconocer los derechos de la comunidad LGBT.
«Me dicen que de parte de la Junta de Gobierno van a tomar 10 días, que son los que les da la Ley, para impugnar. Yo pregunté si ya al fin vamos a hacer lo que nos correspondía, me dijeron que van a atender objetivamente la respuesta porque hay que analizar».
La legisladora pidió al PAN mostrar la voluntad política que dice tener para el reconocimiento de derechos de la comunidad de la diversidad sexual.
«Deberíamos demostrar la voluntad política que dice tener el Partido Acción Nacional, ahora con todas las acciones a favor de la comunidad».
La diputada de Movimiento Ciudadano responsabilizó a la panista Cristina Márquez Alcalá de resistirse a las reformas legales en beneficio de las personas LGBT desde la presidencia de la Comisión de Justicia.
Recordó que en la comisión de Justicia hay dos iniciativas para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y no binarias, una de Movimiento y otra del PRI, con comentarios a favor de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado y del Poder Judicial local, pero que no han sido atendidas.
Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Luis Ernesto Ayala Torres, consideró que su partido se ha mostrado receptivo, y como ejemplo mencionó la aprobación de la Ley de la Diversidad Sexual para el estado.
«Yo creo que dimos un paso a lo que, tal vez, no se había dado a través de los años. Vamos avanzando a una nueva era, una nueva época, debemos adaptarnos, debemos ser conscientes de que la sociedad es diversa y hemos de actuar de esa manera».
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