En juicio popular exigen castigo para los perpetradores de la represión del 28 de mayo

En juicio popular exigen castigo para los perpetradores de la represión del 28 de mayo
Foto: Zona Docs

*Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

En el marco de la conmemoración del 28 de mayo de 2004, colectivos y organizaciones se reunieron en un plantón en la Plaza Imelda Virgen en el centro histórico de Guadalajara para realizar un juicio popular, ético y político a los perpetradores y torturadores que orquestaron la represión hace 20 años.

 Con testimonios de quienes padecieron la violencia de Estado se denunció que los funcionarios responsables siguen sin ser castigados y la represión se mantiene aún impunes; por ello, el veredicto fue declarar como culpables a los exgobernadores, Francisco Ramírez Acuña (hoy candidato al Senado) y Emilio González Márquez, así como a los exfiscales, Gerardo Octavio Solís Gómez y Luis Carlos Nájera.

Por Aitana E. Rodríguez/@aitana.erg 

Fotos: Mario Marlo / @MarioMarlo

“La represión ese 28 de mayo de 2004 aquí en Guadalajara nos debe de hacer recordar que los pueblos no olvidan… que los pueblos luchan.. que los pueblos se organizan y que seguirán luchando contra la impunidad porque les tenemos que cerrar la puerta a todos los responsables de la cadena de mando de haber hecho una acción terrorista de Estado”, fueron las palabras que expresó Adrián, activista que participó  participante en el juicio popular, ético y político contra los perpetradores y torturadores causantes de la represión ocurrida hace 20 años.

Este juicio popular, convocado por la Coordinadora 28 de mayo y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, se realizó en Plaza Imelda Virgen de Guadalajara, lugar donde hace dos décadas autoridades jaliscienses mandaron reprimir a las y los manifestantes que protestaban en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea que se realizó en Guadalajara-+.

La palabra, dentro de esta acción ciudadana, la tomaron sobrevivientes de esta violencia de Estado, así como líderes y activistas que apoyaron las movilizaciones para no olvidar, pero sobre todo para juzgar a cada una de las personas responsables de los delitos cometidos.

Quienes formaron parte de la “Cumbre Alternativa” -en la que se organizaron distintas actividades, conferencias y actividades artísticas como forma de resistencia en contra del sistema neoliberal- recordaron la gravedad de los hechos y narraron cómo es que en Plaza de Armas (hoy Plaza Imelda Virgen) se orquestó un gran operativo de seguridad donde se detuvo de manera arbitraria de cientos de personas, pero no sólo eso sino que además edificios públicos fueron el escenario de actos de tortura y violaciones a los derechos humanos que se mantiene en la memoria colectiva e histórica de Guadalajara.

El juicio popular tuvo como objetivo “señalar y exigir castigo a los culpables” quienes, incluso, continúan con su carrera política en el país, tal es el caso de Francisco Ramírez Acuña, quien fue Gobernador de Jalisco (2001-2006); Secretario de Gobernación en los primeros años del entonces presidente Felipe Calderón y actualmente, es candidato a senador por el PAN, PRI y PRD.

“Francisco Ramírez Acuña que era el gobernador fue quien ordenó la represión… y junto con Emilio González Márquez, premiaron a los policías represores… luego vimos como Francisco Ramírez Acuña se fue a la Secretaría de Gobernación y, desde la Secretaría de Gobernación, asfixió las luchas sociales- Él participó en otras represiones porque es esta de la ultraderecha recalcitrante vinculada al yunque… vinculada al panismo y a lo más obscuro del alto clero de la Iglesia Católica, misma que nada tiene que ver con las convicciones religiosas, sino con los negocios de ellos”, aclaró Adrián, participante en el juicio popular. 

Ulloa, quien fue detenido de manera arbitraria en las movilizaciones del 2004, compartió su testimonio señalando que fue detenido con otros 10 compañeros de la ciudad de Monterrey y lo mantuvieron durante un mes en Puente Grande. También compartió que después de ser liberado bajo fianza, tuvo que firmar mensualmente durante cuatro años por cargos que señaló como “absurdos”, pues se levantaron sin ninguna evidencia más que la palabra de los propios policías que reprimieron y torturaron a las y los manifestantes.

Tanto él como otros de los sobrevivientes comentaron que, luego de estos hechos, levantaron una demanda colectiva en contra de los responsables; sin embargo, a pesar de las declaraciones de distintas organizaciones nacionales e internacionales que evidenciaron las violaciones a los derechos humanos que sufrieron, la justicia no ha llegado.

“Negaron de que los muchachos habían sido víctimas de tortura a pesar de que hubo un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí está su complicidad de hacer un informe especial que no le dieron seguimiento… que no han atendido y que, lamentablemente, por las inercias que hay dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya no se han pronunciado al respecto”, explicaron durante el juicio popular.

Otra de las participantes señaló que estar en este episodio represivo evidenció la complicidad de los gobiernos autoritarios que reprimen y criminalizan la organización social y el pensamiento crítico: “Vimos claramente cómo el Estado se movía como una bestia, una bestia, voraz y salvaje, inhumana, no solamente contra la vida de los jóvenes teniéndolos los presos, sino que además se dedicó a infundir el terror, el miedo y a poner todo el peso del Estado frente a la sociedad para criminalizar el pensamiento crítico”.

Para finalizar, expresaron que a 20 años de la represión no olvidan, sino que se organizan para seguir luchando y enlazando alternativas que permitan conseguir la justicia que tanto anhelan, pero no sólo eso en un comunicado final también señalaron la importancia de seguir impulsando  alternativas de esperanza en las que se acuerpen todas las luchas sociales, pues pese a lo vivido aún creen en “la construcción de otros mundos posibles y resistir las luchas desde la recuperación de la memoria histórica”, esto para afrontar la actual  crisis civilizatoria y ambiental que se vive a causa del capitalismo, el imperialismo y la neocolonialismo.

“Es imprescindible alzar la voz para denunciar los niveles de destructividad del orden social capitalista dominante y refrendar nuestro compromiso con la construcción de otro mundo radicalmente distinto en el que conscientemente se respete la vida de cada territorio y sean sus pueblos quienes decidan sobre sus bienes comunes, su base alimentaria y todo lo que constituye su patrimonio… en donde el comercio justo y el consumo responsable sean prácticas cotidianas, rechazando toda relación abusiva, colonial o imperialista. Un mundo en el que la paz no sea el silencio criminal después de un frío cálculo de muertos y desaparecidos. Luchamos por una paz con justicia y dignidad”, se leyó en el pronunciamiento final del juicio ético, popular y político.

Así mismo el juicio popular determinó la culpabilidad de los implicados y exigió un castigo para a quienes consideran los responsables de lo ocurrido el 28 de mayo de 2004:

• Francisco Ramírez Acuña, gobernador de Jalisco (2001-2006).
• Emilio González Márquez, presidente municipal de Guadalajara (2003-2005).
• Vicente Fox Quezada, presidente de México (2000-2006).
• Juan Sandoval Íñiguez, cardenal de Guadalajara.
• Filiberto Ortiz Amador, comandante de la policía estatal (2001-2006).
• Gerardo Octavio Solís Gómez, procurador de Justicia de Jalisco (2000-2005).
• Luis Carlos Nájera, secretario de Seguridad Pública de Guadalajara (2004-2006).
• José Armando Espinoza, juez noveno de lo penal (1996-2009).