Piden declaración de migrantes en Consulado de México en EE.UU. para juicio contra pastora

Piden declaración de migrantes en Consulado de México en EE.UU. para juicio contra pastora
Foto: La Verdad

*Esta nota fue realizada por La Verdad parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

En el segundo día del juicio que se sigue en contra la pastora Velia H.G., el MP pidió al Tribunal que solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores un espacio en el Consulado de Nueva Orleans, Luisiana, para tomar la declaración a una de las víctimas que acusó a la religiosa de trata en la modalidad de trabajos forzados

POR BLANCA CARMONA / LA VERDAD JUÁREZ

Los migrantes que denunciaron haber sido víctimas de trabajos forzados y maltrato por parte de la pastora y presidenta del consejo directivo de la asociación Aposento Alto, Velia H.G., podrían ser llamados a declarar en los consulados de México en Estados Unidos.

En el segundo día del juicio oral que se sigue en contra de la religiosa, la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso, Elsa Liliana Rodríguez Aldana, le pidió al Tribunal que envíe oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que esta, a su vez, apoye con un espacio en el Consulado mexicano en el estado de Luisiana, donde se encuentra una de las víctimas y su familia.

La pastora Velia está acusada del delito de trata en la modalidad de trabajos forzados, cometido presuntamente en contra de seis personas migrantes, en el periodo de octubre del 2021 a abril del 2022.

Tres de las víctimas son connacionales mexicanos, dos son de Honduras y uno de El Salvador.

Al parecer las víctimas rindieron declaración de forma anticipada, ante un Tribunal de Control, y posteriormente dejaron México.

Aunque se cuenta con las grabaciones de esas declaraciones y podrían ser reproducidos en juicio, de no existir oposición de los abogados de la pastora, este viernes la fiscal pidió al juez, Jorge Gutiérrez Ortiz, que envié un oficio solicitando a la SRE que permita un espacio en el Consulado de Nueva Orleans, Luisiana.

También pidió que se solicite a la diplomacia que se facilite un psicólogo para que dé contención a las víctimas durante la declaración.

La abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) del Estado de Chihuahua y asesora jurídica de los migrantes afectados, no se opuso a esa petición. Tampoco los abogados de la acusada.

A la solicitud, el juez respondió que es obligación de la CEAVE citar y tener disponibles a las víctimas y le pidió a la fiscal que revise bien qué es lo que desea que se le solicite a la SRE.

Ante esa respuesta, la fiscal precisó que se requiere el espacio y la contención psicológica.

Se espera que el Ministerio Público también pida ayuda al Tribunal para notificar a los consulados de otras entidades en Estados Unidos, donde radican el resto de las víctimas.

Será hasta el próximo lunes cuando el juez determine si se pedirá apoyo a la cancillería mexicana.

SEGUNDO TESTIGO EN EL JUICIO

Este viernes 12 de abril, segundo día del juicio oral instruido a la pastora, la fiscal llamó al estrado a la psicóloga Beatriz Socorro Lozoya Navarro, quien colaboraba con la asociación civil Colectiva Arte, Comunidad y Equidad en abril del 2022.

Esta testigo dijo que el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) facilitó los recursos económicos para que la Colectiva implementara un programa corto de atención psicoterapeuta en los albergues Solus Christus, el Buen Samaritano y Aposento Alto, y ella era la coordinadora.

La atención psicoterapeuta estaba enfocada principalmente a mujeres migrantes y del albergue Aposento Alto, aunque era el más pequeño de los tres, se reportó una gran necesidad de atención y se inscribieron más de 20 personas.

El programa tenía capacidad total para 40 personas.

Conforme fueron avanzando las sesiones, las mujeres alojadas en Aposento Alto compartieron a los talleristas de la Colectiva que vivían con miedo, preocupación y presentaban ansiedad.

Por ética, inicialmente los talleristas no compartieron esos datos con la coordinadora, pero cuando los cuadros empezaron a ser repetitivos y parecía ser una situación generalizada, dijo la coordinadora al Tribunal, ella fue informada.

Lozoya refirió que después habló con los migrantes y ellos le dijeron que los kits de pañales y otros artículos que donaban IRC al albergue Aposento Alto se los vendían; que también se comercializaba la ropa donada; a algunos migrantes se les obligaba a firmar una carta de confidencialidad.

La testigo también señaló que las mujeres migrantes le dijeron que las obligaban a preparar y consumir alimentos en mal estado; que a todos los sometían a castigos si no hacían ciertas cosas; y a los hombres los obligaban a trabajar en la construcción sin una remuneración.

Además, denunciaron que en Aposento Alto no había libertad de culto, pues los forzaban a participar en los servicios religiosos, aunque no profesaran esa fe; y los amenazaban con afectar los procesos migratorios para emigrar a Estados Unidos y con quitarlos de una supuesta lista que existía para ingresar al país del norte.

La declarante también refirió que a las personas que estaban en Aposento Alto, la pastora les decía que había cámaras y micrófonos en todo el edificio y podía ver y escuchar todo lo que hablaban.

Esta situación fue informada a la Colectiva Arte, Comunidad y Equidad y a IRC, este última retiró los donativos en especie y efectivo, narró Lozoya.

Un domingo la pastora corrió a un grupo de migrantes, indicó la testigo, y ella les pidió que se reunieran en un parque cercano a Aposento Alto y dieron aviso a la Colectiva.

Los directivos de esa asociación buscaron a donde llevar a las aproximadamente 40 personas que dejaron Aposento Alto.

A preguntas de la fiscal, la psicoterapeuta señaló haber visto material de construcción en el albergue y a un grupo de hombres trabajando cerca de la casa de la pastora.

La testigo también identificó a la pastora, indicando que si estaba en la sala judicial y la señaló con la mano.

En su turno, los abogados de la pastora Velia hicieron ver al Tribunal que la psicoterapeuta era un testigo de oídas y le cuestionaron si ella había visto las cartas de confidencialidad que presuntamente se obligaba a firmar a los migrantes, la mujer respondió que no, aunque cuando fue interrogada por la fiscal, dijo que una migrante había alcanzado a tomar foto de una de estas cartas.

Los defensores cuestionaron a Lozoya si había visto cámaras y micrófonos en Aposento Alto, ella contestó: “no los busqué”.

Los representantes legales de la pastora preguntaron si las fotos que le había mostrado la fiscal del albergue eran imágenes donde la casa de la acusada se veía a lo lejos y no se podía apreciar. La testigo contestó: “correcto”.

Luego se le preguntó si sabía quién y cuándo se tomaron esas fotos, si el lugar estaba igual que en abril del 2022, cuando ella visitaba el albergue, la respuesta fue no.

La testigo aceptó que ella desconocía si la pastora había ordenado a los hombres reunirse para hacer trabajos de construcción y refirió ubicar a dos figuras de autoridad en el albergue, a la hoy acusada y al esposo de ésta.

El juez declaró un receso y ordenó reiniciar el juicio el próximo lunes a las 10 de la mañana.