Tras 6 años de incumplimiento Congreso de Jalisco tendrá que crear Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura: SCJN
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Este miércoles 31 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Congreso de Jalisco junto al ejecutivo estatal a cargo del gobernador, Enrique Alfaro tendrán que iniciar con las labores legislativas para la creación de la Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura. Esto tras seis años de incumplimiento. 

De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) “Jalisco ha destacado a nivel nacional por la constante y contInua comisión de actos de tortura”. Y es que informaron que, de acuerdo con los registros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), se han presentado mil 382 quejas por tortura desde el año 2006 hasta el mes de septiembre de 2023. Por su parte la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura ha recibido mil 183 denuncias de 2018 a 2023.

Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) resolvió este miércoles 31 de enero que el Congreso de Jalisco y el Gobierno del estado tendrán que emprender a la brevedad acciones para crear la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT). La determinación surge luego de seis años de incumplimiento y tras resolver el Amparo en Revisión 653/2023 presentado por la Defensoría Pública Federal.

Según informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) esta fiscalía deberá “cumplir con todas las características establecidas en la Ley de Tortura”, entre las cuales se encuentran: la independencia y autonomía técnica, operativa y financiera, así como contar con los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su operación efectiva.

La organización celebró la resolución y consideró que ésta significa “un avance para garantizar los derechos a la justicia, verdad y reparación integral de las víctimas de tortura”.

“En un estado como Jalisco, donde la tortura es una práctica cotidiana que se comete con fines de investigación, castigo, discriminación y represión de la protesta social, la creación de una institución  independiente representa una oportunidad para el combate contra la impunidad” declaró en un hilo de la red social X.

En el análisis que el CEPAD realizó para emitir su informe “Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2023. Análisis con enfoque de Derechos Humanos”, afirmó que el estado de Jalisco “ha destacado a nivel nacional por la constante y contínua comisión de actos de tortura”. Este delito de lesa humanidad ha tenido como fines documentados en la entidad:

1. La fabricación de culpables a fin de rendir resultados en materia de seguridad.
2. La represión de la protesta social.
3. El castigo a las personas por consumir algún tipo de droga, por su orientación sexual o por decidir sobre sus propios cuerpos.

Algunos casos que han sido visibilizados públicamente por la organización de derechos humanos y medios de comunicación son: la detención y ejecución extrajudicial de Giovanni López, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas acontecidas tras las protestas de #JusticiaParaGiovanni, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de albergues, anexos o centros de conversión clandestinos.

El CEPAD participó en el proceso del amparo en revisión mediante la presentación de un Amicus Curie, para el cual proporcionaron información sobre el contexto de tortura en la entidad, así como sobre las deficiencias de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.

Como uno de sus enfoques principales de trabajo, el CEPAD había reconocido públicamente su preocupación ante el incumplimiento de la creación de esta fiscalía especializada, la cual se encuentra contemplada dentro de la Ley General de Tortura. Y es que habrían advertido que el Gobierno del Estado de Jalisco fue omiso al incumplir con dicha obligación, limitándose sólo a crear una unidad administrativa para la atención de estos delitos.

Dicha Unidad Especializada fue creada en marzo de 2018 por el entonces Fiscal del Estado, Raúl Sánchez Jímenez y opera desde el 26 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la organización destacó que ésta “no cumple con las características establecidas en la Ley General” en términos de autonomía técnica y operativa y otras condiciones vinculadas a su operatividad y funcionamiento.

De acuerdo con información del CEPAD, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) mantiene un registro de mil 382 quejas por tortura desde el año 2006 hasta el mes de septiembre de 2023. Mientras que, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura ha recibido mil 183 denuncias desde su creación en noviembre de 2018 a septiembre de 2023.

Finalmente, instaron al Congreso de Jalisco y al gobernador del estado, Enrique Alfaro a que “cumplan a la brevedad la determinación de la SCJN y que en el proceso de creación de la Fiscalía Especializada incluyan la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia”.