Las mujeres que defienden la Bahía de Ohuira viven amenazadas

Las mujeres que defienden la Bahía de Ohuira viven amenazadas
Foto: Revista Espejo

*Esta nota fue realizada por Revista Espejo, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Para tratar de evitar la muerte, dos de las mujeres que lideran la lucha por defender la bahía de Ohuira ahora portan chalecos antibalas.

Topolobampo.- Melina Sandoval y Claudia Susana Quintero, dos mujeres líderes de la población Mayo-Yoreme, viven amenazadas.

Melina Sandoval habita en Lázaro Cárdenas, la comunidad que ganó el primer amparo contra la construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, con la que se busca producir 2,200 toneladas de ese producto que se quiere exportar  -en su mayoría- a Estados Unidos.

Esa planta es un proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), una subsidiaria en México de la firma sueco-alemana Proman, que ya opera en Trinidad y Tobago con un proyecto similar. Sin embargo, para hacer su planta en México obtuvieron permisos irregulares que fueron reconocidos así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sandoval reunió a un grupo de 15 mujeres y 4 hombres para proponerles una resistencia inédita. Esta mujer comenzó a estudiar sociología en la Universidad Autónoma Indígena de México y desde junio de 2019 encabezó el juicio hasta llegar a la Corte el 6 de abril de 2022, cuando ganó a favor de que se cancelaran los permisos hasta hacer una consulta indígena.

“Como pueblo indígena tenemos derecho a ser consultados o que se nos informe qué se va a hacer, pero los gobiernos nos ven en la zona del no ser –como si no existiéramos o no importáramos– a los pueblos indígenas, para ellos estamos plasmados en papel pero no nos dan el valor que tenemos, así fue que empezamos con esto”, dice esta mujer que resalta por su fervor, tanto que es de las pocas que hablan la lengua mayo y lucha por preservar la memoria histórica de la comunidad.

Esta planta se comenzó a construir en la Bahía de Ohuira, un sitio protegido de manera internacional, devastando manglares e invadiendo una región indígena que pertenece al pueblo Mayo-Yoreme. Ahí están los pueblos de Paredones, Ohuira, Topolobampo y Lázaro Cárdenas.

Los habitantes de Lázaro Cárdenas le dieron a Sandoval la voz como la representante del pueblo, aunque eso no ha sido sencillo. Los gobernadores indígenas, que ahora son desconocidos por el pueblo, formaron una alianza con otros indígenas que están de acuerdo con la planta y eso formó una división política que ha llegado hasta los golpes.

“No es que no estemos prestos al diálogo, el diálogo desde hace mucho lo debieron haber hecho, ahí es porque no queremos que se aprovechen de las necesidades de las personas y que tengan que bajar la cabeza porque dieron sillas de ruedas, por eso nos ponen de salvajes en Lázaro Cárdenas”, argumenta Melina Sandoval y añade que sí quieren el desarrollo, pero fuera de la bahía. “Que no nos ponga en riesgo y que hagan las cosas bien desde un inicio”.

A esta mujer le siguieron otras más. En Ohuira fue Claudia Susana Quintero, una líder indígena quien se convirtió en la asesora principal del cobanaro del pueblo, Felipe Montaño Valenzuela. Al ver el conflicto político de Lázaro Cárdenas, decidieron que el cobanaro no podía encabezar el amparo, así que ella fue elegida.

“Esta lucha es por nuestros hijos, porque quiero que vengan a la bahía y se enloden como nosotros lo hicimos, porque sueño que se nos respeten nuestras tradiciones”, dice Claudia entrevistada frente a la bahía de Ohuira, mientras mira hacia el horizonte y señala hacia donde están las comunidades en lucha. “Vinieron y nos talaron el mangle, nos dividieron las comunidades y ahora quieren que les demos la bienvenida”, agrega.

La representante de Ohuira firmó el amparo, consciente de que era para defender a su pueblo, aunque desconocía de leyes. Esta mujer es una trabajadora social, dedicada casi de tiempo completo a atender escuelas rurales. Su resistencia la llevó a conocer otras materias, y ahora presume de haber cursado, apenas en dos años, varios diplomados de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos para saber a qué se estaba enfrentando.

“A mí ya no me hacen tonta, ya sabemos cuáles son nuestros derechos y es bien triste, porque hay cosas que ya sé que no pasan, como que tenemos derecho a que se nos cuide, a que haya seguridad, servicios como el agua potable, las calles, pero eso no sucede”, señala Claudia.

Esta lucha les ha costado, pues ahora son víctimas de amenazas e intimidaciones, lo que las ha llevado a modificar sus estrategias de defensa, pues el amparo les ayudó a que se hiciera una consulta, misma que se llevó a cabo y aún espera una revisión y nueva resolución de la Corte.

La resistencia las ha llevado a pedir ayuda internacional y ante organismos gubernamentales que, como medida, se les dio botones de pánico y chalecos antibala. Ese junto con la bandera Yoreme, ha dicho Sandoval, es ahora su uniforme en esta batalla que pasó de lo legal y político a lo violento.