Crimen organizado usa estrategias de guerra en Chiapas, organizaciones piden a gobierno reconocer el conflicto y asumir su responsabilidad

Obligados a cavar trincheras, poner retenes, entregar sus bienes, mostrar sus teléfonos, sus mensajes, callar, pedir permiso hasta para oficial un servicio religioso, ser su servidumbre, ser utilizadas sexualmente, así vive la población de las zonas sierra-fronteriza de Chiapas, atrapada en la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, según lo documentaron organizaciones de la sociedad civil.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes (Red TDT), la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala México (MTMG) y el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, puntualizaron en un informe que se dio a conocer este martes, que estos grupos utilizan estrategias y mecanismos que, de acuerdo al marco legal del Derecho Internacional Humanitario, tiene las características de un Conflicto Armado No Internacional.

La situación en la que viven más de medio millón de habitantes de al menos 12 municipios chiapanecos se agrava porque los hechos han sido negados reiteradamente por el gobierno mexicano, en particular por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena.

El informe titulado “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” detalla que los grupos del crimen organizado operan a pesar de que las fuerzas armadas del gobierno mexicano tienen una fuerte presencia en la región y, según testimonios de la población afectada, militares han actuado de manera cómplice u omisa a favor de estos grupos.

El documento desglosa los rasgos de complicidad y consentimiento de las estructuras de gobierno -como militares, la Fiscalía estatal, cuerpos policiacos y funcionarios- a las fuerzas criminales. “Tal es el grado de inserción que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, refiere uno de los pobladores.  

Los organismos humanitarios detallan que el Estado mexicano tiene responsabilidades éticas y jurídicas, y la negativa a proteger a la población civil de los atentados de los grupos armados organizados podría llevarlo a responder ante cortes internacionales; por lo que pidieron a la comunidad internacional realizar una misión de verificación en los municipios afectados, con el propósito de instar a las autoridades mexicanas a asumir sus responsabilidades en la garantía y protección de los derechos humanos en la zona.

¿Cómo son las estrategias de disputa entre grupos criminales por el control territorial en Chiapas? ¿Cómo ejercen el control de las actividades económicas, de la vida cotidiana y de las instituciones sociales? ¿Cuáles son las estrategias de terror hacia la población civil? ¿Qué se ha documentado de las omisiones y colusión del Estado con la delincuencia organizada? El informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” presenta un retrato de lo que vive la población, cuya situación se agrava cada día.

Basado en los testimonios de la población y evidencias documentales, da cuenta del uso de artefactos explosivos, drones artillados, explosiones y quemas de vehículos, de los homicidios, decapitamientos y desmembramientos de pobladores, de la desaparición de cientos de personas, del reclutamiento forzado y actos de tortura que se viven en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

El documento explica a grandes rasgos la importancia geoestratégica y económica que tiene esta región para las empresas criminales, cuyos grupos se pelean las rutas de tráfico de droga, personas y de mercancía de productos legales como el ganado y los agrícolas, que ahora se comercializan de acuerdo a los precios y lógicas de la criminalidad.

También detalla cómo se ha dado la paulatina desaparición de los servicios públicos, el cierre de escuelas, de hospitales y clínicas; del control en el uso del agua, la luz, el internet, el transporte y de cualquier actividad comercial.

Transcribe algunos testimonios dados de manera anónima, desde el desplazamiento forzado al que ya se suman poblados completos.

“Un chico se rió con una chava con la que estaba, se rió tomando un refresco y uno del cártel que andaba ahí en la carretera en su carro dijo “tráiganme a ese que se ríe, a ver por qué se ríe”. Y lo golpearon ahí mismo y se lo llevaron. Y cuando ese chico regresó, fue el que contó todo, cómo los torturan. Y que definitivamente matan en el momento. Y dice que las torturas son terribles, y que él quedó traumado de lo que oyó que les hicieron a los demás, y él aseguró que el tornero no iba a regresar. Algo debió de escuchar ese tornero que no debía. Y al parecer en ese tormento gritaba que por favor lo mataran. Luego este trabajador se marchó. Uno que estuvo en el narco contó que si alguna vez te levantan más te vale tener una pistola a mano y pegarte un tiro”.

“… cuando llegaron estas gentes y después, cuando estaba el bloqueo, había un silencio en la comunidad, no sonaban ni celulares, ni modulares, lo único que se escuchaba, hasta se escuchaba triste, era el canto de los pájaros, de las gallinas, esa bulla normal de la naturaleza, esa sí se escuchaba, pero la bulla artificial no”.

“De hecho, allí hay un lugar que dicen que han desaparecido gente, una cocina. Realmente si ellos quisieran investigar es muy fácil que encuentren pistas. Se veía, se oía, se escuchaba. Alguien que vivía muy cerca y que ya se fue. Él escuchaba los gritos, y los disparos al final. Entonces se sabe que hay un espacio que posiblemente sea un cementerio, una fosa, en donde los quemaban. Usaban unos tambos, tenían esta técnica de desaparición donde no encuentras sino los huesos, ni siquiera. Tienen esa técnica. Tristemente sabemos que existe, de ahí esta preocupación en la localidad de todas esas almas, de todos esos seres que murieron en esta condición”.

“Un vendedor de la comunidad se paró un día y se quejó públicamente de que la venta de maíz era libre y de que tenían derecho a poder vender a quien quisiera… y al día siguiente entregaron su cuerpo… fue un trauma muy grande… Y dolió que la propia comunidad no pudiera apoyarse ni defenderse entre ellos”.

“Nos tocó ver mujeres. Mujeres amas de casa igual que yo. Las veía a las muchachas ir al baño que estaba fuera de la casa. Y un hombre iba detrás, un rato, y luego salía. Luego otro. Las dos mujeres, como al servicio de ellos. Muy lastimadas, su rostro, su ser… Por fuera iban bien vestidas, pero por dentro llevaban mucho dolor”.

“… entonces tuvieron que buscar otra forma, fue el control, el tema del agua… porque es un Distrito de Riego, a eso se dedica la gente, a producir, y pues depende del agua. Entonces de ahí se los agarraron, porque ellos tienen el control de las cortinas donde parte el agua, donde se distribuye a los canales de Distrito…”.

“…entraron a sacarlo de su casa y lo levantaron. Su esposa y sus hijos se fueron… Una vez se llevaron a 5, y a un tornero. Y la esposa y los niños tuvieron que salir de la casa porque llegan al siguiente día… Y los hijos fueron y preguntaron que por qué se llevaron a su papá, y les contestaron “oigan, pue su papá sí salió mal. Así que hagan el favor de levantar sus cosas e irse, porque lo que quede es nuestro”. Así decomisan casas y propiedades”.

“… se ha ido complicando más en la zona de riego, porque hay clínicas rurales le llaman, unidades rurales de atención para la salud, y ahí todos los doctores abandonaron… no hay doctores ahorita… de los servicios de salud del Estado no hay… hasta las enfermeras se fueron porque dice que las estaban obligando a atender heridos, de los enfrentamientos que ha habido en esa zona, entonces por eso hasta los médicos se fueron, entonces no quedó, en el tema de salud está abandonada esa zona”.

“Parece que ya ni la CNDH ha querido involucrarse en el asunto, porque lo saben. No hay medidas. Sólo dice el Ejército “estamos aquí cuidando”. Porque lo único que hacen es mirarte nada más cuando te están cacheteando. Y eso ha pasado en esos retenes de vigilancia. La CNDH dijo “ya estamos implementando medidas cautelares”. Pero era la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional. Pasan en frente de ellos esos maleantes, esos comandos armados, pasan enfrente de ellos sus vidrios bien polarizados”.

 El informe también explica que frente a esta situación, a pesar de las amenazas y asesinatos, la población civil ha salido a la calle, ha hecho llamados de auxilio públicos pidiendo la intervención de las autoridades, como la marcha por la paz que se dio en enero de 2023.

Sin embargo, los organismos humanitarios también reconocen que como estrategias de sobrevivencia para evitar ser torturados o asesinados, pobladores se han visto obligados a participar en acciones violentas, a servir como vigilantes o sicarios.

Ello -añaden- está provocando la fragmentación de los vínculos comunitarios al desconfiar de los propios vecinos, además de importantes efectos psicosociales, principalmente estrés y paranoia.

Por esta situación, y ante la negativa de las autoridades a reconocer lo que está sucediendo, y sobre todo a implementar medidas para detenerlo, los organismos pidieron nuevamente al gobierno reconocer que en Chiapas se vive una situación de conflicto armado que exige la atención humanitaria hacia la población.

A la comunidad internacional pidieron realizar una misión de verificación en los municipios afectados por la situación de violencia reportada en el informe, investigar y definir el conflicto como Conflicto Armado No Internacional, para asi poder impulsar responsabilidades en términos jurídicos nacionales e internacionales, que puedan llevar ha acciones para la desarticulación de la violencia.