A un año de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, las autoridades han obstaculizado la investigación

Velada en el Zócalo de la CDMX a un año de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Valencia
Foto: Especial

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Aunque existen tres personas vinculadas a proceso por la desaparición de los defensores del territorio, sus familiares, junto a la defensa legal que lleva el caso, acusan que no se ha investigado a las fiscalías de Michoacán y Colima que han viciado el proceso, además de a los directivos de Ternium, la minera a la que se oponían Ricardo y Antonio

Texto y fotos: Heriberto Paredes

MICHOACÁN. – A un año de la desaparición del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del maestro Antonio Díaz Valencia, la afirmación de que no ha habido avances es, hasta cierto punto relativa y recae sobre todo en las autoridades competentes, quienes han hecho lo necesario para garantizar la impunidad en la investigación del caso.

Desde el 11 de enero, las familias de los dos defensores del territorio organizaron distintas actividades para exigir justicia. Una de ellas fue un conversatorio donde se presentó la situación actual del proceso penal, a cargo de la representación legal encabezada por Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico AC. A la reunión asistieron miembros de otras organizaciones de derechos humanos y periodistas.

El abogado comentó que hasta ahora hay tres personas vinculadas a proceso, de las que resalta el ex presidente municipal de Aquila, Michoacán, José Cortés Ramos, más conocido como «Cochelo», quien ya había sido arrestado en 2009 en lo que se conoció como el “Michoacanazo”, es decir, la detención de ediles y altos funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado.

En esta ocasión, «Cochelo» es acusado por la autoría de la desaparición de Lagunes y Díaz, ocurrida el pasado 15 de enero de 2023 en la comunidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima, justo después de salir de una asamblea realizada en la comunidad indígena de San Miguel Aquila, Michoacán.

“Consideramos que estamos en el fin de la etapa intermedia en el juicio de las personas detenidas, pero todavía queda un largo camino para que se concluya con este proceso penal”, puntualizó el abogado.

Faltan las fiscalías

Sin embargo, tanto familiares como la defensa jurídica coincidieron en que existe la necesidad de determinar la responsabilidad de las Fiscalías de Colima y de Michoacán, ya que no han contribuido al esclarecimiento de estos hechos de desaparición sino que además se les señala, presuntamente, como actores que modificaron elementos fundamentales para conocer la verdad y determinar quiénes cometieron este delito.

Específicamente no ha habido resultados en la entrega de la información procesada del hallazgo de 92 cuerpos, ubicados en una fosa clandestina el pasado junio de 2023. Tanto la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) como la Fiscalía General de la República (FGR) se hicieron cargo de exhumar los cuerpos y de procesar los datos de cada uno, sin embargo, hasta ahora no se les ha permitido saber a las familias esta información por lo que permanece la incertidumbre al no saber si alguno de estos cuerpos pertenece al abogado o al comunero desaparecidos.

Finalmente, otra de los señalamientos hechos en contra de las instituciones estatales y federales es la falta de búsquedas reales en puntos específicos que se han logrado a través de los esfuerzos de ambas familias y no por la investigación hecha por alguna de las Fiscalías o por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Toda la información de la carpeta de investigación ha sido recopilada por los familiares y no por ningún funcionario competente.

Por su parte, la familia Lagunes Gasca ha tocado puertas a nivel internacional y recientemente sostuvo diversas reuniones con el Grupo de Trabajo de Defensores Ambientales del Departamento de Estado de Estados Unidos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que no sólo expuso el caso de Ricardo y Antonio sino que también presentó la propuesta de un Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria (MIRHAR) en donde participaría, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“Ellos nos dijeron que pueden empezar ya pro bono y que harían el peritaje forense amplio, no sólo lo de las fosas sino algo más completo, leyendo el expediente, analizando las pruebas. Le hemos dicho al gobierno mexicano que si no ha podido en 10 meses hay que buscar otras opciones. Lo único que queremos es que autoricen”, señala Antoine Lagunes, hermano de Ricardo.

Ternium, uno de las responsables de la violencia en la región, en silencio

Otro de los posibles actores responsables en la desaparición es la empresa minera Ternium, quien ha sido señalada, en ocasiones anteriores, por otros comuneros, por tener vínculos con las organizaciones criminales que han operado en la región de la sierra-costa michoacana. Primero con Caballeros Templarios (entre 2012 y 2014 aproximadamente) y actualmente con Cártel Jalisco Nueva Generación (desde 2021), según una entrevista realizada con algunos miembros de la comunidad indígena de Aquila, ha permanecido en silencio y operando normalmente.

Para Ternium es necesario expandir el territorio de explotación para poder aumentar sus ganancias económicas en la extracción de hierro, sin embargo ha encontrado diversas resistencias en las comunidades que colindan con sus instalaciones: al norte con la comunidad nahua de Huizontla, municipio de Chinicuila, y al sur con la comunidad nahua de Santa María Ostula y con una fracción importante de la comunidad nahua de San Miguel Aquila.

Cada una de estas comunidades ha presentado recursos legales para impedir la expansión de la minera, y también se ha organizado internamente para ello, ejemplo de esto era la figura de Antonio Díaz como posible representante agrario de San Miguel Aquila, quien sostenía una postura contra Ternium y trabajaba de la mano con Ricardo Lagunes para que esta empresa cumpliera con lo estipulado en los acuerdos con la comunidad.

Las otras comunidades nahuas referidas, además de compartir su postura en contra de la empresa minera, también comparten la desaparición y asesinato de comuneros y guardias comunales, todas ellas, a manos del mismo grupo criminal que ha sido señalado como socio y brazo armado de la minera: CJNG.

Cabe señalar que mientras la minera sigue en operaciones, esta organización criminal continúa con ataques a diversas poblaciones de la región y la violencia e inseguridad comienzan a ser parte de la normalidad en zonas en donde lograron instalarse, específicamente en el municipio de Chinicuila. Por su parte, en zonas de Aquila y Coahuayana se registran diversas localidades en donde se tiene presencia de miembros de esta organización, sin embargo no han podido avanzar para establecer un control total debido a la contención que llevan a cabo tanto las Guardias Comunales de Santa María Ostula y Aquila, como la policía comunitaria de Coahuayana.

Velada en memoria de Ricardo y Antonio

También organizada por las familias de los desaparecidos, se llevó a cabo una velada y manifestación pacífica frente a Palacio Nacional, este 14 de enero de 2024. En ella participaron distintos colectivos y organizaciones solidarias que utilizaron diversas expresiones artísticas para visibilizar la exigencia de presentación con vida de Ricardo y Antonio.

En punto de las 4 de la tarde, en el costado del Zócalo de la Ciudad de México que queda justo frente a Palacio Nacional, se extendieron dos mantas gigantes con los rostros de los desaparecidos y hubo participaciones musicales así como un micrófono abierto en donde las personas asistente podían compartir reflexiones. Al evento acudieron alrededor de 70 personas.