Instalarán mesa de trabajo para el retorno de 144 familias triquis y cumplir con medidas cautelares de la CIDH

Instalarán mesa de trabajo para el retorno de 144 familias triquis y cumplir con medidas cautelares de la CIDH
Foto: Página 3

*Esta nota fue realizada por Página 3, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Con el propósito de implementar las Medidas Cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el retorno seguro de 144 familias de Tierra Blanca Copala, víctimas del “desplazamiento forzado”,

el Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina instalara una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

En esa mesa programada del 05 al 08 de diciembre del 2023 con la Secretaria de Gobernación Luisa Alcalde y el gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, se reinstalaría el proceso de retorno seguro de las 144 familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala, quienes se encuentran desplazadas desde diciembre de 2020.

Cabe mencionar que el pasado 27 de octubre de 2023 mediante la Resolución 62/2023, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de familias triquis de la Comunidad de Tierra Blanca Copala que se encuentran desplazadas en la comunidad vecina Yosoyuxi Copala, tras identificar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Según la parte solicitante, el 26 de diciembre de 2020 un grupo de aproximadamente 100 personas que pertenecerían a la organización Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), ingresaron a la comunidad de Tierra Blanca Copala, en forma violenta, lo que habría generado el desplazamiento forzado de 144 familias hacia distintas partes del país. Múltiples hechos de violencia habrían ocurrido desde diciembre de 2020 a la fecha, especialmente contra las familias desplazadas en la comunidad Yosoyuxi Copala.

En respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, firmó una minuta de acuerdos con integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) con el propósito de instrumentar el retorno seguro de las 144 familias triquis y generar acciones de justicia para las victimas del desplazamiento forzado.

Los desplazados “instaron a los representantes del gobierno federal y estatal cumplir con los compromisos y demostrar su voluntad y compromisos con las víctimas, así como evitar generar medidas de dilación en la atención a la problemática del desplazamiento forzado”.

Advirtieron que en caso de que no se cumplan los acuerdos, volverán a accionar con manifestaciones.

La CIDH reconoció que desde los hechos ocurridos en 2020, ha dado atención permanente al conflicto Triqui, destacando apoyos económicos, de salud y alimentarios.

El gobierno estatal habría instalado la “Mesa de Construcción de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui” con la participación de instancias federales, municipales y organizaciones sociales. Además, de una base de policía estatal en la Comunidad Tierra Blanca y aprobar Jornadas de Atención Social a las personas desplazadas en la comunidad Yosoyuxi Copala.

La Comisión valoró las acciones desplegadas por el Estado, no obstante, observó la continuidad de las acciones violentas. En agosto de 2023, la Comisión fue informada que un grupo atacó con armas de fuego a personas desplazadas en la comunidad de Yosoyuxi Copala, entre ellas niñas, niños y personas mayores. Advirtió la imposibilidad de que las personas desplazadas de regresen de forma segura y el impacto que ello podría tener en ellas y sus familias. Adicionalmente, destacó que no se han presentado avances en la sanción a quienes serían los responsables de los eventos de riesgo.

La CIDH pidió al estado mexicano adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias triquis de la Comunidad de Tierra Blanca Copala que se encuentran desplazadas en la comunidad vecina Yosoyuxi Copala.

En particular, solicitó adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.