Empresario de Guanajuato usurpa autoridad federal y valida tala para emporio turístico

Empresario de Guanajuato usurpa autoridad federal y valida tala para emporio turístico
Foto: Pop Lab

*Esta nota fue realizada por Pop Lab, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

El empresario René Rolando Ramírez es familiar de cuñados y tíos de políticos guanajuatenses, su empresa inmobiliaria es favorecida por el actual presidente municipal de la capital del estado, Alejandro Navarro Saldaña, quien primero defendía el cerro de La Bufa, y ahora permite que lo talen

Texto: Carmen Pizano / Pop Lab

Fotos: Juan José Plascencia y Carmen Pizano

Con la complicidad del gobierno municipal de Guanajuato que encabeza el panista Alejandro Navarro Saldaña, el empresario irapuatense René Rolando Ramírez Barba comenzó a hacer trabajos para construir un complejo turístico en una zona de conservación ecológica y que forma parte del perímetro declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, sin contar con los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El proyecto inmobiliario que consiste en la construcción de un estacionamiento de seis pisos, un fraccionamiento de al menos 25 casas y un hotel de 85 suites, pretende realizarse en una superficie de cerca de 2.5 hectáreas, que se ubican en la parte baja del cerro de la Bufa.

La carrera de Alejandro Navarro despuntó precisamente cuando se promovió como defensor de la Bufa en 2010, aunque ya en el gobierno ha cambiado el discurso para construir en la zona con el argumento del desarrollo de la ciudad.

René Rolando Ramírez Barba, primo de Rafael ‘El Gallo’ Barba, el influyente compadre del exgobernador Miguel Márquez Márquez, se estrena como desarrollador inmobiliario a través de una empresa recientemente creada: Inmobiliaria del Refugio Minero, de la que es representante legal y director general con la mayoría de las acciones. El negocio lo comparte con su esposa, hijos e hijas. Según consta en el Registro Público del Comercio; la empresa se creó a finales de 2018.

POPLab constató que entre 2017 y 2018, que coincide con el final del sexenio de Miguel Márquez, Ramírez Barba compró cuatro predios a Araceli Espino Ortiz -de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad-, que en 2021 fusionó para que quedara como un solo terreno de más de 24 mil 780 metros cuadrados con el domicilio Paseo de la Presa número 83. Luego de la fusión de predios que estaban a su nombre, hizo el traspaso para la Inmobiliaria El Refugio del Minero.

Fue también en abril de 2018, en el gobierno del priista Edgar Castro Cerrillo, que la entonces dirección de Planeación Urbana y Protección Ambiental otorgó al empresario el permiso de uso de suelo de servicios, habitacional, de intensidad alta y fomento ecológico, mismo que ha sido utilizado por el actual gobierno de Alejandro Navarro para justificar el permiso que otorgó para tala en la zona.

Existe un documento que se hizo público en el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechaza a Inmobiliaria del Refugio Minero, representada por Ramírez Barba, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con fecha el 13 de septiembre de 2022, por las deficiencias del documento, pero además la oficina en Guanajuato de la dependencia federal advierte que al tratarse de terrenos forestales se requiere que antes de cualquier tipo de obra se realice el trámite para el cambio de uso de suelo ante la propia Semarnat.

Sin considerar la normativa federal y alegando que se hace uso de la autonomía municipal, el gobierno municipal de Guanajuato concedió al empresario la tala de 22 árboles y trabajos para delimitar el predio, aunque después de una denuncia pública que hicieron grupos de ambientalistas, la dirección general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial constató que se talaron al menos 83 ejemplares, sin que a la fecha haya alguna sanción para el empresario.

Ante la denuncia pública que surgió desde la sociedad civil organizada, el Ayuntamiento aprobó llamar a cuentas al director general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Iván Rivelino Moreno, quien se presentó a la mesa de trabajo con información incompleta y aunque se comprometió a entregar un informe ese mismo día, el documento que hizo llegar a ediles no incluyó los anexos donde vienen los detalles de los permisos y la obra.

La asociación Acción Colectiva, que ha encabezado la defensa legal en otros casos como el City Center de León o el desarrollo inmobiliario de La Cucursola en la Sierra de Santa Rosa, así como la regidora Paloma Robles Lacayo, presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra el gobierno municipal de Guanajuato y contra el empresario René Rolando Ramírez Barba.

Desarrollo turístico a cargo de la familia Barba

De la industria del acero y la lámina, René Rolando Ramírez Barba pasó a convertirse en empresario inmobiliario para la construcción del desarrollo El Refugio Minero en Guanajuato capital, en el que se presumía la inversión de Grupo Real Turismo (GTR) perteneciente al Grupo Empresarial Ángeles de Olegario Vázquez Aldir.

En septiembre de 2021, René Rolando Ramírez Barba acompañado del alcalde Alejandro Navarro y de Leandro Trejo Escudero, Director General de GTR, presentó el desarrollo turístico e inmobiliario: estacionamiento, fraccionamiento y hotel que operaría con la marca Quinta Real.

El evento, que se realizó en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, frente a los terrenos que están dentro del polígono enlistado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se concentró en la presentación del mega proyecto y la firma del convenio con la Inmobiliaria El Refugio del Minero para la construcción del Hotel Quinta Real Guanajuato.

Ese día se dijo que tan solo el hotel contaría con 85 suites de Gran Clase, un centro de negocios, dos restaurantes, un bar, salón para eventos con capacidad de hasta 500 personas, Spa, gimnasio, albercas y estacionamiento.

Sin embargo, a dos años de distancia, en una consulta que hizo la regidora de Morena, Paloma Robles Lacayo, el director general de GTR, Leandro Trejo, negó que Grupo Real Turismo o alguna de sus filiales sea inversionista del proyecto.

En el Registro Público del Comercio René Rolando Ramírez Barba aparece como accionista de cuatro empresas: Centro de Servicio Chec Mol, Centro de Servicio el Jaguar, Celomex y la Inmobiliaria del Refugio Minero. Las tres primeras están dedicadas a la fabricación de todo tipo de artículos de acero y lámina, sólo la última y la de más reciente creación tiene como objeto social la instalación de estacionamiento, operación de salones de fiesta, construcción y comercialización de todo tipo de inmuebles, entre otros aspectos.

Las cuatro empresas son negocio familiar, pues en todas aparecen como accionistas su esposa, hijas e hijos, aunque solo en la Inmobiliaria El Refugio del Minero es accionista mayoritario, mientras que en las dedicadas al acero apenas y aparece con un porcentaje mínimo de acciones.

Otro miembro de la familia Barba de Irapuato tiene antecedentes en Guanajuato por su intención de construir desarrollos inmobiliarios en zonas de conservación ecológica: Sergio Fernando Ascencio Barba es el propietario de La Cucursola en la Sierra de Santa Rosa, proyecto que la comunidad frenó después de la tala al pulmón de Guanajuato. El también irapuatense es sobrino de René Rolando Ramírez Barba.

Luz verde al ecocidio

El gobierno de Alejandro Navarro Saldaña ha otorgado en los últimos cinco meses dos permisos al empresario irapuatense René Rolando Ramírez Barba. El primero fue para el cercado perimetral del terreno a base de postes de concreto con alambre de púas, y el segundo para la construcción de un estacionamiento de seis niveles con capacidad para más de 200 cajones.

Los permisos fueron firmados por dos directores diferentes: Juan Carlos Delgado Zárate, ahora titular del IMPLAN, y por Iván Rivelino Moreno, quien asumió el cargo en julio pasado.

Para el cercado perimetral, el gobierno de Navarro autorizó la tala de 22 árboles entre pirules, jacarandas, palo blanco, entre otras especies. A cambio, el municipio únicamente pidió al empresario donar 20 árboles por cada tala, sin que exista un plan de dónde serán sembrados.

Sin embargo, ante las denuncias ciudadanas que se han hecho públicas y la serie de protestas en las que han participado diferentes grupos de ambientalistas, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Iván Rivelino, reconoció que el propietario taló más de los 22 árboles autorizados.

En una respuesta obtenida vía transparencia y presentada por la regidora Paloma Robles Lacayo, la dirección del gobierno municipal acepta que en una primera inspección a la zona detectaron que se talaron alrededor de 83 ejemplares, pero todavía no existe una resolución para sancionar al propietario.

En entrevista, Iván Rivelino confirmó que para la construcción del estacionamiento, el hotel y el fraccionamiento tendrían que retirar más árboles.

Previo a promover los permisos ante la autoridad municipal, Ramírez Barba presentó el proyecto El Refugio del Minero ante la Semarnat, pero después de que la dependencia federal revisó el documento y de hacer consultas a otras autoridades federales, estatales y locales, rechazó el trámite para la autorización de impacto ambiental.

La Semarnat pidió la opinión de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), misma que respondió que en una revisión que realizaron encontraron 734 registros de 33 especies, una de ellas se considera en riesgo con base en la NOM 059; además de que el proyecto presentado por el empresario «aparentemente no se realizó con bases científicas», habla de un rescate ecológico pero no anexó detalles para poder evaluar la pertinencia.

También se pidió la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del Gobierno de Guanajuato, dependencia que reconoce el predio dentro del perímetro de conservación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que tendrá que ser el área federal la que se pronuncie sobre la viabilidad.

En el documento de Semarnat no se consigna la respuesta del INAH, únicamente la consulta, pero públicamente la directora del Centro INAH Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, ha declarado que no autorizan la construcción del estacionamiento.

La única autoridad que respondió a Semarnat que el proyecto es viable fue precisamente el Gobierno Municipal de Guanajuato. «La viabilidad ambiental del proyecto estará sujeto a que las medidas de mitigación, compensación y/o restitución que se propongan sean suficientes…», dice en la respuesta.

La Semarnat advirtió que el proyecto presentaba insuficiencias que impedían la evaluación de la MIA, por lo que solicitaron información adicional al propietario, misma que fue presentada pero no fue suficiente para que Semarnat diera su visto bueno.

«La información presentada por el promovente es deficiente y contradictoria ya que no declara ni define las superficies que componen el proyecto… No describe a detalle las obras y/o actividades que involucran la construcción del estacionamiento, fraccionamiento y hotel… No vincula cada una de las etapas del proyecto con la UGAT 270, de acuerdo al Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial publicado en 2019… Por lo que esta oficina de representación de Semarnat no puede determinar si el proyecto es congruente con las disposiciones establecidas en dicho programa».

En la solicitud, el representante legal de Inmobiliaria El Refugio del Minero, René Rolando Ramírez Barba, declara que la inversión para las tres etapas -estacionamiento, fraccionamiento y hotel- será de 985 millones 550 mil 128 pesos, pero no indicó el monto destinado para medidas de prevención y mitigación, y la legislación establece que debe ser del 5 por ciento o más de inversión total del proyecto.

Después del análisis que hizo la oficina en Guanajuato de la Semarnat, en septiembre pasado negó la autorización en materia de impacto ambiental y recomendó al empresario iniciar el proceso con la petición del cambio de uso de suelo.

«Se le reitera que la legislación ambiental establece que ninguna obra o actividad podrá ser realizada hasta no obtener de forma previa su debida autorización en materia de impacto ambiental», dicta la resolución de la Semarnat.

Navarro se va por la libre

Sin considerar la normativa federal, Iván Rivelino Moreno se escudó en la autonomía municipal para justificar los permisos que autorizó la dirección a su cargo. El funcionario panista cercano a Alejandro Navarro se resistió a reconocer que previo a los permisos municipales debe existir un aval de áreas federales como Semarnat y el INAH.

Iván Rivelino fue llamado a una comparecencia por el Ayuntamiento de Guanajuato, apenas dos semanas después de que se hiciera pública la tala en las faldas de la Bufa ante la presión de grupos ambientalistas del municipio.

Además de argumentar la autonomía municipal, Rivelino justificó la obra con la necesidad que tiene el municipio de más espacios para que turistas puedan estacionarse cuando visitan Guanajuato.

Apenas iniciada la mesa de trabajo ante el Cabildo, Alejandro Navarro decidió abandonar la reunión con el pretexto de tener otros pendientes por resolver. Durante poco más de dos horas, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial toreó las preguntas de regidoras y regidores, pero negándose a responder cuestionamientos como quién es la persona propietaria del predio.

Rivelino destinó la mañana del 1 de noviembre pasado a intentar justificar los permisos que dio la dirección, sin la participación de la bancada panista, más que para sugerir que se haga un reglamento municipal en materia ambiental como remediación a las talas que se han dado.

Durante el gobierno de Navarro no es la primera denuncia por atentar contra el medio ambiente: además de la Cucursola en 2020, ambientalistas también evidenciaron que particulares abrieron un camino en zona de conservación ecológica que benefició a su suegro, Guillermo Smith, al que llamaron «el arañazo».

Luego de buscar respuestas que no dio el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, se llegó al acuerdo que enviaría antes de las 4 de la tarde de ese día un informe con los anexos solicitados, pero la información llegó casi a las 5 de la tarde e incompleta.

La única aparición que hizo Navarro durante la mesa fue cuando el priista Ángel Araujo levantó la voz y manoteó sobre la mesa a modo de protesta por la falta de información, el ruido hizo que el alcalde saliera de su oficina que se encuentra continua al salón donde fue el encuentro.

Marco Campos Briones, regidor panista y presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, había intentado mantenerse al margen de la discusión, pero al cuestionarlo sobre su punto de vista, se dijo un defensor del medio ambiente pero justificó el proyecto diciendo que toda acción humana tiene un impacto negativo al ecosistema.

«Si yo digo que sí lo avalo me van a crucificar. No lo debería de avalar por un movimiento social que no está de acuerdo, pero yo volteo a ver mi casa, mi oficina, la escuela de nuestros hijos, ahí también había árboles, había filtración para los mantos acuíferos, había flora y fauna que debimos haber respetado», sostuvo.

Activistas y regidora presentan denuncia

Gustavo Lozano, de Acción Colectiva, y la regidora de Morena, Paloma Robles Lacayo, en compañía de ciudadanas y ciudadanos presentaron ante la Profepa una denuncia popular en contra de la dirección general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como en contra de la Inmobiliaria El Refugio del Minero.

La denuncia en contra de la dirección es por otorgar indebidamente un permiso para la tala de árboles con el término de «intervención de arbolado urbano» para justificar la obra. La denuncia contra René Rolando Ramírez Barba como representante de la empresa por la tala ilegal donde se pretende construir el desarrollo inmobiliario.

Al salir de Profepa, Gustavo Lozano señaló que esperan la pronta respuesta de la autoridad federal para que clausure la obra en la que, hasta el jueves pasado, todavía se veían personas trabajando en la delimitación del terreno.

«Lo que debería ocurrir es que se apersonen en el lugar de los hechos, hagan la valoración de lo que estamos señalando, clausuren el lugar para que no pueda continuar ninguna obra en el sitio. Si llegan a la conclusión de clausurar es porque evidentemente están valorando que hubo una tala indebida del arbolado, si ese es el caso, eso constituye un delito ambiental, por lo tanto hemos solicitado a la Procuraduría que por su propia cuenta, aunque haremos lo propio, acudan a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia penal».

Además, el representante de Acción Colectiva aseguró que presentaron a Profepa antecedentes suficientes que acreditan que el gobierno municipal sabía que no podía dar permisos sin que el particular antes cumpliera con los permisos federales.

Explicó que el empresario debió primero promover el cambio de uso de suelo ante Semarnat, luego le corresponderá al municipio avalar o negar una Manifestación de Impacto Ambiental.

Lozano precisó que la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial otorgó el permiso para intervenir el arbolado en Paseo de la Presa número 83 al día siguiente -hábil- de que el empresario lo solicitó.

«Yo quiero preguntar a qué ciudadana, a qué ciudadano le atienden con tanta prontitud en la administración pública. Todos estos son datos que indican que el gobierno de Navarro ayuda a que los proyectos avancen rápidamente, pese a no contar con los permisos de otras autoridades que son necesarios para que el gobierno municipal otorgue los propios».

Paloma Robles llamó al alcalde panista, Alejandro Navarro Saldaña, a que explique si hay alguien detrás del mega proyecto, además del empresario irapuatense.

«Navarro tiene que aclarar quién está verdaderamente detrás del proyecto, si es otra persona además de René Rolando».

Detalló que el predio donde se pretende construir el complejo tiene una doble protección cultural, primero por encontrarse en el polígono catalogado Patrimonio de la Humanidad, y después por un decreto emitido desde 1982 por la Secretaría de Educación como zona de monumentos históricos.

La regidora capitalina recordó que las denuncias forman parte de las acciones de resistencia social que han promovido desde hace tres semanas diversos grupos de ambientalistas como Movimiento Colibríes Guanajuato, Consejo Ecologista Guanajuatense y otros activistas de la ciudad.

Amenaza a Paloma Robles

A partir de que promovió la comparecencia de Iván Rivelino Moreno ante el Ayuntamiento y exhibió a las autoridades municipales por otorgar permisos sin antes obligar al propietario a tener el aval de autoridades federales, la regidora Paloma Robles Lacayo denunció que ha recibido amenazas por redes sociales.

Los mensajes salen de un perfil que se identifica como Rene R Ramirez, sin fotografía, pero que coincide con el nombre del empresario irapuatense. Al revisar el perfil se puede advertir que en sus contactos están hijas y esposa, también accionistas de las empresas de René Rolando Ramírez.

Paloma Robles transmitió desde su perfil la comparecencia de Iván Rivelino Moreno. En esa publicación es donde ha recibido los mensajes del perfil en donde la llaman «asesina del progreso», y advierte con un «ya nos veremos las caras».

«Soy una figura pública y estoy expuesta al debate, pero eso no implica que tenga que someterme a amenazas, y para mí el primer responsable de lo que pueda pasar es Alejandro Navarro por estar detrás del proyecto, en el sentido de que lo consiente», señaló Paloma Robles.

Confirmó que va a presentar una denuncia penal por las amenazas en redes sociales.