Resolución internacional sobre megaproyecto anexo a Los Cárcamos exhibe a mafia inmobiliaria ligada al PAN
Resolución internacional sobre megaproyecto anexo a Los Cárcamos exhibe a mafia inmobiliaria ligada al PAN
Foto: Pop Lab
El otorgamiento de permisos fuera de la competencia local para construir fraccionamientos en reservas naturales, tala de árboles y la semi destrucción de un humedal ha sido la constante de gobiernos panistas en Guanajuato y otros estados
El impacto ambiental de la construcción del City Center en un predio aledaño a los Cárcamos, en la ciudad de León, no midió los daños ocasionados, además de que el municipio no tenía las facultades para autorizar la edificación, así lo señala la resolución emitida por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del TMEC.
Expertos convocados para la presentación del fallo, coincidieron en la clara tendencia de los gobiernos de Acción Nacional para confabularse con mafias inmobiliarias. Además, señalaron que este tipo de obras son realizadas con fines financieros y no por un motivo social.
Tras hacerse pública la respuesta de la CCA, organismo encargado de hacer cumplir la legislación ambiental en los países que conforman el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la organización Acción Colectiva presentó un primer amparo el 24 de junio, con el que busca obtener una suspensión de la obra y posteriormente detenerla definitivamente.
En noviembre del 2016, López Santillana y el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, presidieron la colocación de la primera piedra de un complejo denominado City Center. Para su construcción, el gobierno municipal excedió sus facultades al otorgar un permiso que debió ser concedido por la Comisión Nacional del Agua, al ser el humedal una propiedad federal.
Otro de los señalamientos en contra de la obra giró en torno al daño ecológico que la construcción ha causado en el hábitat, pues la descarga de agua contaminada sobre el humedal provocó la muerte de decenas de peces.
Esta situación provocó la movilización de cientos de ciudadanos, que con reuniones, manifestaciones y conferencias han defendido el humedal a lo largo de siete años.
Hoy la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) confirma una serie de irregularidades sobre las cuales se ha edificado el centro comercial y de negocios, esto se sumaría a otros señalamientos en materia ambiental a la administración del exalcalde.
A principios de junio, la tala de 63 árboles en la ampliación del Malecón del Río, provocó una fuerte movilización de colectivos y la sociedad que con una demanda de amparo logró detener la tala de más ejemplares. De acuerdo con el activista y abogado Juan Pablo Delgado, la demanda estuvo sustentada en irregularidades en los permisos otorgados a la administración de Santillana, quien solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se exentara a esta obra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La determinación de la Comisión para la Cooperación Ambiental sobre el humedal tiene una relevancia que trasciende fronteras al ser una organización internacional creada a la par del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. Dicho organismo es el encargado de vigilar e investigar la gobernanza ambiental dentro de los tres países que conforman el acuerdo.
Durante 4 años, el Colectivo Acción Colectiva y distintos actores de la sociedad organizada agotaron las instancias locales, estatales y nacionales. Sin embargo, ha sido la CCA quien de manera definitiva confirmó que el gobierno municipal de Héctor López Santillana excedió sus atribuciones al brindar permisos fuera de su competencia.
“El lunes 24 presentamos un amparo, además estamos solicitando que suspenda la obra para revisar los permisos que le fueron otorgados a la empresa constructora y en su tiempo pediremos la suspensión definitiva hasta sus últimas consecuencias”, afirmó Gustavo Lozano,integrante de Acción Colectiva.
Esta no es la primera vez que el gobierno de una administración municipal concede permisos fuera de sus atribuciones, a finales del 2019, habitantes de la sierra de Santa Rosa en Guanajuato capital, denunciaron la construcción ilegal de Cucursola, fraccionamiento propiedad del panista Sergio Barba, exdiputado federal y sobrino de Rafael «Gallo» Barba, compadre de Miguel Márquez, quien bajo el amparo del alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, inició su edificación.
Estas prácticas realizadas entre inmobiliarias y los gobiernos locales no se han limitado a Guanajuato; también se han visto replicadas en Aguascalientes, en donde el alcalde Leonardo Montañez y la gobernadora Teresa Jiménez, ambos de extracción panista, otorgaron permisos a Grupo San Cristóbal para la construcción de un fraccionamiento en medio del Bosque de Cobos, uno de los principales pulmones de aquella entidad.
Sentar un precedente
En abril del 2019, acción colectiva presentó ante la CCA una petición sobre el proyecto City Park en la que aseveró que la resolución ambiental del proyecto es ilegal y su construcción podría generar daños al medio ambiente, a los recursos naturales y la vida silvestre de la zona.
A cuatro años de la solicitud y la posterior integración de una carpeta de hechos, al considerar que existían los elementos necesarios para su conformación, el 4 de julio la resolución del organismo internacional se hizo pública y reveló lo siguiente:
- Las autoridades ambientales del estado de Guanajuato determinaron que, en virtud de la naturaleza del proyecto, la autoridad competente para autorizar la correspondiente evaluación de impacto ambiental era el ayuntamiento de León, Guanajuato.
- Las autoridades ambientales del estado de Guanajuato firmaron un convenio de coordinación administrativa con la ciudad de León. De acuerdo con los términos establecidos en dicho convenio, el gobierno municipal estaba autorizado a aplicar el procedimiento de evaluación del impacto ambiental con arreglo a la normativa estatal —no así la municipal—, y el estado de Guanajuato se reservaba el derecho de ejercer directamente las atribuciones en materia de medio ambiente transferidas en términos del convenio.
- El Secretariado no encontró información con indicios de que se hubiera sostenido una reunión de consulta pública en relación con el proyecto de interés, ni tampoco información sobre si la ciudad de León recibió opiniones o solicitudes de información en relación con la manifestación de impacto ambiental dentro de los plazos establecidos por ley.
En rueda de prensa, Gustavo Lozano, acompañado de Silvia Emanuelli, integrante de la Coalición Internacional por el Hábitat; Pedro Moctezuma, miembro de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos y Dolores Rojas Rubio, de la fundación Henrich Böll Stufing, dio a conocer esta resolución, además de las acciones legales que emprenderá en contra de la construcción del complejo habitacional y de negocios.
Acción Colectiva hizo un llamado a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez para revisar la resolución otorgada en el gobierno de López Santillana, así como el incumplimiento de las condicionantes que le fueron impuestas a la empresa México Retail Properties al momento de darle la autorización del proyecto.
Este consorcio inmobiliario cuenta con un amplio historial de señalamientos por la depredación ambiental en sus construcciones, como la edificada en Cerrito de Naucalpan o la Joyita, un Walmart en medio de un bosque de niebla.
En la presentación, los expertos coincidieron en que esta resolución sienta un importante precedente para México, destacando que esta es la primera vez que una instancia internacional brinda una resolución sobre las violaciones al derecho al medio ambiente.
“Desde el punto de vista de la organización, lo que se ha logrado en este proceso de petición frente al CCA es una victoria indudable, y tenemos que luchar para que este triunfo realmente se convierta en una realidad”, explicó Silvia Emanuelli.
Por su parte, Pedro Moctezuma recordó que en 1970 se publicó el libro “Los límites del crecimiento”, desde ese tiempo a la fecha ha habido advertencias muy claras sobre el cambio climático y los gobiernos no han hecho nada.
“Los límites del crecimiento” es un informe encargado al Instituto tecnológico de Massachussets por el club Roma, la obra publicada en 1972, habla sobre cómo la humanidad y su desarrollo pareciera plantearse en “un modelo económico, social y moral, basado en el crecimiento ilimitado en un planeta de recursos finitos”.
“Felicidades León, porque un pequeño grupo de valientes está haciendo posible pensar en la necesidad de revertir una tendencia que no es sustentable y tampoco equitativa”, afirmó Moctezuma.
“Es un caso ejemplar, se dan pocos a nivel de la Comisión para la Cooperación Ambiental, así que esta resolución nos ayuda a contener la dinámica destructiva en una ciudad que tiene islas de calor, en lugar de tener humedales, arboledas y parques urbanos en abundancia”, puntualizó.
Por su parte, Dolores Rojas mencionó que en megaproyectos como el City Center no se consulta con los habitantes y tampoco se les informa los impactos que la obra va a tener en su vida, territorio y su derecho a un entorno sustentable.
“Hay una ola de calor en el mundo que tiene que ver con estas obras y el modo de vida, extraer y destruir son características que tiene un proyecto inmobiliario como éste, y mucho menos se realizan para que se muevan las personas, sino los vehículos y lo que al mercado le convenga”, explicó.
Para la integrante de la fundación Henrich Böll Stufing, resulta preocupante que en medio de esta emergencia climática y de estrés hídrico, la construcción de este tipo de complejos prospere ante la defensa de unos cuantos.
La voraz “mafia inmobiliaria”
Silvia Emanuelli, señaló que este tipo de proyectos pueden estarse construyendo con el fin de movilizar el mercado bursátil, o lo que ella llama “financiarización de la vivienda”, un recurso utilizado con mayor frecuencia.
“Este concepto (financiarización de la vivienda) puede explicar por qué y a través de qué medios puede llegar dinero de fondos de inversión, pensiones u otras iniciativas al mercado de bienes raíces”, explicó la integrante de la Coalición Internacional por el Hábitat.
Emanuelli también cuestionó el propósito de estos complejos, ya que de acuerdo con ella, estas edificaciones, además de destruir el humedal, se convierten en un “elefante blanco” al priorizar los recursos económicos por encima de las necesidades sociales.
“Muchos de estos proyectos se construyen para poder garantizar el dinero a través de estas construcciones y así moverlo a otros proyectos, entonces podemos decir que el fin de estas construcciones no es que se viva, vendan o rente”, declaró Silvia Emanuelli.
Por su parte, Pedro Moctezuma explicó que existe una “clara tendencia del PAN y de las mafias inmobiliarias para entrar en contubernios, está muy claro en la Benito Juárez, en la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Yucatán”.
Para el presidente de la Coordinadora Nacional del Agua, este es el modo de operar de los gobiernos de derecha, aunque dejó en claro que no todos entran en ese cajón.
“Es muy interesante el llamado que Acción Colectiva hace a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez para que ponga el ejemplo en el estado de Guanajuato y opere con madurez ante el llamado de la Comisión para la Cooperación Ambiental”, señaló Pedro Moctezuma.
Por último, recordó que en vísperas de elecciones es importante siempre tener esta capacidad de esperar que las autoridades cumplan con aquello por los cuales fueron elegidos, porque de lo contrario se tiene la «opción de cambiar de gobernantes”.
La CCA y su importancia
La investigación de la CCA sobre el proyecto City Park fue la última instancia a la que Acción Colectiva llegó para que esta investigara las violaciones a las leyes ambientales durante la edificación del City Center, dado que este organismo forma parte de los acuerdos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La Comisión para Cooperación Ambiental tiene su origen con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, Canadá, Estados Unidos de América y México se dio inicio al Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN).
Dentro del acuerdo trilateral, se establece que México debe regularse dentro del marco del acuerdo de cooperación ambiental a través de la Semarnat.
Pero con la renegociación y la sustitución del TLCAN por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), también se sustituyó el ACAAN por el nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA).
Algunas de las principales diferencias entre el ACAAN y el ACA son: el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la reducción de la contaminación (medio marino, la capa de ozono), así como los temas ambientales transfronterizos, recuperación de suelos y la conservación y protección de biodiversidad y sus hábitats.
A partir del 2020, la CCA se conduce bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental.
Es en este organismo en donde los denunciantes pueden solicitar la revisión de la aplicación de la legislación ambiental vigente en cada uno de los tres países que conforman el T-MEC.
El consejo de este organismo se encuentra constituido por autoridades ambientales de los tres países, por México, María Luisa Albores González, titular de la Semarnat, de EUA, Michael S. Regan administrador de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) de Estados Unidos y de Canadá, Steven Guilbeault, ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (Environment and Climate Change Canadá, ECCC.
En tanto que el Secretariado de la CCA con sede en Montreal, Canadá, es la encargada de aplicar proyectos conforme al programa operativo autorizado por el Consejo, así como atender peticiones ciudadanas vinculadas a la legislación ambiental.
Línea del tiempo
En abril del 2016, Acción Colectiva realizó la petición a la CCA para revisar la aplicación de la legislatura ambiental en el proyecto City Park.
Tres años después, en abril del 2019, la CCA conformó un expediente de hechos con el fin de revisar la autorización del impacto ambiental de las obras del City Center.
El 5 de julio de 2019, el Secretariado de Comisión determinó que la solicitud cumplía con los criterios y solicitó una respuesta por parte de autoridades mexicanas.
Pero fue hasta marzo del 2021 que el Secretariado recibió la respuesta; cinco meses después, el 10 de agosto, esta organización trilateral consideró que esta solicitud contaba con todos los elementos para justificar la integración de un expediente.
En ese mismo año, la CCA resolvió que las autoridades municipales omitieron acatar el artículo 20 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la violación de artículos los 104, 105 y 120 del Reglamento para la Gestión Ambiental del Municipio de León.
Para noviembre de 2021, el Consejo votó para que el Secretariado diera inicio a la elaboración de la carpeta que incluye permisos de uso de suelo, manifestación del impacto ambiental, actas de visitas técnicas y modificaciones al proyecto.
Dos días después fue publicado en la página de internet de la CCA el plan de trabajo y un expediente de documentos a disposición del público y los interesados.
En tanto, el 30 de septiembre del 2022, el Secretariado presentó un proyecto de expediente de hechos ante el Consejo para la recepción de comentarios. Tanto autoridades de México como de Estados Unidos realizaron sus apreciaciones.
Para el 17 de febrero del 2023, el Secretariado expuso el expediente de hechos definitivo al Consejo para que éste votará sobre si hacer público o no este documento dentro de un plazo de tres meses.
El 4 de julio la CCA hizo pública su resolución y confirmó que el gobierno municipal excedió sus atribuciones al otorgar permisos fuera de su competencia, además de no vigilar el cumplimiento de las disposiciones previstas relativas tanto al derecho a la consulta pública como a la participación comunitaria.
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