Secuestros y extorsiones a migrantes van en aumento en la frontera norte, alertan ONGs

Secuestros y extorsiones a migrantes van en aumento en la frontera norte, alertan ONGs
Foto: La Verdad

*Esta nota fue realizada por La Verdad, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Organizaciones han detectado que las autoridades están coludidas con grupos del crimen organizado y empresas de autobuses en los delitos contra personas en movilidad en su trayecto hacia la frontera

Por Redacción de La Verdad

Organizaciones de sociedad civil alertaron que los secuestros y extorsiones contra migrantes van en aumento en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Sonora y han detectado una colaboración entre autoridades, empresas de autobuses y el crimen organizado.

Son veintidós organizaciones de la zona fronteriza norte quienes denuncian que personas en movilidad, con o sin permiso migratorio y algunos con citas que fueron agendadas a través de la aplicación CBP One, han sido víctimas de desaparición y otros delitos en su tránsito por México.

“Las personas son privadas de la libertad en el trayecto de los camiones comerciales en retenes del Instituto Nacional de Migración, cuerpos de seguridad o grupos autodenominados del crimen organizado”, expusieron a través de un comunicado de prensa conjunto.

Las organizaciones detallaron que las empresas de transporte son constantemente vigiladas por miembros del crimen organizado buscando a personas susceptibles a ser secuestradas. En muchos de los casos son personas en movilidad pues estas han dado a conocer que fueron privadas de su libertad al esperar abordar estos autobuses.

Denunciaron la colusión por parte de los choferes y la omisión por parte de empresas de transporte al no reportar los incidentes a las fiscalías o la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

En Chihuahua se ha detectado el uso de bodegas en donde las personas llegan a estar en condiciones de hacinamiento, incluyendo a mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes.

Las organizaciones también han denunciado las violaciones de derechos humanos y alta impunidad en Tamaulipas, un estado ya con un antecedente de graves violaciones a derechos humanos como fue el caso de la Masacre de San Fernando.

A mediados de junio, la Associated Press reportó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) había suspendido nuevas citas de solicitantes de asilo a través de la aplicación CBP One por el puerto de Laredo, Texas ya que las personas en movilidad estaban siendo víctimas de extorsión en esta zona fronteriza.

Varios solicitantes de asilo y activistas reportaron que funcionarios mexicanos en Nuevo Laredo estaban extorsionando a las personas en movilidad y amenazándolas con hacerlas perder sus citas hasta que pagaran por su libertad.

A pesar de esta alerta de extorsión, la autoridad migratoria reanudó las citas a este puerto de entrada a finales de junio. Desde el 12 de mayo al 23 de junio más de 49 mil no ciudadanos se han presentado en los puertos de entrada contando con una cita para presentarse y solicitar asilo, reportó la CBP agregando que se ha aumentado el número de citas disponibles por día llegando a los mil 450.

Por estas violaciones a derechos humanos, son alrededor de once albergues en los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila y Nuevo León, diversos centros de apoyo a migrantes y organizaciones religiosas quienes demandan que se realicen las debidas investigaciones para dar con las personas desaparecidas y aquellas que han sido víctimas.

“En consecuencia, las familias de las víctimas (que se encuentran en los países de origen) pierden contacto con sus familiares por días, enfrentándose a los retos de buscar información sobre el paradero y/o localización de las personas desaparecidas”, mencionaron en el comunicado.

Pidieron que la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y empresas de transporte colaboren con las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República con el fin de aportar información para las investigaciones correspondientes.

Demandan que las fiscalías estatales y la FGR generen una estrategia de monitoreo vinculado a los servicios de transporte para garantizar la seguridad e integridad humana. Al Instituto Nacional de Migración, piden investigar el involucramiento de agentes federales en estos actos criminales.

En algunos casos, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han rechazado a personas que llegan atrasados a sus citas generadas a través de la aplicación CBP One, a pesar de haber acreditado su condición de víctimas y por esto piden a los Consulados en México alertar a sus connacionales sobre estos riesgos y al INM brindar la debida documentación migratoria a las personas víctimas de secuestro.