Persecuciones, autoincendios y agua contaminada, la realidad de las megagranjas de los Loret de Mola en Yucatán

Persecuciones, autoincendios y agua contaminada, la realidad de las megagranjas de los Loret de Mola en Yucatán
Foto: Especial

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

San Gerardo, la empresa controlada por la familia, vigila de forma permanente a los habitantes de Santa María Chi y amenaza con intensificar la judicialización de la resistencia popular. Detalles de un modus operandi que avasalla derechos y libertades civiles

Texto y fotos: Patricio Eleisegui

YUCATÁN. – El amedrentamiento continuo mediante camionetas que siguen a baja velocidad a las y los vecinos que denuncian la contaminación. Sobre todo, cuando el sol yucateco se apaga y los vidrios polarizados de los vehículos corporativos auspician el anonimato. La distribución de guardias en caminos aledaños a la mega factoría contaminante, en vías públicas y de (en teoría) libre tránsito, pero que en las últimas semanas se han vuelto espacios donde se controla quién pasa por esas sendas. Hombres colocados aquí y allá, al borde de caminos de terracería, ocultos entre los árboles de la selva, con celulares para filmar a toda persona del pueblo que ose caminar junto a los límites de la granja industrial. La amenaza de aplicar una denuncia judicial a quien intente hablar con directivos o personal de la empresa para exigir que cesen las quemas ilegales de excretas, la depredación del monte, el envenenamiento del agua.

A poco más de un mes de iniciada la resistencia al funcionamiento ecocida de la mega factoría de cerdos que, bajo la identidad comercial de San Gerardo, la familia Loret de Mola opera a metros de los hogares, la comunidad maya de Santa María Chi atraviesa las semanas en una instancia que se asemeja a un cautiverio a cielo abierto.

Los casi 500 habitantes de esta población son víctimas de una vigilancia constante por parte del personal de la instalación en la que más de 43 mil cerdos son engordados a diario. Incluso quien aquí escribe fue objeto de fotografías y filmaciones propinadas de forma intempestiva y en espacios públicos por personal de seguridad de San Gerardo.

El nivel de control sobre los movimientos de los pobladores es tal que empleados de la misma mega granja pusieron a circular entre vecinas y vecinos la versión de que tienen órdenes de disparar contra cualquier individuo que resulte detectado en terrenos bajo control de la compañía. Y que igual suerte correrá todo dron que se atreva a sobrevolar sobre las casi 221 hectáreas que son propiedad de la firma.

Multiplicar el miedo entre la población de Santa María Chi mediante amenazas de ese calibre, viralizadas bajo la forma del rumor, es una de las principales estrategias a las que, de mayo a esta parte, viene apelando la familia Loret de Mola en un intento por perpetuar el funcionamiento de su fábrica de cerdos.

La impunidad de la que goza la firma es tal que sus ejecutivos hasta se permiten instalar este tipo de temores incluso cuando las normativas vigentes son claras respecto de que San Gerardo no tiene potestad alguna para agredir a personas o aeronaves no tripuladas.

La figura del rumor le permite a la compañía negar de plano las versiones que las cabezas de la porcícola no dudan en sembrar entre los integrantes de la preocupada comunidad maya. Mientras tanto, el desastre socioambiental, con la población de Santa María Chi reducida al status de rehén de la voluntad de la compañía, evoluciona a todo ritmo.

Quema de estiércol y acusación judicial

En las últimas dos semanas, y pese al reclamo de los pobladores y la exposición mediática de los métodos de contaminación que utiliza San Gerardo, la compañía volvió a quemar toneladas de excretas resecas de cerdo en una serie de incendios autoprovocados que, para ser sofocados, demandaron la intervención de bomberos.

“En la granja hubo quemas, por ejemplo, el sábado 17. Hubo bomberos adentro y a los vecinos por preguntar ya los querían acusar de secuestro como hicieron con Wilbert”, cuenta uno de los pobladores de Santa María Chi.

Wilbert se apellida Nahuat Puc y es el subcomisario del pueblo. También hace poco más de un mes, y dada la visibilidad social del funcionario, la directiva de San Gerardo inició dos demandas contra Nahuat Puc por presunta privación ilegítima de la libertad. El motivo: un corte de calle llevado a cabo prácticamente por todos los miembros de la comunidad en protesta por la quema de excretas. La firma alegó que esa acción impidió el tránsito de su personal.

Pese a que la movilización frente a la mega factoría fue generalizada, los abogados de la firma pusieron el foco en la figura del subcomisario, a quien de forma ridícula también se buscó culpar de intento de secuestro. Otra acción de los Loret de Mola concebida para disciplinar a los habitantes en resistencia.

Al día de hoy, sobre Nahuat Puc pesa una restricción de acercamiento a la mega granja que concluye el próximo 2 de julio. La empresa se salió con la suya en la búsqueda de erradicar, al menos de forma momentánea, la presencia del subcomisario del campamento que las y los vecinos montaron a menos de 50 metros del ingreso a la factoría.

La quema de excrementos continúa menguando la situación sanitaria de Santa María Chi, que sufre una ola de problemas pulmonares como la bronquitis, y dolencias que van desde la tos hasta rinofaringitis y la faringitis aguada, a raíz del humo tóxico que la población respira cada semana.

La selva cercana al pueblo, en tanto, se ha vuelto una sucesión de lagunas y encharcamientos por efecto del entramado de grifos que San Gerardo instaló entre la vegetación para descartar de forma continua orina y material fecal de cerdo disueltas en agua.

Sobrevivir en la pestilencia

La mega factoría en cuestión no es la única explotación contaminante bajo control de los Loret de Mola. A escasos kilómetros de Nolo –distante 20 kilómetros de Santa María Chi y siempre en Yucatán–, la familia también controla una instalación porcícola que se levanta a poco más de 20 metros de la calle principal de Santa Cruz.

Se trata de un pueblo de apenas 52 habitantes que, ahogado en el hedor que emana la granja industrial, sobrevive al pie de siete naves de crianza de cerdos y una alberca de 110 metros de largo por 46 de ancho –y algo más de 5 metros de profundidad– en la que se acumulan, sin ningún tipo de procesamiento o remediación, toneladas del estiércol que origina el ganado porcino.

“El agua no se puede tomar desde hace muchos años, está contaminada. Y por la granja no nos dejan tener nuestros cerdos, dicen que les podemos generar enfermedades a sus animales. Nunca nos consultaron para hacer la granja, jamás dialogaron con los vecinos. Los dueños son los Loret de Mola”, cuenta una vecina de Santa Cruz.

“Compraron una hacienda henequenera que ya no funcionaba, al principio pusieron algo de ganado por un tiempo y luego, de un momento a otro, montaron su granja. De esto hace unos 15 años. Aquí engordan los cerdos, pero no sabemos cuántos hay en total en la granja”, añade.

Para enseguida remarcar que San Gerardo no contrata a personas del pueblo –“Dicen que tuvieron malas experiencias con la gente de Santa Cruz”, acota la vecina– y que, como detalle, la firma “ni siquiera nos vende carne. Ni a nosotros ni a los mismos empleados de la empresa”.

Coincidente con su desempeño en Santa María Chi, la mega factoría de los Loret de Mola en Santa Cruz descarta las excretas de los cerdos en la selva cercana.

Los habitantes de la pequeña comisaría afirman que llevan tanto tiempo afectados por la pestilencia que emite la granja industrial que, reconocen con preocupación, se les hace difícil establecer si las dolencias respiratorias que ocurren en el lugar son provocadas o no por el estiércol porcino almacenado a metros de los hogares.

Espejo de lo que ocurre, también, en Santa María Chi, Santa Cruz transita su cotidianeidad atada a los caprichos operativos y ambientales de San Gerardo, una empresa que incluye entre sus rasgos identitarios el menosprecio de aquellas comunidades en las que se instala y a las que afecta de un modo prácticamente irreparable.

Una compañía cuyo poderío social y económico dentro de los límites de Yucatán puede explicarse, también, a partir de una protección política y judicial por demás de evidente.

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