¡Libertad para los ríos! Refrendan compromiso de resistencia ante las represas
*La celebración de este día se originó en 1997 después de que el Movimiento de los Afectados por las Represas de Brasil (MAB) convocara a una manifestación en la que participaron más de 20 mil personas para protestar contra la construcción de la represa de Itáipu en la frontera de Brasil y Paraguay.
Desde entonces, se ha convertido en una jornada de protesta global en la que se pide la protección de los ríos y ecosistemas acuáticos, así como la defensa de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la construcción de las represas.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) celebró este 14 de marzo, junto con otras organizaciones y movimientos de todo el continente, la lucha en defensa de los ríos, agua y comunidades. Por tanto, refrendaron su compromiso de resistencia a las represas como proyectos de muerte y despojo.
Como cada año, denunciaron los impactos negativos de las represas en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades locales, incluyendo la pérdida de hábitats y la degradación de los ríos, alteración de los cauces de agua, reducción de la biodiversidad, violación a derechos de la consulta previa, libre e informada, expulsión de comunidades indígenas y la instalación de conflictos sociales.
Además, el COPINH reafirmó que las represas traen consecuencias sociales y económicas graves para las comunidades afectadas, tales como la pérdida de tierras y medios de subsistencia, la erosión de la cultura e identidad de las comunidades locales y la violación de los derechos humanos.
Hasta el día de hoy nuestros ríos, que son nuestra garantía de vida, se quieren convertir en negocios que llenan los bolsillos de unos pocos, subrayó el Consejo.
Aunado a ello, señalaron que en Honduras es habitual que las comunidades organizadas se movilicen para defender lo que es suyo, pero los Estados siguen disponiendo los modelos de gestión privada basado en la corrupción como el Proyecto Hidroeléctrico “Agua zarca”, este extrae sus os recursos y no les deja nada positivo.
Por esa razón, exigieron la cancelación definitiva de dicho proyecto y también pronunciaron: faltan los Átala.
Cabe mencionar que el proyecto hidroeléctrico se planeaba construir en el río Gualcarque, gestionado por la “corrupta empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)”.
Gracias a la organización del pueblo Lenca hemos podido detener el proyecto, sin embargo, la concesión sigue siendo de la familia Atala y se ha vuelto un producto de especulación financiera, agregó el COPINH.
Así mismo, las comunidades indígenas de la región denunciaron que no fueron consultadas ni informadas de manera adecuada sobre el proyecto, y que éste tendría un impacto negativo en el modo de vida y el medio ambiente.
Ante esta situación, en 2013, iniciaron una campaña internacional para exigir la cancelación del proyecto Agua Zarca y lograron que algunas empresas: como el Banco Mundial y la empresa alemana Voith Hydro, retiraran su apoyo al proyecto.
Esta lucha se llevó la vida de grandes hermanos y hermanas como Tomás García y Berta Cáceres, y también la persecución de varias luchadoras y luchadores, indicó el Consejo Cívico.
Las razones por las que exigieron la cancelación definitiva de la concesión del Río Gualcarque, es por: respeto a los derechos humanos, ya que las comunidades indígenas tienen derecho a ser consultadas y a dar su consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que afecten su modo de vida y territorio, por lo que, la cancelación del proyecto es una forma de reconocer y respetar esos derechos.
Sumándose la protección del medio ambiente, pues la construcción del proyecto Agua Zarca tendría un impacto negativo en el sagrado río Gualcarque y en el ecosistema de la región. Así pues, la cancelación de este es una forma de proteger la cosmovisión Lenca, el medio ambiente y la biodiversidad.
Justicia para Tomás García, Berta Cáceres y todos los y los luchadores perseguidos: la cancelación del proyecto Agua Zarca es una forma de hacer justicia a los líderes indígenas que fueron asesinados por oponerse al proyecto y de evitar futuras violaciones a los derechos humanos, concluyó el COPINH.
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