En implementación de medidas cautelares, jesuitas piden fortalecer a autoridades tradicionales
En implementación de medidas cautelares, jesuitas piden fortalecer a autoridades tradicionales
Foto: Raíchali
*Esta nota fue realizada por Raíchali, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
Por Patricia Mayorga
“Nosotros como jesuitas fuimos privilegiados con algo que la gente normalmente no puede tener cuando pasa por algo parecido”: sacerdote jesuita Esteban Cornejo
La caridad sin justicia no salvará los abismos sociales, creará un profundo resentimiento, advirtió el jesuita Esteban Cornejo, uno de los sacerdotes sujetos de medidas cautelares en Cerocahui, ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La frase que retomó de San Alberto Hurtado, la mencionó frente a autoridades fedeales y estatales que se sentaron con representantes de instancias internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), CIDH, así como organizaciones nacionales y locales, en la implementación de las medidas otorgadas a once personas de la Sierra Tarahumara, ante la impunidad que prevalece en la región.
Las medidas fueron otorgadas después medio año en el que las autoridades mexicanas no han logrado detener al líder del grupo delictivo de la región, José Noriel Portillo Gil (“El Chueco”), y no cesan los desplazamientos forzados, la tala ilegal ni la violencia en la sierra Tarahumara.
Noriel Portillo está acusado de los asesinatos de los jesuitas Javier Campos Morales (el padre Gallo) y Joaquín Mora Salazar, así como el guía de turismo Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez y el joven Pedro Osvaldo Berrelleza Rábago, ocurridos el 20 de junio de 2022.
La CIDH dispuso en la resolución 2/2023, que el Estado mexicano debe adoptar medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de once personas beneficiarias de la comunidad jesuita de Cerocahui, ubicado en el municipio de Urique, entre ellas tres religiosas y nueve sacerdotes que se encuentran en situación de riesgo derivado de sus actividades en la región.
También ordenó informar sobre la investigación de los hechos que originaron la situación de riesgo con el los homicidios de los jesuitas Javier Campos Morales . Las implementación de las medidas debe realizarse en presencia de las personas beneficiarias y su representación.
A nombre de la Compañía de Jesús, el jesuita Jorge Atilano González Candia, encargado del sector social, pidió a las autoridades que actúen para controlar la tala, crear una policía municipal sin armas en Urique, recuperar la figgura de los jueces de paz y fortalecer las autoridades tradicionales, entre otras.
Las peticiones, además de la protección de los jesuitas y la comunidad, fueron:
- Presencia permanente, estratégica y coordinada del Ejército mexicano, Guardia Nacional y policía estatal, para crear condiciones de seguridad en la región. Solicitamos tener cámaras, rondines, puntos de control y evaluación constante para ubicar situaciones de mejora.
- Crear una nueva policía municipal en Urique, sin acceso a las armas, centrada en la resolución de problemas comunitarios y coordinada con los comisarios y comisarias de las localidades.
- Implementar el modelo de justicia cívica recuperando la figura de los jueces de paz y fortaleciendo las autoridades tradicionales. Es necesario que las comunidades vean mecanismos cercanos que ayuden a resolver problemas y no tengan que recurrir a otras instancias.
- Recuperar el derecho a elegir autoridades locales con plena libertad y sin presiones de grupos particulares. Queremos que la democracia, la asamblea y la deliberación regresen a la sierra tarahumara.
- Buscar los cambios legales necesarios para detener la deforestación de la sierra tarahumara, es decir, dar facultades a las autoridades locales, supervisadas por la comunidad, para controlar la tala de árboles.
- Unir esfuerzos entre las distintas autoridades de gobierno, autoridades tradicionales, escuelas e iglesias para la reconstrucción del tejido social.
En el palacio de gobierno de Chihuahua instalaron la la semana pasada, Mesa de Implementación de las medidas cautelares, con la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, con los once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, que estuvieron acompañados por autoridades de la Provincia; por el obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval; del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac). Estas organizaciones fueron las encargadas de solicitar las medidas ante la CIDH.
Asimismo estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Gobierno y de Seguridad y el fiscal General, así como el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y personal del secretariado de la CIDH a distancia.
De acuerdo con un comunicado del Centro Prodh, la reunión también fue un espacio de reivindicación de la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en la región el grupo de personas gbeneficiarias. “Las autoridades reconocieron sus legítimas exigencias de justicia, seguridad y paz, y admitieron que tienen como objeto generar acciones urgentes y estratégicas para que hechos tan dolorosos como éste, no vuelvan a ocurrir”.
Al finalizar, el jesuita Javier “El Pato” Ávila Aguirre, dijo en entrevista que se trató de una reunión de buena voluntad, de apertura, lo que es un buen signo porque de otra manera, no funcionaría. “Nosotros seguiremos siendo lo que somos y haciendo lo que hacemos, a pesar de las inseguridades. Y eso no nos cambia ni nos altera nuestra opción.
Nuestra opción es de vida, la ellos es de sexenio y tienen que cuidar mucho su caminar en el sexenio. Entonces, por eso se manifestaron de buena voluntad, de ofertas, de apertura, tanto el gobierno estatal como el federal y hay que aprovechar todo eso”.
El padre Esteban Cornejo obsquió a la gobernadora la cruz del “Padre Gallo”, como símbolo de compromiso y memoria. Para que nos se olvide de hacer justicia.
En su intervención, el padre Estaban habló como uno de los beneficiaros de la medida cauetlar MC-876-22, señaló:
Nosotros como jesuitas fuimos privilegiados con algo que la gente normalmente no puede tener cuando pasa algo parecido: Nos entregaron los cuerpos a pocos días de habérselos llevado y se respondió con un fuerte operativo de reacción. Es necesario reconocer que esto no hubiera sido posible si los padres no pertenecieran a la Compañía de Jesús y si no fueran quienes fueron. Pero siendo realistas, el acceso a la jsutician o es el mismo para todos. Por esa razón, pedir las medidas cautelares para nosotros tiene un sentido más amplio.
De nada sirve que solamente cuiden ahora a los padres ya las hermanas, si no hay seguridad para el resto de la gente. No quieremos ser los únicos que gocen de esos privilegios. En esta región todos estamos en riesgo y nadie estará seguro mientras la violencia y la impunidad sean lo normal, mientras la vida no sea respetada por encima de todo.
Como ya dijimos, hacer justicia es remedias las injusticias que sí son reparabbles. Después de esto, vendrá la verdadera caridad. Por esta razón, les recordamos a ustedes que esperamos esta justicia y seguridad para la paz. Nosotros también nos comprometemos a construir la paz y a reconstruir el tejido social mediante actividades que generen convivencia, diálogo y acuerdos. La justicia y la paz es tarea de todos y hoy más que nunca, lo anhelamos.
LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES
El padre Jorge Atilano destacó que hubo buena disposición de las autoridades para coordinarse en los trabajos para hacer justicia.
La respuesta de las autoridades estatales y federales fueron más promesas. La gobernadora dio un mensaje de compromiso y gratitud, según el comunicado de prensa del área de comunicación sociale.
La mandataria informó que han detenido a 34 detenciones de personas que pertenecen al grupo de crimen organizado de los actos delictivos registrados el 20 de junio pasado. Sin embargo, ninguno de ellos está acusado de los homicidios, Noriel Portillo continúa prófugo y aún opera en la región.
Además de las detenciones, dijo Campos Galván, han resguardo armas de alto calibre y vehículos decomisados a la misma organización y “grandes” cantidades de droga, con lo que indicó, son esfuerzos por desarticular la estructura operativa del responsable de esos actos.
Otro promesa que hizo la gobernadora es la inversión de 400 millones de pesos para instalar el subcentro de la Plataforma Centinela en Creel, municipio de Bocoyna, con el que se darán vigilancia a Cerocahui y a todo el municipio de Urique.
“No permitiremos que la violencia se mantenga en nuestra comunidad para proteger a los chihuahuenses, estamos haciendo uso de la capacidad del estado para la prevención”, aseveró.
En entrevista, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de gobierno federal, Alejandro Encinas, destacó que fue una reunión muy importante que denomianaron “Mesa de alto nivel para la implementación y seguimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, para el caso en el municipio de Urique”.
Encinas retomó las demandas de los jesuitas y dijo que no se trata sólo de brindar las condiciones de protección y seguridad a la comunidad de jusuitas que realiza su labor pastoral en esta región, sino atender el problema estructural de fondo, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y generar condiciones para la paz en esta región.
“Por supuesto que una condición para que esto pueda completarse es que no haya impunidad. Tenemos que detener al perpetrador de este delito, aplicar las sanciones con una condición fundamental para restituir la paz en la zona”, enfatizó y aseguró que fortalecieron la coordinación para lograrlo.
El funcionario federal indicó que ha habido coordinación institucional entre el gobierno estatal y el gobierno federal, por lo que esperan que las medidas se implementen de manera puntual y concreta.
“Está prófuga esta persona, ha habido 34 detenciones ya, de algunas personas involucradas con ese grupo. Pero vamos a continuar haciendo todo el esfuerzo para dar con el perpetrador y castigarlo”, prometió
El coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, abundó en que para la impelementación de las medidas trabajarán con el esquema de protección que ya están trabajando para las personas beneficiarias.
Hemos acudido ya a la comunidad, a la región, hemos hecho entrevistas, visitas tecnicas en Creel y en Cerocahui y esos nos va a ayudar a la comunidad, a la región, para que puedan tener impacto comunitario.
El Centro Prodh puso énfasis en la rendición de cuentas por parte de los perpetradores de los hechos, porque como señala la CIDH, la impunidad en la que se mantienen los hechos ha originado la situación de riesgo en la que se encuentra la comunidad.
“A unos días de que se cumplan nueve meses de los terribles asesinatos, la Provincia en México y el Centro Prodh hacen un llamado para que los compromisos alcanzados sean implementados de manera coordinada y en diálogo respetuoso con las personas beneficiarias, así como a que los responsables de los asesinatos de los sacerdotes Mora y Campos sean llevados ante la justicia, y se garantice la no repetición”.
El 20 de marzo se cumplieron nueve meses de impunidad de los asesinatos.
LA INTERVENCIÓN COMPLETA DEL PADRE ESTEBAN CORNEJO:
La injusticia reparable
“La caridad empieza donde termina la justicia”, decía San Alberto Hurtado. La caridad es tal solamente cuando ya se ha cumplido la justicia, pues este santo del Humanismo Social Cristiano sabía que: la “caridad sin justicia no salvará los abismos sociales, sino que creará un profundo resentimiento” y también sabía que “la injusticia causa enormemente más males de los que puede reparar la caridad”. Esos abismos sociales, esos resentimientos y esos males que ha dejado la injusticia los hemos sentido fuertemente en la Sierra Tarahumara desde hace tiempo.
Nuestra Parroquia de San Francisco Javier, que abarca casi todo el municipio de Urique, experimentó una tremenda situación nunca antes vista. El día lunes 20 de junio del año pasado a la hora en que los niños y niñas salen de sus escuelas se escucharon los disparos dentro del templo. Terror e indefensión se apoderaron de nosotros, los padres que estábamos en casa terminando de comer nos abrazamos para llorar mientras una camioneta se llevaba sus cuerpos a no sabemos dónde. La gente del pueblo guardó silencio y después supo: nos han arrebatado a dos de nuestros sacerdotes jesuitas, a nuestros misioneros, a nuestros amigos y hermanos junto con las vidas de Pedro Palma y Paúl Berrelleza, y la de muchos y muchas más que aún seguimos buscando. La gente comentaba con mucha preocupación, si eso les hicieron a los padres, qué será con nosotros.
Los padres, Gallo y Joaquín, nos siguen haciendo falta, sentimos un vacío en nuestro pueblo y en nuestros corazones. Su presencia generosa, atenta, sencilla nunca será suplida con nada. Nos han dejado una profunda herida. Todo cambió desde ese día y nunca será igual. Ya no se mira pasar al Joaquín con su sombrero, su bastón de madera y su mochila para llevar la comunión a un enfermo. Se ha dejado de escuchar el canto que el Gallo imitaba al llegar a la comunidad de San José para convocar a la gente. Algunas mujeres rarámuris han dejado de contar con aquél que les reparaba sus máquinas de coser y algunas casas ya no reciben al amigo que venía a tomar café y escuchar sus preocupaciones.
En Mesa del Conejo y Basonaibo el Padre Joaquín ya no celebra misa para bendecir la siembra de la gente del vivero. Y algunas jóvenes han dejado de recibir un apoyo para estudiar y otras personas ya no reciben la visita junto con el medicamento que si no lo llevara el padre no podrían conseguirlo.
Es impresionante la lista de personas que el Padre Gallo llevó para operarla de los ojos, de labio leporino o de alguna otra enfermedad. Y es que ellos llegaban a donde nadie más llega. Dentro del templo de Cerocahui solamente han quedado dos fotos de ellos y el recuerdo en el altar de que ellos vivieron en carne propia lo que celebraban en la misa: el sacrificio de Cristo que consistió en derramar su sangre por nosotros. Basta con ir a alguna de las comunidades y preguntar cómo se enteró de la muerte de los padres para darse cuenta de lo mucho que los quieren y lo que los extrañamos.
Mis hermanos jesuitas, Gallo y Joaco, eran cada uno a su modo sacerdotes cercanos y daban cada cual según sus capacidades y limitaciones lo más valioso que tenían: su tiempo y su ayuda. Hay un bello poema de otro sacerdote chileno, Esteban Gumucio, que describe bien cómo los veía la gente. Este poema dice:
“Yo te digo eres mi hermano.
Tú porque supiste amar.
No es tiempo perdido tiempo que se da.
No es tiempo perdido tiempo que se da.”
Gallo era un jesuita que asumía responsabilidades y compromisos en la diócesis, en la vicaría y otras instancias eclesiales. Párroco, vicario de la Pastoral Indígena, Coordinador y Animador de las CEBs, Superior de la Comunidad de Jesuitas en Tarahumara, siempre poniendo el hombro y la creatividad para llevar adelante procesos pastorales y proyectos comunes. Saliendo al frente y dando la cara cuando las circunstancias lo requerían. Nuestros superiores, nuestros sacerdotes, nuestras hermanas religiosas sabían que contaban con él. Lo encontrábamos siempre en camino, siempre manejando yendo a alguna reunión, misa o visita. Por su parte, Joaquín era más bien tímido y ofrecía otra forma más discreta, pero igual de profunda, una presencia humilde. Era callado y dispuesto a aprender. Cuando alguien conocía a Joaco descubría en su humildad y austeridad un testimonio tan fuerte de vida que daban ganas de averiguar más sobre lo qué le motivaba a vivir como vivía. Bastaba conocerlo y conversar un poco con él para descubrir un hombre espiritual con ganas de anunciar buenas noticias a la gente. Ellos iban a las comunidades manejando, a pesar de su débil salud, nunca dejaron sus ganas de servir. Ambos eran contemplativos en la acción pastoral. ¿Cómo no los vamos a extrañar?
A este dolor del pueblo por sus padres tan queridos se suma el temor de las amenazas, las extorsiones aún presentes y nos preguntamos cómo siguen libres aquellos que hicieron tal acto inhumano y cómo aún hay gente que sigue operando para ellos. ¿Por qué no ha habido justicia? Nosotros sabemos que un mundo perfectamente justo es imposible de lograr aún con todos los esfuerzos humanos e institucionales. Pero como bien afirma Amartya Sen, un estudioso de la justicia social, lo que buscamos es que esas injusticias que son claramente remediables en nuestro entorno se reparen y sanen este mundo roto un poco.
Nosotros como jesuitas fuimos privilegiados con algo que la gente normalmente no puede tener cuando pasa por algo parecido. Nos entregaron los cuerpos a pocos días de habérselos llevado y se respondió con un fuerte operativo de reacción. Es necesario reconocer que esto no hubiera sido posible si los padres no pertenecieran a la Compañía de Jesús y si no fueran quienes fueron. Pero siendo realistas, el acceso a la justicia no es el mismo para todos. Por esa razón, pedir las medidas cautelares para nosotros tiene un sentido más amplio. De nada sirve que solamente cuiden ahora a los padres y a las hermanas si no hay seguridad para el resto de la gente. No queremos ser los únicos que gocen de esos privilegios. En esta región todos estamos en riesgo y nadie estará seguro mientras la violencia y la impunidad sean lo normal, mientras la vida no sea respetada por encima de todo.
Como ya dijimos, hacer justicia es remediar las injusticias que si son reparables. Después esto vendrá la verdadera caridad. Por esta razón, les recordamos a ustedes autoridades que esperamos esta justicia y seguridad para la paz. Nosotros también nos comprometemos a construir la paz y a reconstruir el tejido social mediante actividades que generen convivencia, diálogo y acuerdos. La justicia y la paz es tarea de todos y hoy más que nunca la anhelamos.
Se hace necesario comprender el vínculo entre La Paz social y la justicia distributiva, como lo dijo el Papa Francisco en su encíclica Laudato si: “el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia”.
Gracias por su respuesta para que nosotros sigamos en la Sierra haciendo lo que Joaquín y Gallo nos dejaron de encargo: seguir queriendo y acompañando a la gente, visitando sus casas, celebrando la vida, aprendiendo de los pobres, descubriendo lo que los hace vivir, doliéndonos con lo que los hace llorar, porque aprendimos que “no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos” (Jn. 15, 13)
Matétera ba!
Cheriera ba!
Muchas gracias.
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