4 claves para entender el conflicto de México contra el glifosato y el maíz transgénico

Fotografías tomadas durante el Día Nacional del Maíz, Zócalo de la Ciudad de México. Archivo Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

El presidente López Obrador publicó un decreto oficial en el que limita el uso de glifosato y prohíbe totalmente el uso de maíz transgénico para la alimentación humana. Esta discusión es vieja, y ha sido un estira y afloja entre transnacionales, gobiernos y funcionarios. Estas son las claves para entender la historia

Texto: Alejandro Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO. – El decreto presidencial que entró en vigor el pasado 13 de febrero replantea los límites del glifosato y el maíz transgénico en México, estableciendo que, para el 31 de marzo del 2024, el país deberá estar libre de estos en su totalidad.

Esta medida llega después de que el gobierno de los Estados Unidos, en el marco del TMEC, exigiera al gobierno de México que presentara argumentos científicos para justificar la prohibición que estableció en un decreto que emitió el 31 de diciembre de 2020, donde detallaba que para el primer semestre de 2023 se crearía el marco legal para prohibir el uso de glifosato y maíz transgénico en el país.

Ante esto, en el nuevo decreto que deroga el de 2020, el presidente López Obrador detalla una ruta más específica para asegurar la prohibición total de glifosato y maíz transgénico en México. Entre los puntos más relevantes que deberán cumplirse en su totalidad a marzo de 2024 están:

-La prohibición total del uso de maíz transgénico para alimentación humana, y su reducción gradual hacia 2024 en uso industrial y agrícola.

-Revocar y abstenerse de otorgar permisos para la liberación de semillas de maíz transgénico en ambiente mexicano.

-La instrucción hacia las dependencias correspondientes de usar en programas públicos maíz transgénico y glifosato, y a la vez, determinar las sanciones correspondientes para quien lo haga.

-La realización de un estudio científico con el fin de comprobar, o identificar, los daños a la salud que provoca el consumo de maíz transgénico.

Sin embargo, entre los puntos polémicos que se encuentran en este nuevo decreto está la permisión de que hasta que no se cumpla el plazo establecido en el documento, se podrá emplear el maíz transgénico en actividades de uso industrial para la alimentación humana (es decir, aquellas que no se relacionan con el nixtamal y la elaboración de harina) y para la agricultura.

La historia de la prohibición del glifosato y el maíz transgénico en México es larga, y en su caminar, ha estado marcada por diferencias políticas e intereses de las grandes transnacionales que han impedido su realización, y en algunos casos, inclusive, ha propiciado diferencias aparentemente irreconciliables entre quienes impulsan esto desde el gobierno federal. Estos son los momentos claves del conflicto.

1. – Los desencuentros

La historia se remonta a noviembre de 2019, cuando Víctor Toledo, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), frenó la importación de un cargamento de mil toneladas de glifosato bajo el “principio precautorio”, una figura legal que, ante el desconocimiento de los potenciales daños de una práctica, ésta se debe suspender hasta determinar el peligro que representa.

Para ese año, Monsanto – Bayer (principal empresa productora de glifosato) ya acumulaba una serie de demandas en distintos países por, probablemente, provocar cáncer y otras enfermedades crónicas en humanos. De igual forma, su uso está prohibido en Austria, en 31 ciudades de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Escocia, España y Nueva Zelanda. Mientras que en al menos otros 18 países más su uso está restringido de forma parcial.

El argumento de la Semarnat era válido, sin embargo, generó una serie de desencuentros en el gabinete presidencial, particularmente entre el entonces jefe la oficina de presidencia, Alfonso Romo, y el secretario de agricultura, Víctor Villalobos, quienes comenzaron a operar en contra de la decisión de Toledo para revocar el freno a la importación de glifosato. También, la dependencia de Villalobos envió por aquellos días una propuesta de anteproyecto para programar y coordinar estudios técnicos necesarios que permitan determinar la seguridad del químico.

El desencuentro se corroboró a través de una serie de audios filtrados donde Víctor Toledo platicaba de eso con su equipo de trabajo. Meses después, Toledo presentó su renuncia a la Semarnat, y aunque el presidente afirmó repetidas veces que en su gobierno no se usaría el glifosato, el paso del tiempo muestra que esos días parecen todavía lejanos.

2. – Los juicios

Los intentos de la sociedad civil por exigir que el maíz transgénico y el glifosato dejen de usarse en nuestro país no es nuevo. Durante décadas, organizaciones campesinas, comunitarias y académicas han presentado amparos, organizado marchas, y promovido recursos legales para exigir la protección de cultivos y culturas.

Es así que, en 2013, colectividades organizadas en la Fundación Semillas de Vida ganaron un juicio de amparo que prohibió la siembra comercial de maíz transgénico en nuestro país, y que en caso de ser experimental se notificara a un juez.

La medida fue duramente combatida por las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI México y otras, y en 2016 sus abogados promovieron un recurso de revisión para echar abajo esta decisión de la Suprema Corte. El caso quedó en espera durante varios años, pero en 2021 la Corte al fin resolvió el asunto: negando la petición de la agroindustria, prohibiendo de manera definitiva la siembra de maíz transgénico con fines comerciales, algo con lo que el decreto presidencial, aunque tarde, parece ir en consonancia.

Pese a esto, los intentos del lobby agroindustrial por blindar sus intereses económicos no han sido pocos; y aunque con el maíz perdieron una batalla, con el glifosato la historia ha sido otra.

3. – Agroindustrias a la corte

Desde que el primer decreto se anunció, a finales de 2020, Monsanto-Bayer promovió una decena de amparos para frenar sus efectos. Casi todos estos intentos fueron rechazados por la corte, a excepción de uno.

En abril de 2021 el juez sexto de distrito en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña otorgó una suspensión provisional a Monsanto-Bayer ante el decreto presidencial de 2020. Esta medida cautelar devino en un juicio de amparo, donde la transnacional argumentó que se vulneraban sus derechos económicos en el país.

En su momento, las organizaciones que han monitoreado el tema se pronunciaron al respecto, y pidieron al juez que rectificara su decisión. Lo mismo hizo la Semarnat, quien inclusive presentó un recurso de queja ante la determinación.

Las organizaciones lo dijeron claro:

“Consideramos que la suspensión provisional que concedió a Bayer-Monsanto prioriza los intereses económicos de una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo, recordando que tan solo en Estados Unidos esta empresa ha recibido 18 mil 400 demandas por las afectaciones del glifosato”.

4. – Los daños y alternativas

Entre las afectaciones a la salud que se han asociado al uso del glifosato resalta su relación con enfermedades como el cáncer, pero también a ecosistemas enteros, representando una vulneración no solo a la salud humana, sino a la ecología.

Mariana Benítez, investigadora titular en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, del Instituto de Ecología de la UNAM, lo escribió así para Pie de Página:

“El glifosato es el ingrediente activo de herbicidas conocidos comercialmente como Roundup de Bayer, Panzer de Dow AgroSciences, Premium max de Dupont y Touchdown Hi Tech de Syngenta, entre otros. Funciona inhibiendo una enzima necesaria para la producción de aminoácidos esenciales en las plantas y muchos microorganismos, lo que lo hace letal para incontables especies. Pero además de los efectos directos en las plantas a las cuales se les aplica este herbicida, se han encontrado múltiples efectos negativos indirectos en diversas formas de vida. Por ejemplo, la presencia de glifosato en el suelo modifica las comunidades bacterianas asociadas a las raíces, afectando los tiempos del desarrollo de las plantas, su resistencia a patógenos y la producción de metabolitos que regulan sus interacciones con otros organismos. Esto es consistente con el impacto negativo que tiene este herbicida en la colonización de raíces por parte de hongos micorrízicos benéficos para las plantas”.

Pero también, añade en otra columna, existen alternativas ante el uso de herbicidas. Por ejemplo: la siembra tradicional y los saberes campesinos; así como técnicas propias de la agroecología que más allá de ser ejemplos muy locales, son modos milenarios de subsitencia y convivencia con los ecosistemas que pueden funcionar como políticas de Estado.

Ella concluye:

“Otras experiencias nos muestran que hay formas de producir alimentos en distintas escalas sin hacer uso del glifosato ni de otros insumos dañinos para el ser humano y otros seres vivos; formas más sustentables y eficientes que las que nos propone la agroindustria. Así, no vemos razón para perpetuar el ciclo de dependencia económica y deterioro ambiental y sanitario asociado al uso del glifosato. Las experiencias campesinas, de investigación y organización en todo el mundo nos dan pistas de hacia dónde seguir caminando”.