Presentarán queja ante la ONU para que revise la responsabilidad internacional de Ternium en la desaparición de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca

Presentarán queja ante la ONU para que revise la responsabilidad internacional de Ternium en la desaparición de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca
Foto: Zona Docs

*Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Las organizaciones que, en México, Estados Unidos y Argentina realizan el acompañamiento internacional a las familias de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, presentarán una queja ante el Grupo de Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que sea este organismo quien revise la responsabilidad de la Minera Ternium en la desaparición de ambos defensores, así lo informó Alejandra Gonza, Directora de Defensa Global en Derechos Humanos.

En rueda de prensa recordó que la empresa tiene la obligación internacional de “tomar todas las medidas a su alcance para ejercer influencia y atender la gravedad de la desaparición de ambos defensores”. Esta medida surge como respuesta al comunicado que hizo la Minera Ternium tras las declaraciones que organizaciones y familiares realizaron públicamente advirtiendo su responsabilidad en la desaparición de Díaz Valencia y Lagunes Gasca. Al respecto, reiteraron que la empresa es un actor importante dentro de la zona y que su intervención es indispensable para su localización.

“Les pedimos que utilicen todos los recursos que tengan a su alcance y a su poder para localizarlos con vida inmediatamente” apuntaron.

Aunado a ello, anunciaron que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una Acción Urgente al Estado mexicano para que éste cumpla con una serie de recomendaciones y observaciones en la búsqueda e investigación del paradero de ambos defensores.

Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs

“Fuertes, unidas y unidos hasta encontrarles” la red de apoyo del líder indígena Antonio Díaz Valencia y el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca junto a sus familiares y personas solidarias, ofrecieron una rueda de prensa a ocho noches de su desaparición.

Ambos líderes fueron desaparecidos el domingo 15 de enero, la última vez que se les vio fue en el puente de la comunidad de Coahuayana, Michoacán, después de mantener una asamblea en dicha localidad. Viajaban a bordo de una camioneta marca Honda, propiedad de Ricardo Lagunes, la cual fue encontrada -con impactos de bala- en la comunidad de Cerro de Ortega entre los límites de Colima y Michoacán.

Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo Lagunes, advirtió que este encuentro con los medios de comunicación y periodistas busca llamar nuevamente al Estado mexicano a que implemente de manera eficiente y coordinada todas las acciones de búsqueda e investigación que lleven a la localización con vida de ambos defensores, así como, para ofrecer una respuesta al comunicado emitido por la Minera Ternium, quienes dijeron solidarizarse con sus familias.

“Agradecemos las llamadas que nos han hecho a los familiares” precisó Antoine Lagunes, hermano de Ricardo Lagunes, “apelamos a su intervención para que aparezcan vivos Ricardo y Antonio, porque sabemos de la gran influencia y poder que tiene la minera en la zona y con los grupos que ahí conviven” agregó. Y es que el comunicado de Ternium surge luego de que organizaciones y familiares reconocieran públicamente la responsabilidad que la empresa tiene como actor importante dentro de la zona de Aquila, Michoacán.

“Les pedimos que utilicen todos los recursos que tengan a su alcance y a su poder para localizarlos con vida inmediatamente” expresó.

Al respecto, María Ramírez, esposa de Ricardo Lagunes, refirió que si bien, la empresa Ternium es una empresa particular, en esta región es el actor más importante, “ya que les toca relacionarse con los actores políticos, económicos y demás poderes fácticos”.

“Quien sea que esté detrás de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz forma parte de los grupos que interactúan con la contraparte de mi esposo Ricardo Lagunes” puntualizó. Por esta razón, solicitó a la empresa que utilice “todos sus salvoconductos para solicitar a los grupos que conoce que si uno de ellos tiene a mi esposo y a don Antonio Díaz los regrese de inmediato y los regrese ya”.

De esta manera, Alejandra Gonza, Directora de Global Rigths Advocacy (Defensa Global en Derechos Humanos) declaró que junto a quienes conforman la representación internacional de las familias de ambos defensores, presentarán una queja ante el  Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos en contra de la Minera Ternium.

La medida la impulsan Idheas Litigio Estratégico de Derechos Humanos, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Asesoría Legal Sureste (organización que fundó Ricardo Lagunes) y el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, su objetivo es que se reconozca la responsabilidad internacional que tiene la empresa para hacer todo lo que esté a su alcance para localizar con bien a Ricardo y Antonio.

“Presentaremos una queja ante la organización de Naciones Unidas conocida como procedimientos especiales, ante el Grupo de Empresas y Derechos Humanos por la desaparición de ambos defensores señalando la responsabilidad internacional no sólo del Estado mexicano, sino también, la responsabilidad internacional de las empresas por su desaparición y la falta de aparición con vida”.

Bajo el principio de la debida diligencia, Gonza precisó que este deber no se remite a un simple acto de solidaridad o buena voluntad de parte de Ternium, sino, a la responsabilidad que ostenta como actor relevante dentro de la zona, así como del Estado mexicano, quien debe exigirle a la empresa “evaluar de forma transparente todos los impactos negativos reales y potenciales de los proyectos (que mantienen activos), de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, medioambientales y  las que apliquen”.

“Las empresas, los inversores relevantes tienen este deber de debida diligencia en materia de derechos humanos que les exige tomar todas las medidas a su alcance y ejercer influencia para atender la gravedad de la desaparición de ambos defensores que trabajan en su área, exigiendo inmediata libertad y conversando con todos los actores con  los que habitualmente trabaja para lograrlo” manifestó Alejandra Gonza.

Se trata de una norma global autorizada para todos los Estados parte y empresas “para prevenir y abordar los impactos adversos de las actividades empresariales sobre las personas defensoras de derechos humanos” explicó la directora de Global Rigths Advocacy. En ese sentido, es importante advertir que el Grupo de Trabajo se creó en 2011 con el objetivo de “promover, difundir y aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”.  Por lo tanto, su obligación es “intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas” sobre la aplicación de estos principios, así como evaluar y hacer recomendaciones al respecto.

“No es una mina nueva, están hace 20 años operando en el lugar” aseguró Alejandra Gonza, para hacer alusión al nivel de implicación que la empresa ha mantenido durante estas décadas en los alrededores del lugar donde se encuentra la mina Las Encinas, concesión de la siderúrgica Ternium.

Por otro lado, María, esposa de Ricardo Lagunes, narró que desde el sábado 21 de enero, comuneros de Aquila, Michoacán se presentaron en el horario de cambio de turno nocturno de la Mina propiedad de Ternium para impedir que ingresaran los trabajadores, esto como un acto de protesta. A la acción se han unido comuneros de Ostula, Michoacán, quienes sostienen un plantón en el acceso entre Colima y Michoacán, en el Puente de Coahuayana, lugar muy cercano del lugar donde ambos defensores fueron desaparecidos.

“Como familia queremos hacerle llegar a la empresa que deben hacer todo lo que esté a su alcance… estamos convencidos de que la empresa Ternium puede hacer que se libere a mi papá y al licenciado Ricardo Lagunes” recalcó Iván Antonio Díaz, hijo de Antonio Díaz Valencia.

Comité CED emite Acción Urgente por la desaparición de los defensores

Michel Cervantes, abogado de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos anunció que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (Comité CED) adoptó una Acción Urgente por la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, luego de que distintas organizaciones de la sociedad civil solicitaran la activación de este mecanismo contemplado en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada.

Así, el 19 de enero el Comité CED hizo llegar al Estado mexicano una serie de observaciones y recomendaciones para atender la desaparición de los defensores. Entre las acciones que deberán llevar a cabo se contemplan:

• El establecimiento inmediato de una estrategia integral de búsqueda e investigación que incorpore toda la información disponible hasta ahora sobre la desaparición de los defensores, específicamente que advierta los contextos en los que ocurrió la desaparición, así como, aquellas líneas de investigación que establezcan como relevante: la actividad que desarrollan las dos personas desaparecidas -como defensores y líderes sociales-, el conflicto social y político que existe en la zona derivada de la actividad minera y la actividad política de Antonio Díaz Valencia.
• Crear canales de comunicación que garanticen el otorgamiento de información puntual a los familiares de las víctimas y las organizaciones que les acompañan.
• Garantizar el derecho a la Participación conjunta que tienen las familias.

El Estado mexicano a través de sus instancias en los distintos niveles de gobierno tienen hasta el próximo 2 de febrero para proporcionar al Comité CED un informe sobre el seguimiento y adopción de todas estas medidas.

“Es importante señalar que las Acciones Urgentes del Comité CED, de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son obligatorias para todas las autoridades mexicanas, además de ser susceptibles de ser revisadas judicial y constitucionalmente” puntualizó Michel Cervantes.

El Sistema de Justicia Agrario es también responsable de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Julián Vázquez Guzmán, abogado de Asesoría Legal Sureste, organización que fundó Ricardo Lagunes, denunció que desde hace cuatro años “hay un grupo de personas que ostentan tener autoridad y facultad para representar al ejido de Aquila, Michoacán”.

Si bien, se iniciaron distintos procedimientos legales ante el Tribunal Unitario Agrario #38 de Colima para que se desconociera a este grupo, “la comunidad indígena náhuatl, desde hace 4 años, no cuenta con una representación legal”. Aunado a ello, se ha exigido al Tribunal la apertura de una convocatoria que llame a elecciones democráticas que lleven a la comunidad a tener una autoridad ejidal que les represente de manera legal.

Aunque en enero de 2021, el Tribunal desconoció la facultad de este grupo como representante de la comunidad, “fue tolerante a las acciones de estas personas” precisó Vázquez Guzmán. Luego, un Tribunal Colegiado Administrativo desconoció su posición de manera total y solicitó que se sometieran a una elección democrático, sin embargo, no esto no se ha cumplido.

“El trabajo de Ricardo era exigir que se reconozcan estos derechos de la comunidad y que tengan una representación ejidal”, por ello, afirmó el abogado el tribunal tiene responsabilidad en lo sucedido a ambos defensores, ya que “ha tolerado las diversas acciones de este distinto grupo y ha participado con total aquiescencia”.

La participación de este grupo hacia dentro de la comunidad es relevante, explicaron, pues son quienes “mantienen tomada” la relación con la comunidad con la empresa minera Ternium, así mismo, durante todos estos años han gestionado una serie de beneficios económicos importantes al ser aliados incondicionales de la empresa.

Frente a esta situación de injusticia, el profesor Antonio Díaz con representación y asesoría de Ricardo Lagunes, lideran el movimiento de defensa junto a demás comuneros para conseguir que haya un proceso de elección democrática que resultaría en la remoción de este cacicazgo y, con ello, el vínculo privilegiado que mantiene y tolera las acciones de la empresa.

“Ante esto las instituciones del Estado, que deben garantizar estos derechos colectivos, no solamente no resuelven, sino por su inacción, incluso, con acciones que favorecen, básicamente permiten que este grupo permanezca en control de toda la comunidad durante todos estos años”, señalaron en la rueda de prensa.