“México debe acabar con el desafío estructural de la desaparición forzada”

Julissa Mantilla Falcón, comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Foto: Alexis Rojas

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Julissa Mantilla Falcón, comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destaca que la principal recomendación que hacen al Estado Mexicano sobre el caso Ayotzinapa es no dejar intacta la estructura general de la desaparición forzada en su búsqueda por resolver el caso

Texto: Kau Sirenio en Pie de Página

Foto: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla Falcón, destacó en entrevista la preocupación que la organización ha señalado sobre que el caso Ayotzinapa en México se resuelva con base en sentencias sin garantías al debido proceso y que con esas sentencias se dé termine el caso.

Mantilla Falcón advierte que si eso llegara a suceder puede quedar intacta la estructura general de la desaparición forzada.

“Las personas cuando son acusadas más allá de la pronunciación de inocencia se tienen que respetar las garantías procesales, garantías judiciales. Hubo avance cuando se liberaron órdenes de aprehensión, pero las desecharon, eso nos preocupa que se pretenda acabar solo con algunas personas como presuntos perpetradores y no se analice la estructura general de la desaparición forzada”.

Luego sentenció:

“La recomendación principal del informe es atacar el desafío estructural de la desaparición forzada generalizada. Eso implica reformas de fondo y eso compromete abrir archivos militares, tener capacidad de asumir el juicio y sanción a todas las personas responsables. Que no acabe con dos, tres o cuatro sentencias y se acabe el caso”.

La comisionada de Derechos Humanos estuvo en la Ciudad de México antes de partir a la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, donde presentará el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).

En entrevista con Pie de Página, Mantilla Falcón abordó el caso de militares detenidos como presuntos responsables de la desparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este martes la CIDH  se reunió con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desparecidos por el Estado mexicano en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014. La presidenta comisionada de la CIDH explicó que el informe que presentaron en Guerrero tiene antecedente desde 2014:

“El informe MESA se creó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de monitoreo a la medida cautelar que la comisión otorga a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desde 2014. Este informe abarca de 2019 a 2022, pero tienen antecedentes desde los hechos mismos de Ayotzinapa, en 2014”.

Entre los avances que la CIDH destacó que se han dado en esta administración está la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa UEILCA, así como la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ). Sin embargo, cuestionó que la investigación se enfrenté a dificultades para acceso a la justicia. Como la construcción de la Verdad Historia que el Estado mexicano buscó imponer sobre lo que realmente sucedió en Iguala, Guerrero.

Julissa Mantilla cuestionó la supuesta verdad histórica:

“Cuando se crea una verdad entre comillas,  una verdad histórica como una imposición es una extrema crueldad, para las madres y padres que están sufriendo muchísimo por lo pasó. Se les crea una verdad entre comillas histórica, luego se demuestra que no es así, es una crueldad inmensa, es una falta total de consideración y es una nueva victimización, la confianza se construye de a poco y se destruye en un minuto, por eso la Comisión Interamericana está permanentemente con los padres en este tema de construcción de confianza”.

La comisionada cuestionó el informe que presentó la COVAJ en el caso Ayotzinapa el 18 de agosto: “Se dieron a conocer informaciones que no estaban totalmente corroboradas, afortunadamente ya se entregó y se ha podido entender, corregir y enmendar la situación de lo que se afirmó en su momento”.

“Estas conclusiones pueden ser obvias –dijo la presidenta de la CIDH–  pero es importante recordar que se trató de una desaparición forzada y que hay una responsabilidad del Estado. No es un hecho aislado o hechos atribuibles exclusivamente de bandas criminales”.

Entre las preocupaciones que Mantilla Falcón hizo notar en la plática destacan las órdenes de aprehensión que se liberaron pero que no se ejecutaron. Así como la capacitación del nuevo fiscal especial del Caso Ayotzinapa. “La salida del fiscal nos preocupa mucho”.

El tema de revisión y futuro de la investigación la abogada de nacionalidad peruana dijo: “Creemos que es necesario revisar cómo se va a desarrollar la investigación de aquí en adelante, sobre todo por lo que significa el acervo probatorio y lo que vemos con mucha preocupación después de ocho año,s un caso que ha recibido toda la atención del sistema de las Naciones Unidas”.

Mantilla Falcón explicó que  gracias a la coordinación entre el Estado mexicano y la cooperación internacional se logró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizaran un trabajo limpio y eficaz, pero dijo que ha sido insuficiente porque en los últimos meses hubo retroceso al cancelar las órdenes de aprehensión que se había liberado.

“La comisión saluda la institucionalidad nueva de la UEILCA. Pero la salida del titular de la fiscalía genera incertidumbre y preocupación. Se recomendó consolidar la labor de esta fiscalía. Esto implica que la evaluación de contextos, de los testimonios y del valor probatorio. La recomendación que hacemos es consolidar la relación de confianza con los padres y madres de Ayotzinapa, porque son muchos años buscando verdad, buscando justicia y reparación, son personas afectadas por esta situación”.

La presidenta de la CIDH planteó unas propuesta encaminada a la construcción de la verdad:

“La coordinación institucional y estatal tiene que ser una política estructural de búsqueda, que haya unidades de búsquedas, una política que permita la coordinación: los bancos de datos, la aprobación de ley sobre desaparición forzada que implique el reconocimiento al derecho a ser buscado, la comisión lo que hace es monitorear la situación dar hasta recomendaciones y se pone a disposición de seguir apoyando en este proceso”.

El informe MESA que presentó la CIDH a las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa incluye el monitoreo al informe del GIEI.

“Es un mecanismo creado por la cooperación internacional donde la comisión sirvió de acompañamiento en un principio tuvo estos cinco integrantes pero ahora tiene solo dos integrantes que se encargan de una investigación específica que es el informe de la COVAJ como es una entidad del Estado: “Estamos convencidas que no hubo intención de engañar”.

Juicios civiles a militares

La presidenta de la CIDH recordó que los militares deben ser juzgados en tribunales civiles en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

“Cuando hay violaciones graves a los derechos humanos ninguna persona militar puede ser juzgada por un tribunal militar, los tribunales militares están diseñados para sancionar a las personas militares por incumplimiento de delitos de función, y los delitos de función se refieren a otras situaciones y no a violaciones de derechos humanos”.

La comisionada presidenta del CIDH dijo que para evitar que haya impunidad se implementaron leyes y mecanismos como leyes confiables y con certeza jurídica para que los militares no se cobijen en ese manto de la impunidad.

“En la historia de la impunidad los tribunales militares se utilizaron para extender la impunidad a los militares, ahí está el caso de Perú, Colombia y Argentina”.

La experta en derechos humanos clavó su mirada hacia la textura de la mesa antes de soltar: “Para garantizar que no haya impunidad, ningún militar ni en México ni en ninguna otra parte donde se comenta violaciones de derechos humanos puede ser sancionado por un tribunal militar, la justicia civil tiene que primar la investigación  de violaciones de derechos humanos”.

No se quedó con esa mirada, hizo un movimiento, luego tomó una botella de agua, la destapó y le dio un sorbo largo, después retomó la conversación en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos hace ochos años, un mes y 19 días.

“Ojo aquí, hay un tema que analizar para que las leyes de amnistías, e indultos puedan utilizarse como mecanismos de impunidad, cuando hay violaciones de derechos humanos y en una desaparición forzada”, sentenció.