Exigen a presidencia destrabar reforma constitucional indígena y afromexicana para ser aprobada en el Congreso de la Unión

Exigen a presidencia destrabar reforma constitucional indígena y afromexicana para ser aprobada en el Congreso de la Unión.
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Pedro Matías en Página 3

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La asamblea de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) demandó a la consejería jurídica de la presidencia de la República destrabar la reforma constitucional indígena y enviarla al Congreso para su inmediata aprobación.

“El derecho humano a la libre determinación no es una concesión, nadie nos da permiso para ejercerla, ya la estamos ejerciendo. Día a día la vivimos y la construimos. Sin embargo, también día a día nos enfrentamos a actores que la obstaculizan, la amenazan, nos criminalizan o no la reconocen. Entre esos actores se encuentran lo mismo distintos niveles de gobierno que actores privados”.

De la exigencia de los representantes de pueblos y organizaciones de 18 estados del país que exigen el reconocimiento pleno de la libre determinación y autonomía para comunidades indígenas y afromexicanas.

Reunidos en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, en el estado de Oaxaca, cerca de 150 representantes de organizaciones, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas analizaron el contexto actual para elaborar una ruta para defender los territorios, la vida y el derecho a la libre determinación y autonomía.

También exigen al congreso de Oaxaca y de Guerrero aprobar las respectivas iniciativas de Reforma a la Constitución para garantizar el derecho pleno a la libre determinación de los  pueblos indígenas y afromexicanos.

En el municipio donde se realizó un proceso de defensa del agua de las comunidades de Valles Centrales que culminó recientemente con el decreto que reconoce el derecho de 16 comunidades zapotecas a decidir cómo cuidar y utilizar su agua para uso agrícola, se reunieron comunidades y organizaciones de los estados de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Mencionaron que la lucha por el cuidado y defensa del agua de la región Xnizaa, liderada por la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), ha logrado la emisión del Decreto de Zona Reglamentada del Acuífero 2025 del estado de Oaxaca; con el que las comunidades obtienen el reconocimiento comunitario para el manejo y cuidado del agua, con lo que se refrenda que el agua debe ser un bien común manejado por las comunidades de acuerdo con sus sistemas normativos.

El objetivo de esta asamblea es analizar las circunstancias actuales del país, las amenazas que enfrentan los territorios y las comunidades y establecer nuevas estrategias para fortalecer la plena vigencia y el reconocimiento legal de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

ALDEA destacó que “los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos”.

En el arranque de la asamblea, la ALDEA llamó a los actores políticos a no entrometerse en la vida de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y a que el Estado respete y reconozca plenamente las autonomías de los pueblos y comunidades.

Entre los temas que se abordarán en el encuentro están: la integración de nuevos colectivos y comunidades a la ALDEA, entre los que se encuentran poblaciones afromexicanas; la revisión de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (que llevan 26 años del incumplimiento en el compromiso de traducirse en ley), que son la base de los 10 puntos de lucha de la articulación.

Además de la exposición de las amenazas que enfrentan las comunidades en sus regiones y las formas en que se están organizando para enfrentarlas; el análisis de la compleja situación actual, pues a pesar del cambio gubernamental no ha habido interés en impulsar la reforma constitucional sobre los derechos indígenas y afromexicanos (lleva más de un año detenida en el jurídico de la presidencia).

Y el planteamiento de nuevas estrategias para fortalecer el trabajo regional y nacional de ALDEA, encaminado a garantizar los siguientes derechos:

1. Reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. 2. Garantía efectiva del derecho a la libre determinación y a la autonomía. 3. Reconocimiento y garantía efectiva de los sistemas normativos y de seguridad propia de los pueblos. 4. Reconocimiento, garantía y protección efectiva del derecho pleno a las tierras y territorios indígenas y afromexicanos. 5. Reconocimiento y garantía a decidir las propias formas de vida y desarrollo.

El sexto Pleno respeto y garantía del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afromexicanos y comunidades indígenas. 7. Garantizar la participación de los pueblos y comunidades en todos los niveles de toma de decisión del estado. 8. Establecer un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos, en condiciones de respeto e igualdad. 9. Participación plena de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones y el ejercicio efectivo de todos los derechos. 10. Respeto y garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Insistieron que “para garantizar estos derechos, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos necesitamos un marco normativo que nos garantice el ejercicio de los derechos colectivos, con el que podamos decidir el rumbo de nuestras comunidades, defender nuestra vida, nuestro territorio y nuestras culturas sin ser criminalizados”.