El gran negocio de las funerarias con la crisis forense en Sinaloa

El gran negocio de las funerarias con la crisis forense en Sinaloa.
Foto: Revista Espejo

Por Marcos Vizcarra en Revista Espejo

En 2005, cuando la violencia comenzaba a arreciar en Sinaloa y los muertos ya no cabían en la morgue de Culiacán, hubo una reunión poco ortodoxa. Se encontraron el procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca y empresarios de funerarias para hacer un acuerdo que 17 años después permanece y es una de las claves para entender la crisis forense de Sinaloa.

“Todavía no lo hemos dado por concluido porque estamos trabajando en crear más panteones, entonces necesitamos aún el apoyo de esas empresas privadas”, dijo Sara Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal General de Sinaloa.

Desde ese año, las empresas funerarias de 16 municipios de Sinaloa, con excepción de Culiacán y Navolato, comenzaron a hacer un trabajo que normalmente tendrían que hacerlo trabajadores de Servicios Periciales, como sacar los cuerpos de fosas clandestinas o resguardarlos dentro de bolsas especiales e introducirlos en gavetas de cuartos fríos.

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De esa manera, las funerarias han resguardado miles de cuerpos entre 2005 a la fecha, y aquellos que se quedan sin identificar permanecen en cuartos fríos o fueron enviados a fosas comunes.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General otorgados al Inegi, hay 533 cuerpos de personas sin identificar que están en las morgues, incluyendo las de empresas funerarias. Esto no es normal, en cambio, deja a Sinaloa como el segundo estado con más casos a nivel nacional.

Además, hay más de mil 600 personas enterradas en 17 panteones con fosas comunes y por lo menos mil 217 personas no tienen identificación correspondiente. No se les hizo pruebas suficientes para poder tener un expediente que sirva para reconocerlos.

Es decir, hay al menos mil 750 personas que permanecen en fosas comunes de panteones y en morgues que siguen sin ser identificadas.

Ese desorden se debe a que la mayoría de esos cuerpos fueron tratados por personal de funerarias.

El acuerdo de la Procuraduría General de Justicia con las empresas funerarias fue que mientras hicieran ese trabajo podían tener el derecho de ofrecer sus servicios funerarios de primera mano, así tratar de convencer a los familiares dolientes de comprar los paquetes cuando reconocieran a sus muertos.

En gran número de casos ocurrió que los familiares no pudieron pagar esos servicios, pero hasta 2014 pudieron recurrir al programa de de atención a víctimas, que contó con un recurso destinado a la reparación de daños.

Entre 2005 y 2014 la Procuraduría General del Estado de Sinaloa erogó 14 millones de pesos en gastos funerarios, de acuerdo con datos obtenidos con solicitudes de información pública.

FUNERARIAS, UN MAL NECESARIO

Con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2005, la capacidad de las instalaciones forense en todo el País fue rebasada una y otra vez debido a la llegada masiva de cuerpos. Ante la falta de instalaciones adecuadas las autoridades, en 16 estados recurrieron a funerarias para realizar necropsias, hasta llegar al punto de permitir al  personal de esas compañías realizar  los levantamientos de cuerpos, las exhumaciones e, incluso, encargar a las empresas el resguardo de cadáveres a la espera de ser identificados o reclamados, como sucede en Sinaloa.

“Lo ideal son los Semefo, pero recordemos que no hay otra opción, por eso es que se llegó a eso”, dijo Ireyda Paredes Leyva, encargada de la dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Sinaloa en 2016 a este reportero.

El mencionado acuerdo entre las autoridades estatales y las compañías consiste en que los empleados de las empresas van por el cuerpo al lugar donde es localizado y lo trasladan a las funerarias para que los médicos forenses y peritos oficiales le realicen la autopsia.

En Sinaloa son 12 las empresas funerarias autorizadas para prestar sus cuartos fríos donde desenterradores depositan los cuerpos y sus pertenencias, y peritos y médicos forenses diseccionan, toman fotografías como evidencias y abren expedientes con posibles causas de muerte.

Eso sucede en 16 de los 18 municipios del estado. Se salva Culiacán donde, desde el año 2000, funciona la única Unidad de Medicina Forense. Esta recibe también los cuerpos de personas encontradas en Navolato, un municipio a menos de 30 kilómetros de la capital.

La unidad tiene capacidad para resguardar 124 cuerpos y ahí trabaja todo el personal contratado en Servicios Periciales.

En Mazatlán, la segunda ciudad en importancia de Sinaloa, destino turístico del estado y la tercera con mayor índice de violencia, las funerarias se turnan para realizar el trabajo que debería estar a cargo del estado: una semana toca a la Funeraria San Martín recoger cadáveres, la siguiente a Moreh Inhumaciones, la próxima a Aeternus.

En este último edificio hubo un problema más grave, el 15 de octubre se documentó que había un desorden con los cuerpos, unos tirados en cuartos sin aire acondicionado, dentro de bolsas de plástico y envueltos en cinta color café, otros más tirados dentro de bolsas negras, apilados y descomponiéndose.

Una mujer buscadora de Culiacán pidió entrar al Semefo de Mazatlán, donde deben estar resguardados los cuerpos de todas aquellas personas que siguen sin ser identificados, pues apenas el 24 de junio fueron localizados los cadáveres de cinco personas en la Cruz de Elota.

La señora aseguró tener indicios de que su hijo posiblemente haya sido asesinado y enterrado en Elota y entre esos cuerpos que debían estar resguardados y cuidados en el Semefo podría estar.

Sin embargo, al entrar se encontró con que los cuerpos habían sido envueltos y tirados en en distintos cuartos, que había bolsas con restos sacados de fosas clandestinas y las ropas con las que fueron encontrados se encuentran dentro de otras bolsas.

También vio y fotografió sangre y más líquidos que salían de las bolsas que estaban derramados en los pisos y paredes. Había un olor fuerte y hacía notar que no hubo cuidado alguno para guardar los cadáveres en cuartos fríos para evitar su descomposición.

La Fiscalía General del Estado reconoció el desorden y mandó limpiar las instalaciones, al mismo tiempo en que se abrió una investigación interna.

En Mazatlán ese edificio funciona como una morgue, un lugar de resguardo de cuerpos, pero hay otros municipios como Angostura y Ahome que cuentan con edificios construidos entre 2014 y 2016 por el gobierno de Sinaloa para ser unidades del Servicios Médico Forense pero que hoy son oficinas.

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“Estamos tratando de… es mi intención rehabilitarlos, estamos en eso”, dijo la Fiscal General de Sinaloa.

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