Acumula Congreso de Chihuahua un año sin legislar terapias de conversión

Foto: Francisco López Velásquez/ Chiapas PARALELO.

El Senado aprobó el pasado 11 de octubre un dictamen que considera las terapias de conversión un delito en contra de la identidad de género de las personas, en Chihuahua una iniciativa que busca sancionar con cárcel a las también denominadas terapias de ‘reorientación sexual’ lleva 12 meses ‘congelada’

Por Itzel Ramírez en La Verdad

El próximo viernes el Congreso de Chihuahua cumplirá un año sin legislar los

Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), también conocidas como terapias de conversión y que han sido consideradas por la Organización de las Naciones Unidas como similares a la tortura.

Este martes, la diputada Leticia Ortega Máynez, quien junto al grupo parlamentario de Morena presentó la iniciativa, llamó a las presidentas de las comisiones de Igualdad y de Justicia para que realicen el dictamen de la iniciativa, presentada el 21 de octubre del año pasado.

“Dejemos las ideologías y creencias personales a un lado, se está hablando de derechos humanos, de combatir la tortura. Algo con lo que humanamente no se puede estar en desacuerdo o permanecer en silencio”, dijo Ortega en un posicionamiento.

“La orientación sexual y la identidad género jamás deben ser consideradas enfermedades o trastornos mentales. Desde un punto de vista médico, las prácticas de reorientación sexual son acientíficas, ineficaces, dañinas y estigmatizantes”, agregó la diputada.

Cuestionada sobre la tardanza del estudio de la propuesta, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Ivón Salazar, dijo que ya ha tenido acercamientos con la diputada Ana Margarita Blackaller, presidenta de la Comisión de Justicia, para instalar las comisiones unidas y trabajar en la iniciativa.

Salazar, del grupo parlamentario del PRI, afirmó que la razón por la que no se ha entrado ni siquiera al análisis de la propuesta es que no “hubo manera de coincidir” los trabajos de comisiones unidas.

“Por supuesto que habrá opiniones diversas de decisión en este tema, pero sí he establecido el compromiso de tratarlo con mucha seriedad. A título personal, opino que no deben existir estas terapias, considero que es algo que violenta los humanos de la comunidad LGBT”, aseveró Salazar.

El pasado 11 de octubre, el Senado de la República aprobó un dictamen que considera las terapias de conversión un delito en contra de la orientación sexual o la identidad de género de las personas dentro del Código Penal Federal y que reforma la Ley General de Salud para sancionar a especialistas de salud que realicen procedimientos relacionados con los Ecosig.

La iniciativa local busca agregar tres artículos al Código Penal del Estado de Chihuahua para sancionar hasta con cinco años de prisión y mil días de multa a quienes por medio de coacción, amenaza o engaño obligue, financie o aplique cualquier tratamiento encaminado a anular o modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.

Las penas se aumentarían en caso de que el delito fuera cometido en contra de una persona menor de edad o sin capacidad de comprender el hecho, de acuerdo con la iniciativa, promovida con el hashtag #NadaQueCurar.

De acuerdo con un informe especial de la ONU, en algunos países como Ecuador y Malta, las terapias de conversión están consideradas como delito, mientras que en Canadá, Francia, Alemania y Albania se han tomado medidas para prohibirlas.