Dos juzgados federales dictaron sentencias en favor de personas que llevan 7 años desplazadas de sus comunidades debido a la violencia que viven. Se trata de familias de las comunidades de El Manzano y Monterde, de los municipios de Uruachi y Guazapares, respectivamente, en la sierra Tarahumara.

Redacción / Raíchali

En rueda de prensa, integrantes de esas comunidades, dieron a conocer que los recursos jurídicos los obtuvieron el 12 y 19 de agosto por el juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en Sinaloa, y por el juzgado Decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua.

En las sentencias se les ampara por la falta de protección de las autoridades en el territorio en el que vivían, y se ordena al gobierno federal y estatal reparar el daño causado con motivo del desplazamiento forzado interno que han sufrido durante varios años.

Los dos amparos tuvieron una duración de poco más de un año en resolverse. Las autoridades responsables son la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado CEAVE.

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Los recursos promovidos por las personas afectadas pedían la pacificación de la región serrana en la que vivían, acceso a la justicia a través de las carpetas de investigación iniciadas en el momento del desplazamiento, ayuda humanitaria, asegurar los bienes que dejaron en su comunidad, el reasentamiento definitivo, para lo que es necesario contar con vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad, y la emisión de una legislación completa y pertinente que proteja a las personas desplazadas por la violencia.

En este sentido, los juzgadores resolvieron que la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República informen del estado y avance de las carpetas de investigación, así como realizar acciones necesarias para que puedan regresar con seguridad a los lugares donde vivían, así como que cesen de criminalizarles y discriminarles.

En relación a la ayuda humanitaria, les ordena que continúen brindándola hasta lograr las soluciones duraderas, lo que incluye: garantizar la educación sin costo, brindar uniformes y útiles escolares, así como un programa de regularización para los niños y jóvenes y acompañamiento para su inserción escolar.

También inscribir a los quejosos de manera gratuita a los servicios de salud pública; mantener los apoyos de alimentación y alojamiento en condiciones de seguridad y vivienda digna, agua potable, vestido adecuado y las condiciones de seguridad necesarias para proteger a las familias de ataques o actos de violencia generadas por la persecución de grupos delictivos.

De igual forma capacitar a las personas adultas, concluir las gestiones de donación de terrenos y la construcción de sus hogares; facilitar la expedición de documentos oficiales necesarios; adoptar las medidas necesarias, para detener la apropiación, destrucción, ocupación, usurpación o uso arbitrario e ilegal de su patrimonio en la comunidad de origen; gestionar la recuperación de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron; e indemnizarles de acuerdo a los parámetros internacionales.

Los casos de las comunidades de El Manzano y Monterde, no son casos aislados. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) tan solo en 2021 se registraron 44 mil 905 personas desplazadas en territorio mexicano. Las sentencias de estos dos amparos muestran el interés del poder judicial para que las autoridades atiendan este problema y avancen en la aplicación de política pública para la atención inmediata a las personas que siguen desplazándose, no solo en el estado, sino en el país, consideraron las familias beneficiadas con las sentencias, que ahora esperan haya un cumplimiento por parte de las autoridades.

También urgieron a la promulgación de la Ley General en Material de Desplazamiento Forzado Interno que se encuentra ante el Senado de la República desde hace casi dos años y continua en espera de una resolución.

En ambos casos se trata de personas que fueron hostigadas, amenazadas y atacadas por integrantes del crimen organizado, en específico del grupo de José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, según declaraciones de los propios afectados y organizaciones que les acompañan en sus casos.

“El Chueco” es señalado por las autoridades como generador de violencia en la zona serrana y está vinculado directamente con el asesinato de sacerdotes jesuitas en Cerocahui y de otras dos personas, crímenes ocurridos en junio de este año.