Chihuahua: dos mecanismos de protección que no funcionan

Chihuahua: dos mecanismos de protección que no funcionan

En Chihuahua conviven dos mecanismos de protección a periodistas, uno a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otro a cargo de la fiscalía, que incluye a personas defensoras de derechos humanos. Ninguno de ellos se ha ganado la confianza de los periodistas, ya sea por la falta de difusión o de consulta.

Por Raúl Fernando y Patricia Mayorga

“Nosotros como periodistas no queremos una reforma que obligue a nuestros agresores a protegernos”, dijo la periodista Rocío Gallegos, directora del medio de comunicación La Verdad de Juárez, dirigiéndose vía Zoom a un puñado de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, funcionarios de la fiscalía de Chihuahua y representantes del gobierno federal.

En el tercer piso del Palacio de Gobierno, en la capital de Chihuahua, se realizó el diálogo para impulsar una ley general de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, una de tantas reuniones a nivel nacional para recoger experiencias locales y poder establecer “un piso común”, en palabras del titular del Mecanismo de Protección Federal, Enrique Irazoque.

Pero la convocatoria fue mínima. Las sillas estaban vacías y tanto periodistas como defensores y defensoras hicieron notar que nunca recibieron una invitación formal. Que si estaban ahí era porque se habían enterado “por otro lado”.

Poco después de la participación de Gallegos, un grupo de periodistas irrumpió en la sala y cuestionó a Irazoque por no haberles invitado a la reunión. Se encontraban afuera del Palacio de Gobierno cubriendo una protesta de médicos cuando se enteraron que adentro había una reunión en la que discutían sobre su seguridad, pero sin preguntarles cómo debían de protegerles.

Molestos, los periodistas se retiraron para continuar con su cobertura diaria, pues eran las horas más ajetreadas de su jornada laboral. Por su parte, Irazoque se comprometió a realizar una nueva reunión entre el gremio periodístico, la Secretaría de Gobernación y las autoridades estatales.

Apenas había comenzado la reunión y los pocos periodistas presentes hicieron notar dos grandes problemas: la desconfianza en las autoridades locales que se supone deberían de protegerles y la prácticamente nula presencia del gremio periodístico en el diálogo.

No fue la primera vez que Gallegos, u otros de los periodistas presentes, tuvo una experiencia como esta. Como cofundadora de la Red de Periodistas de Juárez, en 2017 ella y otras colegas reclamaron al congreso la falta de consulta al gremio ante una propuesta de ley estatal que pretendía proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

“Algo que ha pasado siempre, y lo hemos visto de manera reiterada, es que este tipo de decisiones y de estructuras no se consulta. Es decir, los periodistas de a pie, los que andamos realmente en el ejercicio pleno de nuestra profesión, no somos consultados”, dijo Gallegos en entrevista.

En ese entonces,la Red de Periodistas de Juárez expuso que no necesitaban más leyes, sino que se hicieran cumplir las que ya estaban porque desde 2012 se encontraba vigente a nivel nacional la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

También existía ya un sistema de protección a periodistas de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, ya sea por desconfianza en las autoridades, por falta de difusión o de democratización, estos mecanismos no han funcionado.

Válvula de escape #1: el Sistema Integral de Seguridad para la Protección de Periodistas

El periodista Enrique Perea Quintanilla fue asesinado el 9 de agosto de 2006 en la ciudad de Chihuahua. Meses después, el presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la “guerra contra el narco” y Perea Quintanilla sería sólo el primero de 12 periodistas asesinados durante el gobierno estatal del priísta, José Reyes Baeza.

El incremento de violencia contra el gremio generó reacciones de diversos grupos de periodistas. El expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz Rodríguez, recuerda que para ese año se había acumulado un número creciente de agresiones contra periodistas y los homicidios eran recurrentes en Chihuahua.

La propuesta fue reunirse con el entonces secretario general de gobierno, Sergio Granados, con quien pudieron verse en mayo de 2010.

“Iban periodistas más institucionales, pero también más radicales que no confían en las instituciones públicas, cuestionaron al gobernador y dijeron que no querían que el gobierno dirigiera los trabajos del protocolo porque sería uno a modo, y querían un protocolo independiente”, contó Armendáriz en entrevista.

Debido a la desconfianza que existía hacia el gobierno del estado, acordaron que el protocolo sería elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y se iniciaron trabajos entre esta institución y representantes de agrupaciones de periodistas.

Antes de tener el primer borrador, el 11 de julio de 2010, asesinaron a Guillermo Eduardo Alcaraz Trejo afuera de la redacción de Omnia, el periódico donde colaboraba esporádicamente. Recientemente había cambiado de trabajo y en ese entonces se desempeñaba como camarógrafo de la CEDH. De nuevo, el crimen provocó la inconformidad del gremio y un centenar salió a protestar frente a la entonces Procuraduría General del estado.

El protocolo se concretó el 8 de septiembre de 2010, con el Acuerdo de implementación del Sistema Integral de seguridad para periodistas del estado de Chihuahua, cuando fue elevado a rango jurídico en el Periódico Oficial del Estado (Número 72).

Entre 2010 y 2019, durante el gobierno de César Duarte y parte del de Javier Corral, la CEDH atendió alrededor de 35 casos de agresiones a periodistas. De acuerdo con José Luis Armendáriz, en ese tiempo a ninguno de los periodistas que acudieron al sistema se les materializó el riesgo.

“Hubo a quienes se les proporcionó un teléfono, que se les pusieron cámaras. Sacamos entre otros, a dos periodistas que se les cambió de ciudad porque sacaron unas fotos de unos narcos en El Peso (un periódico vespertino especializado en la nota policiaca) y se tuvo que hacer cambio de domicilio y a una periodista mujer se le cambió a la Ciudad de México”, relató.

Ante una emergencia, la CEDH actuaba en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para la implementación de medidas. A la par, el área de periciales de la FGE realizaba el análisis de riesgo y posteriormente convocaban al comité de riesgo, conformado por nueve integrantes: un representante de cada poder del Estado, uno de la CEDH y cinco representantes de asociaciones de periodistas para tomar una decisión sobre las medidas cautelares.

Pero a estos esfuerzos nunca se le asignó un presupuesto independiente. Cada institución aportaba su tiempo, esfuerzo y personal con sus propios recursos. Para las medidas de protección implementadas, los recursos salían de la Oficina de la Subproduraduría de Derechos Humanos.

Una de las personas que acudió a la CEDH para hacer valer su derecho a la libertad de expresión fue Rocío Gallegos, quien en ese momento era directora del Diario de Juárez.

La periodista había publicado un video en el que un grupo criminal acusaba al entonces gobernador, Javier Corral, de proteger al capo de la región de Madera. Como respuesta, en canales oficiales y personales de funcionarios públicos se atacó a la periodista por provocar “inestabilidad social”.

Ella consideró el video como un asunto de interés público y defendió su postura. En noviembre de 2017, acudió a la CEDH para presentar una queja contra el gobernador y cualquier funcionario público involucrado en lo que ella consideró actos de difamación contra su trabajo periodístico.

Sin embargo, el tiempo pasó y la queja no avanzó. Nadie de parte de la CEDH se acercó para informarle acerca del proceso. Fue casi dos años después, cuando la CEDH emitió una recomendación contra el entonces alcalde, Armando Cabada, por un caso de agresión más reciente contra otro periodista en Cd. Juárez, cuando ella decidió exigir una respuesta.

“Entonces, yo llegué a acercarme y decir: ¡a ver, esta es una situación de género o es una situación política porque es el gobernador y tú la CEDH no vas a hacer nada ni vas a señalar al gobierno del estado porque dependes de sus recursos!”, contó Gallegos en entrevista.

La respuesta que obtuvo de parte del visitador de la CEDH en aquel entonces, asegura la periodista, fue que se había ido la luz en el edificio y se había estropeado el equipo, por lo que tenían que empezar el proceso de nuevo.

Finalmente, el 13 de abril de 2019, la CEDH emitió la recomendación 36/2019 en la que determinó que había evidencias suficientes para acreditar que funcionarios públicos del gobierno de Javier Corral habían violado el derecho a la libertad de expresión de Gallegos.

El gobierno del estado rechazó la recomendación y el entonces director de la CEDH, José Luis Armendáriz, dejó su cargo 9 días después. “Para mí fue un gran logro que se haya emitido (la recomendación). La haya rechazado o aceptado el gobierno del estado hay un precedente. Sin embargo esto también exhibe la actuación de la CEDH, exhibe la indefensión en la que estamos como periodistas y exhibe la inactividad del protocolo que tiene”, dijo Gallegos.

El Sistema integral de seguridad para la protección de periodistas continúa vigente y por ahora, sólo tiene un caso en el que un periodista se quejó de que el gobierno le retiró la publicidad oficial que antes le daba, informó en entrevista el nuevo director de la CEDH, Néstor Manuel Armendáriz Loya.

El actual ombudsman detalló que cuando él asumió la presidencia de la CEDH, en 2019, intentaron reactivar el sistema, “pero por más difusión que se ha hecho, cuando se han presentado lamentables hechos, son muy pocos los que hacen uso de este sistema”.

Armendáriz Loya explicó que el organismo no cuenta con gente especializada en la materia y apenas lo están impulsando porque entre 2015 y 2016 se dejó de ejercer la rectoría o liderazgo que tenía, y propone que las personas expertas sean periodistas.

El Sistema integral de seguridad para la protección de periodistas contempla cuatro apartados: principios generales de buenas prácticas; seguridad para la cobertura de alto riesgo, recomendaciones generales y específicas; la creación del comité de riesgo y protección cautelar; y procedimiento de flujo de información de la autoridad.

Pero el Comité de riesgo no cuenta con reglas de operación específicas que permitan su correcto funcionamiento, de acuerdo con el mismo ombusman, Néstor Armendáriz.

“Sólo dice que habrá un comité y cómo estará integrado, pero no se habla del flujo de proceso, de cómo interactuar y hasta dónde intervenir. Integrantes del Comité propusieron precisarlo, no pudieron publicarlo en el Periódico Oficial del Estado porque no tienen esas facultades para atribuirse sus propias reglas de operación”, dijo en entrevista.

Por lo pronto, el nuevo ombudsman dio a conocer que hace poco giraron oficios a los tres poderes para que nombren a sus respectivos representantes, pero hasta ahora sólo el Ejecutivo lo hizo.

En los apartados donde establecen recomendaciones para las y los periodistas y para el Estado, entre otras, el Sistema integral de seguridad para la protección de periodistas establece:

A Flourish data visualization

Una forma de mejorar la operación del Sistema integral de seguridad para la protección de periodistas, dice el actual presidente de la CEDH, sería crear un fideicomiso para apoyar directamente a las personas periodistas en situación de riesgo o las familias que se ven afectadas, porque la comisión no tiene recursos.

En el año 2015, el gobierno federal declaró alerta de la libertad de expresión para Chihuahua, durante la administración del exgobernador, César Horacio Duarte Jáquez, quien ahora se encuentra preso por los delitos de peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada.

Como producto de esa alerta y  en mesas de trabajo, surgió el documento “Propuesta de medidas preventivas para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Chihuahua. Plan de contingencia”, dentro del Mecanismo para la protección para ambos gremios.

La alerta tampoco fue socializada y la mesa con los periodistas  que iniciaron con dicha alerta, terminaron pronto, durante el gobierno de Javier Corral Jurado. Hasta ahora es la más rezagada dentro de ese proceso.

La Unidad Estatal de Protección: desconocida entre el gremio

El último homicidio de un periodista registrado en el estado fue el de Arturo Alba Medina, conductor en Multimedios Televisión, asesinado a tiros en Ciudad Juárez minutos después de su noticiero nocturno el 30 de octubre de 2020.

Por este crimen dos personas fueron sentenciadas a 16 años y ocho meses de prisión después de un juicio abreviado, además de una indemnización de 3 millones de pesos.

Aunque sí hubo sentencia, no se pudo comprobar la labor periodística de Arturo Alba Medina como posible móvil del asesinato. Tampoco se tuvo conocimiento de que el periodista hubiera recibido amenazas y este no había informado a las autoridades de que necesitara protección.

Para este entonces, además del sistema a cargo de la CEDH, también existía ya la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado (UEP), aprobada por el congreso en octubre de 2018, la cual se encargó de brindar protección a la familia de Alba Medina después del asesinato.

Esta unidad de protección depende de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, un organismo anunciado por el exgobernador, Javier Corral, cuando asumió su cargo en 2016 y aprobado en mayo de 2017, dos meses después del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea. Eventualmente, la investigación del asesinato de la corresponsal de La Jornada saldría de las manos de esta fiscalía especializada para llegar a la federación.

Hay dos grandes caminos por los que una persona defensora de derechos humanos o periodista obtenga protección de esta unidad: la primera es que la solicite, directa o indirectamente; la segunda, que la UEP detecte el riesgo y actúe al respecto.

De acuerdo con Eduardo Ramos Arenas, coordinador de la UEP, esta unidad tiene un área de monitoreo constante de redes y medios digitales para de manera proactiva detectar alguna agresión o situación que ponga en riesgo la integridad física de alguna persona defensora de derechos humanos o periodista.

“Al momento que la misma unidad se percate de alguna agresión a un periodista o defensor, o bien se percate de un hecho delictivo en contra de un defensor o periodista, no necesitamos algún documento para tener una intervención de manera inmediata”, dijo en entrevista Ramos Arenas.

Pero la persona en riesgo también podría solicitar la protección de esta unidad mediante una solicitud formal directa a la fiscalía, ya sea personalmente o a través de alguna oficina gubernamental o asociación civil.

Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna campaña de difusión de este organismo con el gremio periodístico. Las únicas campañas de difusión han sido dirigidas hacia autoridades municipales, para darles a conocer las funciones de la UEP.

En la página de internet de la fiscalía tampoco es posible encontrar un número de teléfono al que marcar para una emergencia. En la sección de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, de la que depende la UEP, se encuentra un número de extensión general (11308), que hay que marcar después de primero conectar con el número del gobierno del estado (614 429 3300), pero este tipo de atención telefónica no es efectiva, ya que hay que lidiar con largos tiempos de espera.

De acuerdo con Ramos Arenas, una llamada al 911 bastaría para activar la alerta. En entrevista, también brindó el número de emergencia 614 216 6845, que está activo las 24 horas.

De esta falta de socialización también habló la periodista Rocío Gallegos. A pesar de que la Red de Periodistas de Juárez existe desde 2011 y que desde entonces han realizado cursos y capacitaciones para el gremio periodístico, ni coordinador ni ningún representante de la UEP se han acercado con ellas.

La periodista Luz del Carmen Sosa Carrizosa, también cofundadora y vocera de la Red de Periodistas de Juárez, obtuvo el teléfono de emergencia de la unidad y marcó para preguntar acerca de las funciones de la UEP y qué tenía que hacer ella como periodista en caso de una agresión.

Le respondió directo Ramos Arenas, quien le explicó que en caso de encontrarse en peligro tendría que marcar a ese número y que ellos realizarían una evaluación del riesgo para tomar acción. También le cuestionó por qué ese número no se había socializado, pues sus colegas no estaban enterados del funcionamiento de la unidad.

“No sé cuánto se están gastando en esto, pero hasta ahorita no creo que algún reportero, al menos aquí en Juárez, sepa que exista esa unidad, tampoco que exista ese número de teléfono a donde podamos llamar en caso de algún delito o de una emergencia”, dijo Sosa en entrevista.

En teoría, a nivel estatal la UEP funciona como órgano operativo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la ley correspondiente que está vigente desde 2012.

La nueva ley general que se encuentra impulsando el gobierno federal tendría como fin homogeneizar este tipo de esfuerzos estatales y mejorar la comunicación entre ambos niveles de gobierno, de acuerdo con Irazoque, ya que por el momento hay discordancias jurídicas que no les permiten actuar de manera coordinada en este tema.

Desde su creación y hasta mayo de 2022, la UEP ha abierto 53 expedientes, entre las que se encuentran 70 medidas a personas defensoras de derechos humanos y 62 a periodistas, entre las que se agrupan medidas de protección, medidas de seguridad y medidas de prevención.

Esas medidas consisten en rondines de policía en el domicilio o lugar de trabajo de la persona beneficiada, alojamientos temporales, resguardo, custodia, protección, suministro de alimentos, renta de inmuebles, menaje, pago de servicios públicos, traslados dentro y fuera del territorio estatal, atención jurídica, atención psicológica, instalación de cámaras de vigilancia en domicilios particulares, entre otras.

En 2020, a la UEP le autorizaron 5 millones 582 mil 519 pesos mexicanos. El año siguiente, este monto se incrementó por casi un millón y medio de pesos. Para el 2022, esta unidad estaría recibiendo 7 millones 394 mil 984 pesos y cuenta con una planta de 19 personas, entre agentes del ministerio público, policía investigadora, psicólogos, trabajadores sociales y un supervisor administrativo.

Cómo garantizar que los agresores brinden protección

Enrique Irazoque, el titular federal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha reiterado que entre el 40 y 50 por ciento de las agresiones registradas a estas personas provienen de autoridades locales, principalmente policías municipales, algo que también ha repetido el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas.

En el caso de Breach Velducea, el expresidente municipal de Chínipas, Hugo Schultz, fue condenado a ocho años de prisión por colaborar en el asesinato de la periodista. En 2019, el defensor Cruz Soto Caraveo fue “levantado” por policías municipales de Guazapares para entregarlo al grupo armado que lo asesinó.

Esta fue una de las preocupaciones de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que externaron durante el nuevo diálogo con Irazoque en julio de 2022, en la que también estuvo presente Ramos Arenas.

Por el momento, la UEP tiene su sede en la ciudad de Chihuahua y una subsede en Juárez. Ahí es donde pueden actuar de manera inmediata y directa. En el resto del estado, dependen de la colaboración con autoridades municipales y de la policía estatal.

En entrevista, Ramos Arenas respondió que las campañas de difusión tienen la intención de sensibilizar a las corporaciones, a los ayuntamientos y a las fiscalías, para que conozcan la función de la Unidad de Protección y que comuniquen de inmediato a la autoridad estatal sobre la comisión de un presunto delito.

Néstor Armendáriz considera que por esta razón es importante que exista el Sistema integral de protección a periodistas a cargo de la CEDH, porque aunque las fiscalías tienen un representante en su órgano interno, muchas veces las agresiones provienen de la misma autoridad y eso genera desconfianza. “Es un tema, porque ¿cómo le pido apoyo a quien me está agrediendo?”.

Aún así, la queja de Rocío Gallegos quedó olvidada en el sistema de la CEDH. Cuando Néstor Armendáriz asumió la presidencia de este organismo, ella le cuestionó qué había pasado con su caso, pero ya nunca se le dio seguimiento.

De acuerdo con la periodista Luz del Carmen Sosa Carrizosa, también la CEDH puede estar condicionada por motivos políticos. Ella también intentó denunciar a Javier Corral cuando este era gobernador, pero la denuncia no procedió. El visitador que la atendió, cuenta, le dijo que él iba a intentar quedarse con su carpeta porque en ese momento la CEDH era panista y no le veía futuro a su queja.

“Entonces, si una comisión de derechos humanos no es independiente del Ejecutivo, ¿para qué está? Es lo mismo que pasa con una unidad de investigación, con una fiscalía que está a merced del Ejecutivo, ¿para qué sirve?”, cuestionó Sosa en entrevista.

Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), cree que es una contradicción responsabilizar a las autoridades locales de la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas si estas mismas son las perpetradoras de las agresiones. En cambio, le gustaría que los mecanismos de protección tuvieran otro enfoque.

“Desde el principio hemos puesto sobre la mesa la necesidad de que el riesgo se vea desde las causas que lo originan. Siempre decimos que las medidas de protección no pueden ser desde los síntomas, o sea, policías, cámaras, botones de pánico, sino que el Estado tiene que asumir responsabilidad de lo que lo está originando”, dijo la abogada en entrevista.

Seguir ingresando a gente en el mecanismo de protección se vuelve insostenible, dice Fierro Pineda, porque si no se atacan las causas, nadie libra el riesgo por completo.

Cuando se le preguntó sobre esto a Arenas Ramos, coordinador de la UEP, respondió que ha habido un caso en el que la persona beneficiada, en Hidalgo del Parral, decidió retirar sus medidas de protección.

“Pasó más de un año y medio de la agresión, la persona estuvo en contacto con su familia y le indicaron que había que cerrar ciclos. Agradeció el apoyo, las medidas que otorgamos, sin embargo era momento de continuar con su vida normal”, dijo Ramos Arenas. “No podemos en ningún momento obligar a una persona a que esté sometida a una medida de protección”, afirmó.

Los medios, sin compromiso en la protección de periodistas

José Luis Armendáriz recordó que cuando ya tenían redactado el documento para publicar el Acuerdo en agosto de 2010, y una vez que el exgobernador Reyes Baeza ofreció elevarlo al rango jurídico, surgió inconformidad por algunos medios de comunicación locales.

“Decían que un pequeño grupúsculo de periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tomaron en cuenta a los medios. Se acordó que el borrador se mandara a cada medio, digitales y escritos, para que aportaran en quince días. No se aportó nada”, dijo.

Néstor Armendaríz indica sobre los medios de comunicación que, aunque no ha habido una denuncia contra derechos laborales, saben que hay periodistas sin acceso ni a seguridad social. “Hace algunos meses hubo un caso en Parral, pero no quiso presentar la queja formalmente ante el Sistema, no se ha presentado. Se necesita impulsar y fortalecer una ley estatal. Este acuerdo es el que está vigente, pero hace falta una ley”.

El ex funcionario de la CEDH reiteró que en la elaboración del borrador del protocolo participaron cinco representantes de asociaciones de periodistas, pero reconoció que faltó socializar con todo el gremio. Y con él coincide Néstor Armendáriz, ya que no han logrado incidir para que el gremio local haga uso de dicho Sistema y para que se involucre en las iniciativas que han tratado de aprobar para la creación de una ley de protección para periodistas.

Ambos indican que ha habido una negativa del gremio chihuahuense para que se cree una ley en conjunto con la de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.

El Colectivo Desde Provincia está conformado por Mely Arellano, Alfonsina Ávila, Patricia Mayorga, Camelia Muñoz, Samantha Páez, Raúl Fernando Pérez, Elizabeth Rivera, Karen Rojas, Sandra Segura y Bryam Torres.

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Colectivo Desde Provincia y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

La investigación ha sido publicada originalmente en LADO B: https://www.ladobe.com.mx/comisiones-de-papel/.