AMLO, Biden y la complicada agenda binacional que les supera
Los presidentes Biden y López Obrador se reúnen en Washington para hablar de migración, comercio e inseguridad. Temas de largo plazo -y mucha voluntad- para resolverse. Un día alcanza sólo para la foto
Texto: Alberto Nájar en Pie de Página
Foto: Presidencia / Archivo
Tres palabras definen el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden: DEA, visas y TMEC.
Públicamente la agenda del presidente de México a Washington este 12 y 13 de julio incluye una reunión con empresarios, conversaciones sobre migración y una propuesta de estrategia común para frenar la inflación en ambos países.
Pero en privado los cuatro temas espinosos prevalecerán en las reuniones.
El encuentro bilateral ocurre en momentos complicados para los dos presidentes.
Biden ha sido cuestionado por el manejo de su gobierno ante la crisis económica por la pandemia de covid-19, los escasos resultados ante la creciente influencia comercial de China y la incapacidad de poner un alto al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Por su parte López Obrador llega a Washington en medio de críticas de organismos internacionales -entre ellos algunos de Estados Unidos- por la violencia en el país y los problemas para frenar, inclusive con el despliegue de miles de militares, la ola migratoria que proviene del sur.
En todo caso, los temas del encuentro en Washington no se resolverán en el encuentro de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.
Varios de ellos dependen del Congreso estadounidense. Y otros implican un escenario mayor al de los dos países. Pero ambos presidentes pueden obtener ganancias.
López Obrador “puede traer una foto muy importante para la política mexicana, que es el calladón de boca de que cómo que no era un presidente que viajaba y ahora lo hace estratégicamente”, explica Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Luis Mora.
A su vez Biden “puede manejarlo como que hay un control de la región”, especialmente tras el desenlace de la reciente Cumbre de las Américas.
Migración
El tema que más se ha destacado y que ocupará una buena parte de la conversación binacional es la actual crisis migratoria de la región.
En Washington, por ejemplo, existe preocupación por el aumento de personas que llegan a su territorio después que bajó el confinamiento mundial por la pandemia de covid 19.
Hasta mayo pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) había detenido a un millón 536 mil 899 migrantes sólo en la frontera sur.
El 35 por ciento de ese total son mexicanos. También se registra un alto número de personas provenientes de África, Venezuela y Cuba, por ejemplo.
Todos pasaron por México en su viaje a Estados Unidos. Las estimaciones de expertos en migración señalan que al 30 de septiembre, cuando cierra el año fiscal estadounidense, las detenciones de migrantes -o encuentros como los define la CBP- serán más de dos millones.
El tamaño de la crisis quedó evidenciado con la muerte de 53 personas migrantes abandonadas en un tráiler en San Antonio, Texas, el pasado 30 de junio.
La mayor parte de las víctimas, 26 en total, provenían de México.
La tragedia abrió un nuevo flanco político a la administración de Joe Biden que enfrenta una acelerada pérdida de popularidad.
De hecho, el Partido Demócrata, al que pertenece Biden, puede perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre próximo.
La mayoría de las encuestas electorales indican que la política migratoria de Biden, su manejo de la frontera sur y la crisis económica son temas fundamentales para evaluar por los votantes estadounidenses.
La creciente ola de migrantes fue uno de los temas centrales.
Ante la crisis López Obrador insiste en su estrategia de apoyar económicamente a los países expulsores de personas migrantes, especialmente de Centroamérica.
También propone que Estados Unidos otorgue al menos 300 mil visas de trabajo. La mitad sería para migrantes de México y el resto para centroamericanos.
“Lo que hay que hacer es permitir la llegada de trabajadores de manera ordenada a Estados Unidos, pero no aceptan”, insiste el presidente.
“A eso voy, a convencerlos de que no tienen fuerza de trabajo”.
La propuesta difícilmente será aceptada, reconoce Calderón Chelius. “Es una cuestión que no tiene que ver con Biden, ni siquiera con el solo voto de los demócratas”, explica.
“Creo que del lado mexicano es una jugada política interesante porque le pone contexto muy claro al hablar de 300 mil personas que no es lo mismo que hablar de migrantes en general”.
“Pero en todo caso es una figura retórica porque el presidente Biden la puede hacer suya en términos políticos, pero él no puede decidir eso”.
Seguridad
Otro de los temas complicados es la cooperación binacional en materia de seguridad, especialmente la lucha contra el tráfico de drogas.
Estados Unidos padece una epidemia de adicción al fentanilo, que causa la muerte de 100 mil personas en promedio cada año.
Las autoridades de ese país responsabilizan a carteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, de la invasión de drogas opioides derivadas de esta sustancia.
México responde que los estadounidenses no hacen lo suficiente para frenar el mercado interno, ni tampoco para frenar la venta masiva de armas de guerra que provocan el 70 por ciento de los homicidios violentos en calles mexicanas.
En ese marco se presenta un cambio radical en la relación de las agencias de seguridad de Estados Unidos con el gobierno de López Obrador.
El punto de inflexión fue la captura del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos en octubre de 2020, cuando arribó al aeropuerto internacional de Los Ángeles.
La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, le acusó de colaborar con una organización de tráfico de drogas ubicada en Nayarit y vinculada con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
El militar fue investigado en secreto por los agentes de esa corporación. El gobierno mexicano no fue informado de esa pesquisa, lo que provocó un desencuentro diplomático entre ambos países.
Cienfuegos fue liberado con la oferta de que sería juzgado en su país, lo que no ocurrió pues la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no existían elementos para vincularlo con ningún hecho criminal.
Desde entonces el nivel de cooperación se redujo al mínimo, de acuerdo con especialistas en seguridad, algo muy distinto a lo ocurrido en administraciones anteriores.
Inclusive se disolvió una unidad de élite entrenada por la DEA para hacer investigaciones de alto nivel contra carteles de narcotráfico.
El grupo “estaba infiltrado por criminales” dijo López Obrador en una conferencia matutina de abril pasado.
El presidente no identificó a los delincuentes que aparentemente contaminaron a esa unidad.
Pero uno de sus principales líderes era Iván Reyes Arzate, excomandante de la desaparecida Policía Federal y uno de los principales colaboradores del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.
Reyes Arzate, actualmente detenido en Estados Unidos, era el vínculo de la DEA con el gobierno de Felipe Calderón.
La Fiscalía de ese país le acusa de proteger y filtrar información de la agencia antidrogas a organizaciones criminales, como el grupo llamado Seguimiento 39.
Los datos filtrados por el colaborador de García Luna y Calderón provocaron la muerte de informantes de la DEA.
La caída en la cooperación antinarcóticos es un tema sensible en las agencias de seguridad estadounidenses, que tienen una fuerte influencia en los círculos políticos de ese país.
Un ejemplo es el señalamiento del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, quien afirmó en marzo del año pasado que el 35 por ciento del territorio mexicano está bajo control de la delincuencia.
López Obrador evadió la polémica. “No es cierto lo que dice pero respetamos las opiniones de todos”, respondió en una conferencia de prensa matutina.
“Vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con Estados Unidos”.
TMEC
Uno de los temas que López Obrador ha dicho que presentará a Biden es su propuesta de crear un bloque económico en el continente, que permita abatir la desigualdad de la región y promover el desarrollo en los países más pobres.
Se trata de eliminar los incentivos para la migración irregular, y al mismo tiempo reducir la dependencia de productos elaborados en China.
La idea se inspira en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al TLCAN.
El modelo, que muchos especialistas reconocen como exitoso, ha tenido algunos problemas recientes que generan presión política ante el encuentro binacional.
Uno de ellos es la petición de algunos sectores de Estados Unidos para revisar el cumplimiento cabal de las leyes laborales en empresas estadounidenses que operan en México.
La secretaria de Economía Tatiana Clouthier insiste en que la supervisión es innecesaria.
“No somos niños chiquitos ni necesitamos vigilantes. México es adulto. México se sabe portar a la altura de las circunstancias”, afirma.
El tema se abordará en la reunión que sostendrán empresarios de ambos países este martes por la tarde, y en el que participará el presidente López Obrador.
Uno de los puntos en la agenda del encuentro es la implementación del TMEC, en vigencia desde el 1 de julio de 2020 y que en algunas partes se encuentra todavía en proceso de implementación.
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