Minería de carbón deja heridas sin cicatrizar en Coahuila

Minería de carbón deja heridas sin cicatrizar en Coahuila.
Foto: Border Hub

El impacto ambiental en la región Carbonífera de Coahuila no ha sido impedido ni por la Profepa ni por Semarnat, denuncian pobladores afectados. La zona se quedó con agujeros provocados por la minería de carbón que dejan tramos de acuífero expuestos y poblados vulnerables 

Texto: Francisco Rodríguez / Border Hub

Fotos y video: Omar Saucedo

COAHUILA.- Matías Zamora llegó a la región Carbonífera de Coahuila cuando tenía 13 años, sus ojos han visto cómo las grandes empresas llegan a explotar la región sin que se les ponga un freno y dejan enormes tajos mineros que se dibujan por toda la comunidad de Cloete, en el municipio de Sabinas, Coahuila.

La casa de Matías y su familia está entre dos tajos abandonados provocados por la minería a cielo abierto, es decir, la que se hace en la superficie del terreno. Estos enormes huecos en la tierra, similares a grandes acantilados, pero hechos por la industria a un costado de carreteras o poblaciones, se han convertido en el paisaje de esta región. Una zona de donde se extrae el 99 por ciento del carbón que sale de las entrañas de México y que termina usándose para iluminar las casas de todo el país.

Lo malo es que de acuerdo con estudios del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) o de Iniciativa Climática de México, para extraer ese carbón se afecta a pueblos, se contamina el aire, se daña el acuífero e incluso se provocan enfermedades. La prueba es que Coahuila ocupa el primer lugar del país con la mayor cantidad de incapacidades por neumoconiosis, enfermedad conocida como el pulmón negro, la cual es consecuencia de respirar el polvo del carbón mineral. Tan solo en 2020 se solicitaron 644 incapacidades por esta enfermedad en el estado, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Y sumado a esto, las empresas dejan a su paso familias damnificadas como la de Matías Zamora, que se enfrentó a por lo menos tres de ellas que llegaron a extraer carbón en los últimos años.

A tan solo 100 metros de la casa de Matías hay uno de esos tajos abandonados que enmarcan el paisaje de la comunidad de Cloete. Para llegar a este sitio hay que caminar entre lomeríos de tierra abandonada que se han endurecido con el tiempo. En algunos tramos los lomeríos amarillentos superan los cinco metros de altura. La tierra que se supone debió ser usada para tapar el boquete deglutido por la minería quedó como un montón de dunas.

Hace poco más de un año una empresa sacaba carbón de este tajo. Ahora, en ese mismo lugar se observa agua como si fuera una laguna. No se sabe cuántas toneladas de carbón sacaron de ese tajo abandonado, pero sí que forma parte de las 11 millones de toneladas que conforman la producción anual de este combustible en Coahuila.

Vivir ahí es estar en un lugar que parece zona de guerra. Donde antes había un camino para llevar a sus hijos a la escuela, la minería lo borró. Por donde antes pasaba un autobús, la minería lo esfumó. Donde había un tramo que conectaba un barrio con otro, la minería lo deshizo.

No solo es un tajo. A unos 30 metros de donde Matías y su familia duermen se encuentra otro hoyo enorme con las huellas de la maquinaria, a pesar de que en el municipio de Sabinas se estableció desde 2002 que no se autorizarían licencias, permisos o dictámenes de ningún tipo para desarrollar proyectos mineros en áreas comprendidas a una distancia de 350 metros de la última casa o centro educativo.

Al final las empresas se fueron y dejaron enormes hoyos en la tierra sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hicieran cumplir la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que establece la obligación de restablecer zonas dañadas.

La lógica de Matías es sencilla. Cuando una ley es buena se ven los resultados. Y en su larga lucha contra empresas mineras, la aplicación de la ley no ha existido.

Él es un sobreviviente de la destrucción, pero también de la falta de cumplimiento de la fracción cuarta del artículo 15 de la LGEEPA, una ley federal que establece que quien realice obras o actividades que afecten el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos de la afectación.

En el caso de Cloete, las empresas que llegaron a sacar el carbón no repararon nada cuando se fueron.

El artículo 98 refiere que la realización de obras públicas o privadas deben incluir acciones de regeneración, recuperación y restablecimiento de la vocación natural, pero en Cloete sobresalen los desechos de la mina convertidos en lomas que se conocen como terreros.

El artículo 78 precisa que la Semarnat deberá “formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban”.

Aquí ningún artículo cuenta, Matías denunció muchas veces y ni la Semarnat ni la Profepa le respondieron, asegura.

“Denunciamos en la Profepa para que taparan, para reforestar, vinieron una o dos veces nomás a medir. Pero nunca hemos visto que hagan nada”, relata.

Se intentó entrevistar al encargado de la Profepa en Coahuila pero no respondió. También se envió un correo a la encargada de Comunicación pero hasta el cierre de esta edición no hubo comunicación de vuelta. Los funcionarios de Semarnat en Coahuila se dijeron imposibilitados para dar entrevistas sin autorización del área de Comunicación en Ciudad de México. También se envió un correo con un cuestionario, aseguraron que se gestionaría la entrevista, pero hasta el cierre ya no hubo respuesta.

Toda la normativa se ha quedado únicamente en papel: en los últimos 14 años la Semarnat tiene registrados apenas 35 sitios remediados en Coahuila, pero ninguno es por obras mineras, sino por derrames o fugas.

De 2005 al primer trimestre de 2022 se tienen detectados sólo cinco proyectos que han sido “rehabilitados” por obras mineras, según información que entregó la propia institución por transparencia. Los cinco proyectos son de Minera del Norte, S.A. de C.V. que pertenece a Altos Hornos de México, la empresa siderúrgica más grande de México, o de Industrial Minera México S.A. de C.V, perteneciente a Grupo México, la compañía minera más grande del país.

La destrucción del carbón

No hay autoridad que sepa cuántos tajos abandonados existen en los municipios mineros de Sabinas, San Juan de Sabinas, Juárez, Progreso o Múzquiz, los cuales comprenden la llamada región Carbonífera de 183 mil habitantes. Y este desconocimiento puede salir muy caro: a largo plazo estos municipios ya no podrán usar los terrenos para la agricultura, ganadería o vivienda porque la tierra se vuelve estéril: queda suelta, la pisas y te hundes.

“Sería una extensión de terreno sin uso productivo”, explica Diego Martínez Carrillo, investigador del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Sin embargo, Eduardo Aguirre, empresario minero y presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros en Sabinas, asegura que las empresas regularizadas sí cumplen con los requisitos de reforestación para cubrir los tajos. “Sí se cumple. Es una obligación. Los tajos son contados, las minas afectan poco terreno. No es una gran afectación. No afecta cinco, 10 hectáreas, es la pura bocamina y un patio donde se deposita el carbón que no representa ni media hectárea”, argumenta y señala que hay otras actividades que modifican más hectáreas.

Además, afirma que la situación de los tajos abandonados es producto de una minería “irregular” de hace 10 o 12 años, cuando los tajos operaban en el lecho del río por gente a la que dice, “no tenía uno ni ganas de decirle nada porque te podías meter en problemas”.

El empresario minero explica que en la administración federal actual, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principal compradora del carbón en el país, se dio a la tarea de inspeccionar y analizar los contratos para verificar que se cumplieran con obligaciones del Seguro Social, Secretaría del Trabajo, Semarnat y así depurar la lista de proveedoras, por lo que ahora quedan solo 50 productores. Anteriormente, cuando la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) fungía como ente estatal intermediario entre los productores y la CFE, existían alrededor de 100 personas o empresas dedicadas a la actividad.

A pesar de esa reducción en la cantidad de productores de la que habla Aguirre, la minería sigue siendo en esta región la principal fuente de empleo: entre tres y cuatro de cada 10 pobladores económicamente activos trabaja en la minería; el resto en la agricultura, ganadería, construcción, comercio o transporte, de acuerdo al censo 2020 del INEGI.

La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales, no duda en señalar que persiste una omisión de las autoridades federales. “Lo hemos denunciado 150 mil veces”, asegura sobre la falta de remediaciones de las obras mineras en la zona.

La secretaria justifica que la dependencia estatal no puede vigilar, ni sancionar, ni aplicar leyes porque la minería es competencia de la federación. “La ley obliga, claro, pero no es competencia nuestra”, recalca.

Así, la secretaria estatal se lava las manos, pero señala que es complejo y carísimo remediar la minería a cielo abierto y suele ser imposible si no se pide con tiempo, pese a que las empresas tienen la obligación por ley de presentar una manifestación de impacto ambiental que incluya desde los trabajos hasta las afectaciones de flora y fauna, así como el plan a seguir para remediar los daños.

Itzel Silva, abogada en Fundar y parte del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo, explica que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas como colectivos, y si hay afectaciones ambientales, el estado tiene que buscar la manera y las formas para que esos daños sean reparados y no se repitan.

Esto solo está en la teoría, porque la realidad es que los pueblos mineros de la región viven con acantilados mineros y desechos convertidos en lomas.

Y aunque el carbón tiene consecuencias para la salud y el ambiente, sigue siendo la principal fuente para generar energía en el mundo, a pesar de que desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, en donde perdieron la vida 65 trabajadores, la actividad ocasionó la muerte en la región de 122 mineros hasta junio de 2021, según informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a una solicitud de información.

La LGEEPA  es clara: se tiene que realizar una evaluación de impacto ambiental donde se establecen las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico como la exploración y explotación de minerales, con el fin de proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.

La manifestación de impacto ambiental debe contener una descripción de los posibles efectos en los ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y lo necesario para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, según el artículo 30.

Pero la realidad es que se tienen registradas menos evaluaciones de impacto que el número de proyectos que existen: desde el 2000 apenas se reportaron 87 manifestaciones de impacto ambiental por trabajos mineros en Coahuila, según datos entregados por Semarnat.

La cifra queda corta cuando en cada pueblo se miran trabajadores removiendo tierra y camiones cargados de carbón por las carreteras y, no solo eso, tan solo en 2019, según el documento “Panorama Minero en Coahuila”, elaborado por el gobierno federal, había 77 minas de carbón siendo explotadas en el estado, más otras que trabajan en la clandestinidad y decenas más de hierro, cadmio, fluorita, sílice, yeso u otros minerales.

Las empresas llegan, irrumpen en las comunidades y comienzan a desgajar los cerros. Desde 2010 a la fecha, ocho de cada 10 sanciones de la Profepa a empresas mineras (64 sanciones en total) terminaron con multas por una falta de autorización en materia de impacto ambiental.

Sin embargo, Eduardo Aguirre asegura que las dependencias federales sí verifican y que hoy en día es imposible no presentar una manifestación de impacto ambiental porque la CFE lo exige para comprar el carbón.  Asegura que a todos en la Unión les dieron pedido y el estudio de impacto ambiental era requisito, ya sea en lo individual como empresa o como grupo y que el bajo número que se tiene registrado puede responder a que en ocasiones los estudios de impacto ambiental se ingresan “en paquete” a través de las uniones porque se hace por regiones o por lotes mineros.

Además de la Unión que representa Aguirre, existe la Unión Mexicana de Productores de Carbón y la Unión Nacional de Productores de Carbón, pero sus representantes no respondieron a la petición de entrevista.

A pesar de que Aguirre insiste que Semarnat y CFE hacen verificaciones, Guillermo Iglesias, ingeniero metalurgista y profesor en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, critica que la dependencia ambiental no está al pendiente de las manifestaciones y por eso estima que las remediaciones de las zonas dañadas se cumplen apenas en un 25%.

Esa falta de cumplimiento está a la vista en Cloete y el barrio 3, como se le conoce a la zona donde vive Matías y unos cuantos vecinos que todavía quedan.

Acuífero desangrado

El problema de los tajos a cielo abierto es tan grande que llegan a lastimar los acuíferos. En un recorrido en la región, se pudo observar que en muchos de los tajos hay agua, en algunos casos de color turquesa.

Todos coinciden en la gravedad de esto. “Es el acuífero expuesto”, explica la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales. “Es el acuífero que se está desangrando a través de esos tajos”, dice Waldo Terry, ambientalista, miembro del organismo Amigos del Río San Rodrigo.

Para Terry, que ha llegado a contar cientos de metros cuadrados en espejos de agua a través de Google Earth, es como si tuvieras la vena cortada y te desangraras. “Necesitas taparle, cerrarle, porque se acaba todo”. Pero nadie lo hace.

Esos tajos están secando el acuífero que descarga una de sus vías en el río San Rodrigo y el río Escondido, asegura el ambientalista. Con la minería se rompe la conectividad, la continuidad y conducción del acuífero y en esos enormes huecos dejados por la minería el agua poco a poco se evapora.

Quizá sea una de las razones por las que el acuífero de la región Carbonífera presenta un déficit de 32 millones de metros cúbicos anuales que se extraen a costa del almacenamiento no renovable del acuífero, según el estudio de actualización de la disponibilidad media anual de agua en este acuífero, hecho por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2020.

Pese a la evidencia, la misma Conagua respondió a la solicitud 330009422000780 que únicamente tiene dos expedientes de alteraciones a ríos, arroyos, cauces o vasos provocados por obras mineras en Coahuila: uno de la empresa Coal del Norte S.A. de C.V., sobre afectaciones al cauce del arroyo el Cloete y otro de la empresa Carbonífera Manantial S.A. de C.V., con afectaciones al río Sabinas. Ambos por trabajos a cielo abierto. Ambos en Sabinas.

La empresa Coal del Norte es propiedad de Urbano Gerardo Santos Múzquiz, quien fuera hace una década líder de la Unión Nacional de Productores del Carbón, y José María Rodríguez López. En 2018 recibió un contrato de la CFE por 76.9 millones de pesos y un año después se abrió el expediente que finalizó sin sanción económica. A pesar de esto, en 2020 volvió a recibir un contrato por 15 millones de pesos.

La Conagua no multó a Coal del Norte, pero la Profepa tiene registro de tres multas en 2017, 2018 y 2020 por un monto acumulado de 156 mil 670 pesos.

Carbonífera Manantial es propiedad de Osvaldo Fernández Ortiz y Marcela Iveth Barrera Vázquez. En 2021 se le impuso una multa a la empresa de 508 mil 248 pesos pero no se fijaron medidas correctivas.

Aunque la pérdida de agua en el acuífero no es todavía alarmante, debido a que el acuífero que va desde Acuña hasta Monclova es muy amplio y hay muchas subcuencas con extensiones de 5 a 10 kilómetros cuadrados con su propio sistema, esto no exime la necesidad de apurarse en buscar las remediaciones, asegura el especialista Diego Martínez.

Hay otras empresas, como Minera del Norte que han hecho una buena labor de reforestación una vez concluidos los trabajos, dice Martínez; 16 de las 87 manifestaciones de impacto ambiental registradas desde el 2000 son obras de esta empresa.

Arrasan y se van sin restaurar

Matías Zamora recuerda que varias empresas comenzaron a cavar en medio de su pueblo desde 2007.

Cuenta que le ofrecieron 15 mil pesos para que se fuera. “Tú crees que iba a alcanzar con eso, y luego ellos sacan millones”, dice Matías. Además de dinero le aseguraron que le darían despensas, pintura y pisos. “Puras ayudas falsas”, asegura.

Los problemas arreciaron en 2015. Junto a su familia y algunos vecinos pararon y bloquearon caminos para impedir la destrucción de su pueblo. ¿Qué recibieron a cambio? amenazas e intimidaciones.

“Se pasaban echando balas, carros con vidrios oscuros alrededor de la casa”, recuerda Matías. Las  presiones y amenazas llegaron al grado que la policía lo “levantó”, lo golpearon y lo fueron a dejar hasta Mazatlán, Sinaloa, a 11 horas de camino.

“No podía ir ni a un hospital, me amenazaron que no fuera ni a quejarme ni a atenderme en un seguro”, recuerda el sobreviviente después de la paliza que le propinaron. La gran pregunta que se hizo Matías en ese entonces era a dónde podía ir.

En una ocasión llegaron funcionarios de Protección Civil a revisar y después del recorrido le dijeron:

-“Déjalos trabajar, ¿para qué te metes? Están en terrenos de ellos”.

“¿Cómo voy a estar en terrenos de ellos si casi se meten a las casas?” -les respondió Matías.

“Estuvimos antes que las minas”, recrimina el habitante de Cloete. Pero eso no parece importar, ni siquiera para la ley.

Existe un problema de estructura de la Ley Minera que permite que prevalezca la actividad extractiva por encima de cualquier otro asunto, explica Itzel Silva, abogada de Fundar.

El artículo 6 de la Ley Minera establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias son de “utilidad pública” y “serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Y eso incluye, en la interpretación, arrasar con asentamientos humanos.

“Eso es inconstitucional. Es un problema estructural de ley”, dice Silva, pues prácticamente se dice que la minería está por encima de las actividades de las personas en los territorios, cuando hay un marco internacional y la firma de tratados que anteponen los derechos humanos.

“La prioridad no la puede tener la actividad minera, sino las comunidades”, comenta la abogada.

Además, el artículo 19 estipula que al tener una concesión minera, el titular puede expropiar y ocupar los terrenos para llevar a cabo las obras, trabajos de exploración, explotación y beneficio. Puede aprovechar las aguas y obtener preferentemente concesiones sobre las aguas de las minas.

En Coahuila hay mil 882 concesiones mineras repartidas en 612 personas y empresas, según datos de la Secretaría de Economía. El 7 por ciento del territorio del estado (un millón 36 mil hectáreas) está concesionado a la minería.

Esa extensión, más las extracciones clandestinas, más otras industrias, tienen que ser vigiladas e inspeccionadas por apenas 15 inspectores que tiene la Profepa en Coahuila. Los pocos funcionarios encargados de esta tarea tardan mucho tiempo en hacer las visitas y, de todas formas, no se cumple con buenas revisiones, asegura Guillermo Iglesias.

“Pasas por Agujita, Cloete, Sabinas, y está todo abierto. Hay muchos tajos abiertos, no cerraron”, comenta.

El investigador Diego Martínez respalda que la autoridad está rebasada y dice que algo debe pasar para que de repente la empresa desaparezca y deje todo abandonado. Asegura que no hay un estudio que indique la cantidad de obras mineras abandonadas, lo que se ha convertido en “un problema de nadie”.

“Es tierra de nadie. No hay una figura a quién seguir, una persona física o moral que perseguir”, comenta. La dinámica es simple, las empresas mineras en Coahuila trabajan dos, tres años, se llevan el carbón y no hay nadie que les pida cuentas.

Desde el 2005 hasta inicios de 2022, la Profepa tiene registro de 262 inspecciones a tajos mineros, un promedio de 15 por año. En ese periodo solo  72 terminaron con una sanción, multa o clausura.

La empresa más inspeccionada es Minera del Norte S.A. de C.V., de Altos Hornos de México. De las 17 inspecciones que ha tenido desde el 2005, solo en tres hubo sanciones.

Minera Carbonífera El Junco S.A. de C.V de Sabinas, y que de acuerdo a Matías es una de las que trabajó en Cloete, tiene tres expedientes en la Profepa: una clausura permanente y dos temporales. Tiene además dos multas por 377 mil 450 pesos cada una.

Integración Minera S.A. de C.V., propiedad del exalcalde de San Juan de Sabinas, Antonio Nerio Rodríguez, tiene tres resoluciones con multa y una clausura temporal. Además de una multa de más de 300 mil pesos.

Carbonífera El Gato S.A. de C.V., de Jesús Adrián Campos del Bosque y José Adrián Campos González, tiene dos sanciones de la Profepa por 146 mil 80 pesos cada una. Aunque eso no cambió que en 2020 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le adjudicara un contrato de 16.5 millones de pesos para la compra de carbón.

La empresa Black Fossil S.A. de C.V. tiene dos multas que suman 250 mil pesos en 2011 y 2015. Pero un par de años después, entre 2020 y 2021, la CFE le adjudicó dos contratos por 49.5 millones de pesos.

Este es un negocio millonario y, según Diego Martínez, las empresas deben tener una partida presupuestal del 10% de sus ganancias destinadas a la remediación ambiental, pero esto no sucede, con todo y que el valor de producción del carbón es de más de 4 mil millones de pesos, según el documento Panorama Minero en Coahuila.

Lo único que dejan en la región son enormes hoyos en la tierra donde antes era monte;  carbón esparcido por caminos y carreteras; tierra abierta con una textura en sus paredes como si estuvieran rayadas y  montones de espejos de agua en los tajos abandonados.

Vivir entre tajos

Dos equipos de béisbol calientan el brazo un domingo a mediodía en un campo que no tiene un solo brote de pasto en el municipio de Sabinas en la región Carbonífera de Coahuila. Detrás de los peloteros locales se observan lomas de tierra amarillenta que esconden un tajo minero abandonado. La imagen es muy común y hasta normal para los habitantes de la zona.

En la Carbonífera es común mirar tajos en los barrios como patios traseros o a un costado de las carreteras. Así tiene un tajo Zoraida, vecina de la comunidad de La Florida, en el municipio de Múzquiz.

“Cuando terminaron ni adiós, ni ahí nos vemos. Nada”, recuerda la mujer. Ninguna autoridad le hizo caso. Y como en la región todos son pueblos mineros que viven del carbón, la gente mejor guarda silencio. “Para nosotros ya es normal”, agrega.

Omar Navarro, miembro de la organización Familia Pasta de Conchos, dice que los vecinos en las comunidades están acostumbrados a vivir así. “Estamos tan familiarizados. Tenemos un orgullo minero, que a veces hay personas que ven una estructura y la miran con amor, ¿por qué? Porque lamentablemente es el estilo de trabajo aquí, es el estilo de vida, pero eso nos está cegando. Nos está impidiendo ver que hay mucha tragedia para la vida de los habitantes y también para nuestro medio ambiente”.

Matías Zamora, de 42 años, peleó contra empresas mineras, pero también fue normal para él regresar a trabajar a la mina después que una nevada en febrero de 2021 acabara con su cosecha de cilantro, manzanilla, chícharos y su venta de aguamiel. Trabajar en una maquila nunca ha sido opción.

Le pagan 70 pesos por tonelada de carbón que extrae. “Está de la fregada”, asegura. A lo mucho en una semana saca unas 25 toneladas, pero no hay otra opción de trabajo en esta región que vive del carbón.

Y como todos tienen un hermano, un esposo, un hijo o un padre que trabaja en minas, la mayoría prefiere no denunciar la destrucción.

Desde 2005 a 2021 apenas hay registro de 47 denuncias a empresas mineras en Coahuila por afectaciones ambientales, la gran mayoría -37- son por socavones, zanjas o tajos que no fueron remediados, según una respuesta de transparencia de la Profepa.

Minera del Norte S.A. de C.V tiene 11 denuncias desde 2005, y es la empresa más señalada según la Profepa. Minerales Monclova S.A. de C.V. y Minera Carbonífera Río Escondido, son otras empresas que también han sido denunciadas. Las tres están ligadas a Altos Hornos de México.

Dos de las tres empresas que llegaron a Cloete también tienen antecedentes. Datos de la Profepa refieren que Minera Carbonífera El Junco fue denunciada por incumplimiento de la autorización de impacto ambiental y Minera Carbonífera Los Compadres tiene una multa de 234 mil pesos en 2015 y otra en 2017, pero se desconoce el monto de esta última.

A pesar de estos precedentes, nadie reparó en corregir la destrucción que ocasionaron en Cloete.

Además, denunciar no garantiza acción: en 18 de las denuncias se resolvió que no se encontraron contravenciones a la normatividad ambiental, la Profepa se declaró incompetente o no hubo seguimiento del denunciante.

Matías Zamora tiene una teoría sobre la razón de que los minados sigan sin remediarse: “Quizá las empresas tienen el interés de volver”.

Sociedad reconstruye lo que el carbón daña

A pesar del oído sordo de las autoridades, a Matías le gustaría reconstruir la zona. Cree que la tierra sigue siendo buena, que si utilizan esa tierra convertida en lomas, se puede echar a trabajar y hasta hacer un chilar y esparcir cebolla.

“La comunidad se ayudaría mucho con buenas parcelas porque ponle que le pagarías poco, pero le da su bolsa de chiles, tomates en cada casa”, dice Matías con ese sueño en sus palabras por querer ser agricultor.

El investigador Diego Martínez cuenta que desde la universidad pretenden iniciar un proyecto para intervenir un tajo abandonado y convertirlo en un recorrido turístico: construir brechas, veredas, pistas de ciclismo o de motocross.

“Si ya el mal está hecho, busquemos a través de la sociedad y programas que podamos hacer. Vamos a desarrollar el proyecto de factibilidad, corrida económica y ver cuánto pudiera costar una remediación de este tipo”, explica.

Siempre existirá una afectación y nunca se recuperará al 100%, asegura. “Si hay recuperación del 70% es un caso de éxito”.

Eglantina Canales, la secretaria del Medio Ambiente en Coahuila, dice que cuando se logra remediar un tajo “es maravilloso”, pero es un proceso de muchos años.

Horacio Domínguez Valle, ingeniero minero que trabaja en tajos, explica que una vez que se terminan los trabajos se debe comenzar con tapar el pozo y desvanecer los montones de tierra. Después de taparlo y echarle tierra, se le debe echar una capa que es el monte arriba y a partir de allí iniciar la reforestación con la siembra de huizaches o mezquites.

“Se tiene que volver el monte como estaba, pero no se hace. Nosotros vamos destruyendo, destruyendo, destruyendo. Tú dejas el pozo y te vas a otra parte, pero acá atrás vienen las personas que son los que están en el departamento de reforestación. Así debería de ser”.

Ingeniero Horacio Domínguez Valle.

Y es que no son únicamente los enormes pozos en medio de poblados, a unos metros de donde duerme Matías y su familia también hay pocitos de carbón que tampoco fueron tapados.

Omar Navarro, de la organización Familia Pasta de Conchos, dice que es común conducir por carretera y mirar las estructuras de los pocitos abandonados. Los pocitos son pequeñas minas a las que se llega por un tiro vertical y que tienen un diámetro de alrededor de 1.5 metros y con profundidades de hasta 200 metros.

Estos pocitos, que han cobrado la vida de decenas de mineros, tampoco están remediados conforme a la normativa ambiental.

Matías muestra dos pocitos abandonados, uno descubierto y otro al que solo le echaron tarimas encima. Omar Navarro muestra otros dos pocitos descubiertos en la comunidad de La Florida, a un costado de la carretera.

Y así, de dos en dos, de pocito en pocito, de tajo en tajo, la región Carbonífera es una zona con agujeros por todos lados, una especie de queso gruyer.

“La región solo ha sido aprovechada y hoy en día es una región muerta. Se acabó todo. Se abandonan y quedan los lomeríos, y sufriendo por escasez de agua”, critica el ingeniero Guillermo Iglesias.

No se requiere tener una especialidad en minería para darse cuenta de que la región está dañada y que si las autoridades no quieren verlo es porque no se quieren meter en problemas, asegura Navarro.

“Aquí parece como zona de guerra”, describe Matías Zamora mientras mira uno de los enormes tajos que tiene cerca de su casa. Este hombre, que tiene más de dos décadas viviendo en Cloete,  perdió toda confianza en la ley.

“Nunca ha habido respeto ni por la ley ni por las casas de la gente ni por el trabajo de la gente”.

Su última carta fue denunciar la devastación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que en 2018 emitió la recomendación 62/2018 por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, medio ambiente, vivienda adecuada, salud y otros derechos humanos por la explotación de carbón mineral en Sabinas, particularmente por casos en Agujita y Cloete.

A la par de la recomendación por los casos Agujita y Cloete, la CNDH documentó un “importante” número de centros extractivos que realizan sus actividades dentro de lotes que corresponden a concesiones canceladas o superficies que en ningún momento estuvieron amparadas por los respectivos títulos.

Además, la Comisión encontró un número “importante” de lotes mineros ubicados parcial o totalmente dentro de superficies comprendidas en poblados, áreas naturales protegidas, cuerpos hídricos incorporados al régimen de aguas nacionales o vías generales de comunicación, y que, en todo caso, deberían haber cumplido los requisitos que dispone el artículo 20 de la Ley Minera que establece que en esos casos sólo podrían haberse realizado los trabajos con autorizaciones o permisos específicos.

Para la abogada Itzel Silva de Fundar, el Estado tiene que ajustar toda su estructura para garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento en la materia, esto incluye armonizar la legislación con el marco internacional que habla, por ejemplo, de que los estudios de impacto ambiental deben ser realizados por entidades independientes para no perder objetividad, en conjunto con pueblos y comunidades; documentar los impactos negativos incluyendo a la gente del territorio; mirar el territorio en su integralidad y comunicar a la gente de las comunidades, poblados o núcleos agrarios sobre los trabajos y afectaciones.

Silva detalla que lo anterior se estipula como una obligación para el Estado mexicano con base al Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal tratado internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, pero que atendiendo el principio propersona debe aplicar para cualquier proyecto y no solo en territorios indígenas.

Pero eso está lejos de darse, al menos en Coahuila. A la gente prácticamente le venden que así se vive en un pueblo minero, “así va a ser y así tiene que ser”, cuenta el ingeniero Horacio Domínguez.

Problema de estructura

Desde hace casi 20 años, la Semarnat ha autorizado 90 cambios de uso de suelo para la minería en Coahuila, equivalente a más de 4 mil 500 hectáreas del territorio estatal, según una respuesta a una solicitud de información. Más de la mitad de las hectáreas autorizadas han sido para la extracción de carbón.

Lo que está haciendo la Ley Minera es quitar cualquier obstáculo y facilitar el acceso a los territorios y recursos, asegura Silva. “Es indispensable cambiar la ley, cambiar la utilidad, cambiar la vigencia de las concesiones […] se necesita una nueva ley minera que contemple un estudio acerca de los impactos ambientales, sociales, culturales y de derechos de las personas”, dice la abogada.

Si le preguntan a Matías Zamora de impactos, él va a contar cómo muchos vecinos ya fueron desplazados, que muchas casas quedaron cuarteadas, que mucha de la tierra está suelta y se hunde cuando se pisa, que en las noches o cuando sopla el viento, se vienen los olores de los desechos mineros y que tiene miedo cuando llueve porque parece que todo se desgaja como mazorca.

¿Cuál es el límite?

“¿Cuál es el límite de la destrucción?”, se cuestiona el ingeniero Horacio Domínguez. Y él mismo responde que el único límite sería que se acabara la energía no renovable y poner los ojos en otras energías.

“Pero aquí no estamos preparados para eso. Aquí puro carbón, puras minas. No hay trabajo, la gente está acostumbrada a trabajar en la minería”, dice con aires de resignación.

Ana Sofía Tamborrel, coordinadora de Justicia Climática en Iniciativa Climática de México, sí cree que es factible una reconversión, pero considera que tiene que hacerse desde la perspectiva de las y los actores locales, poniendo a las personas al centro.

Se debe hacer una transición justa que incluya a todas las personas que hoy dependen de una industria del carbón que hace mucho daño al medio ambiente y a la salud. Tamborrel refiere que la contaminación por la quema de carbón alcanza hasta 150 kilómetros a la redonda y se estima que existen 430 muertes al año a consecuencia de respirar esa quema. Además, hasta 900 kilos de mercurio se depositan en los acuíferos.

En México, las carboeléctricas (dos de tres están en Coahuila) que queman el carbón de la zona, produjeron en 2020 el 4% de la generación de energía, pero emitieron el 10% de los gases de efecto invernadero, de acuerdo con Ana Sofía Tamborrel.

Aunque todo el país se beneficia de la extracción de carbón, son pueblos específicos los que resultan afectados. Como el pueblo de Cloete, de menos de 3 mil 500 habitantes, donde Matías Zamora, el sobreviviente, pensó alguna vez en migrar.

“Me golpearon, ya me hicieron mucho daño. Ya qué caso tiene”, concluyó para decidir quedarse. “Si me hubieran dado un buen arreglo, a lo mejor. Pero con tantos golpes, amenazas”.

El daño, añade, ya lo lleva dentro.

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.