Desde el 2015 la violencia de parte de grupos del crimen organizado obligó al menos a 120 habitantes de las comunidades indígenas de El Manzano y Monterde a abandonar sus hogares. Dentro de las recomendaciones que hace la CNDH está la presentación de una iniciativa de Ley de Prevención y Atención del Desplazamiento Interno Forzado en Chihuahua.

Texto por Raúl Fernando en Raíchali 

Fotografías cortesía de CEDEHM

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobierno del Estado de Chihuahua que tome acciones para la reparación del daño a víctimas de desplazamiento interno forzado de 120 personas de las comunidades indígenas de El Manzano y Monterde, respectivamente en los municipios de Uruachi y Guazapares, de donde huyeron por violencia relacionada al crimen organizado.

En la recomendación 96/2022 la CNDH reconoce que el Gobierno del Estado y su fiscalía fallaron en proveer a las comunidades un ambiente seguro en el que pudieran vivir y desarrollarse plenamente, así como cometieron faltas e irregularidades en las investigaciones de los delitos que obligaron a estas familias a huir de sus hogares.

Como un comienzo para reparar los daños, la CNDH pidió a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los gobiernos municipales de Uruachi y Guazapares, que realicen un censo de las comunidades, que estas personas sean registradas como víctimas de desplazamiento interno forzado, que provean de medios para que vivan en condiciones dignas, que se avance en las investigaciones y que los agentes del Ministerio Público que hayan cometido faltas en las investigaciones sean sancionados y sean atiendan cursos relacionados con violaciones de derechos humanos.

Esta recomendación responde a una queja interpuesta en 2018 por las organizaciones Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), que acompañan y representan legalmente a estas víctimas, ante la falta de acción de las autoridades.

“La queja se presentó en 2018 a la CNDH porque el primer desplazamiento fue desde el 2015, luego en 2016 hubo otro y 2017 otro y no hubo respuesta ni acciones para detener los actos delictivos del mismo grupo, que en vez de detenerlos se fue fortaleciendo”, dijo Diana Villalobos, directora de CONTEC, en entrevista.

Las familias de El Manzano y Monterde han sufrido homicidios, robos, amenazas, daños a su propiedad y casos de desaparición forzada, todo con el conocimiento de las autoridades. Ya en su condición de desplazamiento forzado interno, han enfrentado condiciones adversas que violan su derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a la salud y el acceso a la justicia.

El desplazamiento forzado afecta a personas en todo el territorio nacional “alterando drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos súbitamente sin un hogar, sin sus pertenencias, sin sus afectos y arraigos, causando reacciones violatorias a derechos humanos por sí mismas, tales como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, desempleo, empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida, incremento de las enfermedades y de la mortalidad, pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, inseguridad alimentaria y desarticulación social”, se lee en la recomendación.

“Nosotros esperamos que esta recomendación fortalezca toda esta perspectiva de derechos que deben ser garantizados a las personas víctimas de desplazamiento. Es clara en desglosar las violaciones que se han cometido en contra de cada población, de esos colectivos y que no deben de repetirse. Estas personas que son mexicanas, que tienen derechos y que como indígenas la pérdida de la tierra tiene una repercusión mucho más fuerte en su vida”, expresó en entrevista Isabel Saldívar, encargada del área de Defensa Jurídica Integral en CONTEC.

La CNDH da plazos de entre cuatro y seis meses para cumplir con estas recomendaciones, pero estos empiezan a contar desde el momento en el que el gobierno las acepta. Aunque la CNDH emitió esta recomendación desde el día 2 de mayo de 2022, hasta la fecha de publicación de este artículo no se han pronunciado al respecto, no se han comunicado con las organizaciones involucradas y ni la Secretaría de Gobierno ni la FGE han respondido a las solicitudes de entrevista.

En octubre de 2019 la CNDH emitió la resolución 94/2019 por otro caso de desplazamiento interno forzado de los municipios de Saucillo, Delicias y La Cruz. El gobierno de Javier Corral la aceptó, pero esta nueva recomendación pide a la administración de Campos que le de seguimiento a ese proceso.

En caso de que los gobiernos rechacen la recomendación, también se les pide que emitan y expliquen su negativa ante la CNDH.

El Manzano, Monterde y la búsqueda de justicia

El 27 de febrero de 2015, dos personas originarias de El Manzano, municipio de Uruachi en Chihuahua, salieron en un vehículo desde San Juanito a Bocoyna. En el camino fueron atacados por un grupo armado. Uno de ellos murió. Un mes después, el sobreviviente estaba en su hogar en El Manzano cuando alrededor de 50 personas, con uniforme verde camuflado y chalecos negros, dispararon a la viviendas de sus familiares. Una persona murió y otra resultó herida.

Después de este ataque, la familia completa huyó a otros poblados del estado, dejando todo atrás. Sus pertenencias y sus casas fueron quemadas por sus agresores y hasta la fecha no han podido regresar a la vida que conocían antes, en la profundidad de la Sierra Madre Occidental.

Las familias denunciaron las agresiones y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) abrió las carpetas de investigación correspondientes, pero no hubo solución a su problema.

En abril de ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la medida cautelar 106-15 para proteger a la familia de El Manzano, a petición de CONTEC, CEDEHM y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac). Esta resolución de la CIDH pidió al Estado mexicano que tomara acciones para “preservar la vida y la integridad” de esta familia.

De acuerdo con Saldívar, con las denuncias interpuestas y las medidas cautelares emitidas por la CIDH el Estado mexicano debió de garantizar no sólo la seguridad de estas personas, sino también garantizarles trabajo y condiciones para que vivan de manera digna.

Pero el apoyo económico que consiguieron de parte de la Secretaría de Gobernación federal sólo llegó a una fracción  de las personas desplazadas y el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), que llegó a más personas, era muy reducido en comparación al apoyo federal. Además, las casas donde fueron alojados estaban en zonas alejadas, sin seguridad y en condiciones inadecuadas.

“Los apoyos que se dieron fueron sumamente exiguos, mínimos e insuficientes. La gente había perdido tierras, había perdido vidas, había perdido muebles, y la autoridad se les hacía que estaba haciendo mucho al prestarles una casita, pero el asunto de la alimentación, de la salud, todo el apoyo psicológico personalizado estaba completamente ausente”, dijo Saldívar.

Además, las personas en esta condición se han visto forzadas a trabajar en actividades en las que no estaban acostumbradas, como la construcción, trabajados que frecuentemente son mal pagados.

En 2016 siguió saliendo gente de El Manzano y de Monterde, municipio de Guazapares, donde una familia vivió una situación similar.  Entre estos grupos, que forman tres familias, la cantidad de víctimas que se vieron forzadas a dejar sus hogares en ambas comunidades asciende a 120 personas, aunque la recomendación 96/2022 reconoce que el número total podría ser mayor.

Estos grupos de familias se establecieron en diferentes poblados del estado o incluso fuera de éste, y recibieron apoyos similares por parte de la FGE aunque de manera dispar.

La CNDH señala que la CEAVE reconoce sólo a 67 personas de estos grupos en el Registro Estatal de Víctimas, por lo que 53 personas afectadas carecen del reconocimiento de la calidad de víctimas de violaciones de derechos humanos y que no han recibido “las medidas de asistencia que requerían para superar los efectos del hecho victimizante, vulnerando con ello el derecho a un nivel de vida adecuada y derecho al trabajo, el derecho de acceso a una vivienda”.

Aún así, la nueva titular de la CEAVE, Janis Aguirre, informó a CONTEC en diciembre de 2021 que el apoyo a estas familias se reduciría en casi 80% porque considera que ya no están en situación de urgencia y que ya están en condiciones de iniciar su proyecto de vida en su nuevo lugar de residencia.

Mientras, las carpetas de investigación permanecieron sin gran avance.

Entre los casos resaltadas por la CNDH están amplios periodos de inactividad en las investigaciones. Por ejemplo, en la Carpeta de Investigación 1 hay cuarenta y cinco meses de inactividad en los que la “Fiscalía de Chihuahua dejo de realizar alguna actividad tendiente a la investigación del homicidio” de la víctima #2.

En el caso de la Carpeta de Investigación 3, por el homicidio de cuatro personas, se registraron 44 meses de inactividad.

“Era muy indignante la incapacidad de las autoridades que no mostraran ni sensibilidad. También los empezaron a criminalizar y a responsabilizar a los desplazados por la falta de investigación. Ellos tenían que decir el nombre, exactamente cómo eran los sicarios o los jefes de los grupos criminales. Si ellos no decían eso por terror, porque venían amenazados, pues ellos no investigaban”, dijo Saldívar.

La CNDH enlista a al menos 17 “Autoridades Responsables” con relación a cuatro carpetas de investigación que cometieron omisiones y fallaron en garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia y a la verdad sobre sus casos a las víctimas, y por lo tanto a acceder a la reparación del daño correspondiente.

En cuanto a las carpetas de investigación de las que tienen conocimiento, ninguna tiene elementos para judiciarlizarse, continuó la abogada.