Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero y promotora de la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, documentó en 2021 por lo menos ocho casos en cuatro hospitales donde se negaron a interrumpir el embarazo a niñas, adolescentes y mujeres que fueron violadas

Texto: Arturo de Dios Palma en Amapola

Fotografía:

21 de febrero del 2022

Chilpancingo

La nombraremos María. Es una niña de nueve años que el 14 de febrero llegó junto con una familiar al hospital general de Chilpancingo, Raymundo Abarca Alarcón, a solicitar la interrupción del embarazo.

María fue violada.

La solicitud la hicieron conforme al artículo 159 del Código Penal del estado: con una denuncia penal por el delito de violación sexual y con la autorización expresa del Ministerio Público para la interrupción.

En el hospital se negaron, incluso, intentaron convencerla para que lo continuará. El caso trascendió a los medios de comunicación y obligó a que las autoridades de Guerrero reconsiderar la negativa.

Tres días después, en otro hospital, el de la Madre y el Niño Guerrerense, le interrumpieron el embarazo a María.

Este caso no es el único, en los hospitales de Guerrero es constante la resistencia por interrumpir embarazos productos de violación sexual.

Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero y promotora de la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, documentó en 2021 por lo menos ocho casos en cuatro hospitales donde se negaron a interrumpir el embarazo a niñas, adolescentes y mujeres que fueron violadas.

Gutiérrez Sotelo hace el recuento. En julio, al hospital de Chilpancingo llegó una joven me’phaa que fue violada sexualmente para solicitar la interrupción del embarazo y se lo negaron. Le dieron largas hasta que una médica, por su cuenta, le dio una pastilla.

Dos meses después, al hospital de Iguala llegó una niña de 14 años embarazada. Fue violada y presentó su denuncia ante el MP, sin embargo, personal del DIF municipal la convenció para que continuará con el embarazo.

En octubre, en Ayutla, una adolescente de 17 años solicitó la interrupción del embarazo, tras haber sido violada por su novio. En el hospital de ese municipio le negaron el servicio y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres la acompañaron a la Ciudad de México a practicarse el aborto.

Ese mismo mes, llegó una niña de 13 años al hospital de Chilpancingo, después de que le negaran la interrupción del embarazo en un centro de salud en el municipio de Juan R. Escudero. Hubo resistencia y después de días, por la presión de organizaciones, accedieron a practicar el aborto.

En noviembre, una niña de 13 años que fue violada por su hermanastro, llegó al hospital de Taxco con la denuncia y la autorización del MP para la interrupción del embarazo. Se lo negaron. Al final accedieron, pero la enviaron a un centro de salud.

“Accedieron porque intervenimos, pero con mucha violencia. El director la envió al centro de salud a tomar el medicamento pues no quería que mancharan su hospital”, recuerda Gutiérrez Sotelo.

En diciembre, una mujer de 30 años con discapacidad cognitiva, solicitó la interrupción del embarazo en el hospital de Iguala. Fue violada por un vecino, un hombre de 70 años. Se lo negaron pero por la intervención de organizaciones practicaron el aborto.

La resistencia no sólo es del sector salud, en los MP también. Gutiérrez Sotelo recuerda el caso de una chica que a los 16 años fue violada por el amigo de su hermano en el municipio de Ometepec.

La chica decidió abortar y junto con sus padres y Viridiana, asistieron al MP a denunciar y a obtener la autorización para la interrupción del embarazo.

La agente trató de convencerla y después puso muchos obstáculos, incluso, ofreció adoptar al niño si decidía tenerlo, luego la hostigó. La amenazó con encarcelarla si descubría que no fue violada. Al final autorizó la interrupción pero envió patrullas al domicilio de la joven hasta que le practicaron el aborto.

En Guerrero se han declarado dos Alertas de Violencia de Género, la segunda por agravio comparado, que ordena homologar el Código Penal con la Norma 046 para garantizar que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual accedan a la interrupción del embarazo sin interponer una denuncia penal y, menos, tener la autorización de un MP.

Hace un mes, en el Congreso local diputadas de Morena presentaron una iniciativa para despenalizar el aborto. Es la tercera en la última década.

Como en las otras dos iniciativas, hay resistencia de diputados y grupos religiosos para que se despanalice el aborto, pero de igual forma existe la exigencia para que se legisle.

A días de la nueva iniciativa, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llamó al Congreso de Guerrero a que modifique el Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

“En el tema de la interrupción legal del embarazo, el Estado mexicano tiene diversas observaciones de organismos internacionales que lo han instado a armonizar su marco jurídico a nivel nacional y subnacional conforme a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y con los que México se ha comprometido” dijo Inmujeres.

El caso de María hizo que volviera el tema de la despenalización del aborto al Congreso y mostró el nivel del debate. La diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez dijo:

“Entonces no sabemos exactamente qué fue lo que le sucedió a esta niña, pero creo que esta historia es desgraciadamente el caso de muchas otras niñas que empiezan su vida sexual y reproductiva a los 10 años y que definitivamente por causa de violación o por causa de que así acostumbran en usos y costumbres, a casarse a muy temprana edad o a juntarse a muy temprana edad, y que tienen más de siete hijos por mujer”.

La primera vez que María y su familia solicitaron la interrupción del embarazo fue en el hospital básico comunitario de su pueblo ubicado en un recodo de la Montaña de Guerrero, de donde la remitieron directamente a Chilpancingo.

El hospital de su pueblo apenas cuenta con lo esencial; no tiene la infraestructura ni el personal especializado para atender un caso como el de María: una niña de nueve años, con pérdida de peso y de alto riesgo.

Eso no sólo ocurre en el pueblo de María sino en toda la Montaña, ninguno de los siete hospitales básicos ni el general de Tlapa tienen la infraestructura, ni cuentan con personal especializado.

En esta región, no sólo se trata de la resistencia permanente del personal médico por interrumpir el embarazo, el problema es estructural: son tantas carencias que no permiten hacerlo de forma segura.

Neil Arias Vitinio es abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Atiende cotidianamente a niñas, adolescentes y mujeres que sufren las diversas violencias a las que son sometidas en la Montaña: los matrimonios forzados, las violaciones sexuales y la más extrema, el feminicidio.

Arias Vitinio ha acompañado varios casos de niñas y adolescentes que fueron violadas y que intentaron interrumpir el embarazo pero se toparon con las carencias de los hospitales, la negligencia en los MP y la asfixiante impunidad.

“Las autoridades de salud y los ministerios públicos no están a la altura para atender este tipo de casos y lo único que pasa es que ponen en riesgo la vida de estas niñas”, dice Arias Vitinio.

Estos son cuatro de los casos que ha documentado Arias Vitinio.

Hace dos años, una niña de 13 años de un pueblo de Cochoapa El Grande fue violada sexualmente por su cuñado, el esposo de su hermana. Cuando la niña tenía cinco meses de embarazo solicitó la interrupción.

Por el tiempo, superaba las 12 semanas que marca el Código Penal del estado para interrumpir el embarazo pero sobre todo por el riesgo, Tlachinollan pidió la intervención de la organización Católicas por el derecho a decidir para que la interrupción se practicará en la Ciudad de México.

“Esa vez nos pareció que por el riesgo que corría la niña era mejor que se lo hiciera en la Ciudad de México donde hay una atención más especializada, acá en la Montaña no hay forma”, explica la abogada.

Arias Vitinio fue testigo directo de la resistencia que existe también en los MP. Hace unos tres años acompañó a dos jóvenes a presentar la denuncia por violación y la autorización para la interrupción del embarazo.

El primer caso fue el de una joven que fue violada por el chofer de una camioneta cuando viajaba hacia el municipio de Alcozauca. Le dieron la autorización un mes después, es decir el embarazo avanzó cuatro semanas.

Cuando llegó al hospital hubo resistencia del personal médico.

“La atendieron porque hicimos un escrito explicando que está la Norma 046 para atender a las mujeres en estos casos de violación”, dice.

Al final aceptaron pero se toparon con la precaria condición de los hospitales de la Montaña: la joven tuvo que pagar, en clínicas particulares, los ultrasonidos porque le exigían dar con exactitud el tiempo de gestación. Luego le informaron que la interrupción la haría un médico general, porque no contaban con un ginecólogo. Tampoco recibió atención psicológica, ni de prevención para evitar una enfermedad de trasmisión sexual. Nada.

Arias Vitinio también acompañó a otra mujer que fue violada mientras iba a trabajar al campo en el municipio de Atlixtac. Interpuso la denuncia penal pero el MP tardó dos meses para autorizar la interrupción del embarazo.

“En este caso la mujer decidió seguir con el embarazo, cuando le entregaron la autorización ya había pasado el plazo y ya había gastado mucho en tanta vuelta”, dice la abogada.

Arias Vitinio documentó otro caso: en 2020 en un pueblo de Acatepec una niña de 12 años fue violada sexualmente por un hombre de 42. Era su vecino. La familia se enteró hasta que el embarazo fue evidente: tenía cinco meses.

El vecino amenazó a la niña, le advirtió que si decía algo asesinaría a su mamá y a su papá. La menor guardó silencio hasta que su vientre se lo permitió.

A este hombre, quien era un funcionario público municipal en ese momento, la familia lo denunció penalmente por la violación. En ese caso no ha pasado nada: el agresor está libre y la niña, ahora de 14 años, es madre.

“A la familia se le informó sobre la interrupción del embarazo, pero no quisieron, nos dijeron que no podían hacerlo por sus creencias: ‘somos pobres pero podremos sacarla adelante’”, explica.