Ordenan a Chihuahua indemnizar a víctima de tortura por agentes de Fiscalía

Ordenan a Chihuahua indemnizar a víctima de tortura por agentes de Fiscalía

Hace seis años un hombre fue torturado para que se declarara culpable de una matanza en Ciudad Juárez y aunque fue absuelto por falta de pruebas, logró ganar una indemnización; también se le debe reconocer su inocencia y dar una disculpa pública

Blanca Carmona en La Verdad

Ciudad Juárez– En 2015, Luis Manuel Barraza Torres fue sometido a actos de tortura por agentes de la Fiscalía de Chihuahua para que se declarara culpable por su presunta participación en una matanza ocurrida en la colonia Felipe Ángeles y aunque 16 meses después fue absuelto por falta de pruebas, el hombre logró que se ordenara al estado el pago de una indemnización por los daños que le causaron.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) ordenó el pago de más de un millón de pesos como indemnización por la tortura cometida por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), se informó.

Además del monto económico, se ordenó al estado una seria de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición a favor de la víctima, entre estas la eliminación de cualquier antecedentes judicial, penal y policiaco derivado de la detención de que fue objeto la víctima, de acuerdo con funcionarios de la Ceave.

Incluso se consideró que solicite la eliminación de las notas periodísticas relacionadas con el arresto y la acusación de que fue objeto la víctima, de todas las plataformas digitales y en los archivos de los  medios de comunicación.

Así como brindarle atención médica y psiquiátrica a la víctima; también, una disculpa pública por parte de la Fiscalía en la que reconozca la inocencia de Barraza y que se diseñen protocolos para la actuación de los policías en materia de derechos humanos, así como capacitaciones.

A la fecha la Comisión ha pagado más 28 indemnizaciones con recursos provenientes del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas (FAAR) del Estado de Chihuahua, constituido en 2018, informaron funcionarios de la Ceave.

Se dio a conocer que la indemnización a favor de Barraza Torres deriva de una resolución emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la número 36/2016, en la que se determina que efectivamente él fue objeto de una severa golpiza, así como de tratos crueles e inhumanos y permaneció recluido en el Cereso de Ciudad Juárez un año y cuatro meses, hasta que la propia FGE retiró los cargos por no contar con pruebas para pedir una sentencia condenatoria en un juicio oral.

Después de que la CEDH emitió la resolución, los responsables se negaron a pagar la indemnización, por lo que víctima presentaron el caso a la Ceave, instancia que emitió una resolución en la que ordena al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas (FAAR) que de forma subsidiaria cumpla con la indemnización, en atención a lo establecido en la Ley General de Víctimas y en el propio FAAR.

“Resolución administrativa que emite la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, a efecto de determinar la procedencia de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por concepto de compensación subsidiaria por violación de derechos humanos a favor de Luis Manuel Barraza Torres, de 32 años de edad, a quien le fue reconocida la calidad de víctima con motivo de la recomendación emanada del expediente no. JUA-FCV-76/2015, emitida por la CEDH”, se indica en la resolución firmada por la asesora jurídica de la Ceave, Bianca Vianey Bustillos González y correspondiente al documento FGE-11C.1/1/285/2021 a la que La Verdad tuvo acceso.

La Ceave determinó que, por el daño moral ocasionado a Barraza Torres, él debe recibir 250 mil pesos y 400 mil pesos por el daño material. Mientras que el padre de Barraza, quien es considerado como víctima indirecta, se le debe indemnizar con 60 mil pesos por el daño moral y con 300 mil pesos por concepto de daño emergente. Lo que en total suma un millón 010 mil pesos.

El Comité Interdisciplinario Evaluador de la Ceave consideró que Luis Manuel fue objeto de una violación grave a sus derechos humanos por el simple hecho de encontrarse en el lugar equivocado en “donde agentes del Estado lo detienen al percibirlo como un supuesto delincuente”, para someterlo a prácticas discriminatorias y a diversas formas de tortura, lo que impacto en su proyecto de vida y le causó estrés postraumático, ansiedad, miedo intenso a un nuevo arresto lo que lo lleva a tener delirios de persecución con rasgos de paranoia, además sufre depresión.

“El haber estado un año cuatro meses en prisión ocasionó graves dificultades económicas debido a los efectos del encarcelamiento y la lucha por la justicia emprendida por su padre. Lo que nos permitió visibilizar y reconocer el impacto de las consecuencias de la tortura en las víctimas y conocer los costos en términos del desgate físico, emocional, moral y económico. Teniendo como planteamiento central reconocer que el trauma que vive una persona tras sufrir un hecho de esta naturaleza, es de muy difícil reparación, en particular porque el agente activo es el Estado”, se lee en el documento.

LA DETENCIÓN, LA TORTURA

El 7 de febrero del 2015, entre las 11 y 11:40 de la noche, cinco personas fueron asesinadas y otras tres resultaron lesionadas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Norzagaray y Tabasco, de la colonia Felipe Ángeles.

Horas después fue detenido Barraza Torres así como Ramón Verdín Uvalle, Gabriel Gustavo Ramírez López y Juan Alfredo Velázquez García. Todos fueron acusados de participar en esa matanza al norponiente de la ciudad, por lo que fueron exhibidos por las autoridades de la Fiscalía ante representantes de medios de comunicación como integrantes de un grupo delictivo.

Sin embargo, en junio del 2016 los hombres fueron absueltos después de que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del proceso penal porque no encontró pruebas para inculparlos. Todos quedaron en libertad, por falta de pruebas, el 7 de junio del 2016.

En la recomendación de la Ceave se relata que el 8 de febrero desde la mañana Luis Manuel Barraza estaba en compañía de tres amigos buscando una casa para uno de ellos y por la tarde se encaminaron a una florería propiedad de uno de los amigos, en el trayecto fueron a comprar cervezas. Al llegar a la florería, él sintió frío y decidió ir a su casa por una chamarra, al estar cerca de su vivienda agentes estatales lo obligaron a bajar de su automóvil, un Challenger del año.

Después Barraza fue trasladado a las instalaciones de la FGE de Ciudad Juárez, al área de homicidios donde le mostraron un video captado en un negocio cercano a la casa donde se cometió el multihomicidio y donde al parecer estuvieron los responsables antes de la matanza, y le aseguraron a Barraza que él era uno de los hombres que se observaba en el material.

Luego Luis Manuel fue llevado a un cubículo ubicado al fondo de la oficina de Delitos contra la Vida donde estaban torturando a otros cinco hombres y a él le taparon el rostro con una venda y luego le pusieron la “chicharra” en las manos, espalda y glúteos, se indica en el relato que hizo la víctima.

Después Barraza fue golpeado con los puños, le dieron patadas en la espalda y lo mantenían esposado.

“Además del dolor físico sentía impotencia e indefensión pues además de no poder defenderse ni siquiera podía cubrirse los golpes pues se encontraba esposado. Él les decía que le dolía, pero los agresores no hacían caso a sus quejas, en cambio lo insultaban y le decían que aceptara su culpabilidad, “ya dinos la verdad hijo de tu pinche madre, bien sabes que eres tú”, se señala en el documento oficial.

Mientras que el padre de Luis Manuel señaló que él dejó de trabajar para enfocarse en la defensa de su hijo, acudió a la CEDH, así como a organizaciones de la sociedad civil, e indicó que el encarcelamiento le causó un daño emocional, moral y una afectación a su salud, pues empezó a padecer de diabetes.