Actualización: la mañana del 25 de enero, el gobernador Miguel Barbosa aclaró que fueron 21 en realidad las personas detenidas por el caso, y no 19 como informó la Fiscalía del Estado.

El gobierno de Puebla tardó más de dos semanas en reaccionar luego de que fue hallado el cadáver de un bebé de tres meses en el basurero del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de San Miguel.

Horas después de que organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, como Redim o Reinserta, pidieron en rueda de prensa que el caso de Tadeo, como se llamaba el menor de edad, fuese atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la administración de Miguel Barbosa anunció la detención de 19 personas, entre ellos Jaime Mendoza Bon, encargado del penal.

El anuncio fue hecho por la Fiscalía General del Estado (FGE) pasadas las 16 horas: “la Fiscalía de Puebla solicitó, obtuvo y cumplió órdenes de aprehensión en contra de personal del Centro Penitenciario, incluyendo niveles directivos. Los delitos por los que se investiga a las 19 personas, son: abuso de autoridad o incumplimiento de un deber; infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones; y encubrimiento”.

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A la misma hora el gobierno del estado anunció que el gobernador Barbosa había nombrado a Daniel Iván Cruz Luna como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en sustitución de Rogelio López Maya; y de Jorge Pérez Melchor como subsecretario de Centros Penitenciarios.

Condenan amenaza del gobernador

En la rueda de prensa, las organizaciones encabezadas por Reinserta recordaron que el pasado viernes el mandatario estatal amenazó veladamente a activistas y periodistas que han dado seguimiento al caso de Tadeo, a quienes acusó de hacerlo “con el ánimo de desgastar” y alertó a que tengan cuidado con su actuar.

Estas fueron sus palabras: “Vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo que no sirva también para destruir escenarios, esa es mi respuesta”.

Foto: @daniancira

Por ello, enviaron una carta a las y los legisladores federales de todos los partidos pidiendo que “ante la ambigüedad de las declaraciones del gobernador (…) exhorten al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla para que aclare, ¿de qué o de quién tenemos que cuidarnos?”

“Pero más importante aún, solicitamos la intervención de todas las fuerzas políticas para que se esclarezcan los hechos a la brevedad y se tomen todas las medidas pertinentes para que no se vuelva a repetir un hecho tan atroz”.

Redes de macrocriminalidad en el caso de Tadeo

Desde la óptica de las y los activistas, el caso de Tadeo ya salió de la esfera de lo local, pues involucra la comisión de delitos en dos entidades del país, la Ciudad de México, específicamente el cementerio de la alcaldía de Iztapalapa de donde fue extraído el cuerpo del bebé; y Puebla, donde fue hallado en la basura.

Al respecto, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, sostuvo que hasta el momento las dos entidades federativas han mostrado “poca voluntad política y disposición para hacer una investigación eficiente y expedita en el caso de Tadeo”.

Y agregó que en el caso hay elementos que permiten considerar la intervención del crimen organizado, por lo que sería importante la intervención de la FGR.

“Recordemos que este caso, que es cruel y atroz, no es un caso aislado. Estamos en un contexto de deterioro de la vida institucional y social y con altísimos niveles de impunidad y redes de macrocriminalidad, es decir operadores criminales pero también de políticos corruptos y redes de poder”, dijo Pérez García.

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Por su parte Paola Zavala Saeb, de la Organización Comunitaria por la Paz, puso el énfasis en lo que muestra el caso de Tadeo sobre lo que pasa al interior de las cárceles como la de Puebla, con condiciones que están lejos de servir como espacios de reinserción social.

“Las condiciones de hacinamiento en las cárceles, esta cárcel en particular tiene 103 por ciento de hacinamiento, tiene una capacidad para albergar poco más de  2 mil personas y tienen ahí a 4 mil. Esto quiere decir que las personas no tienen siquiera un lugar para dormir. Hay personas que duermen sentadas en los retretes o amarradas a los barrotes.

“No hay nada que divida a procesados y sentenciados. Alguien que robó unos rines puede estar con una persona que tiene homicidios, trata de personas. Esto genera un ambiente muy complicado con condiciones indignas. Son ambientes muy violentos, son lugares con días, años de olvido”.

Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, la organización que le dio visibilidad al hallazgo del cadáver del bebé, señaló también que el penal de San Miguel está entre los más peligrosos del país, con condiciones de autogobierno por parte de las personas internas.

Y criticó que desde hace meses el penal no cuenta con una persona en la Dirección formal, y solo tiene a un encargado de despacho, lo que habla del desinterés gubernamental por lo que sucede en ese lugar.

Foto de portada: Archivo