El Gobierno Mexicano lleva 3 años de haber sido notificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dos sentencias que lo obligan a realizar acciones incumplidas hasta el momento, a decir de las víctimas. Se trata de la desaparición de 3 personas en el estado de Chihuahua en 2009, y por tortura y violencia sexual contra 11 mujeres en Atenco durante 2006.

Esa falta de resultados la relataron sobrevivientes de ambos casos durante una rueda de prensa conjunta en la Ciudad de México. Ahí hablaron de los obstáculos para acceder a verdad y justicia, además de acusar una ausencia de un compromiso de Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales.

Las 2 sentencias fueron notificadas en los primeros días de la actual administración federal, encabezada por el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Son casos independientes pero las víctimas señalan un mismo patrón: la falta de compromiso de la autoridad para coordinarse con el cumplimiento de las medidas ordenadas por la CIDH.

Caso Alvarado: 12 años sin respuestas

Doce años han pasado desde que 3 integrantes de la familia Alvarado Espinoza, fueron desaparecidas por elementos del Ejército Mexicano. El hecho se registró en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Hasta el momento no se tiene esclarecido el paradero de las víctimas y tampoco existe responsabilidades de los elementos castrenses.

Se trata de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado, vistos por última vez el 29 de diciembre del 2009. La desaparición forzada se dio en el contexto de la militarización de la seguridad durante el gobierno del panista Felipe Calderón. Los daños se han extendido a la familia, pues en la búsqueda de justicia se vio obligada a desplazarse ante el hostigamiento recibido desde la propia autoridad.

En diciembre del 2018 la CIDH declaró la responsabilidad contra el Estado Mexicano, lo que suponía para las familias una ventana para acceder a la justicia, pero no ha sido así.

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En la rueda de prensa para hablar del caso estuvieron Paola, Sitlaly y Rosy Alvarado, así como Patricia Reyes, todas familiares de las víctimas.

“Hace 3 años que escuchamos la sentencia nos sentimos contentos porque era una sentencia justa”, dijo Paola. Pero hoy en día han visto una indiferencia del gobierno, “es preocupante que al gobierno no le interese resolver el caso. Seguimos sin verdad ni justicia”, añadió.

La Corte estableció en su sentencia una serie de acciones que debía realizar el Estado Mexicano, entre ellas una búsqueda e investigación, atención psicológica para las familias, realizar un acto público para reconocer su responsabilidad por la desaparición forzada y la no protección de la familia, publicación y difusión de la sentencia, medidas de protección a la familia desplazada, entre otras cosas, pero ninguna ha sido cabalmente atendida.

En abril y septiembre del 2019 se realizaron reuniones para revisar el documento completo y las obligaciones para el gobierno, detalló Sitlaly. En la primera fecha la autoridad se comprometió a cumplir todo para marzo, pero no se logró. Luego en septiembre se les aseguró que quedaría lista ese mismo mes, sin conseguirlo.

Esta última promesa se las hizo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, a quien le han pedido reunirse durante los 2 años recientes sin tener respuesta.

De los puntos acordados, la publicación de la sentencia si se dio, pero a destiempo, condenaron. También se dio parte de las indemnizaciones, aunque no se ha finiquitado del todo. “Ha sido una lucha muy complicada. Hay una falta de interés real del gobierno federal. Hoy viajamos 2 mil kilómetros para insistir nuevamente que se cumpla: queremos justicia, queremos verdad, queremos que nos escuchen”, agregó Sitlaly.

En cuanto a las búsquedas, la más reciente se hizo el 25 de octubre pasado. Asdetalló Rosy Alvarado, hermana de José Ángel, prima de Nitza y tía de Irene, las 3 personas desaparecidas.

Ahí se reunieron con la autoridad en el ejido Benito Juárez y caminaron durante 4 horas para llegar a unas minas. Al llegar, solo vieron hoyos y el personal gubernamental argumentó no tener las herramientas necesarias para entrar a buscar.

“Queremos un plan de búsqueda estratégico. Que hagan la búsqueda con todos los recusos. Que no vengan y digan ‘vamos a la búsqueda’ y no lleven lo que necesitan”, condenó.

Ruth Fierro, estableció que no se ve en el gobierno un proceso ordenado y continuo para cumplir la sentencia.

Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que ha acompañado el caso y que lo llevó a las instancias internacionales. “No solo es brindar la verdad y la justicia, sino el incorporar medidas estructurales para no volver a repetir este tipo de casos”, apuntó.

La sentencia era vista como una oportunidad para brindar una reparación integral a las familias y para que el Estado mexicano adoptara varias medidas estructurales. Éstas tendrían que ver con la militarización de la seguridad y la creación de un registro único de personas desaparecidas. También en la capacitación de fuerzas de seguridad.

Sin embargo, lejos de eso, el 11 de mayo del 2020, el gobierno publicó el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. El documento estaba firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A la par se dio la reforma a la Ley General de Víctimas. En ésta se desapareció el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que no solo serviría para terminar de indemnizar a las víctimas del caso sino a muchas más.

En febrero de 2010, López Obrador se entrevistó con una delegación de familiares y les prometió respuestas en caso de algún dia estar en el poder.

“Él nos dijo que si tuviera el poder, nos ayudaba, que no ibamos a batallar y le creimos”, relató Rosy. “Y no ha pasado nada, seguimos igual o peor, porque si tiene el poder y ¿que es lo que hace?, saca a sus guarros a las calles a seguir matando gente”, continuó y con eso hizo referencia a Yéssica Silva, la mujer asesinada por elementos federales el año pasado durante los enfrentamientos con civiles por el control de las presas en Chihuahua.

Atenco, se obstaculiza desde la Fiscalía del Edomex

Este caso se refiere a hechos de tortura sexual y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de 11 mujeres durante un operativo policial del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.

Acá no existe investigación para dar con la responsabilidad de las autoridades involucradas, mientras que la Fiscalía del Estado de México se niega a entregar el caso al fuero federal, sin que la Fiscalía General de la República le exiga avanzar.

“Parece que existe una actitud cómplice de no tocar a la Sedena ni a la cadena de mando, y mientras no haya esa voluntad, no vamos a avanzar”, dijo Edith Rosales, una de las denunciantes por tortura sexual.

Para Claudia Hernández, otra de las denunciantes, pasó lo mismo con el ánimo que en Chihuahua en el caso Alvarado: con la sentencia de la CIDH hubo esperanza. “Hubo esperanza de que iba a haber responsables, y en la alternancia política (con el triunfo de AMLO), pero nos hemos encontrado, con tristeza profunda, de la mala coordinación y falta de voluntad por cumplir con esa sentencia”.

Uno de los pasos que esperaban era la creación del Observatorio Independiente del Uso de las Fuerzas Públicas, sobre todo en el contexto de militarización que se mantiene en el país, pero no existen indicios de crearlo.

Acá la rueda de prensa realizada este martes 7 de diciembre