Juan Arturo tardó casi un año en volver a casa desde que su familia reconoció la hebilla de su cinturón en una fosa clandestina ubicada en un pozo antiguo en medio de áridos campos en Quecholac, Puebla. El proceso de identificación y entrega de los restos no debía haber durado más de cuatro meses según lo dicho por peritos a las familias, aún así duró casi 11, alargando el dolor de la familia del joven, desaparecido desde el 18 de diciembre del 2017 en la localidad de Guadalupe Enríquez del mismo municipio.

Así como él, muchas personas quedan en el olvido burocrático, por lo que permanecen meses y años sin ser identificadas. De acuerdo con una solicitud de información hecha a la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero de 2014 al 7 de octubre de 2021 han ingresado 9 mil 721 cuerpos y restos humanos al Servicio Médico Forense (Semefo), de los cuales mil 107 siguen sin ser identificados: esto es el 11.4 por ciento del total.

El hecho de que los procesos sean tan tardados, dice María Luisa Núñez, fundadora del colectivo “Voz de los desaparecidos”, revictimiza a las familias y alarga el dolor y la incertidumbre. “Es demasiado tardado, es un martirio para nosotros como familiares, que pasan semanas, meses, no sabemos a quién encontramos y a quién no. Es otro crimen el que las familias tengamos que estar enfrentándonos a estos procesos tan tardados e inciertos”.

Los restos de Juan Arturo fueron entregados a su familia a finales de julio de este año; sin embargo, un mes antes, la FGE todavía no tenía el registro oficial de la identificación del joven, de acuerdo con una solicitud de transparencia respondida el 28 de junio de 2021.

Fallas en Ministerios Públicos y falta de personal capacitado

Para María Luisa el retraso de los procesos responde a una falla de origen desde los Ministerios Públicos encargados de llevar las investigaciones y hacer los levantamientos, aunado a falta de personal capacitado.

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Como el caso de Jonathan Leyva Arriaga, desaparecido el 23 de mayo de 2019 en Huauchinango y encontrado sin vida el 14 de junio de 2021 en un paraje del mismo municipio. A su hermano Juan, que fue quien halló los restos de Jonathan, las autoridades le dieron un plazo máximo de 15 días para entregarle los restos del joven quien tenía 21 años de edad cuando fue visto por última vez; sin embargo la Fiscalía tardó más de mes y medio en darle el cuerpo a la familia.

Pese a que desde el 6 de marzo de 2020 el Semefo pasó oficialmente a manos de la FGE, acción que buscaba, según el propio Fiscal Gilberto Higuera Bernal, fortalecer la procuración de justicia, los familiares de personas desaparecidas no han visto hasta ahora —a un año ocho meses— ningún cambio favorable en los procesos. Antes el Semefo era parte del Tribunal Superior de Justicia, siendo Puebla una de las últimas entidades en hacer esta transición.

Un ejemplo de la crisis de identificación forense que atraviesa la entidad es lo ocurrido en los dos pozos en Guadalupe Enríquez, Quecholac, que fueron usados para aventar cuerpos.

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La fundadora de “Voz de los desaparecidos” dijo en entrevista que quienes primero entraron fueron bomberos, y no agentes del Ministerio Público ni peritos especializados. Los bomberos no son especialistas, no conocen las técnicas correctas de documentación y levantamiento de cuerpos. Y si bien los restos estaban completos, incluso con ropa puesta, los sacaron de los pozos de manera desordenada, lo que hará más difícil y larga la identificación.

Foto: Olga Valeria Hernández

Así, a un año de los hallazgos, los especialistas todavía no determinan a quién pertenece cada parte de los cuerpos.

El otro gran problema es la falta de personal especializado. María Luisa dice que hay cerca de tres peritos antropólogos para atender a todo el estado, e igual pocos criminalistas y genetistas; tan solo tres peritos para una entidad en la que hay más de 3 mil personas desaparecidas.

“El problema radica en que el trabajo de inicio no se hace con la pericia necesaria, los expertos que tienen que intervenir desde el principio no están. Entonces se hace un desastre posterior, lo que complica totalmente el que puedan entregar un trabajo dentro del tiempo razonable”, comenta.

En el pozo dos en Quecholac se encontraron los primeros restos el 5 de octubre de 2020, y los hallazgos siguieron hasta noviembre. En ese momento el personal especializado dijo a las familias que los resultados de genética estarían en un lapso no mayor a seis meses, pero ya se está cumpliendo un año de dichas labores sin noticias al respecto.

“Cómo voy a saber yo que me puedan decir si es mi hijo o no, cómo voy a saber que todos los restos que me van a entregar corresponden a él, si todavía no tienen completamente armado el esqueleto. Eso genera violencia en los familiares, ¿cómo voy a saber que me van a dar a mi hijo, que pusieron el cráneo de mi hijo en su cuerpo, o si no se lo dieron a otra familia?”, se cuestiona María Luisa, quien busca a su hijo Juan de Dios Núñez Barojas, desaparecido el 28 de abril de 2017 en Palmar de Bravo junto con Abraham y Vicente Basurto Linares.

FGE sigue reportando menos fosas de las encontradas

Foto: Olga Valeria Hernández

En febrero de este año LADO B documentó que de 2012 a noviembre de 2020 la FGE tenía registro de solo 14 fosas clandestinas. Al 28 de junio de este año, la FGE reportó que de 2012 a mediados de 2021 había encontrado 23 fosas clandestinas en la entidad, o sea, 39 por ciento más en comparación a la cifra reportada un año y cuatro meses antes.

Esto quiere decir que en 16 meses fueron localizadas nueve fosas clandestinas, entendiendo a éstas como entierros ilegales o inhumaciones irregulares.

También esta casa editorial hizo una revisión hemerográfica de las fosas clandestinas en el estado, y tan solo de 2018 a junio de 2021 se encontraron 35 entierros clandestinos en 26 municipios, lo que aún representa una cifra superior a la oficial.

Desde febrero, este medio reportó que mientras que las autoridades reconocían oficialmente 14 fosas, el registro hemerográfico y la base de datos hecha por LADO B documentó al menos 23 entierros clandestinos, casi el doble de los reportados por la Fiscalía.

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Los hallazgos en las fosas clandestinas tampoco han sido procesados correctamente ni con prontitud, pues de acuerdo con la respuesta de transparencia de la Fiscalía, se han encontrado 23 cuerpos y diez fragmentos óseos y restos humanos en fosas o inhumaciones clandestinas, dando un total de 33 posibles personas, de las cuáles solo dos han sido identificadas: un hombre en Palmar de Bravo y otro en Francisco Z. Mena, ambos encontrados en 2019.

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De los cinco cuerpos encontrados en el pozo dos de Quecholac, sólo se han identificado parcialmente a tres, pero las familias no saben quiénes pueden ser.

María Luisa dijo que en Puebla hay cerca de 3 mil personas desaparecidas, y si se toman en cuenta las mil 107 que siguen sin identificar en el Semefo, serían casi 40 por ciento que podrían ser ya localizadas si los identificaran.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández