Familiares de yaquis desaparecidos demandan acceso a la investigación

Reuniones de la Tribu Yaqui y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre el 18 y 20 de agosto de 2021, en Loma de Bácum, Sonora. Crédito: Rastreadoras de Ciudad Obregón.

A más de 3 meses de la desaparición de 7 integrantes de la tribu yaqui, y tres trabajadores de rancherías en Loma de Bácum, familiares exigen a las autoridades claridad en los procesos de investigación, así como acceso a las carpetas de investigación

Texto: Alejandro Ruiz en Pie de Página

Foto: Rastreadoras Ciudad Obregón

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de los 10 integrantes de la tribu yaqui desaparecidos el 14 de julio denunciaron que las autoridades estatales han cometido omisiones en la búsqueda.

El motivo de la denuncia, señalaron, es la opacidad con la que la Fiscalía del Estado de Sonora (FGJES) ha llevado el caso.

Argumentaron no tener acceso a la carpeta de investigación, ni información sobre la ruta que el personal de la Fiscalía está siguiendo para dar con el paradero de sus familiares.

Asimismo, reclamaron en una conferencia virtual este martes que aunque el 19 de septiembre la FGJES anunció que, después de ser identificados por pruebas genéticas, habían sido hallados los restos óseos de 6 personas yaquis y una no indígena, las familias desconfían de estos resultados, pues en ningún momento se les ha mostrado la evidencia científica de las pruebas.

“Desde el 19 de septiembre se habla, de manera general, de los restos hallados en el rancho de Chichiquelite, con respuestas muy políticas hacia los familiares”, señaló Anabela Carlon, vocera de las familias de los desaparecidos.

Y agregó que el pasado 25 de octubre, en un encuentro con las autoridades, se explicaron “los detalles de los hallazgos sin entregar ningún dictamen que acredite la evidencia expuesta en la reunión”.

“Nos dijeron ‘los dictámenes serán agregados al expediente’, pero como víctimas indirectas no se ha tenido acceso a la carpeta de investigación”, señaló Carlon.

Soportar la incertidumbre

Durante la conferencia virtual, las familias de los desaparecidos reclamaron que, aunque la Fiscalía les asignó un abogado de oficio, éste no se había comunicado con ellos hasta el martes de esta semana.

“Esto fue una limitante para que los familiares no hayan tenido acceso al expediente ni a la carpeta de investigación”, señaló Anabela Carlon.

Pese a esto, y aunque las familias han exigido tener acceso a la carpeta de investigación, las autoridades de la Fiscalía les pidieron ser “sigilosos” con la investigación.

“Los familiares son los primeros que quieren dar con el paradero de sus desaparecidos, para sentir esa sensación de que la justicia existe y que no quede impune este crimen de lesa humanidad”, señaló Carlon criticando el argumento de la Fiscalía para negarles el acceso a la carpeta de investigación.

Por su parte, Argiel Arballo, hijo de Artemio Arballo Canizales, uno de los rancheros desaparecidos junto a los 7 integrantes de la tribu yaqui, denunció que ha habido violaciones a la cadena de custodia en algunos objetos encontrados por los familiares en búsqueda.

Las familias han exigido que se les devuelvan estos objetos, pero el martes, señaló Argiel, “se notificó que los objetos no han sido entregados, han sido retenidos, por carácter de investigación. Al terminar la investigación serán entregadas a las víctimas indirectas”.

Y agregó que ya existen órdenes de aprehensión en contra de los presuntos culpables, aunque aún no hay certezas de si los hallazgos realizados desde septiembre corresponden a sus familiares.

“Tenemos la inquietud de cuántos restos óseos han sido identificados, y la exactitud de saber a quién corresponde y qué tipo de pruebas se hicieron a los restos para confirmar los empates genéticos”, afirmó.

Entre las exigencias presentadas por los familiares ante la FGJES resaltan:

1.- La realización de un peritaje independiente para confirmar las muestras genéticas de los restos óseos encontrados, el cual será pagado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y correrá a cargo de peritos forenses de Guatemala.

2.- Acceso a la carpeta de investigación del caso

3.- Apoyo económico y psicológico gestionado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para los gastos de las familias. 

“Tenemos derecho a la verdad”, concluyó Argiel Arballo.