Entre protestas, Astudillo deja un gobierno colapsado financieramente

Texto: Jesús Guerrero en Amapola

Fotografía: José Luis de la Cruz 

13 de octubre del 2021

Chilpancingo

En el 2015, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que recibía un gobierno con un quebranto financiero de 15 mil millones de pesos, pero el próximo viernes 15 que deje el cargo a la morenista Evelyn Salgado Pineda, le heredará deudas y además observaciones de irregularidades por 3 mil 139 millones 450 pesos de recursos públicos de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo por el ejercicio fiscal del 2019.

El priista se marcha, además, entre protestas de burócratas estatales que tienen tomados el Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia y otros edificios públicos en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Atoyac, y de médicos, enfermeras y administrativos que tienen parada las labores en 14 hospitales y 400 centros de salud en Guerrero, por el reclamo, entre otras cosas, de las deuda de más de 13 mil millones de pesos al ISSSTE.

En marzo pasado, el Ejecutivo del estatal envió una iniciativa de ley al Congreso local para que declararan la deuda a esta institución social que, según el propio Astudillo Flores, data de hace varias administraciones estatales, como deuda pública.

La pasada legislatura, la 62, no aprobó dicha deuda y en la actual hay oposición de diputados de Morena, fracción que es mayoría en el Congreso local, para que pase y, además, planean que se investigue a los ex gobernadores por haber dejado este adeudo que originó que a los trabajadores del estado les retiraran 21 prestaciones sociales que debe garantizar el ISSSTE.

En este año, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, informó haber atendido 82 acciones, 34 pliegos de observación, solicitudes de aclaración, procedimientos administrativos y sancionatorios y 35 recomendaciones por un monto de 3 mil 139 millones 450 pesos, derivado de las observaciones que realizó a diversas dependencias del gobierno estatal la ASF.

Las dependencias estatales a las que se les requirió para que solventen los recursos son la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Fiscalía General Estado (FGE), el Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional (Conalep), el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física y Educativa (IGIFE), la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg).

En el 2015, el gobierno de Astudillo Flores heredó una deuda pública de 2 mil 588 millones de pesos que se tenía con diversas instituciones bancarias privadas y de desarrollo.

Sin embargo, en la iniciativa de ley de egresos del 2021 que aprobó el Congreso local en diciembre del 2020, esta deuda pública histórica que data desde hace casi 30 años, bajó en el gobierno de Astudillo Flores a mil 774 millones, 507 mil pesos.

Ortega y Aguirre, también dejaron boquete financiero

En el 2015, el entonces gobierno entrante de Astudillo Flores destacó que de los 15 mil millones de quebranto financiero que heredaba de su antecesor Rogelio Ortega Martínez, sólo 13 mil 50 millones de pesos correspondían a la secretarías de Educación, Salud y Administración y Finanzas.

Pero también reveló que de acuerdo con los resultados de varias auditorías que realizó la ASF de los tres años de gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011 a 2014) detectó irregularidades financieras por un monto de 8 mil 698 millones de pesos de 22 programas de fondos federales.

Entre los funcionarios de la administración de Aguirre Rivero involucrados en esas irregularidades estaban David Jiménez Rumbo de la Secretaría de Desarrollo Social, Leonardo Vázquez Pérez de Seguridad Pública, Lázaro Mazón Alonso de Salud y Silvia Romero Suárez de la SEG.

Las irregularidades detectadas eran la falta de pagos a las aportaciones salariales de los trabajadores al ISSSTE y al SAT.

El gobierno de Astudillo Flores nunca informó si fueron sancionados los funcionarios responsables de este quebranto financiero o resarcieron el recurso financiero.

Obras inconclusas y otros pendientes de este gobierno

En Chilpancingo, el gobierno de Astudillo Flores empezó dos obras públicas que no concluyó y por las que hay denuncias de corrupción contra su administración.

Una de estas obras que la administración astudillista la presumió como la «estrella» de su gobierno, es el parque lineal que está sobre dos plataformas del encauzamiento de río Huacapa, a unas seis cuadras del centro de la ciudad.

En la obra que tiene una longitud de 1,600 metros se invirtieron 63 millones 469 mil pesos, pero no funciona.

La ciclopista quedó cancelada y todo lo demás: baños, cafetería y los stands.

A mediados del 2018, luego de varios meses de que inició la construcción del parque lineal (marzo del 2017), el entonces secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Rafael Navarrete Quezada, actualmente diputado local del PRI, reconoció que dicha obra fue auditada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental por una serie de irregularidades que detectaron.

Esta obra sigue arrumbada.

Durante marzo del 2019, el gobernador anunció la construcción de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa, al sur de esta ciudad.

El mandatario estatal dio el banderazo para la demolición del edificio antes conocido como Instituto de Educación Básica y Normal (Ineban). Desde el 2014, derivado de los sismos, dicho inmueble se colapsó y, además, tenía daños por los constantes protestas de actores del sector educativo.

Pero de la obra sólo se cumplió con la demolición del edificio, porque los trabajos de construcción los abandonaron desde a finales del 2019.

La dirigencia de la CETEG exigió que se realice una investigación al gobierno de Astudillo Flores y que se castigue a los funcionarios encargados de esas obra en la que se estaban invirtiendo millones de pesos.

A dos días de que deje el cargo, también están activas las protestas de médicos, enfermeras, burócratas y policías estatales en reclamo al pago de bonos, salarios atrasados, viáticos y otros estímulos económicos.

Las protestas han provocado que la ciudadanía de Guerrero se quedara sin varios servicios públicos.

Litigios judiciales suspendidos, sin acceso a trámites de actas de divorcio, de nacimiento, defunción, escrituras; incendios que se dejaron de combatir, pago de impuestos locales y falta de atención a la salud.

La situación más grave es la de la salud, porque desde hace 12 días los 240 trabajadores del Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud se sumaron al paro de labores de médicos y enfermeras de los 14 hospitales y 400 centros de salud.

«No se están tomando muestras de Covid-19 en todo el estado y al momento de que no se tomen no hay para analizar», expresó la dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), Beatriz Vélez Núñez.

Antes del paro de labores había módulos con médicos y enfermeras que realizaban la prueba Covid-19 a la ciudadanía en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, y Taxco, principalmente.

«Todo eso se suspendió porque parece que al gobierno no le interesa la salud», dijo Vélez Núñez, quien espera que en las próximas horas el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) realice el depósito de 65 millones de pesos para que se paguen a los 3 mil 800 trabajadores el Fondo del Estado de Guerrero de Ahorro Capitalizable (FEGAC).

En los 14 hospitales que están en paro sólo se atiende a pacientes graves de cualquier enfermedad, incluyendo a los de Covid-19.

El abogado y contador público, Iván Delgado Peralta, dijo que el paro de labores que estalló hace dos días en el Poder Judicial le ha afectado a su despacho porque las audiencias en un juzgado civil se aplazaron.

«Llevamos juicios de pensión alimenticia y ahora la afectada que tiene que recibir este apoyo económico va a tener que esperar porque los juzgados en materia familiar no están laborando”, contó.

Indicó que igual ocurre en el caso de los impuestos locales o trámite de actas de divorcios o de escrituras que se realizan en oficinas de gobierno del estado.

Las oficinas donde se realizan estos trámites están en los edificios Juan Álvarez y Vicente Guerrero, en el centro de Chilpancingo, y fueron cerrados por los trabajadores.

En el edificio Álvarez están las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección Ecológica y el Registro Público de la Propiedad, en esta última se tramitan la certificación de escrituras de los predios.

«Estamos trabajando en cafés o en nuestro domicilio, pero no es lo mismo», denunció un funcionario de una dependencia de la Secretaría General de Gobierno, que se encuentra en Palacio de Gobierno.

En ese edificio donde despacha el gobernador están las secretarías, la General de Gobierno, la de Administración y Finanzas, la de Desarrollo Social, la de Obras Públicas, la de Seguridad Pública, la de Planeación y Desarrollo Regional, la de la Mujer, la Dirección de Comunicación Social, la de la Procuraduría de Asuntos Campesinos y la del Periódico Oficial.

Son miles los trabajadores que laboran en este edificio ubicado al sur de la ciudad, desde hace 11 días cerrado porque el gobernador sigue sin ordenar el pago de los bonos sexenales, por el día del servidor público y estímulo económico por años de antigüedad y en algunos casos salarios atrasados.

También se han dejado de combatir los incendios forestales debido a que los trabajadores de la Secretaría de Protección Civil hasta este martes tenían tomado el edificio.