El candidato ndé, la autoadscripción indígena y las elecciones en Chihuahua
El candidato ndé, la autoadscripción indígena y las elecciones en Chihuahua
En 2020, un ciudadano de ascendencia pima y apache denunció al estado de Chihuahua por violar su derecho a la participación indígena en las elecciones que se llevarían a cabo el siguiente año. El resultado fue la obligación para los partidos políticos de incluir una cuota de representatividad, una resolución que despertó profundas interrogantes sobre la identidad indígena y sus formas de gobierno.
Texto y fotografías por Raúl Fernando Pérez en Raíchali
Mario Rascón impugnó al gobierno de Chihuahua por violar sus derechos político electorales como persona indígena. Aunque este derecho para los pueblos originarios del país está protegido por leyes locales, federales y múltiples tratados internacionales de los que México es firmante, en Chihuahua estaba inoperante.
El artículo 2 de la Constitución mexicana, que trata sobre los pueblos indígenas del país, por ejemplo, establece la necesidad de representantes indígenas ante el Ayuntamiento en los municipios con población indígena, pero esta ley no se aplicaba en el estado.
Como autoridad indígena descendiente del pueblo apache ndé, que se refugió en la Sierra Madre Occidental para escapar del genocidio, Mario buscó el respeto de este derecho para que su comunidad y los pueblos indígenas del estado en general tuvieran una mayor incidencia en la política.
“Solicito a esta autoridad jurisdiccional que; ante la nula atención dada por las autoridades en el estado de Chihuahua, respecto del derecho político-electoral de ser votado, así como el derecho humano de participación política de los pueblos y comunidades indígenas; tome medidas para asegurar que los derechos antes mencionados sean eficaces, debido a que en el estado de Chihuahua no se cuentan con espacios de participación política en los Ayuntamientos y en el Congreso…”
En un principio, el Congreso del estado desestimó la impugnación de Mario alegando que en ese momento no se encontraban en un proceso electoral y que el actor no contaba con “interés jurídico para promover el medio de impugnación”.
Pero el Tribunal Estatal Electoral (TEE) argumentó en contra del Congreso porque las elecciones en el estado vendrían pronto y había tiempo de tomar las medidas necesarias. El 4 de mayo de 2020, el tribunal deliberó en favor de Mario y declaró que el estado de Chihuahua no había “establecido un mecanismo que resulte efectivo para proteger el derecho de las personas indígenas de acceder, de acuerdo a sus usos y costumbres, a cargos públicos…”.
Para sustentar esta decisión, el TEE se basó en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras leyes locales.
“Se demandó porque no había participación política en los partidos políticos de parte de nuestas comunidades indígenas”, dijo Mario en entrevista con Raíchali. “Se ganó la sentencia y ya por ley se tuvo que… donde hay población de nosotros tiene que haber representación”.
El TEE estableció dos posibles soluciones:
- que el congreso reformara las leyes estatales con previa consulta libre e informada, un requisito para legislar sobre el derecho de los pueblos indígenas
- en caso de no poder realizar la consulta, debido a la pandemia del COVID-19, que el Instituto Estatal Electoral (IEE) tome las medidas compensatorias y acciones afirmativas necesarias para respetar el derecho a la participación política de las personas indígenas, como una medida temporal
Desde el 2018 que diferentes grupos de legisladores ya habían presentado iniciativas (asuntos 8903 y 8981) ante el Congreso para instalar las figuras de regiduría y diputación indígena, pero no procedieron.
La resolución del TEE impulsó al grupo parlamentario de Morena a presentar una iniciativa en junio de 2020, pero las medidas de distancia social hicieron imposible la consulta previa.
Por lo tanto, aunque la ley permanece igual, el IEE obligó a los partidos a registrar personas indígenas en sus planillas en las siguientes elecciones, de acuerdo con la proporción de población indígena en los municipios.
Como resultado, se registraron 423 candidaturas indígenas, de las cuales alrededor de 60 fueron electas para distintos cargos de elección popular, de acuerdo con información proporcionada por el instituto.
En ciudad Madera, dos personas indígenas de la etnia o’oba (llamada pima en español), serán regidoras. Mario se registró como candidato ndé a regidor por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), con el objetivo de mejorar los caminos en las comunidades alejadas de la cabecera municipal, pero no resultó electo.
“Nosotros cuando decidimos entrar a estos procesos electorales fue consensuado con las comunidades y dijimos que nosotros no íbamos a pelear como los partidos políticos,” explicó Mario en entrevista. “Ya ellos irán a ganar un sueldo y harán cosas en cabildo y a nosotros nos da mucho gusto porque si tenemos alguna petición de parte de las comunidades, de las etnias, pues podemos acercarnos a uno de nuestros regidores”.
El camino del reconocimiento apache
Mario es nant’an de la comunidad apache en Madera, un municipio ubicado en la Sierra Tarahumara. Un nant’an es una autoridad tradicional, un jefe para los pueblos apache, y Mario es reconocido como tal en su municipio y por otros nant’an en el norte de México, ahora organizados como Nación N’dee/N’nee/Ndé.
Tanto él como su madre, Reyna de los Ángeles Miranda, escuchaban historias sobre el pasado apache de su comunidad, historias que contaba la gente mayor del pueblo alrededor de las fogatas. En una de estas historias, los guerreros pima, contratados por el gobierno para exterminar a los apaches en esa región del estado, ofrecieron aceptar a los últimos como miembros de su propio pueblo y que así evitaran la muerte.
En un video disponible en YouTube, Reyna de los Ángeles cuenta esta historia y dice que la sangre pima y apache corre por las venas de algunos de los habitantes del municipio, revuelta por la mezcla de los pueblos.
“A MÍ SE ME PLATICABAN ESTAS HISTORIAS CUANDO ERA PEQUEÑA, ALREDEDOR DE ALGUNA FOGATA, MIS ANTEPASADOS ME EDUCARON A MÍ, QUE HABLARA DE ESTO CUANDO YA NO HUBIERA PELIGRO DE VIDA”.
Su familia, como muchas otras en Madera y en todo el territorio que abarcaba la apachería, fue una de las que decidió ocultar su origen e identidad por varias décadas.
En el municipio de Madera también se concentra gran parte de la población indígena pima. Mario antes ya había sido gobernador tradicional por este grupo indígena después de la muerte de su madre, quien ocupó el cargo por siete años.
Juntos fundaron la asociación civil Nativos Apaches O’obas, con el fin de revitalizar su herencia apache, oculta en los hogares y comunidades por el miedo a la persecución mortal que vivió este pueblo a finales del siglo XIX y aun durante el XX, cuando el gobierno del estado les declaró la guerra.
“Es un rescate, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero fue un genocidio el que se hizo, pagaban por las cabezas de nuestros ancestros”, contó Mario, “entonces aunque a muchos les duela aquí estamos los descendientes de aquellas personas que habitaron en Madera y estamos de forma pacífica viendo que se respete el derecho a la comunidad”.
El coronel Joaquín Terrazas, hermano del terrateniente ganadero y exgobernador Luis Terrazas, encabezó una expedición militar que acabó con la vida del apache Victorio y su banda en 1880. Al coronel le erigieron un monumento en 1910 que sigue en pie en Ciudad Chihuahua.
En la placa del monumento “Al Héroe de Tres Castillos”, en referencia al lugar del desierto chihuahuense donde se libró esta batalla última batalla contra Victorio, se lee:
“Combatió siempre por la libertad y el progreso y triunfo de la barbarie en tres castillos”.
Pero este no fue el fin de este pueblo en Chihuahua. La apachería estaba distribuida a lo largo del estado y varios grupos decidieron asentarse pacíficamente o esconderse para evitar la persecución.
La guerra no fue el único medio por el cual se diezmó a las poblaciones indígenas. Las reubicaciones, la asimilación cultural y el proceso del mestizaje, por presiones sociales y económicas, también disminuyeron en gran medida la población indígena y su cultura.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), actualizada por última vez en 2010, sólo unas 867 personas hablan la lengua de los pima, la oichkama no’oka, como llaman a la variante chihuahuense en su idioma. El mismo instituto no tiene ningún registro de hablantes de la lengua ndé o apache en todo el país.
Mario está consciente de esto y, aunque habla un poco la lengua de los o’oba, ya que su madre era hablante, le molesta cuando autoridades del gobierno o instituciones le cuestionan sobre su manejo del idioma de los apaches.
“Muchas veces han llegado personas del gobierno a exigirme ‘oye, hablas la lengua ndé’, y bueno, digo yo, tú hicistes una campaña para matar a todos mis ancestros y ahora vienes y me exiges que yo hable el dialecto de ellos” reclamó Mario, “y luego pues en las escuelas… pues no, no se dio, por el miedo que se tenía de decir que éramos apaches ante con la misma sociedad, ante otras tribus y ante gobierno”.
Con el tiempo, el temor a la amenaza de los apaches se disipó y en Madera, así como en Chihuahua, Ciudad Juárez, y otros poblados y ciudades del norte de México, familias y personas conscientes de su herencia apache buscan reivindicar y fortalecer este legado.
La impugnación contra Mario y la autoadscripción indígena
En cuanto se dieron a conocer los nombres de las personas que buscarían un cargo de elección popular de la mano de partidos políticos, también surgieron denuncias contra personas que decían ser indígenas para cumplir con esta cuota de representatividad. Mario no fue una excepción.
Después de hacerse pública su candidatura, personas ligadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnaron la candidatura de Mario ante el IEE. Argumentaron que este se hacía pasar por indígena apache y privaba a otros del derecho a la representatividad.
La Constitución mexicana establece que es el principio de la “autoadscripción” el que determina quién se considera indígena. Es decir, ante la ley es suficiente con que alguien se identifique a sí mismo como indígena para que se le considere como tal.
La sentencia SG-JDC-153/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación define a la autoadscripción como “el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado nacional”.
Esta misma sentencia establece que la “autoadscripción es el criterio para determinar si una persona es indígena, pues la definición de lo indígena no corresponde al Estado”.
Las autoridades electorales actúan bajo el mismo principio pero, como muchas otras instituciones, han adoptado mecanismos para evitar que personas no indígenas se aprovechen de los beneficios que corresponden a personas indígenas con las que el gobierno tiene una deuda histórica.
Aunque Mario se considera indígena con ascendencia apache y pima, y esto sería suficiente ante la Constitución, fue necesario establecer un proceso para descartar la usurpación de la candidatura indígena.
Es ahí donde entra el concepto de “autoadscripción calificada”. En diferentes estados de la república ha habido situaciones similares, por lo que las sentencias de tribunales y procesos legales han acumulado un conjunto de prácticas que ayudan a validar a identidad indígena de una persona mediante el reconocimiento comunitario.
Claudia Arlett Espino, presidenta provisional del IEE de origen rarámuri, explicó en un foro virtual que la autoadscripción calificada busca demostrar más objetivamente quién sí tiene ese vínculo con una comunidad indígena.
Es decir, la persona que se autoadscribe como indígena sea reconocida como indígena por una comunidad, con documentación o pruebas que reconozcan su pertenencia, sus servicios, su participación en reuniones de trabajo comunales, asambleas, etcétera, emitido por una autoridad o figura de respeto en la comunidad.
Aun así, dijo la presidenta provisional, el proceso no está exento de fraudes.
“SE HAN DADO DIFERENTES DISCUSIONES PORQUE TAMBIÉN AHÍ SE PUEDEN DAR FRAUDE A LAS INTERPRETACIONES O A LAS BUENAS INTENCIONES QUE TUVO EL TRIBUNAL PARA QUE SE FIJARAN LOS CRITERIOS Y LAS CONSTANCIAS QUE CONOCEMOS Y QUE ELLOS MISMOS DICTARON”.
En su caso, Mario presentó cartas de respaldo por parte de la Nación N’dee/N’nee/Ndé y de autoridades tradicionales pima o’oba de su región. Además, las personas que lo impugnaron no acreditaron sus quejas y no le dieron continuidad, por lo que el IEE no tuvo problema en validar su candidatura.
“A cualquier persona le salía lo indígena para ocupar estos puestos, entonces tenemos que poner reglas más estrictas” dijo Gina Gaona, coordinadora de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del IEE Chihuahua, en entrevista con Raíchali. “Es como un laberinto, lo importante es que las comunidades estén conscientes y preparadas para el proceso, para que las personas que salgan tengan el aval de la comunidad”.
Otras formas de gobierno, fuera de los partidos
Cada comunidad indígena tiene su propia forma de hacer política, distinta a la política representativa de los partidos. Su forma de ejercer la democracia es diferente a la de las urnas que instalan las instituciones electorales cada tres o seis años en el país.
De acuerdo con Alma Chacón, directora de Derechos Indígenas en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) de Chihuahua, las acciones afirmativas del IEE no respetan las formas tradicionales de los pueblos indígenas de hacer política ni elegir a sus representantes, pero el instituto electoral hizo lo que podía dentro de sus posibilidades legales.
“Lo que externan, el lenguaje que ellos utilizan no es técnico, es sencillo y entendible, y a ellos les gustaría tener sus propios representantes políticos, elegir regidores pero para todos los partidos, no dentro de los partidos, porque fomentan la división en la comunidad”, dijo la directora a Raíchali.
Entre 2017 y 2019, la Coepi realizó un extenso proceso de consulta a los pueblos indígenas del estado y entre los temas estaba el de la representación política. Aunque no lograron terminarlo debido a la pandemia, de este proceso entendieron que los pueblos preferirían acceder a esos cargos públicos de forma distinta a como lo hacen los partidos en las elecciones.
“Que con independencia del partido que llegara a ganar la elección que se respetaran ciertos lugares para regidores elegidos directamente de las comunidades indígenas”, explicó Chacón.
Al enterarse de la sentencia del TEE en Chihuahua y las acciones afirmativas que el IEE tendría que implementar, la Coepi emitió una recomendación técnica basada en las respuestas obtenidas en la consulta y en experiencias similares en otros estados.
El instituto, al no estar obligado a seguir tales recomendaciones, hizo lo que la ley le permitió y se limitó a obligar a los partidos políticos a incluir personas indígenas dentro de sus planillas, sin respetar los usos y costumbres de cada pueblo, explicó Chacón.
Un cambio profundo en las leyes estatales y electorales respecto de la representación indígena en la política requeriría de una nueva iniciativa en el Congreso respaldada por una nueva consulta a los pueblos indígenas del estado.
Para Mario, que a pesar de no haber ganado en la elección sigue con ánimos de trabajar por su comunidad, es una cuestión de rendición de cuentas.
“Se tiene que trabajar porque, si trabajamos los que no recibimos dinero, pues ahora los que están recibiendo tienen que demostrar qué es lo que van a ofrecer al pueblo, porque pidieron apoyo y se les dio. Pidieron actas para estar ahí y se les dio, entonces al momento de pedir, pues ya les toca el dar”, dijo.
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