Falta de supervisión y desigualdad económica: problemas para acceder a la rehabilitación

Falta de supervisión y desigualdad económica: problemas para acceder a la rehabilitación

La diputada Paola Ruíz presentó una iniciativa al Congreso para regular los centros de internamiento que buscan tratar las adicciones, los cuales se han proliferado ante el aumento del abuso de sustancias; sin embargo, las múltiples causas que producen las adicciones no han sido atendidas a profundidad ni tampoco la forma de tratarlas.

#AlianzadeMedios | Por Fernando Merino Noriega de Lado B

De abril a junio de este año, cuatro personas han sido asesinadas en centros de rehabilitación en Puebla. Todos los casos ocurrieron en lugares sin reconocimiento de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), a los que las víctimas acudieron para tratar su adicción a las sustancias; donde, en su lugar, encontraron la muerte. Aunque esta es la muestra más grave de la falta de supervisión de estos lugares, quienes entran también se enfrentan, en ocasiones, a inanición, tratos degradantes y golpizas.

El que las personas acudan a rehabilitarse a espacios sin condiciones adecuadas se debe, además de la falta de supervisión, a la desigualdad económica: quienes tienen el dinero suficiente ingresan a clínicas especializadas para tratarse, pero las personas que no cuentan con recursos económicos ingresan a espacios que carecen de infraestructura y atención adecuada, dice a LADO B Angélica Ospina Escobar, investigadora del Programa de Política de Drogas del CIDE.

La especialista explica que la Conadic clasifica a los centros de rehabilitación en tres: profesionales, los cuales son coordinados por especialistas en el tratamiento de las adicciones; centros de ayuda mutua que siguen la filosofía doble de Alcohólicos Anónimos (AA) y Drogadictos Anónimos (DA), que se caracterizan por compatir experiencias en grupos, mejor conocidos como “anexos”; y mixtos que combinan la supervisión de profesionales con la ayuda mutua.

En México hay mil 730 centros de rehabilitación residenciales, es decir, donde la persona debe permanecer en el lugar hasta completar el tratamiento, aunque solo 450 cuentan con reconocimiento de la Conadic, de acuerdo con cifras de la propia institución. Del número de instituciones reconocidas por Conadic, cinco están en Puebla, (tres en la capital del estado, una en Cuautlancingo y la última en Atlixco) y los precios de estas instituciones van de los 3 mil 500 a los 9 mil pesos por semana;  solo hay un espacio en la entidad que no cobra por sus servicios y se trata de un centro de ayuda mutua, es decir, un anexo.

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Los cerca de mil 300 espacios sin reconocimiento de la Conadic existen por los deficientes controles para expedir licencias de funcionamiento, ya que si una persona quiere abrir un centro de tratamiento residencial no necesita contar con la aprobación de Conadic, solo darse de alta en Cofepris para aparecer en un listado y, en teoría, ser supervisado; pero también porque “hay una necesidad muy pronunciada de atención que el Estado no cubre”, dice Angélica Ospina.

“Cuando cuentas con reconocimiento de Conadic significa que cumples con todas las normatividades oficiales. Es costoso cumplir con todo lo que estipula la ley y el no tener el reconocimiento de Conadic no te impide operar; ese es el asunto, en México [tenemos] la falta de regulación”, comenta Ospina

Por ello, ante el alto número de centros de internamiento sin regulación, la diputada Paola Ruíz (Morena) presentó una iniciativa ante el Congreso para regular estos espacios, a través de la adición del artículo 176 Bis a la Ley de Salud, para crear un padrón de estas instituciones, establecer la obligatoriedad del registro ante Conadic y sanciones antes los malos tratos de los que puedan ser víctimas las personas que ahí estén recluidas.

La violación de los derechos humanos

“Mi internamiento fue contra mi voluntad. [Las personas del centro de rehabilitación] fueron por mí a mi casa, yo estaba llegando en la mañana [para un desayuno con mi familia, y en ese momento], llegaron tres tipos y me subieron [a un auto]. Yo escapé en ese momento pero aún así me alcanzaron”, narra Abel*, un joven de 25 años que fue ingresado a un internado; hasta el momento él no considera que tuviera un problema con el cristal.

Por cuatro meses estuvo recluido en una clínica de rehabilitación en San Pedro Cholula, que tenía un costo de entre tres mil y cuatro mil pesos a la semana. Durante su estancia en este lugar, Abel cuenta que no tuvo ninguna experiencia negativa, pues desde que ingresó reconoce que sabía que tenía que acatar las órdenes de las personas que estaban a cargo de su cuidado, aunque sí observó maltratos hacia otros de sus compañeros y compañeras; él es consciente de que su experiencia no es la regla de lo que ocurre al interior de estos lugares.

El ingreso al anexo en el caso de Mariana*, una joven de 21 años, fue similar al de Abel, es decir, en contra de su voluntad; su familia la recluyó en el anexo cuando cumplió la mayoría de edad por consumir cocaína, por más de un año. En su caso, comparte, la experiencia sí fue traumática.

Mariana narra que la obligaban a hablar cuando ella no quería hacerlo, y ante la depresión que empezó a desarrollar dejó de ingerir alimentos. Cuando sus cuidadores se enteraron de esto, la obligaron a comer todas las raciones de comida que se había saltado, provocando que vomitara; luego, sus cuidadores la obligaron a ingerir su propio vómito. También fue golpeada en diversas ocasiones. A tres años de lo ocurrido, aún le cuesta recordar ese momento de su vida.

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Abel y Mariana sabían que los estaban despojando de su libertad de decidir cómo querían acceder al tratamiento. Y aunque la ley prohíbe administrar tratamientos sin el consentimiento de las y los pacientes, en diversas ocasiones son obligados u obligadas a firmar documentos que autorizan su ingreso a las clínicas de rehabilitación o anexos y también a recibir medicación.

“El tratamiento es voluntario, pero la realidad es que cuando te ingresan al centro te obligan a firmar un consentimiento», explica Angélica Ospina.

Ambos decidieron no proceder de manera legal en contra de sus progenitores porque, a pesar de no estar de acuerdo con la decisión y los métodos para rehabilitarles, consideran que fue la única manera que sus familiares encontraron para tratar los problemas que desembocaron en su consumo de sustancias.

En el caso de Abel, no consideraba y sigue sin considerar un problema, pues hasta la fecha sigue consumiendo mariguana; por su parte, Mariana recuerda que sí fue un problema para ella el consumo de cocaína. A tres años de su ingreso al anexo comenta que se ha mantenido limpia, es decir, sin consumir.

Para la investigadora del CIDE, algo que también es importante considerar es la noción que se tiene de la adicción, porque el actual gobierno ha hecho énfasis en el estigma frente al uso de sustancias, aseverando que “todo uso es abuso”. Esto ha provocado que entre la prevención y el tratamiento de una adicción no haya políticas públicas en relación al consumo de sustancias; Es ahí donde se necesitan estrategias de reducción de riesgos y daños para informar a las personas sobre  su consumo.

No es suficiente regular sino atender las causas que llevan al abuso de las sustancias

Ilustración: Gogo

El uso desmedido y prolongado de sustancias es también un síntoma de depresión, problemas familiares, escolares, sentimentales o sociales, explica Ospina Escobar, pero en ocasiones las familias quieren resolver el problema de una manera rápida encerrando a la persona para lograr su tranquilidad.

Así lo refiere también Abel, quien reconoce que en el momento en el que fue internado estaba deprimido porque perdió su trabajo, terminó una relación sentimental larga, se alejó de sus amigos y se salió de su casa después de una pelea con su familia.

“Creo que solo estaba en un mal momento, y sí va haber personas que te van a decir (…) que era la única forma de ayuda; mi mamá me lo comentó en el momento [que salí]. Entonces, son muchos conflictos porque, para mí, yo estaba bien, pero en el internado [te dicen] que tú [como interno] nunca vas a aceptar que estás mal”, cuenta.

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Por ello, Angélica Ospina subraya que es importante repensar el tratamiento de una manera que le permita a la persona tener una voz frente a su proceso de atención y no simplemente tener que disciplinarse, pues no hay un proceso de reflexión y desarrollo de conciencia; si esto no ocurre el internamiento no le funciona nadie, ni a las personas internadas ni a la familia, y quienes se ven más afectadas son las familias que tienen recursos económicos limitados, pues aunque los pagos en anexos son menores en comparación con las clínicas profesionales, estos pueden representar un gasto que afecte a otras áreas como la alimentación, vivienda o salud de la familia.

Así también resalta que toda la sociedad, en especial las madres y padres, se tienen que quitar de la cabeza que lo único posible para controlar las adicciones es el internamiento, pues hay otras estrategias que podrían resultar más funcionales y con menos efectos colaterales, porque en la mayoría de los casos son personas muy jóvenes —e incluso menores de edad— las que son ingresadas a los anexos, exponiéndolas a morir por golpes o decenas de situaciones irregulares que suceden allí.

“No necesariamente el internamiento es lo mejor para todo el mundo. Pensemos en un joven de 15 años que está iniciando en el consumo de marihuana; no necesariamente el [internamiento] es lo mejor: lo sacan de la escuela, interrumpe su trayectoria educativa, [y otras facetas de su vida]. Es importante regular los centros, sin estigmatizarlos  tampoco porque atienden una demanda de servicios que el estado no logra proveer, pero es necesario abrir la oferta de tratamientos [como ”, dice la especialista.

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Angélica Escobar menciona que para mejorar el tratamiento de las adicciones en México es necesario considerar tres puntos: regular los centros de rehabilitación, como propone la diputada Paola Ruíz; abrir la oferta de atención fortaleciendo la intervención comunitaria en los Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPA), que son los organismos públicos para atender de manera ambulatoria el abuso en el consumo de sustancias (de los cuales hay 11 en Puebla), y promover un reflexión en las y los jóvenes, así como en las familias, en torno al consumo de sustancias.

El tercer punto sería reflexionar sobre cómo se concibe el uso de sustancias como enfermedad, así como los derechos de las personas usuarias, pues la especialista considera que es falsa la idea de que la dependencia impide que las personas usuarias de drogas den su consentimiento para recibir atención en referencia a su consumo; se ha demostrado que los internamientos involuntarios son muy poco efectivos.

*Ilustración de portada: Gogo