Los ecos de indignación indígena: Mogótavo exige justicia

Los ecos de indignación indígena: Mogótavo exige justicia

Ni el sol abrasador, la dura jornada de pie o la presencia de elementos de seguridad estatal, fueron impedimentos para que los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara reclamaran con danzas, música y un espíritu de unión, el respeto a su territorio que se ve amenazado por empresarios y actores priístas.

Texto y fotografías por Óscar Rosales en Raíchali

Decenas de rarámuris de la comunidad de Mogótavo del municipio de Urique, realizaron durante la mañana del sábado un bloqueo pacífico en la carretera Creel – San Rafael, justo en el entronque antes de llegar al divisadero Barrancas del Cobre, para exigir un alto al proceso penal que se lleva en contra de sus habitantes por parte de empresarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El pueblo originario de la Sierra Tarahumara lucha por el reconocimiento y la protección de su territorio, al mismo tiempo que figuras vinculadas al partido tricolor ejercen una demanda penal contra los tres gobernantes de la comunidad indígena por “despojo agravado”, con lo cual pretenden desalojar a más de 80 familias rarámuri.

Pese a que existen registros de bautizos de personas rarámuri desde 1915 en la región de Barrancas del Cobre e intentos de regularizar el territorio desde 1980, el Tribunal Superior Agrario siempre ha dictado sentencias a favor de los mestizos, negando el reconocimiento de la comunidad.

Entre los demandantes se encuentra Omar Bazán Flores, exdirigente del PRI estatal de Chihuahua y actual diputado local que busca la reelección como plurinominal; así como Ricardo Orviz Blake, exdiputado local del PRI y dueño de una fraccionaria con su apellido en Delicias.

También están Jesús Alberto Cano Vélez, exdiputado del PRI en Sonora; Agustín López Dumas, empresario en Delicias y Ricardo Valles Alvelais, quien falleció en 2015 y fuera el hermano del exsecretario de turismo, sin embargo, sus familiares utilizan su nombre para el proceso legal.

Otras comunidades rarámuri y ódame, como Huitosachi, Cordón de las Cruces, Bosques de San Elías Repechique, Bacajipare, Malanoche y Bawinokachi se unieron al acto. Cargados de lonas y pancartas, protestaron por el reconocimiento de sus pueblos y respeto a sus territorios ancestrales.

Amenizados con los acordes de una dupla de guitarra y violín, los grupos indígenas danzaron para exigir que Mogótavo tenga la libertad de sembrar, honrar y cuidar la tierra que ellos consideran sagrada.

Las asociaciones civiles Awé Tibúame, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Capacitación y defensa de los derechos humanos e indígenas (Cecaddhi), Alianza Sierra Madre (ASMAC) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), también apoyaron la movilización.

Durante la protesta, arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes cuestionaron el bloqueo carretero y la entrega de volantes a los turistas que pasaban por aquel tramo. A pesar de que interrogaron a algunos líderes indígenas, el cerco continuó de manera pacífica.

Diversas comunidades y asociaciones civiles se unieron a la causa. Fotografía: Óscar Rosales.

Raíchali tuvo oportunidad de entrevistar a una de las habitantes más longevas de Mogotavo. Ella compartió sus recuerdos sobre los orígenes del despojo por parte de mestizos en su territorio y la lucha que han llevado a cabo. Su nieta fungió como traductora.

“Ella creció aquí en la comunidad de Mogótavo, el problema empieza cuando ella estaba chiquita y se acuerda muy bien y caminaba aquí por donde está el hotel. No había hotel, simplemente había casas también e iban su abuela y abuelo, tenían casas ahí cerquitas”, explicó la nieta después de un relato de la abuela en su lengua madre.

“Llegó luego Efraín Sandoval, quería tumbar casas, se enojaba mucho, no quería que hicieran más casas. Luego traían leña y se enojaba el señor Efraín, no quería que tumbaran árboles, pinos”, contó.

Odile Sandoval, dueña del complejo turístico de Barrancas del Cobre e hija de Efraín Sandoval, sería quien vendiera a los empresarios priístas las 154 hectáreas de territorio indígena por más de dos millones de dólares en 2008.

El inmueble conocido como “Mesa de la Barranca” (ahora nombrado “Cinco hermanos”, debido al número de hijos que tuvo Efraín), fue otorgado a la familia Sandoval en 1999, a través de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, durante la gestión presidencial de Ernesto Zedillo.

“Nosotros desde hace mucho tiempo hemos ido a México (capital) y no hemos tenido ninguna solución, luego de ahí fuimos a Chihuahua y tampoco ahí nos hicieron caso”, traducía la nieta.

“Sus abuelos vivían ahí, sus antepasados, no es justo lo que están haciendo. Ellos no viven aquí, nosotros sí vivimos aquí, siempre hemos vivido aquí”.

Miguel Manuel Parra, vocero de Mogótavo, agradeció el apoyo de las comunidades rarámuri y ódame que asistieron a la protesta, cuyas peticiones convergen en una misma causa.

“Hay gente que le quieren arrebatar donde ha nacido, las familias rarámuri. La manifestación es para respeten nuestro derecho al territorio, a nuestra tierra, donde hemos nacido”.

Parra también cuestionó el proceder del estado mexicano, al darle a políticos y empresarios herramientas legales que permiten el atropello a los pueblos originarios. La demanda por despojo agravado le parece un sinsentido que perpetua la criminalización y el ataque hacia los pueblos indígenas.

“El territorio rarámuri antes era mucho más amplio, ahora no conformes con que nos corrieron ya de aquellos lugares más productivos, nos quieren quitar todo”, señaló.

La audiencia de imputación contra los gobernadores indígenas de Mogótavo se llevará a cabo el 9 de junio en la ciudad de Cuauhtémoc.

Suma de voces

Además de su apoyo, las demás comunidades indígenas que se unieron en la protesta externaron algunas problemáticas que padecen en sus poblados, donde el despojo del territorio, la falta de reconocimiento, la tala ilegal y la ausencia de consultas son los denominadores comunes.

Habitantes del Cordón de la Cruz, denunciaron que el robo de ganado por parte de mestizos continúa siendo un problema sin atender por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), a la cual se acudió a realizar una denuncia desde el 2016.

Según los testimonios, el organismo federal se comprometió a resolver la situación en seis meses. Han pasado cinco años. Algunas familias se han visto obligadas a desplazarse de la comunidad debido a las amenazas de los mestizos, quienes instalan cercos y proclaman el territorio y el ganado como suyo.

“El año pasado, en octubre del 2019, acudimos a la CDMX a exigirles que salga un dictamen, pero hasta el momento no han resuelto nada”, afirmaron.

En el mismo sentido, Bawinokachi exigió el reconocimiento de su comunidad ante la federación, cuyos habitantes realizaron una solicitud ante la SEDATU en 2014.

“De palabra dicen que sí, que van avanzado, pero por escrito no nos han dicho nada, si nos van a apoyar o no”, explicó su vocera.

Otra comunidad que compartió sus experiencias fue la de Bosques de San Elías Repechique, que denunció el despojo de territorio que padecen. El grupo rarámuri señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) continúa otorgando permisos a personas ajenas a la comunidad, sin tomarlos en cuenta.

Señalan que la implementación de megaproyectos se realiza sin consulta. Proyectos como el aeropuerto de Creel, el gasoducto y el acueducto de San Juanito, se construyen sin tomar en cuenta las voces indígenas.

Lo anterior aún y con una sentencia del juzgado del octavo distrito que reconoce la existencia de la comunidad, sin embargo, aseguran que el gobierno estatal ha hecho caso omiso a ese dictamen.

“Vemos que el gobierno implementa proyectos de turismo y nosotros somos los afectados, porque ha habido venta de terrenos a personas ajena a la comunidad, sin tomar en cuenta los miembros del pueblo rarámuri”, compartió uno de los voceros de Bosques San Elías Repechique.

Un ejemplo de este tipo de atropellos sucedió en junio del 2020, cuando se suspendió la construcción del taller de costura rarámuri por parte de miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Cerros de la Virgen.

El empresario Fernando Cuesta interpuso una demanda en la que reclamó, en una situación parecida a la de Mogótavo, una situación de despojo hacia su persona.

Pese a que la FGE ha tenido presencia en la zona, los robos y amenazas se volvieron parte de la vida de muchos defensores del territorio.

“A mi en lo personal me tocó vivir qué, pues, me atacaron con arma, me amenazaron. En ese momento no tuve en quien confiar”, compartió el vocero rarámuri.

“Hemos sido violentados por el estado mexicano, como comunidad como pueblo, nuestro territorio, nuestra forma de vida”.