Joaquina, desplazada de la Sierra, sin posibilidades de volver a su casa
Joaquina, desplazada de la Sierra, sin posibilidades de volver a su casa.
Por Amapola
El gobierno federal les respondió que no hay condiciones para que regresen y que buscará un terreno adecuado para reubicarlos. Un grupo de desplazados de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y de Tlaltempanapa reinstalaron su plantón en Ciudad de México para buscar atención institucional
Texto: Beatriz García de Amapola
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
9 de abril del 2021
Chilpancingo
El 11 de noviembre del 2018, Joaquina Guevara Flores, de 50 años, salió junto con 11 integrantes de su familia de su casa en la comunidad serrana de Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo, porque hombres armados incursionaron en ésta y otras comunidades a balazos.
Desde entonces hasta hoy han pasado más de dos años y todavía no tienen ninguna posibilidad de volver a sus casas.
Por segunda ocasión participa en un plantón en la Ciudad de México, para exigir que las autoridades les garanticen una reubicación dignas para ella y su familia, ante la imposibilidad de volver a la Sierra.
Ese noviembre, más de 1,000 habitantes huyeron de varias comunidades de la sierra de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo por los ataques armados y el temor de ser asesinados.
El año pasado, las familias, junto a desplazados también por la violencia de Tlatempanapa, municipio de Zitlala, se plantaron fuera de Palacio Nacional para exigir seguridad y el retorno seguro a sus casas. Después de 39 días de plantón se regresaron a Guerrero con la promesa de que les darían la seguridad que pidieron.
Joaquina regresó a plantarse otra vez a la Ciudad de México, pero ahora fuera de la Secretaría de Gobernación. Esta vez junto al resto de desplazados piden una reubicación digna, donde puedan construir una vivienda y tener un espacio para sembrar, porque el retorno a sus casas lo ven imposible.
–¿Cómo ha sido para usted estos más de dos años?, –se le preguntó en entrevista por teléfono.
–Difíciles. Desde el 2014 nosotros empezamos a vivir las balaceras en el pueblo, llegaba la gente armada, arriba del pueblo disparaban a las casas. A mi hijo me lo mataron, a un sobrino, me los quemaron, les hicieron bien feo.
Continuó: “Cuando nos desplazamos definitivamente fue porque llegaron muchísimos armados y tirando (balazos) al pueblo. Nos quemaron las casas, nos salimos como pudimos, caminando”.
Joaquina junto con los 11 integrantes de su familia renta una pequeña casa que pagan con el apoyo de 7,000 que el gobierno federal les da, recurso que también batallaron para que les entregaran.
Para sobrevivir Joaquina y sus familiares se emplean como peones. Son familias grandes. Por ejemplo, el esposo de Joaquina se alquila en la siembra y corte de jitomates, cebolla y chiles en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo. Les pagan 150 pesos por día y cuando les va bien los contratan cuatro días a la semana. A Chilpancingo temen ir a buscar trabajo por temor a que les suceda algo.
Los desplazados en reiteradas ocasiones denunciaron que los amenazaban por teléfono diciéndoles que irían por ellos y los matarían.
A Joaquina le preocupa su madre, que también se desplazó con ella y que no camina, necesita una operación de columna, pero no la pueden operar porque no cuentan con el dinero para hacerla.
Para atender la complicación de su madre, Joaquina y su familia van al centro de salud de Chichihualco, pero a veces no la quieren atender porque no hay medicamentos.
“Ojalá dios quiera que ya nos den la reubicación para poder estar bien”, manifestó.
Reunión con el titular de la Segob, David Encinas
Este miércoles, la abogada del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, y los desplazados en plantón, se reunieron con el titular de la Segob, David Encinas López.
En ese encuentro también estuvieron presentes el titular de la Unidad de Prevención de Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Miguel Ángel Urrutia Lozano; el director de Estrategias de Atención a Derechos Humanos de la Segob, Neftalí Granados, y una representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luciana Montaño Pomposo.
Por teléfono, la directora del Centro Morelos informó que Encinas López les dijo que se van a buscar lugares para reubicar a las familias, con condiciones para que ellos puedan vivir mejor: un terreno amplio para poder sembrar y construir viviendas seguras.
Este grupo de desplazados vivía en condiciones distintas. En la Sierra y en Tlaltempanapa estaban acostumbrados a alimentarse de lo que sembraban. Al ser forzados a salir de su lugar de origen y llegar un contexto distinto, más urbanizado, pierden su conexión con la tierra, atraviesan un proceso violento de adaptación, lo que se suma a la violencia física que vivieron al desplazarse.
–¿Entonces, ya no existe la posibilidad de que las familias regresen a sus comunidades?, –se le preguntó a la abogada.
–Por el momento el director de seguridad dice que es imposible, no se cuenta con mucha fuerza para replegar al grupo (armado que está en las localidades) y es mejor reubicarlos, incluso algunas personas quisieron subir (a las comunidades, hace 15 días) pero los bajaron a balazos.
En la reunión también abordaron el tema de los recientes desplazados por la violencia de Coyuca de Catalán, de los anexos el ejido Guajes de Ayala, para incorporarlos a los programas de víctimas. Ayer inició el registro y este jueves continuó.
También los desplazados pidieron proyectos productivos a largo y corto plazo. La promesa es que entre esta y la siguiente semana acudirá el delegado federal en Guerrero, Iván Hernández, para reunirse todos en la Ciudad de México, y se tomen acuerdos.
Las víctimas de la violencia no retirarán el plantón hasta que las cumplan las promesas acordadas
Joaquina, desplazada de la Sierra, sin posibilidades de volver a su casa.
Por Amapola
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