• El Tribunal acreditó violaciones a derechos humanos de la comunidad indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen.
• Reconoce que el Estado ha fallado a la comunidad y a las personas defensoras de derechos humanos.
• Se ordena una reparación integral con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, que contempla también a la comunidad como víctimas de los hechos al reconocer los impactos y consecuencias sufridas.

Parral.- Un Tribunal de Enjuicimianiento impuso 48 años de prisión como sentencia a uno de los autores materiales de los homicidios del defensor de derechos humanos Julián Carrillo y su hijo Víctor, ocurridos en octubre del 2018 y febrero del 2016 respectivamente en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.

Además de establecer esa pena estableció que se debía reparar el daño integralmente, tanto a las familias directas de las personas asesinadas, como a la comunidad a la que pertenecían.

Así se definió este viernes 12 de marzo al realizarse en Parral, Chihuahua, la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, proceso penal a cargo del Tribunal Colegiado integrado por las juezas Manuela Terrazas Solís, Lizbeth Alondra Chávez Jurado y el juez Felipe de Jesús Medina Granados.

Durante el juicio oral contra José Feliciano Q. M., realizado durante un mes, se tuvo por acreditado que se cometieron violaciones de derechos humanos de la comunidad y que el Estado había fallado en brindar protección a las personas defensoras.

Se reconoció que, a partir de los hechos de violencia en contra de la comunidad, en el contexto de defensa de su tierra, territorio, recursos naturales y, concretamente, a partir del homicidio de uno de sus principales líderes, varias personas se habían desplazado de manera forzosa, perdiendo bienes y truncando sus proyectos de vida.

Ante esos elementos, desde el tribunal se solicitará a las autoridades de diferentes niveles de gobierno que erradiquen al grupo criminal que actúa en la zona y garantizar así el regreso digno y seguro de las familias a su lugar de origen.

En la emisión de la sentencia se contempló la reparación del daño moral y se ordenó realizar un acto público donde se reconozca a Julián Carrillo Martínez como defensor de derechos humanos. Asimismo, se condenó a medidas de rehabilitación y compensación a favor de quienes acrediten haber sufrido pérdidas económicamente valuables a raíz de los homicidio de Julián y Víctor.

Las organizaciones Alianza Sierra Madre (Asmac) y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), acompañantes de la comunidad y de la investigación, consideraron que la sentencia resulta un referente único en el país al considerar el contexto sistemático de violencia que ha sufrido la comunidad en defensa de su territorio.

Esto es porque se reconocen las afectaciones de la comunidad a partir del asesinato de uno de sus líderes y, sobre todo, al reconocer las violaciones de derechos humanos y contemplar medidas de reparación integral a cargo de autoridades del Estado, precisaron en un comunicado de prensa.

“La sentencia sienta un precedente a nivel nacional y esperamos sirva como referente para otras comunidades indígenas que enfrentan los mismos obstáculos en su digna lucha por el respeto de su territorio ancestral. Consideramos que sentencias como ésta constituyen una medida efectiva que permite que hechos similares no se repitan al ser sancionados adecuadamente”.

Julián Carrillo Martínez dedicó su vida a la defensa de los bosques de su comunidad. En su cargo como Comisario de Bienes Comunales, asumió la encomienda de emprender acciones y denuncias ante todas las instancias que dispone el Estado mexicano, para solicitar el respeto y garantía de los derechos de Coloradas de la Virgen.

En esta encomienda sufrió una serie de amenazas y el asesinato de varios integrantes de su familia, por lo que se le incorporó junto a sus representantes y otras personas de la comunidad, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde febrero de 2014.

Como medidas de protección se le otorgó un teléfono satelital y se le ofreció el acompañamiento policiaco en sus traslados fuera de su comunidad.

Antes de su asesinato, se documentaron y se dieron a conocer a las autoridades varios incidentes de seguridad que sufrió.

Incluso en diciembre de 2016, en una de las comunicaciones enviadas, se advirtió que Julián se encontraba en riesgo cada vez que subía al cerro en el que captaba la señal de teléfono, debido a la alta probabilidad de ser interceptado por sus agresores, circunstancia en la que finalmente fue asesinado. A pesar de lo anterior, las medidas otorgadas para protegerlo no fueron modificadas o adecuadas.

En el estado de Chihuahua este es el segundo caso en el que existe una sentencia condenatoria por el asesinato de una persona defensora de derechos humanos. El primero fue el de Isidro Baldenegro, quien también fuera uno de los principales líderes de Coloradas de la Virgen.

La comunidad de Coloradas de la Virgen continúa en la lucha jurídica por sus recursos naturales y mantiene una demanda al Estado mexicano para que proteja a sus integrantes, quienes permanecen en situación de riesgo.