Consejo regional totonaco sigue resistiendo contra la hidroeléctrica Puebla 1
En una asamblea el 6 de diciembre, habitantes de la sierra Norte y organizaciones manifestaron su respaldo al ayuntamiento de Ahuacatlán, que fue demandado por la empresa detrás de la hidroeléctrica Puebla 1 por revocar los permisos para construir el proyecto energético.
Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B
Con todas las medidas de distancia e higiene, representantes de comunidades nahuas y totonacas de la sierra Norte de Puebla se reunieron este 6 de diciembre en Ahuacatlán para reiterar su rechazo a la hidroeléctrica Puebla 1. Esto, porque se acerca la resolución de dos juicios que podrían definir el destino del megaproyecto.
Puebla 1, impulsada por la empresa Deselec 1-Comexhidro, plantea generar energía eléctrica para Walmart, Vips y Suburbia, y desde hace cerca de cinco años las comunidades afectadas de los municipios de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya han luchado para evitar que esta se construya.
A la asamblea acudieron, por primera vez, representantes de los 12 comités en defensa del río Ajajalpan, que dieron su voz para compartir a los asistentes sus razones para defender el territorio.
Dos amparos en la incertidumbre
El primer juicio que está por resolverse, cuya siguiente audiencia está programada para el 16 de diciembre, es la demanda de amparo que presentó la empresa Deselec 1-Comexhidro contra el ayuntamiento de Ahuacatlán.
Esto, porque el 12 de enero de 2020 el municipio revocó las licencias de obra que le fueron otorgadas a la empresa en septiembre del año 2009, cuando el proyecto no se había hecho público y la gente no sabía que se pretendía construir una hidroeléctrica en el cauce del río Ajajalpan.
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Diana Pérez, abogada acompañante del caso, dijo a LADO B que una sentencia a favor de la empresa estaría pasando por alto el Artículo 115 Constitucional, que otorga a los municipios la facultad de decidir sobre permisos en su territorio.
Desde el inicio de la resistencia, los habitantes totonacos y nahuas han insistido en que la oposición es para cuidar el río Ajajalpan que, además de ser sagrado para ellos, mantiene el equilibrio del ecosistema montañoso de la región.
Durante la asamblea, el regidor de Ecología y Medio Ambiente de Ahuacatlán, Raúl Pérez Macario, dijo públicamente que respaldan la causa de la defensa de la tierra, del agua y, sobre todo, de la lucha de la gente.
“Es por eso que nosotros revocamos, echamos abajo la firma donde se estaba autorizando el permiso, nosotros estamos con el pueblo (…). Quiero expresarles y traerles este mensaje de que nosotros estamos con ustedes, estamos con el pueblo, no con las empresas. El agua es lo principal para la vida del ser humano, sin el agua no podemos abastecer nuestros campos, ganadería, fauna. Es así que nos sumamos a esta causa”.
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La segunda cuestión legal que está por ser resuelta es el juicio de amparo que interpusieron las comunidades de Altica, San Mateo Tlacotepec y San Felipe Tepatlán en 2016 contra autoridades federales por los permisos otorgados para la construcción del megaproyecto; aún no se cuenta con una fecha para la próxima audiencia.
La primera sentencia de este amparo fue resuelta a favor de la empresa. Diana Pérez explicó que esa resolución legitimó la serie de permisos otorgados previamente mediante irregularidades y, entre otras cosas, legitimó la simulación de una consulta indígena. La consulta inició cinco años después de otorgados los permisos, incumpliendo con su carácter previo que indica la ley.
También hubo muchas omisiones en cuanto a pruebas como el peritaje oficial de biología de impacto ambiental que hizo una perito de la de la Fiscalía General de la República (FGR), del área de delitos ambientales, que señala que los impactos serían irreversibles en el territorio.
Hasta el momento, el consejo regional totonaco ha recibido el apoyo y solidaridad de organizaciones como Amnistía Internacional, que emitió un mensaje solidario, y Rubén Albarrán, músico y activista.
En un comunicado, los habitantes que resisten para defender su río sagrado desde hace media década se solidarizaron también con otras luchas en Puebla y Veracruz, pidiendo la presentación con vida de Miguel Vázquez, defensor veracruzano, y Sergio Rivera Hernández, de la sierra Negra, desaparecido desde 2018 por oponerse a la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala.
*Foto de portada: Cortesía consejo Tiyat Tlali
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