Por toma de parque eólico, arrendatarios denuncian intimidación policial

Por toma de parque eólico, arrendatarios denuncian intimidación policial

#AlianzadeMedios | Por Diana Manzo en Página 3

Juchitán, Oax., (#pagina3.mx).- Propietarios del comité Xhuba Yachi “Maíz Blanco” denunciaron intimidación policial e intento de desalojo de parque eólico.

Desde hace 10 días, mantienen “tomada” la central  “Eólica del Sur”, ubicada en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Denunciaron intimidación policial e intento de desalojo, por lo que llamaron a las instancias de derechos humanos a intervenir en esta acción que consideraron violatoria.

Señalaron que optaron por manifestarse debido a que los directivos de la empresa eólica “Ramón Cruz Martínez y Eduardo Centeno”, incumplieron con cláusulas del contrato.

Por ello exigen una revisión exhaustiva en una mesa de diálogo, lo antes posible.

Indicaron que los elementos policiacos arribaron a bordo de cinco unidades de la  Policía Estatal de Oaxaca y les solicitaron levantar su manifestación.

Pero se opusieron y fue entonces que quisieron desalojarlos, pero después de una reunión que duró cerca de sesenta minutos, decidieron retirarse.

“Llegaron y preguntaron por mi nombre, se acercaron y me dijeron que traían una orden para llevarme, pero nos opusimos, dialogamos y finalmente se retiraron.

“Esta situación no es posible, ahora ni siquiera podemos manifestarnos en nuestras tierras, porque son nuestras a pesar de que a ellos se los rentamos”.

Así denunció Arturo Martínez, representante del comité de propietarios.

El bloqueo que llevan a cabo es de 13 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche- y en guardias.

Además, impiden el acceso a trabajadores del grupo Vestas, quienes se encargan del mantenimiento de las 60 turbinas eólicas que comprende este polígono llamado “Binizá”.

Parque Eólico del Sur

El Parque Eólico del Sur, considerado el más grande de Latinoamérica, inició operaciones a finales del 2017.

Fue inaugurado en el 2018 por el gobernador de Oaxaca y por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Reúne 127 turbinas eólicas divididas en dos polígonos, 60 en Juchitán y 62 en el municipio de El Espinal.

El polígono eólico de Juchitán abarca 4 mil 700 hectáreas y reúne a 182 propietarios, quienes inicialmente conformaron un comité llamado “Biniza”.

Dirigido por Jorge Blas, Roberto Robledo Morales, y Ángel de la Cruz, entre otros.

Sin embargo, por diferencias se creó uno más, el Xhuba Yachi, el cual dirige Arturo Martínez.

Dijeron que están en desacuerdo en que la empresa no pague en su totalidad el concepto de renta en el tema de las hectáreas.

Aun cuando está afectada por una base y una torre eólica.

“Estamos inconformes porque la empresa descuenta el pago total de las hectáreas alegando que hay una base y una torre eólica.

“Entonces, descuentan 50 por 25 metros que abarca esa base, eso es una incongruencia.

“Y seguramente ese recurso es para los directivos”, dijo Arturo Martínez, presidente del comité de propietarios Xhunba Yachi.

Asimismo, dijo que para limpieza de vialidades o caminos, la empresa desde un principio destinó 10 millones de pesos anuales, pero los directivos no lo aplican.

“A cambio, ordenan a las personas encargadas de vigilar los accesos que lo hagan sin pagarles un salario extra y ellos obtienen todo el beneficio.

Reiteraron que desde 2018 a la fecha, Eólica del Sur adeuda el monto de la limpieza, que debe repartirse en igualdad entre todos los propietarios.

Denunciaron que el apoyo anual social de la empresa es a cambio de comprar todo material de casa, eléctrico y plomería en la tienda “Terretubos”.

Sin embargo, acusaron que esa tienda cuenta con precios sumamente altos.

Los arrendatarios señalaron que el Gobierno del Estado tiene conocimiento de sus exigencias, pero no ha hecho algo al respecto.

Precisaron que de continuar así, buscarán la cancelación definitiva de los contratos, porque no están de acuerdo en permitir violaciones a sus derechos humanos.

Esta acción les generó amenazas e intimidaciones, por lo que pidieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) medidas cautelares.

Nuestras vidas corren peligro, recalcaron.