Fiscalía de Justicia del Edomex se niega a trasladar indagatoria de Atenco a FGR

CIMACFoto: César Martínez López

Escrito por Anayeli García Martínez 

Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sostiene que en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Atenco y Texcoco, donde al menos 26 mujeres fueron torturadas sexualmente, los cuerpos de seguridad actuaron de manera aislada, por lo que no se requiere una investigación federal.

A casi 14 años de los hechos y dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la violación y tortura sexual de once mujeres detenidas, la investigación penal se mantiene paralizada porque la Fiscalía estatal se niega a trasladar la indagatoria a la Fiscalía General de la República (FGR).

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Aunque desde 2019 la FGR anunció que atraería el caso de las Mujeres de Atenco, como es conocido, abrió una investigación y solicitó el expediente a la Fiscalía estatal, pero ésta se niega a enviarlo porque argumenta que los agentes federales, estatales y municipales que participaron en los operativos actuaron sin coordinación y los delitos no son conexos, según una comunicación oficial de mayo de 2019.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodg), Ivette Galván, explicó en entrevista con Cimacnoticias que ante las reticencias de la Fiscalía encabezada por Alejandro Gómez Sánchez, el pasado 8 de julio las once sobrevivientes junto con sus representantes legales del Centro Prodh presentaron un amparo contra la Fiscalía estatal.

En el amparo las mujeres exigen que la investigación sea unificada en la FGR, organismo que tiene la facultad de revisar las actuaciones de un operativo policial que se realizó entre autoridades federales y estatales, incluso de abrir el camino para investigar la responsabilidad de la cadena de mando que ordenó la incursión policial.

El juicio de amparo fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien el pasado 3 de septiembre dijo en audiencia, que tenía las pruebas presentadas por las partes para próximamente dar una resolución. Se espera que en los próximos 30 días el juzgado responda y confirme que la investigación debe trasladarse a la FGR, expuso Ivette Galván.

La abogada señaló que el dicho de la FGJEM es contrario a lo que determinó la Corte Interamericana quien en la sentencia de noviembre de 2018, determinó que las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales.

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Entre los funcionarios involucrados en este caso de tortura estuvieron el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien en 2006 era gobernador del Estado de México; Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y detenido en Estados Unidos desde diciembre de 2010 por nexos con el narcotráfico; el ahora ministro Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública estatal.

La Corte Interamericana expuso que en los operativos “la violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”.Sin embargo, detalló la abogada, hasta la fecha no hay personas consignadas por los delitos de tortura, por lo que la impunidad continúa pese a la sentencia del organismo internacional.

En la FGR la unidad encargada de la indagatoria es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, quien desde el año pasado mantiene abierta la investigación federal por tratarse de hechos de violencia contra las mujeres y de una indagatoria que se debe realizar con perspectiva de género; pero al no contar con todas las constancias y las primeras diligencias que se realizaron hace 14 años, tampoco tiene avances.

Ivette Galván expuso que nunca se había visto que una Fiscalía local se negara a entregar una investigación al fuero federal,pese a que ello puede abrir nuevas líneas de investigación que esclarezcan la responsabilidad de la cadena de mando y de la atención médica revictimizante hacia las mujeres.

Para el Centro Prodh, señaló la experta, la negativa de la FGEM es perpetrar el modelo de impunidad en casos de graves violaciones a Derechos Humanos; además, mencionó que jurídicamente esta autoridad usa razonamientos que no tienen sustento constitucional y que sólo alargan el proceso y obstaculizan el acceso a la justicia. Con esto también se impide acceder la verdad de los hechos, advirtió.

De fondo, agregó la abogada, se trata de un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana y de la falta de sanción a los policías responsables que fueron parte de los 700 elementos de la entonces Policía Federal Preventiva y de los mil 815 agentes municipales y estatales que detuvieron con uso de la fuerza a 217 personas, entre ellas 47 mujeres, 26 que dijeron ser víctimas de violencia sexual y once que mantienen su demanda de justicia.