Ayotzinapa, vivir infiltrado
En la imagen, un mural recientemente pintado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para conmemorar el surgmiento de la institución. Fotografía: Franyeli García.
Texto: Marlén Castro de Amapola
Fotografía: Franyeli García y Oscar Guerrero
El acoso gubernamental contra las normales rurales tiene historia.
Antes del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz había en México 29 normales rurales. Después de su administración quedaron 15. Entre 1964 a 1979, este ex presidente cerró 14 escuelas, de acuerdo con documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que la revista Contralinea solicitó en 2014, vía Ley de Acceso.
En el sexenio del presidente Luis Echeverría (1970-1976) se abrió la Normal Rural de Amilcingo, Morelos.
Actualmente en México sobreviven 16 normales. Una de ellas es la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Guerrero, de donde son los 43 normalistas desaparecidos. Si se mantiene vigente es porque cada año, los estudiantes se movilizan para mantener sus recursos, su matrícula y la convocatoria para nuevos integrantes.
El ataque a los estudiantes, que cumple seis años este septiembre del 2020, es parte de una serie de daños, agravios y ataques que vienen de antaño.
En esta ocasión, para conmemorar el ataque a la Normal de Ayotzinapa, Amapola Periodismo trae el relato de quienes fueron estudiantes de esa escuela durante la década de los 70. Su palabra da cuenta de cómo el gobierno, enfocado en derrocar grupos políticos militares puso la mira en las escuelas normales al considerarlas semilleros de guerrilleros.
Contra las normales
La novela Las armas del alba, de Carlos Montemayor, cuenta la historia del asalto al cuartel Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, por el Grupo Popular Guerrillero (PPG), quienes atacaron la guarnición militar creyendo que sólo había unos 30 soldados pero esa madrugada había más de cien. De los 13 integrantes del GPG murieron 8 en el ataque. Los sobrevivientes iniciaron una etapa de vida clandestina dando origen a la Liga 23 de Septiembre.
Quienes realizaron este ataque, que marcó el surgimiento de las guerrillas en la historia reciente de México, eran maestros o estudiantes de las normales rurales de San Marcos, Zacatecas, y Salaices, Chihuahua.
Desde el asalto al cuartel, el gobierno federal se obsesionó por cerrar las normales rurales. Era el tiempo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de 1964 a 1970, los años de la llamada amenaza comunista, del estigma a las normales rurales como germen de grupos guerrilleros cuyo obejtivo era derrocar al Estado.
Romper la organización
En Guerrero, en 1974, el Partido de los Pobres, creado precisamente por un egresado de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos, secuestró a Rubén Figueroa Figueroa, cuando andaba en campaña política para gobernador en este estado.
Rubén Figueroa ganó la gobernatura y ese triunfo significó para los jóvenes guerrerenses de izquierda persecución, desaparición y muerte.
De acuerdo con los relatos de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa durante los setentas, el gobierno implementó varias estrategias para desactivar los movimientos que estaban formándose al interior: el traslado de los estudiantes a otras normales, la infiltración y la ruptura a partir del ingreso de mujeres.
De esas estrategias da cuenta este especial que presentamos hoy en Amapola Periodismo.
“Creo que el gobierno federal y las autoridades educativas tomaron esta medida de cambiar a los estudiantes de Normal porque seguramente había estudiantes con actitudes críticas a las diferentes manifestaciones del autoritarismo gubernamental. Yo creo que veían al normalismo rural como un problema subversivo”, comparte Jorge Alberto Cabañas Cienfuegos, quien concluyó sus estudios en 1971.
De la generación 1979-1983 Roberto Gante Palacios, quien estudió entre 1979 y 1983, coincide en que el método de cambiar a los estudiantes de Normal continúa vigente hasta estos años de avanzada la década de los setentas.
“Esa fue una estrategia muy común en esa década: a los estudiantes que encabezaban algún movimiento o tenían mayor formación política los mandaban a otras normales, entre más lejos mejor. Los dispersaban y así el gobierno y la autoridad educativa terminaban los movimientos o cualquier intento de organización”, recuerda Gante Palacios.
Amenaza y acoso
Víctor Maldonado Gómez también estudió en la generación de 1979 a 1983. Después se convirtió en un escultor y pintor afamado. Cambió las aulas por las galerías.
Maldonado recuerda un episodio que habría ocurrido en 1980, a causa de un movimiento que empezaba a organizar el Comité Estudiantil. El Ejército y la policía judicial irrumpieron en la Normal, sacaron a todos los estudiantes de sus dormitorios y los concentraron en la explanada central para atemorizarlos, y los mantuvieron en el piso semidesnudos. Días después, Figueroa citó a los estudiantes en Chilpancingo. En ese encuentro el gobernador los amenazó con retirarles el subsidio.
“¡Si ustedes siguen con esas pendejadas les levanto la canasta y van a tener motivos para organizarse como lo están haciendo ahorita!”, recuerda Maldonado que les grito el mandatario.
Gante Palacios recuerda que esa irrupción se dio porque los estudiantes se estaban organizando para crear el Comité Estudiantil, porque durante 1979, no hubo representación porque un año antes, en 1978, los integrantes del Comité Estudiantil fueron trasladados a otras normales, después de un intento de huelga fallida.
En el pasado mes de febrero, hijos de desaparecidos de la década de los setentas exigieron en la 32 Zona Militar, en Chilpancingo, que el Ejército abra sus expedientes para conocer el paradero de las víctimas.Fotografía: Oscar Guerrero
Vigilancia y espionaje
Rogelio Meza Aguilera, otro egresado de la misma generación, compartió que la Normal tenía vigilancia permanente de Gobernación estatal y nacional, y no descartó informantes de la misma Normal.
Él cree eso porque en una ocasión tuvieron una reunión estudiantes y los padres de familia que convocó el Comité Estudiantil. Dice que cuando terminó la reunión, ya estaba llamándoles el gobernador Rubén Figueroa y ya sabía qué trataron y lo que querían exigir.
De ese día, ellos creen que una mamá de uno de los normalistas fue la informante del mandatario.
En 1972, el gobierno abre en Ayotzinapa un programa piloto para que ingresaran mujeres a Ayotzinapa, que cierra al año siguiente. En perspectiva, Santa Cabañas, una de las mujeres que ingresaron, considera que “lo que buscaba el gobierno con ese programa piloto era generar un conflicto interno en Ayotzinapa y tener pretexto para cerrar la Normal”.
Y esto lo cree porque la vida interna estudiantil en Ayotzinapa se tornó difícil cuando el gobierno decidió dar entrada a las mujeres. Se dividió la población estudiantil; unos estuvieron de acuerdo y otros discriminaron a las normalistas mujeres.
Jorge Alberto y Santa Cabañas son hermanos. Ingresaron a Ayotzinapa como externos, por ser hijos de un trabajador de la Normal. En su testimonio, la profesora Santa Cabañas comparte que por esa relación de su padre con la institución conoció al maestro Raúl Isidro Burgos.
“Era un señor muy amable e inteligente. Iba a veces con mi papá a la casa”. También conoció a Cabañas Barrientos. Su padre solía invitar a maestros y a estudiantes a ir a comer a su casa, pues vivía en Tixtla. Uno de esos estudiantes invitados a veces era el normalista rural que vio en la lucha armada la única posibilidad para cambiar las condiciones de vida de los campesinos.
En 1972, el Estado desapareció al normalista Rafael Castro, compañero de generación de la profesora Santa Cabañas.
“Le decíamos (a Rafael Castro) El Cubano, aunque era originario de Atoyac. Yo pienso que habría tenido unos 17 años cuando lo desaparecieron. Era un muchacho muy alegre y muy participativo. Era uno de los cuadros activistas de la Normal, andaba siempre en actividades de ese tipo”, recuerda.
Rafael Castro continúa desaparecido. Las siguientes generaciones de Ayotzinapa lo consideran una víctima del embate del Estado contra el normalismo rural.
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