Guanajuato: un gobierno que ni ve ni oye a las víctimas de la violencia

Guanajuato: un gobierno que ni ve ni oye a las víctimas de la violencia

Con el aumento de la violencia en Guanajuato surgen nuevas víctimas de desaparición y colectivos de familiares que las buscan. Pero el gobierno del estado los acusa de ser opositores políticos

Texto: José Ignacio De Alba en Pie de Página

Foto: cortesía Sembrando Comunidad

El industrial estado de Guanajuato se convirtió desde hace un par de años en el campo de batalla entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y el Cartel de Santa Rosa de Lima. Los homicidios escalaron y la desaparición de personas se impuso en algunas regiones, pero como si no existiera experiencia acumulada en el país en el tema de víctimas el gobernador del estado optó por la opacidad y el engaño a las víctimas, explica Bibiana Mendoza del colectivo Sembrando Comunidad.

El gobierno del estado nombró como comisionado de búsqueda de desaparecidos a Héctor Díaz Ezquerra, un licenciado en Administración de Empresas que tiene poca empatía con las víctimas. Desde inicios de este mes, familiares de desaparecidos han interpuesto quejas por el nombramiento, pero el gobernador Diego Sinhue hace oídos sordos.

“El proceso de selección no fue limpio y la persona seleccionada no cuenta con los requerimientos de la ley, es un administrador de empresas. Sólo tiene experiencia en el área de finanzas, sólo nos presumió que como experiencia había comprado unas varillas. Nosotros como colectivo nos pareció ridículo que haya quedado él”, asegura Mendoza, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete.

Manuel desapareció en octubre de 2018, en Irapuato. Dos años después, explica su hermana, la carpeta de investigación sobre su caso sigue “vacía”. Las indagatorias han corrido por su cuenta, por eso la designación del comisionado estatal se convirtió en un asunto personal.

Frente de colectivos en Guanajuato

Luego de una reunión con el nuevo funcionario, familiares de búsqueda de personas decidieron formar un frente común.

El 15 de julio, el Colectivo Buscadoras de Guanajuato, el Colectivo Cazadores, el Colectivo Justicia y Esperanza y el colectivo Buscando Corazones y Justicia dieron a conocer que formarían el Frente Para la Búsqueda de Personas en Guanajuato.

El grupo tiene un registro de 60 personas desaparecidas, por particulares y por funcionarios públicos.

En el comunicado, urgieron a las autoridades a buscar a sus seres queridos y a «construir políticas públicas acordes a los estándares internacionales» en materia de búsqueda de desaparecidos.

«Están jugando a todo menos a ayudarnos»

-¿Qué papel está jugando el gobierno del estado en el tema de desaparecidos?

-Están jugando a todo menos a ayudarnos- dice Bibiana Mendoza-. El gobierno de Guanajuato se caracteriza por no dar cifras y por ignorar a las víctimas.

Pero esa primera batalla quedó agotada. El defensor de derechos humanos Raymundo Sandoval explica vía telefónica que Díaz Ezquerra, amigo del gobernador, quedó en el puesto a pesar de la controversia que provocó su nombramiento.

Ahora la preocupación es que la Comisión Estatal de Búsqueda, creada apenas este año, se pueda consolidar un trabajo genuino de atención a víctimas y de búsqueda.

“No han sabido responder al carácter político del fenómeno de la desaparición y lo han querido tratar con prebendas. La práctica del gobierno siempre ha sido dividir. Sólo se concibe a las familias como elementos testimoniales, no como una parte interlocutora”, dice el activista.

Critica que las autoridades estatales no hayan sido capaces de nutrirse de las experiencias acumuladas en otros estados, donde la atención de víctimas goza, al menos, de reconocimiento.

En Guanajuato, lamenta, “se concibe a los colectivos de búsqueda como opositores políticos”.

El 10 de julio en una manifestación de la capital del estado la policía golpeó a varias mujeres que pedían reunirse con el gobernador para que se reconsiderara el nombramiento del nuevo comisionado.

Sandoval dice que la prioridad del gobierno estatal debería ser la búsqueda de personas desaparecidas. El académico urge la construcción de una política pública que esté coordinada con todos los niveles de gobierno, además del fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, que tiene poca experiencia y presupuesto.

Sin información

Apenas el 13 de julio el gobierno federal dio a conocer la plataforma del Registro de Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que busca transparentar la cifra de desaparecidos en México, unas 73 mil 279 personas. En ese mismo evento el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas explicó que sólo 6 entidades no colaboraban con la actualización de cifras, entre ellas Guanajuato.

Hasta ahora el registro nacional de desaparecidos contabiliza 840 personas desaparecidas en Guanajuato. En el acumulado nacional apenas empezó a tomar relevancia en los últimos años. A pesar del movimiento de víctimas, el gobierno estatal ha negado que existan fosas en la identidad.

Uno de los primeros trabajos que realizará el nuevo comisionado será dirigir una búsqueda de restos humanos en el municipio de Uriangato. Se trata de un predio donde la Comisión Nacional de Búsqueda ya ha realizado búsquedas.

Por su lado Martínez asegura “nosotras ya estábamos trabajando, y vamos a seguir haciendo que el administrador de empresas dé resultados. Él tiene que dar más resultados que nosotros”.

La mujer explica que los colectivos, que aglutinan a más de 130 familias, han encontrado en Guanajuato 20 personas, cinco de ellas vivas.