El agua para la agricultura y EU la pagan los pueblos indígenas, no las presas

El agua para la agricultura y EU la pagan los pueblos indígenas, no las presas

Texto: Adriana Esquivel
Fotos: Archivo Raíchali

Chihuahua.- En medio de la guerra mediática que iniciaron varios actores políticos por el agua de la presa El Granero, existe una realidad que pocos han observado a fondo: el daño que le ha causado la tala desmedida y el cambio climático a la Sierra Tarahumara, la región en donde se produce el recurso en conflicto.

Es cierto que México debe pagar 436 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por el Tratado Internacional de Límites y Aguas, también que en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no hay gobernanza porque el nuevo gobierno no ha cambiado a los funcionarios de la administración federal priista.

Otra realidad es que el proceso electoral está cada día más cerca, pero, en ese escenario, el problema mayor está fuera del discurso de quienes han tomado la defensa del agua como bandera:

La captación del agua que nace en la Sierra Tarahumara, la región con los índices de violencia, pobreza y desigualdad social más altos del estado, es insuficiente para la demanda del campo.

Aquí no sólo se produce el agua del Tratado y el almacenamiento en distritos de riego, también se envía a Sinaloa y Sonora cerca de 7 mil 200 millones de metros cúbicos anuales para cultivos de hortalizas y forraje.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural, este volumen es siete veces mayor al que requiere el estado para garantizar un ciclo agrícola, pues la superficie que depende del Río Conchos (80 mil hectáreas de cultivos), necesita mil 044 millones de metros cúbicos.

Los alimentos que se producen tanto en Chihuahua como en los estados vecinos, ni siquiera son para el consumo regional, se exportan, lo que genera pobreza y desigualdad.

Las políticas públicas tampoco ayudan pues, en lugar de desarrollar programas de reforestación, para la conservación de suelo, cosecha y captación de agua con las comunidades indígenas, se atiende el hambre con asistencialismo.

La deuda es con las comunidades indígenas

Los saberes indígenas sostienen la producción del campo chihuahuense. Los pueblos originarios entendieron hace 700 años que el bosque y los manantiales estaban íntimamente relacionada y, si uno faltaba, no había vida.

Hay evidencias que comprueban que, desde el siglo XIII, desarrollaron sistemas de conservación para retener suelo y humedad con trincheras. Después adecuaron los techos de sus viviendas con troncos cortados en canoa, para capturar el agua y almacenarlas en pozos.

El doctor e investigador Federico Mancera Valencia detalló que en los años 40 se impulsó la industrialización del país con la mecanización del campo. Para ello, en el norte de México, la región más improductiva por la falta de agua, se crean presas que retienen la humedad y generan energía eléctrica.

Comienza la producción en una región que, por ser desierto, únicamente llueve de 250 a 300 milímetros de agua anuales, equivalente a 2.5 centímetros de líquido.

“El desarrollo se basó en el agua y ahí comienza la desgracia porque va en contra del ecosistema.
Ese modelo choca y enfrenta al desarrollo sustentable porque en el desierto no llueve, es un territorio seco, entonces hacen presas para detener el agua que viene de la Sierra Madre Occidental para producir”

El norte se vuelve productivo. Aumentan la población y los tipos de cultivos (como alfalfa y maíz forrajero para la ganadería), por lo que la demanda de recursos naturales es mayor y, en la década de los 90, comienza la explotación forestal.

La tala no se detiene y provocar desequilibrios en el balance hídrico: el agua que cae no se filtra, se escurre en el suelo, y las presas comienzan a acumular azolve.

“Las presas, para los años 90, ya estaban en crisis y los medios de comunicación aprovechan la coyuntura y dicen que hay sequía, que es una gran crisis provocado por la naturaleza porque se cree que debe llover todo el año, pero es absurdo, somos un desierto”

En Bocoyna, el municipio con mayor daño ecológico, social y de seguridad por la tala clandestina, es donde nace el Río Conchos. En condiciones muy similares se encuentra Guachochi, el cual es el segundo municipio que aporta más escurrimientos al mismo afluente.

El resultado es que, 30 años después, la presa El Granero, marca una capacidad aproximada de 216 millones de metros cúbicos, sin embargo, 30 millones son de azolve, por lo que únicamente quedan 186 millones de metros cúbicos de agua útil, lo que tiene en riesgo al ciclo agrícola 2020.

A este panorama, asegura el también profesor del Centro de Investigación y Docencia, se suma el cambio climático.

Sus efectos, mencionó, se han manifestado en que 2019 fue considerado el segundo año más caluroso de la historia, mientras que los incendios en Australia marcaron el inicio de 2020.

“La miseria que se deviene es porque hay extracción de recursos naturales (el agua) que parece ‘natural’. A quienes menos les interesa pensarlo es a los agricultores de riego y es porque el agua que necesitan y el agua para Estados Unidos no ‘se paga’ de las presas: lo pagan los pueblos de la Tarahumara.

Si no hay conservación de agua en la Sierra, tampoco habrá agua para los cultivos en los distritos de riego”

Servicios ecosistémicos para la Sierra Tarahumara

Una de las opciones que existen, explicó Mancera Valencia, es la reconversión productiva económica del desierto que, además, garantice el pago de servicios ecosistémicos a las comunidades indígenas y el diseño de políticas públicas para la Sierra Tarahumara.

Los primeros pasos para ello están planteados en el Plan Estatal Hídrico 2040, sin embargo, reconoce que el problema es que se aplique correctamente y se haga de la mano de los pueblos indígenas.

“La Sierra es un territorio para extracción. Se deben desarrollar políticas públicas para que no exista ni una sola casa en Guachochi o en Bocoyna sin sistema de cosecha de agua, para que sean autosuficientes hídricamente”

Y ¿qué pasó (públicamente) con El Granero?

A principio de enero, representantes de organizaciones campesinas acudieron a una reunión a la Comisión Nacional de Agua para exigir el cierre inmediato de la presa el Granero, al denunciar que, además del pago a Estados Unidos, también se pretende enviar agua a Tamaulipas y Nuevo León.

No se llegó a ningún acuerdo y, tras varias horas de discusión, los agricultores se retiraron de la reunión para manifestarse con el cierre de carreteras, vías del tren y las compuertas de la presa.

El 10 de enero, el diputado panista Mario Mata denunció en Twitter que, pese a las protestas, la Conagua había vaciado la presa que da agua a los municipios de Ojinaga y Coyame.

Actores políticos de varios partidos aprovecharon el escenario para colocarse en medios de comunicación con exigencias y reclamos tanto a la Conagua como al gobernador Javier Corral, a quien pidieron que se pronunciara al respecto y que lleve el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La versión fue desmentida horas más tarde en un comunicado de la dependencia federal, mientras que el secretario de Desarrollo Rural del estado, René Almeida, informó que la extracción había sido por mil millones de metros cúbicos y recordó que el 22 de enero, se reanudarían las mesas de trabajo.

Sin embargo, a la fecha no hay un acuerdo entre Conagua y los productores, quienes han sostenido que no es posible extraer el agua de las presas hasta que llueva.

En esos días el agua era nota diaria en los medios locales. Entre las figuras que dieron su opinión se encuentra el ex líder de El Barzón en Chihuahua Eraclio Rodríguez, quien externó que el conflicto tiene tintes políticos y que, mientras la Conagua no ponga orden, no habrá recurso hídrico que alcance para el campo.