Desecha Primera Sala de la SCJN amparo por Agravio comparado en Veracruz en materia de aborto

Desecha Primera Sala de la SCJN amparo por Agravio comparado en Veracruz en materia de aborto.
Foto César Martínez López

Ciudad de México.- Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió rechazar el amparo en revisión 636/2019  y no entrar al fondo del asunto al considerar que no existe un mandato que obligue al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Se tenía previsto que a las 12 del día de este martes los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández se pronunciaran sobre el aborto; minutos después de la hora marcada decidieron rechazar la discusión en torno al aborto y sobreseer el amparo en revisión.

El recurso se rechazó con cuatro votos en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien proponía reconocer que el Congreso de Veracruz cometió una omisión legislativa al no reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal estatal y eliminar las normas discriminatorias que no permiten la interrupción legal embarazo.

La ministra Norma Lucia Piña Hernández fue quien expuso los principales argumentos para no apoyar la propuesta; según dijo, en Veracruz existe una legislación en materia de aborto y en este caso no hay un mandato específico que obligue al Congreso a legislar de cierta forma. Lo que hay, dijo, son nomas que prohiben la discriminación, por tanto la Suprema Corte no puede ordenar a las y los diputados una modificación específica.

A estos argumentos se sumó la ministra Margarita Ríos Farjat, quien agregó que hay impedimentos técnicos y jurídicos para sumarse al proyecto del ministro ponente. En su consideración, no hay omisión legislativa porque en el estado sí existe una norma en la materia y esa legislación no fue impugnada, por tanto no se puede declarar inconstitucional.

La decisión en contra de analizar la obligación de la Legislatura veracruzana se tomó nueve días después de que se dió a conocer el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, a un día de que diputadas federales y organizaciones internacionales se pronunciaran a favor, y a unas horas de que la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero también apoyara la propuesta de resolución de la Primera Sala.

La breve discusión se dió en medio de la manifestación virtual de grupos que están en contra del aborto y de las mujeres que defienden el derecho a decidir libremente sobre su maternidad y tener acceso a un aborto libre y seguro; pero también con los amicus curiae (documentos con argumentos jurídicos) que presentaron organizaciones civiles para defender la interrupción legal embarazo.

Advierten que AVG deben ser vinculantes

Entre los argumentos enviados a la Primera Sala, uno fue elaborado por las abogadas feministas Andrea Medina Rosas y Patricia Olamendi Torres, y respaldado por las defensoras que integran la red Nosotras Tenemos Otros Datos, en el que manifiestan su desacuerdo con dos puntos del proyecto: que las Alertas de Violencia de Género no son Vinculantes y que las recomendaciones emanadas de tratados internacionales no son fuente de Derecho.

Estas afirmaciones, alegaron las expertas, implicaría un serio retroceso en la interpretación y operación de los principios constitucionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres y de los Derechos Humanos en general.

Las defensoras argumentaron que eliminar el efecto vinculante de una ley o de un mecanismo jurídico, como la Alerta de Violencia de Género, siempre implica restarle relevancia, pues evita que puedan exigir las obligaciones, los derechos y las libertades ahí acordadas, y que en caso que no se cumplan o se violen, evita que se pueda acceder a la justicia.

La Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres es un mecanismo establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Congreso de la Unión en 2006 y publicada en 2007, la cual no fue impugnada en su constitucionalidad, por tanto es vigente y sus preceptos legales, exigibles y justiciables.

De acuerdo con este amicus, si bien, la AVG es un mecanismo que garantiza los derechos de las mujeres, no se restringe a hacer del conocimiento público los posibles incumplimientos del Estado mexicano y sus entidades con los compromisos constitucionales y convencionales, pues para eso ya hay mecanismos, las Alertas son una garantía de acción directa para “enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”.

El documento, también firmado por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien fue diputada federal y creadora de la Ley General, también recuerda que uno los objetivos de las Alertas es eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos Humanos y que en el proceso de la AVG, implica informar y estar en coordinación entre el Sistema Nacional y el Sistema Estatal, del cual forma parte el Congreso del estado,

Diputadas recuerdan que penalizar aborto solo afecta a mujeres

Este martes las diputadas federales Martha Tagle Martínez, Guadalupe Almaguer Pardo, Sandra Paola González Castañeda, Lorena Villavicencio Ayala, Wendy Briceño Zuloaga, Verónica Juárez Piña, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Frida Alejandra Esparza Márquez, Mónica Bautista Rodríguez y Norma Azucena Rodríguez Zamora se pronunciaron a favor del proyecto de resolución, que finalmente fue rechazado.

Las legisladoras recordaron que la tipificación del aborto en el Código Penal de Veracruz  prohibe totalmente la interrupción del embarazo, lo que implica una barrera discriminatoria al acceso a la salud en condiciones de igualdad además de que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y su derecho a la vida privada, ya que la maternidad se vuelve un plan de vida impuesto.

Las diputadas agregaron que la penalización del aborto sólo recae en las mujeres por sus condiciones físicas y biológicas, y la nación funge como un obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros, que les permitan alcanzar el bienestar físico, mental, emocional y social, apreciado con perspectiva de género.

En el pronunciamiento apoyaron la propuesta de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, pero llamaron a las y los ministros a fortalecer lainterpretación del sistema internacional de Derechos Humanos, eliminar conclusiones que generen incertidumbre y pidieron “que no quede la menor duda sobre la obligación que tiene el Estado mexicano en dar cabal cumplimiento a todos los Derechos Humanos de las personas, particularmente a los derechos de las mujeres”.

Antes de la discusión de esta tarde, en la Primera Sala de la Suprema Corte, en la conferencia de prensa presidencial de esta mañana, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, se pronunció a favor del aborto; igual que lo hicieron organizaciones como Ipas Centroamérica y México y defensoras que en redes sociales publicaron imágenes con un pañuelo verde, en apoyo al ministro González Alcántara Carrancá.