Cámaras empresariales rechazan reforma que prohíbe venta de alimentos y bebidas chatarra a menores de edad en Oaxaca

Cámaras empresariales rechazan reforma que prohíbe venta de alimentos y bebidas chatarra a menores de edad en Oaxaca

#AlianzadeMedios | Por Jaime Guerrero de Página 3

OAXACA (#página3.mx).- Cámaras empresariales, entre ellas, la Coparmex, Canacope, Canirac, Antad, chocolateros, panaderos, rechazaron el dictamen de reforma a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Oaxaca, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas chatarra a menores de edad en Oaxaca, toda vez que se ha desatendido las peticiones de audiencia del sector privado.

Aun cuando reconocen que el proyecto legislativo surge de un objetivo loable, que es el contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, aseguran -sin demostrar qué artículos y leyes- que existen disposiciones que se contraponen a la normatividad vigente en materia de educación y salud.

“Situación que podría eventualmente originar un efecto contrario al esperado mediante la creación de una controversia jurídica al legislar sobre facultades exclusivas de la Federación establecidas en la Constitución” (sic).

Preocupados más por sus bolsillos que por la salud pública, consideraron en un comunicado que, la medida generaría un alto impacto económico en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, incluyendo productores artesanales y pequeños comercios.

Según sus números, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la medida podría impactar directamente a alrededor de 58 mil comercios, en particular a misceláneas, abarrotes, loncherías, fondas, taquerías, entre otros.

Lo anterior, derivado a que alrededor del 60% de los ingresos dichos negocios dependen de la venta

de alimentos y bebidas, condición que generaría una significativa pérdida de empleos, dicen las cámaras empresariales.

Adicionalmente, aseguran, la prohibición tendría un impacto directo en la economía regional, en particular a los pequeños y medianos productores de productos tradicionales como el cacao y chocolate, íconos de nuestro Estado que actualmente se encuentran en riesgo por la baja producción de la semilla y la carga fiscal que se le ha impuesto en tiempos recientes, mermando así los ingresos de las familias cacaoteras y chocolateras.

Sin embargo , la reforma a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Oaxaca, no prohíbe a toda la población en general la venta de alimentos y bebidas chatarras, solo a menores de edad y permite que los padres o tutores, los compren y se los puedan suministrar.

Pese a ello, los integrantes del sector empresarial y comercial, aseguran que en estos momentos en país y en particular el Estado de Oaxaca, se encuentra en una crisis económica profunda, la cual afectará principalmente a los pequeños comercios.

“Tan sólo a nivel nacional, se estima que derivado de esta situación ya han cerrado más de 70 mil tiendas de abarrotes”, justifican.

En su analogía, afirman que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial. De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que los alimentos y bebidas procesadas representan tan solo el 30% de la ingesta calórica.

Refirieron que el próximo 1 de octubre se prevé la entrada en vigor de las recientes modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en materia de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual tendrá como objeto informar al consumidor sobre el contenido de los productos.

Consideraron entonces que, es necesario esperar a la implementación de las políticas de carácter federal y valorar su efectividad con base en su ejecución, “previo a implementar medidas coercitivas que puedan dañar el patrimonio de miles de oaxaqueños, sin evidencia alguna que sustente o justifique la medida”, (re-sic).

Bajo su perspectiva, exhortaron al Congreso del Estado a no castigar a los comerciantes locales y posponer la votación de la reforma propuesta, en tanto no se realiza un análisis integral de la misma y se promueve un diálogo con los distintos sectores económicos y sociales del Estado de Oaxaca que se verían gravemente afectados.