Un avance del análisis sobre “Hallazgos: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, que califica el avance y desempeño del Sistema de Justicia Penal (SJP) en los 32 estados del país en 2019, compartido a LADO B, revela las debilidades y deficiencias operativas de fiscalías y jueces.

De acuerdo con un informe del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), de 2016 a 2019 ha habido un aumento del 62.5% en CDI iniciadas por el delito de violencia familiar  en el estado, pues se pasó de tener 5 mil 586, a tener 9 mil 77.

Al respecto, Christel Rosales, analista de México Evalúa, señala que  como parte del análisis del SJP en Puebla les interesa identificar que estas CDI realmente se resuelvan y no lleguen a justicia alternativa, pues “entre los tipos de delitos que están permitidos resolverse por salidas alternativas, la violencia familiar no es uno de esos casos”.

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Una de estas salidas alternativas se trata de la mediación, donde un tercero neutral asiste a las partes en conflicto para que entablen el diálogo y lleguen a un acuerdo por ellas mismas.

Sin embargo, la mediación ha sido señalada por varios expertos como no indicada en asuntos de violencia familiar, debido al trauma psicológico generado en una relación violenta, esta negociación se daría en condiciones desiguales.

Tan sólo en 2019, nuevamente según datos del Igavim, del total de CDI iniciadas sólo se concluyeron 566, esto es, el 6.24%; 12 carpetas se determinaron en archivo temporal, 36 en archivo definitivo, 46 en facultad de abstenerse de investigar, 470 en determinación del no ejercicio de la acción penal, y 2 en alguna otra forma contemplada en la ley.

De acuerdo con el informe de incidencia delictiva de violencia contra las mujeres del SESNSP, entre enero y mayo de este año se registraron un total de 3 mil 943 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar; de estas, 823 se reportaron tan sólo en mayo, es decir, en ese mes hubo un promedio de 26 llamadas diarias.

Para México Evalúa, el segundo foco rojo en la entidad son los feminicidios, pues a pesar de contar con una Alerta de Violencia de Género en 50 municipios, la incidencia continúa. Datos del Igavim revelan que la resolución de este tipo de delito es baja: en 2019, de 58 CDI iniciadas por este delito, sólo 6 se concluyeron, es decir, 10.3% del total.

A esta incidencia también se suma el bajo porcentaje de perpetradores detenidos, como documentó LADO B en un análisis hemerográfico donde se encontró que: de 460 casos de feminicidios identificados en la entidad, sólo en el 27% de estos se había detenido al victimario. Aunque esto no asegura que en esos casos se haya obtenido justicia para la víctima.

Por otra parte, con base en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a mayo de 2020 se han registrado 28 CDI. Además, de acuerdo con la tasa por cada 100 mil habitantes, Puebla es la cuarta entidad con una tasa alta con .82 por detrás de los estados de Colima (1.52), Morelos (1.52) y Nuevo León (1.07).

Sumado a esto, en el ranking que el SESNSP hace de los primeros 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio se encuentran 5 municipios de la entidad poblana, que son: Puebla, con una tasa por cada 100 mil mujeres de .68, Zacatlán (6.53), Chietla (10.58), Coronango (9.10) y San Martín Texmelucan (2.38).

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Finalmente, el tercer fenómeno importante que identifica México Evalúa es la desaparición de personas.

Tomando en cuenta que Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional en desaparición de menores de edad, y es una de las principales entidades en donde las mujeres desaparecen de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la idea ha sido “identificar cúal es el mecanismo de atención de la fiscalía y de la comisión de víctimas en este tipo de casos”, pues les parece importante tener esa dimensión de análisis, dice Rosales.

Con base en cifras de la FGE, del 1 de enero de 2019 al 30 de enero de 2020, desaparecieron mil 506 personas. De estas, a la fecha, 482 siguen sin ser localizadas, a pesar de que el estado cuenta con una Comisión Estatal de Búsqueda que, según declaraciones del gobernador, tiene suficiente personal y recursos, además de que los protocolos de búsqueda funcionan muy bien

Sin embargo, esta institución, a decir de los activistas, no ha servido para localizar a víctimas de desaparición cometida tanto por particulares como por autoridades.

Christel Rosales considera que “es un hecho que no a todos los casos les vas a dar el tipo de respuesta, justo por algo existen las salidas alternativas. Pero para nosotros es importante que una entidad no sólo tenga una operación adecuada de todo el sistema de justicia (que la mayor parte de lo que entra concluya con alguna resolución), sino que también tenga esta mirada analítica por cada tipo de fenómeno”.

Esta mirada analítica es, entonces, sumamente importante para que el propio sistema pueda identificar si se le está dando la respuesta adecuada a lo que está ocurriendo o no.

Para llegar a esto, una de las estrategias que se podrían implementar en el sistema de justicia es hacer uso de las herramientas de priorización o de persecución estratégica.

Esto significa “darles una respuesta a estos casos que saturan la fiscalía (como los robos de autos), pero sin agotar mayores recursos investigativos”, de acuerdo con Christel Rosales.

Asimismo, la especialista concluye que, más bien, se debería optimizar el uso de los fiscales, de los peritos de toda la plataforma tecnológica y de construcción de inteligencia que la fiscalía pueda tener, en otros delitos que, en realidad, son los que más impactan a la sociedad, como lo serían los casos de feminicidio y desaparición.

A Rosales el caso de Puebla le ha llamado la atención “porque es una entidad que, de alguna manera, institucionalmente no tiene tantas carencias como otras entidades federativas”.

*Foto de portada: Francisco Javier Marín, desaparecido./ Marlene Martínez