Colectivo Luciérnaga una luz en la oscuridad, un faro que guía a los desaparecidos

Militares y Guardia Nacional participaron en las búsquedas de familiares durante la contigencia.

Texto: Vania Pigeonutt

Fotografía: Lenin Mosso

Las 30 familias que conforman el Colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, se unieron después del asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano en Tlapa de Comonfort. Se atrevieron a reclamar a sus familiares a pesar del miedo de salir a las calles. Suponen que hay muchos más casos de desaparición forzada en la región Montaña.

La pandemia por Covid-19 les significa una pausa, pero no los desarticuló en su exigencia de justicia. Los une la tragedia, pero también la esperanza de encontrar a sus hijos, esposas, hermanos, cuñados, tíos.

El activista que los unió fue desaparecido el 11 de octubre del 2019 y hallado 40 días después, en una fosa clandestina, en el punto conocido como Tres Postes, en la carretera Tlapa-Igualita.

En febrero pasado, la labor del Colectivo Luciérnaga tuvo resultados. Como parte de una jornada de búsqueda hallaron restos óseos, pero a seis meses, no tienen confrontas genéticas correspondientes de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, en general, no hay avances en las investigaciones.

Hace una semana, el 9 de junio, se reunieron con personal de la FGE en la que, en resumen, se dieron cuenta que la autoridad no ha hecho nada desde febrero, mucho antes de la cuarentena decretada por el coronavirus.

Un muerto que guía

El cadáver de Arnulfo Cerón se localizó a finales de noviembre, luego de largas jornadas de protestas y búsquedas coordinadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Este momento fue un hito en la búsqueda de desaparecidos en la región. Las familias que no se habían organizado y tenían miedo vieron ese hallazgo como un faro para su búsqueda.

Cerón Soriano pertenecía al Frente Popular de la Montaña y al Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG).

Arnulfo había exigido al presidente municipal de Tlapa, Dionisio Merced Pichardo, transparencia en las obras del ayuntamiento morenista, entre otras peticiones que evidenciaban desvío de recursos. Por esa razón, Merced Pichardo amenazó a Cerón Soriano, denunció él mismo en un video semanas antes de su desaparición.

El 19 de octubre fue detenido Marco Antonio García Morales, el jefe de gabinete, del ayuntamiento de Tlapa, como presunto autor intelectual del homicidio del activista.

El presidente municipal se deslindó de su funcionario y dijo que sería la Fiscalía General del Estado (FGE) quien haría justicia a los familiares. Hasta la fecha, este caso no se ha resuelto en su totalidad.

Búsquedas de desaparecidos

Así llegó el 3 de febrero. La Tercera Jornada de Búsqueda en el municipio de Tlapa, familiares integrados como Colectivo Luciérnaga ya tenían 16 puntos de evidencias de fosas clandestinas, con cuerpos de desaparecidos.

Ese día Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos; Misael Rojas, de la subsecretaría de Derechos Humanos y Migración; Beatriz Affonso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Abel Barrera, de Tlachinollan, definieron el plan de búsqueda del 7 de febrero.

Los funcionarios se comprometieron frente a defensores de derechos humanos y a las familias que con miedo por la situación de violencia de la zona, no habían querido salir a exigir justicia, que agilizarían las búsquedas hasta encontrar a sus desaparecidos. Algunas familias, hasta esa fecha, no tenían expedientes iniciados por las desapariciones forzadas, ocurridas la mayoría entre 2017 y 2018.

Abel Barrera, director de Tlachinollan, pidió ante la acumulación de casos que salieron a la luz tras la desaparición de Arnulfo no trivializar ni criminalizar a los denunciantes

Karla Quintana se comprometió en nombre del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador: “vamos a estar presentes incluido el 39 Batallón, la Guardia Nacional y la Policía Científica, apoyando a las familias que buscan a sus desaparecidos”.

Los familiares con palos, machetes, palas, guantes para las espinas de la vegetación, y botas para realizar las jornadas de búsquedas partieron del Batallón de Infantería de Tlapa hacia Barranca Honda, cerca de la comunidad de Santa Cruz, Copanatoyac.

Allí encontraron restos óseos, en una zona conocida de desfiladeros que culminan en el río Jale. En 2017, de acuerdo con reportes policiacos, también la policía encontró varios cuerpos.

Durante la contingencia por la Covid-19, en Guerrero familiares continuaron la búsqueda de desaparecidos.

Crisis de desaparecidos en Guerrero: murió uno de los integrantes del Colectivo Luciérnaga

La abogada de Tlachinollan, Neil Arias, informó que para el organismo defensor, la FGE está retrasada en las investigaciones y compromisos asumidos con los familiares del colectivo.

“Hubo una reunión virtual el martes pasado con el vicefiscal (de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe). Lo que más preocupa en relación a estos casos son los actos que están haciendo, dicen: vamos a mandar oficios para investigar cómo vivían las familias”, explica.

Su cuestionamiento es por qué después de la reunión que tuvieron a inicios de febrero en Chilpancingo, un mes y medio antes de que iniciara el 23 de marzo la Jornada Nacional de Sana Distancia apenas les informaron que girarán oficios a las fiscalías de los 32 estados de la República, a la policía, a Protección civil, a hospitales, a alcohólicos para pedir colaboración para encontrar a los desaparecidos.

Para Neil, estas acciones son pura formalidad, nada en concreto.

“Era elemental hacer las confrontas genéticas, los peritajes de criminalística, de fotografía forense, que inspeccionen el lugar de los hechos, cuándo ocurrieron, había cámaras de circuito, las cuales pudieron solicitarse para poder identificar posibles agresores de los hechos, se están pidiendo que se hagan, pero tampoco se han hecho”, señala.

Los juzgados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no están en funcionamiento y eso ha atrasado todos los casos, incluso el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esta reunión, explica la abogada, fue coordinada por Vidulfo Rosales Sierra, otro defensor que ha señalado que la Covid-19 les impuso una pausa que ha significado un nulo avance en sus exigencias de que investiguen los casos.

“Hay que esperar un poco más, se aplazó el término al 30, las cosas se van a detener, se van a hacer entrevistas, algunos familiares que puedan aportar mayores datos, esto se va a hacer, pero independientemente de eso, los otros datos que se debieron de hacer de inmediato, no se hicieron”, insiste Neil Arias.

Detalla que las sábanas de llamadas, en la mayoría de casos todos tenían su celular, y apenas se van a solicitar los datos conservados “se entiende que la reunión de nosotros la tuvimos el 10 de febrero, todavía no llegaba la contingencia, llegó a finales de marzo: ¿qué hicieron durante un mes? nada”.

La abogada no ve los avances que acordaron el 10 de febrero. Las familias del Colectivo Luciérnaga fueron a Chilpancingo a aportar la información solicitada por la FGE. Esperando saber el paradero de su esposa, hija y nieta falleció el lunes 8 de junio, Gregorio Santiago Otila, originario de Veracruz, pero quien vivía en Atlamajac, Tlapa.

“El 22 de mayo fue la última comunicación que tuvimos con él, porque era parte del Colectivo, era parte del comité que iba a asistir a reuniones en Chilpancingo, él iba a estar en esa reunión, pero su salud era grave, había sido internado en una clínica, pero él iba a estar hasta los últimos días para luchar con sus familiares. Nunca nos imaginamos que algo iba a pasar”, comparte la abogada.

Don Goyo participó en El Tercer Tribunal de Mujeres “Telar de historias… sueños y tragedias”, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en Chilpancingo, ocurrido a inicios de marzo. En el acto participaron familiares y víctimas de casos de violencia obstétrica, feminicidios y desaparición de mujeres, como sus tres familiares.

“Tal vez ustedes no tengan dignidad, pero yo sí quiero justicia, y quiero verdad. Mil preguntas me he hecho ya. A veces no duermo en la cama, sino en la loza del techo para ver quién pasa, y en caso de que vengan a buscarme no me van a encontrar”, dijo en el podio donde había funcionarios estatales que siguen sin cumplir su promesa de encontrar a sus familiares.