Cancelan presupuesto para atender violencia contra mujeres indígenas, aunque agresiones no se detienen durante la pandemia

Con el hashtag #NosotrasTenemosOtrosDatos cientos de mujeres han hecho saber que la violencia de género no está en cuarentena. El aumento de llamadas de auxilio, de ingresos a refugios y de feminicidios durante la contingencia por COVID-19 ha demostrado que para las mujeres resguardarse en casa significa mayor riesgo de ser agredidas. Sin embargo, se ha hablado poco de las mujeres indígenas, quienes además de sufrir el machismo se enfrentan a la invisibilización de sus pueblos.

Aisladas y abandonadas por las instituciones públicas responsables de protegerlas, las mujeres indígenas ahora se enfrentan al posible cierre de las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana debido a la suspensión de su presupuesto. Para sus promotoras, la decisión de interrumpir este programa contra la violencia de género no es más que una muestra de que la vida y los derechos de las mujeres indígenas siguen sin ser una prioridad para el Estado mexicano.

Por Ximena Torres de Zona Docs

Ilustraciones e infografías: Red Nacional de Refugios

Las solicitudes de orientación y auxilio hechas por mujeres víctimas de violencia a la Red Nacional de Refugios (RNR), han aumentado 80% desde que empezó la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En el mismo periodo, las peticiones de ingreso a los refugios de la red incrementaron 12.71%, hasta encontrarse al máximo de su capacidad con 11 mil 131 mujeres atendidas actualmente.

37% de quienes han pedido ayuda son mujeres que han sufrido violencia física, 23% violencia emocional y 17% todas las formas de violencia (física, sexual, emocional, patrimonial y económica).

De estos y todos los demás datos que la RNR ha dado a conocer para visibilizar que la violencia machista no está en cuarentena, en 15% de los casos la víctima es una mujer indígena de acuerdo con la Directora General de la Red, Wendy Figueroa.

Aunque se ha hablado poco de ello, como dice Wendy, “las mujeres indígenas no se escapan de las violencias, ni tampoco de la situación de incremento de violencias durante el confinamiento”.

Tal es el caso de Leonila de la Cruz Pancho, una mujer perteneciente a la comunidad cora de Nayarit que fue víctima de feminicidio el pasado 25 de mayo cuando se encontraba en su vivienda en el municipio de El Nayar. Su asesinato a manos de uno de sus vecinos llevó a otras mujeres indígenas a manifestarse en Tepic el 1 de junio para rendir un homenaje y hacer saber que no fue un caso aislado.

“Ahorita este caso de Leonila que bueno que ha tocado la sensibilidad de ustedes, pero nosotros seguimos consternados, porque es el primero que se ha dado a la luz y han tratado de resolver precisamente por la presión social, pero déjenme decirles que hay muchísimos casos”, comentó Belén Muñoz Barajas, presidenta del Colectivo de Artesanos de los cuatro Pueblos Originarios de Nayarit, para el diario La Jornada.

De acuerdo con la Directora General de la RNR, la invisibilidad es lo habitual en el tema de la violencia contra las mujeres indígenas, incluso, los son las propias comunidades indígenas en general. Desde su análisis, que “casi no se hable” de lo que viven mujeres como Leonila, es el reflejo de una sociedad discriminatoria y que no garantiza el acceso a la justicia ni a la información de forma igualitaria para todas.

Aun bajo este contexto de abandono, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas anunció el pasado 3 de abril la suspensión del presupuesto para varios programas federales de derechos indígenas. Entre ellos: las 35 Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI).

Bajo el argumento de “seguir los protocolos sanitarios para el control de la epidemia del COVID-19”, y con el fin de “redirigir los recursos para atender la crisis causada por el coronavirus”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha decidido interrumpir el financiamiento de una de las pocas alternativas que protegen las vidas y los derechos de las mujeres indígenas.

LA REALIDAD DE LAS MUJERES INDÍGENAS

Hasta 2015 la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) indicaba que en México había más de 6 millones 146 mil mujeres indígenas. Eso significa el 5.16% del total de la población mexicana.

Como Coordinadora de la Red de Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI), Nelsy Marisela Ku Chay conoce la situación de muchas mujeres indígenas; por ello, explica que, así como en Sihó, la comunidad maya en la que ella vive en Halachó, Yucatán, en muchas otras localidades del país no hay juzgados, fiscalías o módulos de atención a los que las mujeres pueden acudir cuando son víctimas de violencia.

Tampoco hay cobertura telefónica, ni recursos necesarios para mantener un celular con saldo, desde el cuál las mujeres puedan marcar al 911 cuando están en peligro. Son horas de camino y carretera para llegar desde sus comunidades hasta las ciudades en donde se encuentran los Centros de Justicia para las Mujeres y otras instituciones públicas que trabajan para garantizar sus derechos.

De acuerdo con las últimas estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), más de 2 millones 234 mil personas indígenas vivían en una localidad aislada: lejos de una carretera o centro de población con más de 2 mil 500 habitantes.

Por otro lado, Ana García, como tapatía integrante de la cultura Ñuu Savi y del colectivo Sueño de Mujeres Mixtecas, reconoce que, incluso, para las mujeres indígenas habitantes de la ciudad hay muy poco material en lenguas indígenas que ayude a denunciar y prevenir la violencia de género:

“Si me preguntas cuáles programas de las instituciones públicas se acercan a nuestras comunidades para informarnos sobre nuestro derecho de una vida libre de violencia, te diría que ninguno”, dice Ana.

Entre los esfuerzos que existen para proteger las vidas de las mujeres que hablan una lengua indígena, está el directorio de ayuda en audio de EQUIS Justicia, y el material en náhuatl, zapoteco y maya que la Red Nacional de Refugios ha incluido en su campaña “Aislamiento Sin Violencia ¡No estás sola!”.

Sin embargo, además de los protocolos de actuación, Ana García señala que, es necesario preguntarse cómo este material va a llegar a las mujeres indígenas, y aún más importante, cómo ellas podrán entender que la violencia de género que se ha naturalizado en sus comunidades no es normal:

“Para las culturas indígenas formar una familia es algo sagrado. Se espera que la mujer siempre este con el hombre y es muy mal visto si lo deja o se separa de él porque empiezan a hablar mal de ella. Con la contingencia es más forzado mantener este estatus y hay mujeres que incluso han muerto en esta situación, sintiéndose solas y obligadas” dice Ana para explicar parte de los usos y costumbres que silencian a las mujeres indígenas ante situaciones de machismo.

LAS CAMI COMO ALTERNATIVA

Nelsy Marisela Ku Chay, explica que las 35 CAMI esparcidas en diferentes entidades federativas son espacios físicos dentro de comunidades indígenas que trabajan para garantizar los derechos de las mujeres a través de asesoría legal, sensibilización comunitaria y atención de la salud psicológica, emocional, sexual y reproductiva.

Además, todas las casas se dedican a canalizar a mujeres en situación de violencia y funcionan como refugios para aquellas que han tenido que abandonar su hogar por el riesgo de ser agredidas.

Lo que hace diferente este programa del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (IMPI), es que quienes atienden a las usuarias, también son mujeres de las comunidades indígenas. Por eso, cada una trabaja de acuerdo a las necesidades, tradiciones y lengua de la comunidad en la que se encuentra, con un enfoque de género y derechos humanos.

Las CAMI son el primer lugar al que se acercan las mujeres indígenas cuando están en una situación de violencia, porque, como dice Wendy Figueroa, directora de la RNR, “las mujeres se identifican con quienes son sus pares, con quienes hablan su misma lengua”.

De acuerdo con Nelsy Marisela, las mujeres que dan atención en las casas son capaces de reconocer cuando las usuarias acuden afectadas por una situación de violencia normalizada, disfrazadas de estrés y nerviosismo. Por ello, han expandido sus actividades hasta las secundarias y telesecundarias en donde les enseñan a las y los jóvenes a reconocer relaciones interpersonales violentas, les hablan de educación sexual, de la prevención del embarazo adolescente y de la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

En 2019, las CAMI atendieron a un promedio de 24 mil personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Entre ellos a los habitantes de Mesa del Tirador en Bolaños, Jalisco, en donde se encuentra la casa “Tejiendo los Derechos por el Crecimiento Integral de las Mujeres Wixaritari”.

Después de 17 años de trabajo de las Casas de la Mujer Indígena y del esfuerzo de Nelsy Marisela por generar cambios en las comunidades, durante los últimos dos meses las promotoras del programa han tenido emprender una lucha para recordar a las autoridades que los derechos de las mujeres son una prioridad.

“Se ha determinado posponer la publicación de los resultados relacionados con dichas convocatorias, dada la imposibilidad de iniciar con la implementación de los proyectos […] y con la firme convicción de cuidar y proteger la salud de la población beneficiada” decía el comunicado del INPI con el que el 3 de abril se anunció la suspensión del presupuesto de las CAMI hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran.

Semanas más tarde, el 22 de mayo, la Secretaría de Gobernación anunció que se habían cancelado definitivamente los recursos del programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas dentro del cual estaban las CAMI.

La razón que le dieron a las representantes de la RNR y de la Red CAMI fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinaría esos recursos a la crisis de COVID-19. La decisión fue tomada a pesar de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala en su artículo 58 que:

“No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados”.

Además, a pesar de que la medida resulta contradictoria tomando en cuenta que los Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia fueron consideradas como actividades esenciales durante la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV2.

Para Nelsy, la cancelación del recurso quiere decir que las mujeres indígenas siguen invisibilizadas, sin ser reconocidas como población vulnerable. Es una repetición de la discriminación y el abandono porque significa negarles su derecho vivir libres de violencia, a la salud y a un acompañamiento que tome en cuenta su lengua y sus tradiciones.

El INPI ha propuesto entregar el 25% del presupuesto original a las casas, pero como indica Wendy Figueroa, eso es regatear con la vida de las mujeres, “es un reflejo total de que la prioridad no son los derechos humanos”, dice la directora de la RNR.

Hasta el 19 de mayo la Red CAMI dio a conocer que diez de las casas que la conforman ya no podían seguir operando por la falta de recursos, entre ellas la de Chalchihuitan, Chiapas que había atendido a 332 mujeres durante la contingencia. La casa de Ometepec, Guerrero tuvo que cerrar por la misma razón y a seis CAMI les quedaban semanas o meses para ser incapaces de sostenerse:

“La última vez que las representantes de las casas nos reunimos acordamos que trabajaríamos por dos meses más. Estamos buscando alternativas para no cerrar. Nos estamos limitando, no abrimos todos los días, atendemos a las usuarias por llamadas de WhatsApp, tenemos reajuste de horarios y de personal”, dice Nelsy para enlistar las estrategias que han adaptado

Sin embargo, también precisa que retener el presupuesto significa reproducir el estereotipo del trabajo no remunerado de las mujeres. Quienes trabajan en las CAMI se ven obligadas a seguir con sus labores porque tienen un compromiso con las usuarias que son víctimas de violencia o necesitan atención médica urgente.

La vida de las mujeres no puede esperar, por esta razón, desde la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana hacen un llamado urgente a las autoridades para que los recursos que se deben destinar a estos refugios y que fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, se apliquen de manera inmediata.

Por su parte, la RNR también exige que se garantice la continuidad de todos los programas dedicados a atender, prevenir, sancionar y eliminar las violencias contra las mujeres que dependen del Gobierno Federal, para que la situación actual no se repita año con año.

Finalmente, desde la reflexión de Ana García como mujer indígena, es necesario reconocer que las mujeres mexicanas están sujetas a desigualdades que se profundizan de manera muy grave cuando forman parte de comunidades indígenas. Por eso, se debe apostar más por programas que las ayuden a ser autogestivas y a darse cuenta de que tienen derecho a exigir una vida digna, saludable y libre de violencia.