Penalizar fake news podría usarse para atentar contra la libertad de expresión, advierten

Penalizar fake news podría usarse para atentar contra la libertad de expresión, advierten

No existen las condiciones necesarias para regular las noticias falsas durante la pandemia, como pretenden los diputados locales Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla. La premura por formar un mecanismo que castigue la difusión de fake news podría ser un precedente de futuros escenarios de censura, señalan organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

#AlianzadeMedios | Por Julio Sandoval de Lado B

La semana pasada los diputados locales Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla presentaron una iniciativa para modificar el artículo 165 del Código Penal del Estado de Puebla en busca de una sanción de hasta 12 años de cárcel para quienes difundan fake news (noticias falsas), en el contexto de una emergencia sanitaria como la que se vive actualmente por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la ambigüedad de la iniciativa provocó que varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 o la Red Puebla de Periodistas, se manifestaran en contra, pues señalaron que, de aprobarse, el periodismo en Puebla quedaría expuesto a un escenario de censura arbitraria.

Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar en desacuerdo con la iniciativa: “Huele a autoritarismo”, expresó.

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Las modificaciones y sus posibles consecuencias

Aunque el artículo 165 del Código Penal estatal ya contempla una sanción de 2 a 12 años de cárcel y multa de hasta 200 días de salario, para quien a través de cualquier medio de comunicación difunda información falsa que genere alerta en la población o que intente “menoscabar” a las autoridades estatales y municipales, la modificación propuesta agrega que la misma sanción se aplicará a quien lo haga durante una emergencia sanitaria o una situación de catástrofe.

Además, la reforma considera a las plataformas digitales como otro medio de difusión –por lo que usuarios de Facebook, Twitter o cualquier red social podrían ser sancionados–, y señala que de la misma forma se castigará a quien con la información falsa difundida “provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado”.

“En esta iniciativa hay dos palabras en concreto que nos preocupan mucho: descrédito y contradicción. Es ambiguo hablar de estos términos, es decir, ¿en qué circunstancias alguien puede desacreditar o contradecir las acciones de un gobierno? No se define cuándo pudieran ocurrir estas circunstancias, y la autoridad responsable de la sanción podría interpretarlas de muchas formas”, dijo la vocera de la Red Puebla de Periodistas, Patricia Méndez, en entrevista para LADO B.

Méndez explicó que en ese caso se podría generar un retroceso en los avances de la libertad de expresión en Puebla, pues se podría censurar y sancionar hasta con cárcel a quien a través de algún medio exprese su desacuerdo con el gobierno municipal o estatal.

Asimismo, el investigador de Documentación y Seguimientos de Casos de Artículo 19, Pedro Cárdenas, señaló a LADO B que parte de la reforma resulta estigmatizante para periodistas y para algunos ciudadanos, ya que en la exposición de motivos del documento se asegura que profesionales de la comunicación y otras personas han aprovechado la situación para difundir información falsa que puede “generar confusión, agravar la crisis o provocar ingobernabilidad, [así como] llegar incluso a ser la causa que afecte la salud o la muerte en ciertos sectores de la población”.

“La ambigüedad en los términos genera una apertura muy grande a posibilidades de procesos legales arbitrarios en contra de periodistas, que son quienes más comparten información. Si yo comparto información que la autoridad considere falsa ya en automático soy imputable. Esto es una limitación muy grande al derecho a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información”, dijo Pedro Cárdenas.

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Con esta medida, explicó Cárdenas, el Estado se exime de la responsabilidad de brindar información veraz y responsabiliza a medios periodísticos, a periodistas y a la población de la información que está fluyendo, a la vez que no permite que esta información sea crítica, lo que vulnera la democracia.

Por otro lado, el secretario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), del capítulo Puebla, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, dijo a LADO B que la iniciativa podría terminar en el ya mencionado escenario de censura al no contar con un mecanismo que determine si hubo una intención de hacer daño o un dolo en la transmisión de la información y que especifique de qué forma se puede sancionar.

No existen las condiciones para sancionar la desinformación durante la pandemia

Para Cuauhtémoc no es posible en estos momentos plantear un mecanismo que castigue la difusión de fake news, pues no existen las condiciones necesarias para configurarlo adecuadamente.

“En el contexto de la pandemia, con esta premura, no se está dando la suficiente discusión para regularlo de manera adecuada, entonces nos estamos yendo al extremo de proponer cárcel, sin que haya una discusión de actores como académicos, periodistas o la sociedad civil».

Cruz Isidoro también hizo referencia a los posicionamientos de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan que durante la pandemia cualquier intento de penalizar el tema de las fake news puede atentar contra la libertad de expresión o puede ser una medida de censura previa.

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“Al final confiamos en salir de la pandemia, pero ese mecanismo se va a quedar ahí. Si no hay una regulación adecuada puede ser un precedente para escenarios futuros de censura”.

Otros mecanismos

Para evitar un mecanismo que sancione las fake news y que al mismo tiempo atente contra la libertad de expresión, Patricia Mendez apela a uno de los principios del periodismo: confirmar la información antes de publicarla. Señala algunas herramientas como la busqueda inversa de Google para que periodistas y población en general puedan comprobar si videos o imagenes son reales. Además hace referencia a una autorregulación ética por parte de los medios periodísticos.

Cuauhtémoc Cruz señala que plataformas como Verificovid pueden ayudar a contrastar y comprobar información antes de difundirla. Además, hace hincapié en la concientización de la población para no propagar hechos que no estén comprobados.

Por su parte, Pedro Cárdenas destaca la importancia de que las autoridades correspondientes tomen la responsabilidad de compartir información veraz, transparente y oportuna con un análisis previo, ya que a las fuentes oficiales les corresponde legalmente esta labor.

Censura y libertad de expresión en Puebla

A pesar de que el acoso particular a reporteros y el acoso a redacciones disminuyó con el cambio de gobierno, los intentos de censura se dirigieron hacia otras formas, como los desencuentros del gobernador del estado, Miguel Barbosa, con algunos reporteros en las ruedas de prensa, a quienes incluso les ha dicho que por ser de determinado medio no va a contestar sus preguntas, señaló Patricia Mendez.

En febrero de este año, los directores de tres medios locales fueron demandados por varios funcionarios públicos, entre los que destaca Gabriel Biestro, por un supuesto daño moral derivado de la publicación de unas columnas.

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Patricia explicó que Puebla está a la par de 11 estados del país en los que no está regulado el concepto de daño moral, y que ni siquiera se tiene en la agenda legislativa para poder definirlo, lo que se podría prestar para sancionar a los comunicadores.

En algunas entidades de México todavía se manejan conceptos como delitos contra el honor o la imagen, que básicamente son un mecanismo de tortura legal –pues se puede acosar judicialmente al implicado, aplicando sentencias condenatorias arbitrarias o amenazandolo con el embargo de sus propiedades, como en el caso del periodista Sergio Aguayo–, con los cuales se limita la libertad de expresión, ya que se penaliza la opinión crítica. Esto a pesar de que va contra lineamientos de organizaciones internacionales, expresó Pedro Cárdenas.

Las tres organizaciones consultadas coinciden en que es necesaria una regulación en cuanto a las fake news, incluso para la desinformación transmitida de funcionarios como Barbosa que hace unas semanas dijo que el COVID-19 únicamente se propagaba entre los ricos y que los pobres estaban exentos de esta situación. No obstante, señalan que se debe tener una discusión adecuada para que la determinación no atente contra la libertad de expresión.

Además explican que no intentan politizar el tema, simplemente están defendiendo la libertad de expresión como un elemento indispensable para la democracia.

“No se trata de un ataque a cierto partido o a cierto legislador, se puede revisar el historial de los pronunciamientos de la Red. Hemos cuestionado a cualquier actor político sin importar el partido cuando se trata de alguna agresión hacia algún periodista. La preocupación es que se estén poniendo obstáculos a la libertad de expresión que hay en el estado y que se refuercen las intenciones de censura con este tipo de iniciativas, al igual que con el daño moral, que son para callar voces que no estén de acuerdo o que cuestionan las políticas públicas establecidas o con el actuar de los funcionarios”, manifestó Patricia Mendez.